Serie Narcopolítica y narcogeopolítica | LIBERTAS
Una acusación de narcotráfico contra un dirigente político puede abrir una investigación penal y alterar las relaciones entre países. Pero esos efectos pertenecen a planos diferentes. Demostrar un delito exige pruebas y un procedimiento judicial. Justificar una sanción, una operación militar o una intervención sobre otro Estado requiere fundamentos propios. La gravedad de una acusación no resuelve automáticamente la legitimidad de todas las medidas adoptadas en su nombre.
Venezuela y el Caribe concentran esa tensión. En la región conviven causas judiciales contra antiguos altos funcionarios, redes de tráfico que aprovechan conexiones marítimas y sociedades sometidas a distintas formas de violencia. También operan gobiernos que utilizan la lucha contra el narcotráfico para definir prioridades diplomáticas y ampliar su capacidad de intervención.
La población queda expuesta a decisiones tomadas desde posiciones de poder muy diferentes. Puede sufrir la protección estatal de una organización criminal, el dominio de una banda sobre su barrio o las consecuencias de una respuesta internacional que no controla. Por eso, un análisis desde LIBERTAS debe preguntar qué responsabilidades están acreditadas y cómo cada respuesta afecta la libertad de las personas.
El criterio necesita mantenerse incluso cuando resulta políticamente incómodo: investigar a quienes utilizan el Estado para delinquir y exigir límites a quienes dicen combatirlos.
Venezuela: distinguir las responsabilidades acreditadas
La relación entre funcionarios venezolanos y narcotráfico no puede reducirse a una disputa de discursos. Existen actuaciones judiciales concretas. El 25 de junio de 2025, Hugo Armando Carvajal, antiguo director de la inteligencia militar venezolana, se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense de cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y armas. Su admisión de responsabilidad constituye un hecho judicial distinto de una denuncia pública o una designación administrativa. United States Department of Justice
El caso importa por la posición que había ocupado. Un responsable de inteligencia dispone de información y capacidades que pueden ofrecer ventajas extraordinarias a una organización criminal. Cuando esos recursos se utilizan para facilitar delitos, la función pública proporciona protección al negocio.
Esta es una forma de narcopolítica especialmente grave: la autoridad no se limita a omitir controles, sino que puede poner capacidades estatales al servicio de intereses ilícitos. Sin embargo, la responsabilidad admitida por Carvajal no permite dar por demostrada la de cualquier otro funcionario. Cada imputación necesita su propia prueba.
La situación procesal de Nicolás Maduro debe describirse de otra manera. Tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, quedó sometido a un proceso penal en Nueva York. Según la información publicada por Reuters el 2 de septiembre, se había declarado no culpable y solicitado la desestimación de los cargos alegando inmunidad. El juicio estaba previsto para el 1 de junio de 2027, sujeto a la resolución de las cuestiones pendientes. A la fecha de este capítulo, corresponde hablar de un acusado, no de una persona condenada en esa causa. Reuters
Esa precisión no constituye una defensa política. Es una exigencia del mismo orden republicano que permite investigar a quienes han ejercido el poder. Si las garantías dependen de la simpatía que despierte el acusado, dejan de funcionar como garantías.
También conviene separar los expedientes por narcotráfico de las investigaciones sobre represión y violaciones de derechos humanos. Pueden revelar problemas institucionales relacionados, pero requieren demostrar conductas diferentes. La existencia de persecución política no prueba por sí sola un delito de drogas; una acusación de drogas tampoco agota las responsabilidades por abusos contra la población.
Qué explica y qué puede ocultar la expresión “Cartel de los Soles”
El nombre “Cartel de los Soles” ocupa un lugar central en las acusaciones estadounidenses. La acusación sustitutiva publicada en enero de 2026 lo utiliza para describir un sistema de protección y beneficios que, según la fiscalía, conectaba a dirigentes con funcionarios civiles, militares y de inteligencia. Es la formulación de la parte acusadora y debe presentarse como tal. justice.gov
La expresión puede ayudar a identificar el objeto de una investigación, pero no reemplaza la explicación de su funcionamiento. Para comprender una red interesa saber quién toma decisiones, quién recibe beneficios y cómo se resuelven los conflictos entre sus integrantes. Un nombre común no demuestra que todas las actividades respondan a una conducción única.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. Si una organización depende de un mando central, detenerlo puede modificar su funcionamiento. Si el negocio se sostiene mediante acuerdos entre varios centros de poder, la sustitución de una figura puede dejar intactas muchas de sus protecciones. Determinar cuál de estas situaciones existe requiere evidencia, no una etiqueta.
Tampoco corresponde extender la acusación al conjunto de las Fuerzas Armadas, a todos los empleados públicos o a la sociedad venezolana. Una investigación rigurosa individualiza responsabilidades y permite identificar a quienes se opusieron, denunciaron o fueron obligados a obedecer.
Desde LIBERTAS, la denuncia del poder criminal debe conservar esa precisión. Una acusación indiscriminada puede terminar ocultando a los responsables entre millones de personas a las que se atribuye una culpa colectiva.
La salida de un dirigente no garantiza una transformación institucional
El cambio en la conducción de un país no permite concluir que desaparecieron las condiciones que sostenían los abusos. En septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló que, pese a mejoras limitadas, permanecían las instituciones responsables de la represión. Su evaluación obliga a distinguir los cambios políticos de una reforma efectiva de los mecanismos de poder. ohchr.org
Esa observación se refiere a derechos humanos y no constituye una conclusión judicial sobre narcotráfico. Su relevancia para este capítulo es institucional: una autoridad puede cambiar mientras continúan las prácticas que impiden investigar, denunciar o exigir cuentas.
Por ello, la recuperación democrática debe observarse en decisiones verificables. ¿Puede un periodista investigar a un funcionario sin sufrir represalias? ¿Puede un juez resolver contra los intereses del gobierno? ¿Las víctimas acceden a expedientes y mecanismos de reparación? ¿La competencia electoral permite disputar realmente el poder?
Los acuerdos internacionales también deben someterse a ese examen. La cooperación económica o de seguridad puede responder a necesidades legítimas, pero no demuestra por sí misma una democratización. Un gobierno puede resultar conveniente como interlocutor externo y continuar restringiendo derechos dentro de su territorio.
Para LIBERTAS, la medida de una transición es la autonomía que recuperan los ciudadanos. La normalización de las relaciones entre gobiernos no basta si quienes viven bajo sus decisiones siguen sin poder controlarlas.
Haití: cuando varias economías criminales sostienen el dominio armado
Haití presenta una configuración diferente. El informe de UNODC remitido al Consejo de Seguridad en enero de 2026 describió coaliciones de bandas involucradas en múltiples actividades, entre ellas tráfico de armas y drogas, extorsión y explotación de migrantes. El narcotráfico forma parte de ese entramado, pero no explica por sí solo toda la violencia ni todas sus fuentes de ingresos. digitallibrary.un.org
El informe de julio de 2026 volvió a identificar el tráfico de drogas como una fuente de recursos y examinó vulnerabilidades marítimas y portuarias. También recogió problemas relacionados con la custodia de armas incautadas y la conservación de pruebas, cuestiones que afectan la posibilidad de llevar investigaciones a juicio. HaitiDocs
La pérdida de una prueba puede parecer un asunto administrativo frente a la gravedad de la violencia. Sin embargo, cuando impide establecer responsabilidades, compromete el resultado de todo el procedimiento. Recuperar capacidad estatal requiere que la actuación policial pueda continuar en una investigación y en una decisión judicial.
El dominio territorial de una banda tiene, además, efectos que exceden sus operaciones de tráfico. En términos generales, controlar un acceso estratégico permite imponer condiciones a actividades legales. Una organización puede obtener ingresos de la necesidad de circular, comerciar o abastecerse. En ese escenario, la vida cotidiana se convierte en una fuente de recursos para quienes ejercen la coerción.
La población sometida a ese poder no debe confundirse con sus beneficiarios. Pagar una extorsión para mantener abierto un negocio o atravesar una zona no equivale a adherir a la organización que la exige. Tampoco puede presumirse colaboración a partir de la residencia en un barrio controlado por una banda.
La respuesta internacional debe partir de esa diferencia. Su propósito tendría que ser ampliar la capacidad de las instituciones haitianas para proteger a las personas, con responsabilidades identificables y mecanismos de revisión. Una intervención que depende indefinidamente de actores externos plantea un problema distinto del que prometía resolver.
La cuestión decisiva es quién garantiza la seguridad cuando termina una operación y ante quién puede reclamar una familia si esa seguridad falla.
El Caribe no constituye una sola realidad criminal
La proximidad geográfica no vuelve equivalentes a las sociedades caribeñas. Sus instituciones y relaciones internacionales son diferentes. También lo son sus capacidades para investigar y controlar los movimientos comerciales.
República Dominicana ofrece un ejemplo de la escala que pueden alcanzar los cargamentos. En diciembre de 2024, sus autoridades anunciaron la incautación de aproximadamente 9,5 toneladas de cocaína en el puerto de Caucedo, en un envío cuyo destino declarado era Bélgica. El caso muestra la conexión entre puertos caribeños y mercados europeos. Una incautación de esa magnitud acredita una operación detectada; no demuestra, por sí sola, la captura política del país. apnews.com
Puerto Rico permite observar otra conexión. En junio de 2025, fiscales federales anunciaron acusaciones contra personas presuntamente vinculadas con el transporte de cocaína hacia Estados Unidos continental mediante vuelos comerciales. La comunicación describía una red de coordinación y transporte, cuya responsabilidad debía establecerse en los procedimientos correspondientes. United States Department of Justice
Estos casos impiden reducir el problema regional a embarcaciones clandestinas o a un único país de origen. Las investigaciones deben seguir los vínculos entre transportistas, financiadores y receptores, sin convertir la actividad comercial legal en una sospecha generalizada.
Para las economías insulares, proteger el comercio tiene una importancia particular. El control necesita ser eficaz y, al mismo tiempo, suficientemente preciso para no imponer costos indiscriminados a quienes cumplen la ley. La cooperación regional puede ayudar a compartir información y capacidades que un territorio pequeño difícilmente podría sostener por sí solo.
Esa cooperación exige confianza. Si la información reservada puede llegar a la organización investigada, compartirla sin controles aumenta el riesgo para agentes y testigos. Por tanto, fortalecer la integridad de las instituciones receptoras forma parte del trabajo internacional.
La lucha contra el narcotráfico y los límites de la fuerza
El Caribe se convirtió también en escenario de una disputa sobre la respuesta militar al tráfico de drogas. El 31 de octubre de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó los ataques estadounidenses contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico y reclamó investigaciones independientes. Estados Unidos los defendía dentro de su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; el alto comisionado sostuvo que correspondía aplicar las restricciones propias de las operaciones de cumplimiento de la ley. United Nations in the Caribbean
La controversia no puede resolverse mediante la sola repetición de que las organizaciones criminales son peligrosas. Ese peligro explica la necesidad de actuar. La elección de los medios requiere una justificación adicional.
La posición de LIBERTAS exige que el uso de la fuerza pueda examinarse: qué información sustentó la decisión, qué amenaza se identificó y quién autorizó la actuación. La reserva operativa puede proteger una investigación, pero no debería impedir indefinidamente la rendición de cuentas.
La captura de Maduro plantea, a su vez, cuestiones distintas de su eventual responsabilidad penal. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense examinó los argumentos sobre inmunidad y los problemas jurídicos del proceso. Separadamente, expertos de Naciones Unidas condenaron la intervención militar de enero de 2026. Son debates sobre jurisdicción y uso de la fuerza que no sustituyen la evaluación de las pruebas por narcotráfico. EveryCRSReport.com
Esta separación permite sostener una posición coherente. Una persona puede tener que responder por delitos graves y, al mismo tiempo, ser necesario examinar la legalidad de las acciones utilizadas para capturarla. Cuestionar esas acciones no demuestra su inocencia; afirmar su culpabilidad tampoco resuelve la controversia sobre los medios.
La soberanía protege a una comunidad política frente a la imposición externa. No debería utilizarse como excusa para impedir toda investigación sobre sus gobernantes. Pero la acusación de criminalidad tampoco puede convertirse en una autorización ilimitada para que otro Estado decida sobre esa comunidad.
Tecnología, vigilancia y responsabilidad
Las tecnologías de vigilancia amplían la capacidad de observar movimientos y coordinar operaciones. Su valor depende de la calidad de la información y de las decisiones que se toman con ella.
Una señal registrada por un sistema no explica por sí sola quién viaja, qué transporta o cuál es su responsabilidad. La interpretación requiere corroboración. Cuanto más grave sea la consecuencia de una decisión, mayor debe ser la exigencia de verificar sus fundamentos.
En Haití, Amnistía Internacional manifestó en mayo de 2026 preocupación por el uso de drones armados en tareas de seguridad y por los riesgos para la población, especialmente para la infancia. La organización reclamó aclarar quién operaba esos sistemas y bajo qué marco jurídico. Se trata de una advertencia documentada de esa organización, no de una sentencia sobre cada operación. amnesty.org
La cuestión institucional es directa: la distancia entre quien toma la decisión y quien sufre sus consecuencias no debe diluir la responsabilidad. El uso de tecnología exige conservar registros que permitan reconstruir actuaciones y revisar errores.
Esa misma capacidad de registro puede fortalecer la investigación financiera y la vigilancia de los accesos a información sensible. Para que resulte útil, necesita personal independiente y procedimientos que permitan actuar cuando los indicios alcanzan a alguien poderoso.
Venezuela y el Caribe muestran que la narcogeopolítica incluye tanto las protecciones del negocio criminal como las decisiones estatales adoptadas para combatirlo. La evaluación debe alcanzar a ambas, con pruebas y criterios consistentes.
Para LIBERTAS, la Libertad exige que una persona pueda vivir sin obedecer a una banda ni temer represalias por denunciar a una autoridad. La Democracia necesita que los ciudadanos puedan modificar el rumbo político de su país. La República obliga a investigar a quienes abusan del poder y a someter esa investigación a reglas.
Ninguna soberanía debe servir de refugio a la impunidad, y ninguna lucha contra el crimen debe colocar a quienes la conducen por encima de la ley.