Una mirada LIBERTAS sobre el papel del embajador, la tradición diplomática uruguaya y la decisión de jerarquizar políticamente la representación en Palestina
Un embajador no representa a un partido político. Tampoco representa sus convicciones personales, las afinidades ideológicas del gobierno de turno ni una determinada causa internacional. Representa al Estado.
Esa diferencia parece elemental. Sin embargo, constituye una de las fronteras más importantes entre una política exterior republicana y una diplomacia convertida en prolongación de las preferencias políticas domésticas.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas define con notable claridad las funciones de una misión: representar al Estado acreditante, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar con el Estado receptor, observar e informar sobre su realidad y promover relaciones amistosas, económicas, culturales y científicas.
Uruguay agrega una definición todavía más exigente. El artículo 2 de la Ley 19.841 establece que el personal del Servicio Exterior está “al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos”. Su lealtad se debe a la Nación y a su Gobierno dentro de la Constitución y las leyes. El artículo siguiente exige imparcialidad, probidad, reserva, decoro y dignidad.
Ese debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria.
La diplomacia de un Estado pequeño
Uruguay no posee poder militar relevante a escala internacional, no integra el grupo de grandes potencias económicas y tiene una capacidad limitada para modificar por sí mismo los grandes equilibrios geopolíticos.
Su influencia internacional proviene de otro lugar.
Durante décadas construyó reputación mediante el derecho internacional, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias, la defensa de los derechos humanos, la democracia representativa y una diplomacia profesional que procura mantener continuidad más allá de los gobiernos.
No es solamente una tradición. Es una estrategia racional para un Estado pequeño.
El propio Ministerio de Relaciones Exteriores define actualmente como misión representar al Estado y defender sus intereses políticos, económicos, comerciales y de derechos humanos. Su Plan Estratégico 2025-2030 vuelve a colocar el derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la profesionalización del servicio exterior y la diplomacia preventiva en el centro de la acción internacional uruguaya.
El gobierno de Yamandú Orsi reafirmó en enero de 2026 los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana, defensa del derecho internacional y convivencia democrática. En septiembre, Cancillería volvió a comprometer formalmente al país con el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, la pluralidad y los derechos humanos.
Son principios que LIBERTAS comparte.
Precisamente por eso deben aplicarse siempre.
No existe verdadero universalismo cuando los principios cambian según quién viola los derechos humanos.
Palestina: una relación legítima que exige enorme precisión
Uruguay reconoció al Estado palestino en 2011. Posteriormente acordó establecer representaciones residentes y abrió su embajada en Ramala. En julio de 2025, Cancillería recordó oficialmente que Uruguay mantiene allí una embajada y reiteró simultáneamente su adhesión a la solución de dos Estados.
Por eso sería incorrecto sostener que mantener relaciones diplomáticas con Palestina constituye, por sí mismo, una anomalía.
No lo es.
Tampoco debería interpretarse el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a constituir un Estado como una posición contra Israel. Uruguay tiene razones históricas particularmente fuertes para defender ambas legitimidades: participó activamente en el proceso de 1947, votó la Resolución 181 sobre la partición, reconoció tempranamente a Israel y décadas después reconoció a Palestina. La propia Cancillería presenta esa trayectoria como fundamento de su defensa de los dos Estados.
El problema aparece en otro lugar.
¿Qué significa convertir ahora la embajada en Palestina en una representación de especial contenido político?
El gobierno anunció que propondrá al exintendente Marcos Carámbula como embajador a partir de 2027. La Constitución permite que los embajadores sean cargos de particular confianza del Poder Ejecutivo y exige acuerdo del Senado para los jefes de misión. Por tanto, la discusión no debe plantearse como una cuestión de legalidad de la designación política. Constitucionalmente esa posibilidad existe.
La discusión pertinente es política e institucional.
El canciller Lubetkin ha argumentado que la complejidad de Medio Oriente requiere una personalidad política con capacidad de articulación y que Uruguay pretende contribuir a los esfuerzos internacionales por la solución de dos Estados.
Es precisamente esa explicación la que merece ser examinada.
¿Qué puede realmente hacer Uruguay?
Aquí aparece una contradicción.
Si el objetivo consiste en mantener relaciones diplomáticas con la Autoridad Palestina, desarrollar cooperación, informar a Montevideo, defender los intereses uruguayos y sostener contactos políticos, esas son exactamente las tareas para las cuales existe un Servicio Exterior profesional.
Si, en cambio, se pretende otorgar al embajador una misión política especial para que Uruguay desempeñe un papel relevante en la resolución del conflicto palestino-israelí, el gobierno debería explicar con precisión cuál es ese papel.
Uruguay puede ofrecer buenos oficios. Puede defender el derecho internacional. Puede promover soluciones multilaterales. Puede dialogar simultáneamente con israelíes y palestinos. Puede participar en organismos internacionales.
Pero debe existir proporcionalidad entre aspiraciones y capacidades.
El conflicto involucra directamente a Israel y los palestinos, pero también a Estados Unidos, los Estados árabes, Irán, Turquía, la Unión Europea y numerosas organizaciones internacionales. Pretender que una designación política en Ramala pueda otorgar por sí misma a Uruguay una capacidad de intermediación relevante corre el riesgo de sustituir política exterior por simbolismo.
Y existe una dificultad todavía mayor.
Para mediar hay que ser considerado confiable por las partes.
Un mediador no puede limitarse a ser escuchado por uno de los actores. Necesita interlocución con ambos.
Si Uruguay quiere aportar realmente a la paz, debería fortalecer simultáneamente su capacidad de diálogo con Israel y con la Autoridad Palestina, manteniendo una posición inequívoca frente al terrorismo, los ataques contra civiles, las violaciones del derecho internacional humanitario y cualquier forma de antisemitismo.
También debe distinguir categóricamente entre el pueblo palestino, la Autoridad Palestina y Hamás.
Confundir esas realidades sería política y moralmente inadmisible.
El 7 de octubre cambió el contexto
Hay un elemento que ninguna política exterior democrática puede relativizar.
Uruguay condenó oficialmente los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y reclamó la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo defendió la protección de los civiles palestinos, el respeto del derecho internacional humanitario y la solución de dos Estados. Esa combinación aparece expresamente documentada en la memoria oficial de política exterior 2020-2025.
Esa posición ofrece una base mucho más sólida que cualquier alineamiento automático.
Desde LIBERTAS sostenemos una idea sencilla: los derechos humanos no tienen nacionalidad y la democracia no admite excepciones geográficas.
Defender la seguridad y existencia del Estado de Israel no obliga a justificar todas las decisiones de un gobierno israelí.
Defender la dignidad y la autodeterminación del pueblo palestino tampoco obliga —y jamás debería llevar— a minimizar el terrorismo de Hamás, su violencia contra civiles o cualquier proyecto político incompatible con una sociedad pluralista y democrática.
Ese es exactamente el lugar donde Uruguay lo de debería situarse.
La pregunta incómoda: ¿por qué un embajador político?
La designación anunciada introduce además una discusión institucional que trasciende Palestina.
Uruguay posee diplomáticos formados durante décadas para representar al Estado en contextos complejos. La propia legislación dispone que el Servicio Exterior actúe independientemente de personas, grupos y partidos.
Por supuesto, la Constitución habilita embajadores de confianza política.
Pero que algo sea constitucionalmente posible no significa que sea institucionalmente indiferente.
Cuando un gobierno decide que un destino particularmente sensible requiere una personalidad política en lugar de un diplomático de carrera, tiene la responsabilidad de explicar qué capacidad extraordinaria justifica esa excepción.
Más todavía cuando el argumento utilizado es precisamente la complejidad del destino.
Porque puede sostenerse exactamente el razonamiento contrario: cuanto más delicada sea una misión, mayores razones existen para valorar experiencia diplomática profesional, conocimiento del derecho internacional, negociación, idiomas, protocolo, análisis geopolítico y conocimiento acumulado del terreno.
No alcanza con prestigio político interno.
Ramala no es una intendencia. Medio Oriente no es un escenario para aprender diplomacia durante el ejercicio del cargo.
Una embajada no puede convertirse en una declaración ideológica
La cuestión más delicada no es entonces la existencia de la Embajada de Uruguay en Palestina.
Es su eventual transformación simbólica.
Si la representación uruguaya sirve para dialogar con la Autoridad Palestina, desarrollar cooperación, conocer directamente la situación, defender la paz, reclamar democracia y derechos humanos y contribuir a una solución negociada con Israel, cumple una función diplomática perfectamente defendible.
Si comienza a funcionar como expresión de solidaridad política unilateral con una de las partes, habrá perdido parte de su razón diplomática.
Una embajada representa a Uruguay.
No representa al Frente Amplio.
No representa a la oposición.
No representa movimientos internacionales ni causas partidarias.
Representa a la República Oriental del Uruguay.
Y la República tiene una obligación superior a cualquier afinidad política: mantener coherencia entre los valores que proclama y las posiciones que adopta.
LIBERTAS: dos pueblos, dos Estados, una misma vara democrática
LIBERTAS puede defender simultáneamente principios que algunos pretenden presentar como incompatibles.
El derecho de Israel a existir en paz y seguridad.
El derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a construir un Estado viable.
La condena inequívoca del terrorismo.
La protección de los civiles palestinos.
La liberación de los rehenes.
El cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario por todas las partes.
Y, por encima de cualquier gobierno circunstancial, la defensa de sociedades donde exista libertad de expresión, pluralismo político, elecciones auténticas, separación del poder, derechos de las mujeres y respeto de las minorías.
No existe contradicción entre esas posiciones. La contradicción aparece cuando alguno de esos principios deja de aplicarse porque políticamente resulta incómodo.
Por eso el debate sobre la embajada uruguaya en Palestina debería superar la discusión superficial acerca de estar “a favor” de palestinos o israelíes.
La cuestión republicana es bastante más exigente:
¿Está Uruguay construyendo una política destinada a favorecer la paz y la convivencia entre dos pueblos o está utilizando una representación diplomática para enviar una señal política?
Si pretende mediar, deberá demostrar independencia.
Si pretende defender los derechos humanos, deberá reclamarlos frente a todos.
Si pretende hablar en nombre de la democracia, deberá hacerlo también cuando sus interlocutores no sean democráticos.
Y si pretende preservar la tradición internacional de Uruguay, debería recordar aquello que ha permitido que un pequeño país tenga una voz mayor que su peso material: la previsibilidad de sus principios.
La diplomacia republicana empieza precisamente allí.
Cuando cambia el gobierno, pueden cambiar las prioridades.
Lo que no debería cambiar es la vara con la que Uruguay mide la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Derecho Internacional.
LIBERTAS — La libertad no reconoce bandos. Reconoce principios.