Serie Narcopolítica y narcogeopolítica | LIBERTAS
Un cultivo puede detectarse desde un satélite. La protección política que permite convertir su producción en un negocio criminal duradero resulta mucho más difícil de observar. Entre una parcela de coca y un cargamento de cocaína que llega a otro continente intervienen actores con capacidades y responsabilidades distintas. Confundirlos conduce a una política que castiga lo visible mientras deja intactas las decisiones que sostienen el negocio.
Colombia, Perú y Bolivia concentran la mayor parte de la superficie mundial de cultivo de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Ecuador permite examinar otra dimensión: la importancia de las conexiones logísticas y de las redes de protección institucional, aun cuando un país no ocupe una posición equivalente como productor agrícola. Data Portal UNODC
La región exige distinguir entre producción, control territorial y narcopolítica. Una plantación no demuestra por sí misma la complicidad de un gobierno. La presencia de una organización armada tampoco acredita que todas las autoridades de la zona colaboren con ella. Para hablar de protección institucional hacen falta pruebas de conductas y decisiones concretas.
El problema adquiere dimensión política cuando una organización puede imponer condiciones a la población, impedir que las autoridades actúen o conseguir que determinadas funciones públicas respondan a sus intereses. En ese punto, la discusión deja de limitarse a cuánto se produce. Importa quién puede decidir y quién debe obedecer.
La superficie cultivada no mide la captura del Estado
El monitoreo de UNODC y del Gobierno colombiano correspondiente a 2024, publicado en junio de 2026, registró unas 261.000 hectáreas de coca, frente a aproximadamente 253.000 en 2023. El informe calculó un incremento del 3,5 % sobre los valores sin redondear. También identificó una persistencia territorial considerable: cerca del 45 % de las hectáreas se encontraba en zonas donde ya se había detectado coca en 2001. minjusticia.gov.co
La permanencia del cultivo durante décadas plantea una pregunta más exigente que la comparación anual: ¿qué impide que esas comunidades dispongan de alternativas sostenibles?
La respuesta no puede deducirse de una imagen satelital. Requiere conocer las condiciones de acceso a mercados, la seguridad de los productores y las relaciones de poder locales. Una reducción de hectáreas puede ser relevante sin representar todavía una recuperación de la autonomía ciudadana. Del mismo modo, un aumento no permite concluir automáticamente que una autoridad participa del negocio.
Tampoco corresponde convertir superficie en toneladas de cocaína mediante una equivalencia fija. Son mediciones diferentes. La estimación de producción requiere supuestos adicionales sobre rendimientos y transformación, cuya metodología debe poder revisarse. El informe colombiano de 2024 recoge precisamente un acuerdo para actualizar la metodología de estimación de producción potencial y desarrollar nuevos indicadores. minjusticia.gov.co
Perú presenta una trayectoria reciente distinta. Devida, con acompañamiento técnico de UNODC, informó 84.546 hectáreas de coca en 2025, una disminución del 5,8 % respecto de 2024. En Bolivia, el monitoreo de UNODC para 2025, publicado en septiembre de 2026, estimó 36.400 hectáreas, un aumento del 7 % frente al año anterior. Estas cifras corresponden a mediciones nacionales y deben leerse con sus respectivos criterios; no constituyen un índice comparativo de corrupción. Plataforma del Estado Peruano
El cuidado conceptual resulta especialmente importante en Bolivia. La hoja de coca tiene usos tradicionales que no deben confundirse con la fabricación de cocaína. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes recogió la reserva con la que Bolivia volvió a adherirse a la Convención de 1961 en 2013, relativa a determinados usos de la hoja en su territorio. Reconocer esa diferencia no elimina la obligación de prevenir su desvío hacia la producción ilícita. incb.org
Una política precisa debe poder defender prácticas culturales legítimas e investigar el narcotráfico sin convertir a una comunidad entera en sospechosa. También debe evitar el error inverso: utilizar la identidad cultural como argumento para impedir el examen de conductas criminales concretas.
Colombia: controlar el territorio significa condicionar la vida
La crisis del Catatumbo permite observar lo que desaparece cuando el debate queda reducido a las hectáreas. En su sentencia C-148 de 2025, la Corte Constitucional colombiana examinó los enfrentamientos y ataques iniciados en enero de ese año, las afectaciones a civiles y los desplazamientos masivos. El expediente recogió 54.264 personas desplazadas entre enero y febrero, además de miles de personas confinadas. La Corte también describió fuentes de financiación del ELN relacionadas con actividades del narcotráfico, junto con extorsión y otras economías ilegales. corteconstitucional.gov.co
El desplazamiento expresa una forma extrema de pérdida de libertad. Una familia abandona su casa porque permanecer allí puede costarle la vida. El confinamiento impone otra: seguir en el territorio sin poder circular con seguridad. En ambos casos, decisiones esenciales quedan subordinadas a una fuerza que no responde ante quienes soportan sus órdenes.
Esta capacidad de coerción tiene efectos políticos aunque la organización no administre formalmente un municipio. Puede restringir la reunión de los vecinos, comprometer el trabajo de un dirigente comunitario o hacer imposible la presencia de ciertos funcionarios. La autoridad legal continúa existiendo, pero no siempre puede garantizar que sus decisiones se cumplan.
Aquí conviene mantener una distinción establecida al comienzo de la serie. El control criminal sobre una población y la colaboración de autoridades con una organización pueden coexistir, pero uno no demuestra automáticamente la otra. Un alcalde amenazado no ocupa la misma posición que un alcalde que recibe beneficios para proteger el negocio. Una institución desbordada tampoco equivale a una institución deliberadamente puesta a su servicio.
La diferencia determina la respuesta. Frente a la amenaza, hacen falta protección y capacidad de actuación. Frente a la colaboración probada, corresponde investigar y sancionar. Si ambas situaciones se mezclan, se corre el riesgo de abandonar a quienes resisten y de permitir que quienes colaboran se presenten como simples víctimas de las circunstancias.
La experiencia colombiana exige, además, evaluar los procesos de negociación con criterios verificables. El diálogo puede ser una herramienta legítima para reducir la violencia. Su valoración debe considerar qué ocurre con la población durante ese proceso: si disminuyen las amenazas, si se protege a quienes dejaron las armas y si las organizaciones pierden capacidad de imponer condiciones.
Una negociación no debe presumirse complicidad. Pero tampoco queda exenta de evaluación por invocar la paz. Desde la perspectiva de LIBERTAS, su legitimidad depende de que contribuya a ampliar la libertad efectiva de quienes viven en los territorios afectados.
La alternativa económica debe poder sostenerse
Una política de sustitución tiene que responder a una pregunta doméstica antes de presentar sus resultados nacionales: de qué vivirá una familia mientras cambia su actividad.
Promover otro cultivo exige mucho más que entregar semillas. El productor necesita saber si podrá vender, cuánto le costará transportar lo cosechado y cómo afrontará el tiempo que transcurre hasta recibir ingresos. Si esas condiciones quedan sin resolver, el compromiso de abandonar una economía ilícita puede convertirse en una promesa materialmente difícil de cumplir.
El enfoque de desarrollo alternativo de UNODC incorpora precisamente la creación de condiciones económicas y de seguridad que permitan reducir de manera sostenida los cultivos ilícitos. Su alcance excede el reemplazo de una planta por otra. unodc.org
La seguridad es parte de esa viabilidad. Una asociación de productores puede disponer de compradores y asistencia técnica, pero necesita protección si una organización armada intenta impedir su funcionamiento. A la inversa, una intervención policial pierde continuidad cuando, después del operativo, la comunidad sigue sin acceso a oportunidades legales.
Desde un criterio de política pública, el acompañamiento debería evaluarse durante varios ciclos productivos. Importa conocer la continuidad de los ingresos y la permanencia de las familias en la actividad legal, además de la superficie sustituida. También corresponde investigar a quienes financian y organizan la producción criminal. Concentrar todo el esfuerzo en el eslabón agrícola deja sin responder la pregunta por los principales beneficiarios.
Perú y Bolivia requieren análisis propios dentro de este marco. La reducción de cultivos registrada por Devida ofrece un resultado que merece seguimiento: habrá que observar su persistencia y sus efectos territoriales. El incremento registrado en Bolivia obliga a examinar la relación entre producción, mercados autorizados y posibles desvíos. Ninguna de las dos tendencias resuelve por sí sola el diagnóstico sobre el poder criminal.
Ecuador: la importancia de la salida al mercado internacional
Ecuador muestra por qué un análisis centrado exclusivamente en los cultivos queda incompleto. En junio de 2024, Europol informó sobre una investigación contra una red sospechosa de organizar envíos de varias toneladas de cocaína hacia puertos europeos desde distintos países sudamericanos, entre ellos Ecuador. La operación permite identificar una conexión logística concreta; no atribuir responsabilidad al comercio exterior ecuatoriano en su conjunto. Europol
Una economía exportadora depende de que grandes volúmenes de mercancías circulen con regularidad. Esa infraestructura puede ser aprovechada por organizaciones criminales que buscan introducir droga en cargas legales. La afectación recae también sobre empresas y trabajadores que necesitan conservar la seguridad y la reputación de sus operaciones.
La Policía ecuatoriana documentó, por ejemplo, la incautación de más de una tonelada de cocaína en mayo de 2024 durante la inspección de un contenedor con banano en Puerto Bolívar. El hallazgo acredita la utilización de ese envío para transportar droga; no permite extender la acusación a todo un sector productivo ni establecer sin investigación la responsabilidad de cada participante de la cadena comercial. noticias
La cuestión institucional consiste en determinar cómo se hizo posible la operación. El análisis debe distinguir un control insuficiente de una omisión deliberada, y una empresa utilizada sin conocimiento de otra que participa conscientemente. Cada hipótesis exige evidencia diferente.
La dimensión internacional tampoco termina en el puerto de salida. La recepción y distribución en otros continentes requieren capacidades propias. Por eso, la cooperación debe seguir las conexiones financieras y comerciales en ambas direcciones. Reducir el problema a la responsabilidad del país exportador deja fuera una parte del negocio.
Metástasis y la organización de la impunidad
El caso Metástasis ofrece evidencia más directa sobre la protección institucional. El 26 de noviembre de 2024, la Fiscalía ecuatoriana informó que un tribunal había condenado a veinte de los veintiún procesados en esa audiencia por delincuencia organizada. Según la comunicación oficial, la estructura articulaba a funcionarios judiciales, policías, servidores penitenciarios y particulares para beneficiar a Leandro Norero y a su familia frente a la justicia. Se trata de la sentencia informada en esa fecha, sin presumir aquí el resultado de todos los recursos posteriores. fiscalia.gob.ec
El mecanismo merece atención porque la impunidad puede organizarse mediante una sucesión de intervenciones pequeñas. Una filtración anticipa una diligencia; una gestión altera el curso de un expediente; una decisión favorece a quien dispone de contactos y recursos. Cuando esas actuaciones se coordinan, la ventaja deja de depender de un soborno aislado.
La captura institucional no requiere necesariamente controlar todos los organismos. Puede bastar con obtener influencia sobre determinados puntos capaces de condicionar una investigación. Esa es una hipótesis de funcionamiento que los casos concretos deben demostrar.
Al mismo tiempo, la investigación y la sentencia muestran que dentro del Estado existen capacidades de resistencia. El caso no autoriza a describir a toda la justicia ecuatoriana como una organización criminal. Permite identificar responsabilidades y preguntar qué controles deben reforzarse para impedir su repetición.
La tecnología ocupa un lugar concreto en esta historia. En julio de 2024, la Fiscalía informó de la condena de un policía que había proporcionado información sobre una investigación a cambio de beneficios. La comunicación oficial describió intercambios mediante WhatsApp y solicitudes de datos sobre las actividades y ubicación de una fiscal. fiscalia.gob.ec
El riesgo no reside únicamente en ataques informáticos desde fuera de una institución. También aparece cuando alguien autorizado utiliza su acceso para una finalidad criminal. Por eso, proteger expedientes requiere registrar consultas y limitar permisos de acuerdo con las funciones de cada persona. La seguridad de la información forma parte de la protección física de investigadores y testigos.
En Metástasis, la Fiscalía señaló además que los mensajes recuperados fueron corroborados con otros elementos y con los hechos investigados. Esa precisión importa: una conversación digital necesita contexto y verificación para convertirse en prueba de una conducta. La tecnología puede ayudar a descubrir una red, pero no reemplaza la tarea judicial de establecer responsabilidades. fiscalia.gob.ec
Las cárceles también son territorio del Estado
En su informe de 2022 sobre las prisiones ecuatorianas, elaborado después de una visita realizada en diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó la falta de control estatal efectivo entre las causas de la violencia en los centros más afectados. El diagnóstico describía una situación en la que parte del control interno había quedado en manos de las propias personas detenidas. oas.org
La fecha debe conservarse: ese informe documenta una etapa de la crisis y no sustituye una evaluación actual de cada establecimiento. Su relevancia conceptual, sin embargo, permanece. Una prisión bajo control criminal compromete la finalidad de la pena y la seguridad de quienes están dentro. También obliga a investigar las condiciones que permiten sostener ese poder.
Recuperar el control requiere impedir la circulación ilegal de recursos y proteger al personal que cumple su función. Exige, igualmente, condiciones de detención sujetas a la ley. Los derechos de las personas privadas de libertad establecen obligaciones estatales; no conceden a las organizaciones criminales autoridad sobre los establecimientos.
El número de detenidos resulta insuficiente para evaluar esa recuperación. Es necesario saber si el Estado puede garantizar la vida dentro de las cárceles, investigar los abusos y evitar que la pertenencia a una organización determine quién recibe protección.
En los Andes y Ecuador, la soberanía se juega en estas capacidades concretas. Existe una pérdida de autoridad pública cuando una comunidad no puede elegir cómo vivir, cuando un expediente depende de contactos clandestinos o cuando un funcionario debe decidir entre cumplir su tarea y conservar su seguridad.
La respuesta que propone LIBERTAS exige perseguir a quienes organizan el negocio y sostienen su impunidad, mientras se protege a quienes quedan sometidos a él. La Democracia necesita ciudadanos capaces de participar sin amenazas. La República requiere instituciones que puedan investigar a sus propios integrantes y corregir sus decisiones.
Para LIBERTAS, recuperar un territorio significa que sus habitantes puedan vivir bajo la ley sin pedir permiso al poder criminal.