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El poder no siempre tiene la misma forma.
Puede aparecer en una decisión tomada por un juez, en el veto de una potencia dentro de Naciones Unidas o en las reglas que determinan quién puede competir en una elección. También puede esconderse detrás de un algoritmo que recomienda, clasifica o evalúa.
Las tres noticias de hoy conducen hacia una cuestión profundamente republicana: no alcanza con saber quién decide. También necesitamos saber quién controla esa decisión, qué reglas la limitan y ante quién podemos reclamar.
🇺🇾 URUGUAY
SI UN ALGORITMO DECIDE SOBRE TU TRABAJO, ¿ANTE QUIÉN PODÉS RECLAMAR?
La Justicia laboral uruguaya empieza a discutir inteligencia artificial, algoritmos y nuevas tecnologías. La innovación puede modificar la manera de organizar el trabajo. Los derechos, en cambio, necesitan seguir teniendo responsables.
El Poder Judicial informó el 18 de septiembre sobre la realización del XVII Encuentro de Jueces Laborales, celebrado el día 12 en Montevideo bajo un título que muestra hacia dónde empieza a desplazarse la discusión jurídica: “Nuevas Tecnologías, Inteligencia Artificial y Derecho del Trabajo”.
La jornada reunió a magistrados y especialistas para analizar los desafíos del uso de inteligencia artificial, su regulación y las transformaciones tecnológicas del trabajo. Uno de los paneles llevó incluso una pregunta particularmente significativa: “Trabajo en plataformas: ¿El algoritmo como empleador?”.
Poder Judicial — XVII Encuentro de Jueces Laborales
La discusión llega además en un momento en que Uruguay muestra un desempeño relativamente alto en gobernanza responsable de inteligencia artificial. El Índice Global de IA Responsable 2026 ubica al país en el puesto 22 mundial y tercero entre América del Sur y Central, con resultados destacados en uso público de IA, ética, sostenibilidad, confianza y seguridad.
Eso es una fortaleza.
También aumenta la responsabilidad.
Porque la discusión sobre inteligencia artificial está entrando en una fase diferente.
Durante los primeros años nos preguntamos qué podía hacer la tecnología.
Ahora necesitamos empezar a preguntarnos qué puede decidir.
Un algoritmo puede participar en la selección de candidatos para un empleo, ordenar postulantes, distribuir tareas, medir rendimiento o recomendar determinadas acciones a una organización. La utilización concreta dependerá de cada sistema y empresa, pero el problema jurídico aparece en el momento en que una decisión automatizada comienza a producir consecuencias sobre una persona.
Entonces surgen preguntas bastante antiguas con protagonistas nuevos.
¿Quién explica el criterio utilizado?
¿Quién responde si existe un error?
¿Puede una persona cuestionar una decisión que no comprende?
¿Es posible detectar una discriminación si el proceso funciona dentro de un sistema opaco?
Y, sobre todo:
¿quién es responsable cuando todos pueden decir que “lo decidió el algoritmo”?
Ahí aparece un principio que LIBERTAS considera fundamental.
La tecnología puede participar de una decisión.
La responsabilidad no debería automatizarse.
El Estado de derecho fue construido precisamente para impedir que una persona quedara sometida a decisiones imposibles de cuestionar.
Tenemos derecho a conocer una acusación.
A recurrir una resolución.
A exigir fundamentos.
A identificar quién tomó una decisión que afecta nuestros derechos.
La introducción de sistemas automatizados no debería hacer desaparecer esas garantías.
Al contrario.
Cuanto más compleja sea la tecnología, más importante será que alguien pueda explicar qué ocurrió y asumir responsabilidad por sus consecuencias.
Uruguay tiene una oportunidad interesante.
Puede adoptar inteligencia artificial sin esperar a que aparezcan grandes conflictos para discutir sus límites.
Puede hacerlo antes.
Desde el derecho.
Desde la educación.
Desde la administración pública.
Desde las empresas.
Y desde una idea sencilla:
cuando una máquina interviene en una decisión sobre una persona, esa persona no debería desaparecer detrás de la máquina.
LA PREGUNTA LIBERTAS
Si una decisión automatizada puede afectar nuestro trabajo, nuestros ingresos o nuestros derechos, ¿no deberíamos conservar siempre el derecho a conocer sus razones y cuestionarla ante una persona responsable?
🌎 AMÉRICA LATINA
AMÉRICA LATINA MIRA A LA ONU. CINCO PAÍSES SIGUEN TENIENDO LA LLAVE.
Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y Rebeca Grynspan continúa entre los aspirantes. Más allá de los nombres, el proceso vuelve a mostrar una vieja paradoja: la principal organización multilateral del mundo depende, para elegir a su máxima autoridad, de un sistema donde cinco potencias conservan derecho de veto.
La expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció este 20 de septiembre que retiraba su candidatura para suceder a António Guterres como secretaria general de Naciones Unidas. La decisión se produjo después de la tercera votación informal del Consejo de Seguridad, en la que había disminuido el respaldo a su candidatura.
La costarricense Rebeca Grynspan, nominada oficialmente por Costa Rica, continúa entre las candidatas del proceso. La lista oficial de Naciones Unidas mantiene además otros aspirantes provenientes de distintas regiones.
Naciones Unidas — proceso oficial de selección
El mecanismo está establecido por la propia Carta de Naciones Unidas.
El secretario general es nombrado por la Asamblea General, integrada por 193 Estados, sobre recomendación previa del Consejo de Seguridad. Durante el proceso se realizan votaciones informales entre sus quince miembros. Para que una candidatura avance necesita reunir el apoyo requerido sin recibir un veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.
Ahí aparece la cuestión que interesa a LIBERTAS.
No se trata de evaluar cuál de los candidatos sería mejor secretario general.
La pregunta está en la arquitectura institucional.
Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945.
Su Consejo de Seguridad conserva todavía una distribución del poder diseñada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Cinco países poseen una facultad que los demás no tienen:
pueden bloquear determinadas decisiones fundamentales.
El mecanismo tuvo una explicación histórica. Las potencias vencedoras de la guerra difícilmente habrían aceptado integrar una organización internacional que pudiera imponerles decisiones contra su voluntad.
Pero han pasado más de ocho décadas.
El mundo cambió.
Nuevas potencias emergieron.
África y América Latina poseen una presencia política y demográfica que no se corresponde necesariamente con la arquitectura original del Consejo.
La Unión Europea nació.
China adquirió un peso incomparablemente mayor.
La India se convirtió en el país más poblado del planeta.
Y buena parte de los conflictos que debe gestionar Naciones Unidas ocurre en regiones sin asiento permanente en el Consejo de Seguridad.
Por eso la elección del próximo secretario general permite formular una pregunta más grande que los nombres en competencia.
¿Cuánto puede cambiar el mundo mientras permanecen intactas las instituciones creadas para gobernarlo?
También conviene reconocer algo.
La selección se ha vuelto más abierta que en décadas anteriores. Los candidatos presentan públicamente sus antecedentes, sus declaraciones de visión y participan en diálogos interactivos con los Estados miembros. Naciones Unidas afirma que el proceso 2025-2026 busca aumentar transparencia e inclusión.
Es un avance.
Pero la estructura decisiva permanece.
La Asamblea General representa prácticamente a todos los Estados del planeta.
El Consejo de Seguridad concentra la recomendación.
Y dentro de ese Consejo cinco países conservan una capacidad excepcional para impedir que una candidatura prospere.
La cuestión no es necesariamente eliminar mañana esa estructura.
Es algo más elemental:
preguntarnos si continúa reflejando adecuadamente el mundo que pretende representar.
Una institución internacional también necesita legitimidad.
Y la legitimidad no se obtiene únicamente respetando reglas.
Depende, además, de que esas reglas sigan siendo reconocidas como razonables por quienes deben vivir bajo ellas.
LA PREGUNTA LIBERTAS
¿Puede la principal organización multilateral del mundo reclamar instituciones internacionales más representativas mientras su propia máxima autoridad continúa dependiendo del consentimiento de cinco potencias?
🌍 MUNDO
RUSIA VOTA: ¿QUÉ HACE DEMOCRÁTICA A UNA ELECCIÓN?
Millones de rusos participan este fin de semana en la renovación de la Duma Estatal. El caso permite recordar una distinción esencial: las urnas son indispensables para una democracia, pero la calidad de una elección también depende de quién puede competir, quién puede observar y qué libertad existe alrededor del voto.
Rusia culmina hoy tres jornadas de votación para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal.
Más de 111 millones de personas estaban habilitadas para participar. La elección se desarrolla además en medio de la guerra con Ucrania y de ataques de drones que este domingo alcanzaron Moscú y otras zonas rusas.
La existencia de las urnas, sin embargo, es apenas una parte de la información necesaria para comprender el proceso.
Associated Press informa que candidatos contrarios a la guerra fueron excluidos, encarcelados o empujados al exilio. El partido liberal Yabloko, crítico de la guerra, quedó fuera de la papeleta partidaria después de una decisión de la Corte Suprema rusa, aunque algunas personas vinculadas al partido participaron en otras condiciones.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informó además que Rusia no invitó a sus observadores para estas elecciones parlamentarias. La organización considera que la decisión incumple compromisos asumidos por los Estados participantes de la OSCE y reduce la posibilidad de una observación internacional independiente según sus estándares.
OSCE — comunicado sobre la ausencia de observación electoral
También se vota en territorios ucranianos ocupados y anexados por Rusia, cuya incorporación no es reconocida por Ucrania ni por buena parte de la comunidad internacional.
Estos son hechos.
La interpretación exige mayor cuidado.
No alcanza con encontrar una urna para evaluar la calidad democrática de un proceso.
Pero tampoco corresponde sustituir el voto de millones de ciudadanos por una conclusión formulada desde afuera sin examinar las condiciones concretas.
La pregunta correcta es otra:
¿qué necesita una elección para que las personas puedan elegir realmente?
Necesita candidatos.
Pero también alternativas competitivas.
Necesita papeletas.
Pero también libertad para proponer opciones diferentes.
Necesita ciudadanos capaces de votar.
Pero también ciudadanos capaces de informarse, criticar al gobierno y organizarse sin temor.
Necesita autoridades electorales.
Pero también mecanismos que permitan observar, cuestionar y verificar el proceso.
Una elección no es únicamente el momento en que introducimos una papeleta en una urna.
Es todo lo que ocurre antes.
Quién pudo presentarse.
Quién quedó afuera y por qué.
Qué información circuló.
Qué críticas fueron permitidas.
Qué medios pudieron trabajar.
Qué observadores pudieron ingresar.
Qué garantías existen para reclamar después.
Esa distinción importa mucho más allá de Rusia.
Porque existe una tentación recurrente de reducir la democracia a un procedimiento:
hubo elecciones, por lo tanto hubo democracia.
La República exige una mirada más profunda.
Las elecciones son indispensables.
Pero una elección verdaderamente competitiva necesita que el poder pueda perder.
Eso no significa que deba perder.
Significa que debe existir una posibilidad institucional real de que ocurra.
Cuando analizamos cualquier sistema político —uno cercano o uno distante, uno con el que simpatizamos o uno que rechazamos— deberíamos aplicar siempre el mismo criterio.
No preguntar solamente quién ganó.
Preguntar qué reglas permitieron llegar hasta allí.
Porque la democracia se demuestra cuando votamos.
Pero también cuando alguien puede presentarse contra quien gobierna, defender una idea incómoda, vigilar el recuento y cuestionar el resultado mediante procedimientos legales.
Las urnas son una parte imprescindible de esa arquitectura.
Nunca fueron toda la arquitectura.
LA PREGUNTA LIBERTAS
¿Qué condiciones deben existir alrededor de una urna para que el acto de votar se convierta realmente en una elección democrática?
TRES MIRADAS. UNA MISMA PREGUNTA.
En Uruguay, los jueces empiezan a preguntarse qué ocurre cuando un algoritmo adquiere influencia sobre decisiones laborales.
En Naciones Unidas, casi doscientos Estados participan del sistema, pero cinco potencias conservan una capacidad excepcional de bloqueo.
En Rusia, millones de ciudadanos llegan a las urnas mientras persisten cuestionamientos documentados sobre competencia política y observación independiente.
Son situaciones profundamente diferentes.
Pero todas conducen hacia la misma cuestión:
cómo limitamos el poder.
Durante siglos asociamos el poder con presidentes, parlamentos, jueces y ejércitos.
Ahora debemos aprender a reconocerlo también cuando aparece en un algoritmo.
En una estructura institucional.
En las reglas que definen quién puede competir.
O en un procedimiento que parece neutral hasta que preguntamos quién puede controlarlo.
La democracia permite elegir quién gobierna.
La República agrega una condición más exigente:
quien ejerce poder debe encontrar límites, controles y responsabilidades.
Eso vale para un gobierno.
Para un tribunal.
Para una organización internacional.
Para una empresa.
Y empieza a valer para una máquina.
Porque el problema nunca fue solamente quién tiene el poder.
La verdadera pregunta republicana siempre fue otra: