URUGUAY · AMÉRICA · MUNDO
Hay poderes que reconocemos inmediatamente y otros que actúan casi sin ser vistos. Una reunión privada puede terminar influyendo sobre una ley. Una decisión judicial puede alterar definitivamente la carrera política de quien gobernó un país. Un algoritmo desarrollado a miles de kilómetros puede empezar a decidir qué información encontramos, cómo aprendemos o qué respuestas recibimos.
Las tres noticias de hoy parecen hablar de asuntos diferentes. En realidad plantean una misma pregunta: ¿quién controla a quienes tienen capacidad para influir sobre nuestras decisiones?
🇺🇾 URUGUAY
¿QUIÉN ESCRIBE LAS LEYES?
Uruguay abre la discusión sobre el lobby y los intereses que rodean al poder
El Parlamento uruguayo tiene sobre la mesa una discusión que toca directamente la calidad de nuestra República: cómo regular el lobby y hacer visible la influencia de intereses particulares sobre las decisiones públicas.
La propuesta impulsada por el senador Pedro Bordaberry plantea crear un Registro de Lobby y Gestión de Intereses e incorporar mecanismos que permitan conocer qué personas u organizaciones mantuvieron contactos con autoridades para intentar influir sobre leyes, decretos o resoluciones.
El lobby no es necesariamente corrupción.
En una sociedad democrática, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, asociaciones profesionales y ciudadanos tienen derecho a defender intereses e intentar convencer a quienes gobiernan.
Eso también es participación.
El problema comienza cuando esa influencia permanece oculta.
Un ciudadano conoce a los legisladores que votaron una ley. Puede consultar las sesiones parlamentarias y analizar los argumentos utilizados públicamente.
Pero muchas veces desconoce qué ocurrió antes.
¿Quién propuso determinadas modificaciones?
¿Quién se reunió con los decisores?
¿Qué intereses estaban representados?
¿Qué organizaciones participaron en la elaboración de una norma?
La transparencia del siglo XXI debería permitir reconstruir también esa historia.
Una huella legislativa no impediría que los grupos de interés participen. Haría visible su participación.
Y esa diferencia importa.
Porque la transparencia no consiste en impedir que alguien intente influir sobre el poder.
Consiste en permitir que todos podamos saber quién está intentando hacerlo.
Una regulación equilibrada deberá evitar además el extremo contrario: convertir cualquier reunión entre un ciudadano y una autoridad en un procedimiento burocrático o sospechoso.
La República necesita participación.
Pero necesita también luz.
La influencia es legítima. La influencia secreta sobre las decisiones públicas merece ser observada.
🌎 AMÉRICA
CUANDO EL PODER LLEGA AL BANQUILLO
Cristina Kirchner, la Justicia y el derecho a volver a competir
Cristina Fernández de Kirchner llevó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas su condena por corrupción.
La expresidenta argentina cumple una pena de seis años bajo arresto domiciliario y tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Su defensa sostiene que durante el proceso judicial fueron vulneradas garantías fundamentales y busca cuestionar internacionalmente la condena.
El caso vuelve a colocar a Argentina frente a una discusión que durante años quedó atrapada dentro de la grieta política.
Pero LIBERTAS debería salir deliberadamente de esa lógica.
La pregunta no es si estamos con Cristina Kirchner o contra Cristina Kirchner.
La pregunta republicana es mucho más exigente:
¿cómo juzga una democracia a quienes alguna vez ejercieron el máximo poder?
Una República donde un expresidente no puede ser investigado porque conserva influencia política tiene un problema.
Pero una República donde la Justicia puede utilizarse para eliminar adversarios políticos tiene otro igualmente grave.
Por eso el debido proceso importa especialmente cuando quien está siendo juzgado divide profundamente a la sociedad.
Las garantías judiciales no existen para proteger únicamente a quienes consideramos inocentes.
Existen precisamente para impedir que nuestra opinión sobre una persona determine cómo debe funcionar la Justicia.
La intervención del Comité de Derechos Humanos tampoco significa que Naciones Unidas haya declarado inocente a Cristina Kirchner.
El organismo deberá analizar las alegaciones presentadas sobre posibles vulneraciones de derechos.
Esa distinción es indispensable.
Una cosa es revisar si durante un proceso fueron respetadas determinadas garantías.
Otra muy diferente es convertir automáticamente esa revisión en una absolución política.
Argentina necesita ser capaz de sostener simultáneamente dos principios:
nadie debe estar por encima de la ley y nadie debe quedar por debajo de sus garantías.
Ni siquiera quien alguna vez ocupó la Presidencia.
Especialmente quien alguna vez ocupó la Presidencia.
🌍 MUNDO
¿QUIÉN ESCRIBE LAS REGLAS DE LA INTELIGENCIA?
El Sur Global reclama voz en el nuevo poder de la IA
Durante la Asamblea General de Naciones Unidas comenzó a escucharse con mayor fuerza una pregunta que hasta ahora había permanecido en segundo plano.
¿Quién gobernará la inteligencia artificial?
Estados Unidos concentra buena parte de las principales empresas y modelos.
China desarrolla su propio ecosistema tecnológico.
Europa intenta construir una arquitectura regulatoria.
Pero miles de millones de personas que utilizarán estas tecnologías viven fuera de esos tres grandes espacios.
Países de África, Asia y América Latina están reclamando mayor participación en la construcción de las reglas globales de inteligencia artificial.
El reclamo merece atención.
Porque la dependencia tecnológica no comienza necesariamente cuando un país pierde control sobre su infraestructura.
Puede comenzar mucho antes.
Puede comenzar cuando utiliza sistemas cuyas reglas fueron definidas por otros.
Los modelos de inteligencia artificial no funcionan en un vacío cultural.
Son entrenados con información.
Priorizan determinados idiomas.
Aplican criterios de seguridad.
Seleccionan respuestas.
Interpretan preguntas.
Filtran contenidos.
Representan culturas.
Y cada vez más actuarán como intermediarios entre las personas y enormes cantidades de conocimiento.
No hace falta imaginar una conspiración para comprender el problema.
Un sistema puede incorporar sesgos simplemente porque fue construido dentro de determinados contextos culturales, jurídicos o económicos.
Ahí aparece una nueva dimensión de la soberanía.
América Latina no necesita fabricar cada semiconductor ni entrenar necesariamente sus propios modelos de frontera para conservar autonomía.
Pero sí necesita capacidad para decidir bajo qué reglas operan esas tecnologías dentro de nuestras sociedades.
Eso implica discutir protección de datos.
Transparencia.
Educación.
Lengua.
Auditoría.
Responsabilidad.
Supervisión humana.
Competencia.
Y también libertad cognitiva.
Porque cuando una inteligencia artificial comienza a mediar entre una persona y el conocimiento, la pregunta deja de ser solamente tecnológica.
Se vuelve política.
¿Quién determina qué respuestas son aceptables?
¿Quién define qué fuentes son confiables?
¿Quién decide qué información debe priorizarse?
¿Podemos conocer esos criterios?
¿Podemos cuestionarlos?
¿Podemos elegir otro sistema?
La gobernanza mundial de la inteligencia artificial no puede convertirse en una conversación exclusiva entre gobiernos poderosos y grandes empresas tecnológicas.
Si la IA va a intervenir en educación, información, trabajo, salud, administración pública y producción de conocimiento, las sociedades que vivirán bajo esas tecnologías necesitan participar en la definición de sus límites.
De lo contrario podríamos construir una nueva forma de dependencia.
No necesariamente territorial.
Ni siquiera económica.
Una dependencia sobre las herramientas mediante las cuales comprendemos la realidad.
Y allí comienza el problema de la libertad cognitiva.
TRES MIRADAS. UNA MISMA PREGUNTA.
En Uruguay discutimos si podemos saber quién intenta influir sobre quienes escriben nuestras leyes.
En Argentina observamos qué ocurre cuando las instituciones deben juzgar a quien alguna vez concentró una enorme cantidad de poder político.
En el mundo comenzamos a preguntarnos quién escribirá las reglas de sistemas de inteligencia capaces de influir sobre cómo millones de personas acceden al conocimiento.
Lobby, Justicia e inteligencia artificial parecen asuntos separados.
No lo son.
Los tres hablan de poder y control democrático.
Una República necesita saber quién influye.
Una democracia necesita poder juzgar a quienes gobernaron sin convertir la Justicia en instrumento político.
Y una sociedad libre necesita comprender quién establece las reglas de las tecnologías que comienzan a mediar entre las personas y el conocimiento.
Porque existe una forma particularmente peligrosa de poder.
No es necesariamente aquella que grita, prohíbe o amenaza.
Es aquella que consigue influir sin que sepamos que está allí.
LIBERTAS
“El poder más difícil de controlar es aquel que actúa sin que sepamos quién lo está ejerciendo.”