URUGUAY · AMÉRICA · MUNDO

Tres conflictos diferentes vuelven a colocar una vieja pregunta en el centro de la vida democrática: ¿hasta dónde puede llegar el poder? En Uruguay, el Estado interviene ante un conflicto portuario y reabre la discusión sobre el derecho de huelga y el interés general. En América, Estados Unidos reivindica un papel más activo frente al crimen organizado y obliga a preguntarnos dónde termina la cooperación y comienza la subordinación. En Suecia, ganar una elección no ha sido suficiente para construir un gobierno y las instituciones deben resolver el bloqueo.

La Libertad necesita derechos. La Democracia necesita legitimidad. La República necesita límites, incluso cuando quien ejerce el poder afirma hacerlo para resolver un problema real.

🇺🇾 URUGUAY

EL DERECHO A PARAR Y EL DERECHO A SEGUIR

¿Dónde termina la huelga y comienza el interés general?

El conflicto en el puerto de Montevideo abrió una discusión que supera ampliamente una negociación laboral.

El Poder Ejecutivo estableció servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata para asegurar la continuidad de determinadas operaciones. El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines cuestionó la decisión y anunció que recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo.

Detrás del conflicto aparece una tensión clásica de cualquier sociedad democrática.

El derecho de huelga es una libertad. Pero su ejercicio puede entrar en conflicto con los derechos de otros ciudadanos y con el funcionamiento de actividades de interés general.

Uruguay tiene una extensa tradición de protección de la libertad sindical y negociación colectiva. Esa tradición merece ser preservada.

Pero también existe una responsabilidad pública cuando la paralización de una infraestructura estratégica afecta el comercio exterior, las cadenas logísticas, trabajadores de otros sectores y compromisos económicos del país.

La respuesta tampoco puede ser simplemente otorgar al Estado una facultad ilimitada para determinar cuándo una huelga resulta inconveniente.

Porque un servicio mínimo excesivo puede terminar convirtiéndose, en los hechos, en una prohibición de ejercer el derecho.

Ahí está la frontera.

Una República democrática debe ser capaz de proteger simultáneamente la libertad sindical y el interés general, sin convertir ninguno de ellos en argumento para eliminar al otro.

El problema no es decidir quién tiene toda la razón.

El desafío institucional consiste precisamente en construir reglas capaces de funcionar cuando existen derechos legítimos en conflicto.

Una libertad deja de serlo si el Estado puede suspenderla cada vez que incomoda. Pero ningún derecho existe aislado de los derechos de los demás.

🌎 AMÉRICA

AMÉRICA NO ES EL PATIO TRASERO DE NADIE

El regreso de las esferas de influencia

Donald Trump volvió a colocar al hemisferio occidental dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos.

Washington está impulsando una cooperación regional más intensa contra organizaciones criminales transnacionales y ha defendido la utilización de su capacidad militar frente a determinadas estructuras del narcotráfico.

El problema que intenta enfrentar es real.

Las organizaciones criminales han adquirido capacidad financiera, territorial, tecnológica y armada suficiente para desafiar al Estado en distintos países de la región. Algunas controlan territorios, corrompen instituciones y atraviesan fronteras con mucha mayor facilidad que las autoridades encargadas de perseguirlas.

Combatirlas requiere cooperación internacional.

Pero existe una diferencia decisiva entre cooperación y subordinación.

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de aceptar que una gran potencia determine unilateralmente qué constituye una amenaza, cómo debe enfrentarse y hasta dónde puede intervenir dentro de otro Estado.

La historia de la región obliga a tomar esa discusión con seriedad.

Y el problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos simultáneamente lo que ocurre en Asia.

Estados Unidos cuestiona legítimamente cualquier intento chino de transformar su creciente poder económico y militar en una esfera exclusiva de influencia sobre sus vecinos.

Pero Washington debe aplicar el mismo principio en su propio hemisferio.

Si rechazamos que China pueda decidir unilateralmente el futuro de los países que la rodean, tampoco podemos aceptar que Estados Unidos posea un derecho natural de tutela sobre América Latina.

La soberanía no cambia de valor según quién intente limitarla.

Los países latinoamericanos pueden cooperar estrechamente con Estados Unidos en seguridad, inteligencia, tecnología y lucha contra el crimen organizado.

Probablemente deban hacerlo.

Pero esa cooperación debe producirse entre Estados soberanos.

La seguridad regional no puede construirse sustituyendo la amenaza del crimen organizado por una nueva dependencia política.

En el mundo que comienza a emerger, éste será uno de los grandes desafíos para América Latina.

No elegir quién ejercerá influencia sobre nosotros.

Construir suficiente capacidad institucional para decidir por nosotros mismos.

🌍 MUNDO

GANAR NO ALCANZA

Suecia y la diferencia entre vencer en las urnas y poder gobernar

Suecia atraviesa una situación política extraordinariamente ajustada.

El bloque de centroizquierda obtuvo una mínima ventaja parlamentaria en las elecciones del 13 de septiembre. Sin embargo, Magdalena Andersson comunicó que no dispone de los apoyos necesarios para formar gobierno.

El Parlamento deberá buscar ahora otra combinación capaz de obtener respaldo suficiente. Si los sucesivos intentos fracasan, el propio sistema contempla la posibilidad de regresar a las urnas.

A primera vista podría parecer una crisis.

En cierto sentido lo es.

Pero también muestra algo que con frecuencia olvidamos cuando hablamos de democracia.

Ganar una elección no significa recibir todo el poder.

Los ciudadanos eligen representantes. Esos representantes deben construir posteriormente las mayorías necesarias para gobernar.

Cuando el electorado está dividido, el sistema político también debe reflejar esa división.

Eso obliga a negociar.

A ceder.

A construir acuerdos.

Y, algunas veces, a aceptar que simplemente no existen las condiciones para gobernar.

La democracia parlamentaria puede resultar lenta, frustrante e incluso incómoda.

Pero esa incomodidad tiene una razón.

Impide que una mayoría electoral circunstancial se transforme automáticamente en poder ilimitado.

Suecia ofrece así una imagen particularmente interesante de la calidad democrática.

Una democracia sólida no es aquella donde nunca existen crisis políticas.

Es aquella donde las crisis pueden resolverse dentro de las instituciones.

Sin desconocer elecciones.

Sin cambiar las reglas porque el resultado incomoda.

Sin convertir al adversario en enemigo.

Sin reclamar poderes excepcionales.

Si nadie consigue construir una mayoría, existen procedimientos previstos para resolverlo.

Y eventualmente se vuelve a preguntar a los ciudadanos.

Eso también es democracia.

TRES MIRADAS. UNA MISMA FRONTERA.

En Uruguay discutimos cuánto puede intervenir el Estado cuando una libertad afecta intereses generales.

En América discutimos cuánto puede intervenir una gran potencia cuando afirma estar protegiendo la seguridad regional.

En Suecia observamos cuánto poder obtiene realmente quien consigue ganar una elección.

Las escalas son distintas.

El principio es el mismo.

El problema político nunca ha sido únicamente quién consigue el poder.

La cuestión decisiva es qué puede hacer con él una vez que lo obtiene.

Porque una Democracia permite elegir gobernantes.

Pero es la República la que establece aquello que ni siquiera un gobernante legítimamente elegido puede hacer.

LIBERTAS

“La libertad necesita poder para defenderse. La República comienza cuando ese poder encuentra un límite.”