TRES MIRADAS LIBERTAS
URUGUAY · AMÉRICA · MUNDO
LA DEMOCRACIA ANTES DEL VOTO
Solemos pensar la democracia desde su imagen más reconocible: un ciudadano frente a una urna. Pero cuando llega ese momento ya ocurrieron muchas cosas. Alguien determinó quién podía participar, bajo qué reglas, quién controlaría el proceso y qué instituciones recibirían después la legitimidad otorgada por los votos.
Las tres miradas de hoy recorren precisamente ese territorio. Uruguay acaba de elegir representantes docentes para la conducción de la educación pública. Brasil vota hoy bajo una enorme polarización y después de años de tensión institucional. En India, las protestas por la revisión de los padrones recuerdan algo todavía más elemental: antes del derecho a elegir existe el derecho a ser reconocido como ciudadano capaz de hacerlo.
🇺🇾 URUGUAY
¿DE QUIÉN ES LA EDUCACIÓN PÚBLICA?
Los docentes votaron. Ahora corresponde discutir cómo se gobierna la ANEP
Más de 45.000 docentes participaron este sábado en las elecciones para designar a sus representantes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
La participación rondó el 90% de los habilitados.
El dato merece atención.
Pero la elección abre una discusión bastante más interesante que determinar qué lista obtuvo más votos.
¿Quién debe participar en el gobierno de la educación pública?
Uruguay posee un modelo particular.
La conducción de la ANEP combina integrantes designados por el poder político con representantes elegidos directamente por los docentes.
La lógica tiene fundamentos atendibles.
Quienes trabajan todos los días dentro del sistema poseen conocimientos, experiencias y perspectivas que deberían formar parte de las decisiones educativas.
La autonomía profesional también puede funcionar como contrapeso frente a la tentación de convertir cada cambio de gobierno en una reconstrucción partidaria de la educación.
Pero representación profesional y representación del interés general no son exactamente lo mismo.
Un docente elegido por docentes posee legitimidad para representar a sus electores.
Un gobierno elegido por toda la ciudadanía posee otra clase de legitimidad.
Las familias tienen intereses.
Los estudiantes tienen derechos.
Los contribuyentes financian el sistema.
La sociedad espera determinados resultados.
La pregunta, entonces, no debería formularse como una disputa entre gobierno y sindicatos.
Es más profunda:
¿cómo construimos una gobernanza educativa capaz de escuchar a quienes enseñan sin convertir la educación en propiedad de ninguna corporación?
Ni del gobierno.
Ni de los partidos.
Ni de los sindicatos.
Ni de las organizaciones privadas.
La educación pública pertenece a la sociedad.
La representación docente puede enriquecer su gobierno si aporta conocimiento profesional, independencia de criterio y capacidad para expresar aquello que ocurre realmente en las aulas.
Pero esa representación también necesita rendición de cuentas.
Como cualquier poder.
Porque participar en la conducción de un sistema que educa a cientos de miles de niños y jóvenes implica algo más que representar intereses sectoriales.
Implica asumir responsabilidad por el interés educativo general.
Uruguay necesita discutir con mayor profundidad su modelo de gobernanza educativa.
No para reducir la participación.
Para mejorarla.
Una democracia madura no teme distribuir poder.
Pero exige saber quién representa a quién, con qué mandato y ante quién responde.
🌎 AMÉRICA
BRASIL VOTA BAJO PRESIÓN
¿Quién tiene derecho a decidir el futuro de 215 millones de brasileños?
Brasil vota hoy.
Más de 150 millones de ciudadanos están convocados a elegir presidente en una de las elecciones más tensas de los últimos años.
Luiz Inácio Lula da Silva busca continuar en el poder.
Flávio Bolsonaro intenta devolver a su espacio político a la Presidencia.
Pero reducir la elección a Lula contra Bolsonaro sería perder de vista lo que Brasil está poniendo a prueba.
El país llega a las urnas después de años extraordinariamente difíciles para sus instituciones.
La elección de 2022 terminó seguida por un intento de revertir el resultado electoral.
Jair Bolsonaro fue posteriormente condenado por su participación en aquella trama.
Su hijo es hoy uno de los principales candidatos a la Presidencia.
Al mismo tiempo, el gobierno brasileño ha denunciado presiones e interferencias extranjeras en el proceso político.
Y sobre todo ello actúa una nueva infraestructura de comunicación política: redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial, contenidos sintéticos y campañas capaces de atravesar fronteras en segundos.
La pregunta central, entonces, no es solamente quién ganará.
Es otra:
¿quién tiene derecho a decidir?
La respuesta republicana debería ser sencilla.
Los brasileños.
No Washington.
No otros gobiernos extranjeros.
No los militares.
No los jueces.
No las grandes plataformas tecnológicas.
No las familias políticas.
Los ciudadanos.
Pero defender ese principio exige algo más que abrir los centros de votación.
Una elección libre necesita instituciones electorales independientes.
Necesita libertad de expresión.
Necesita oposición.
Necesita prensa.
Necesita ausencia de coerción.
Necesita garantías para quien gana.
Y también para quien pierde.
Brasil enfrenta hoy una prueba particularmente exigente porque la polarización ha llevado a muchos ciudadanos a percibir al adversario político como una amenaza existencial.
Cuando eso ocurre, aparece una tentación peligrosa.
Si creemos que el otro destruirá el país, cualquier mecanismo utilizado para impedir que llegue al poder puede comenzar a parecernos legítimo.
Ahí empieza el deterioro.
La democracia exige exactamente lo contrario.
Aceptar que alguien a quien rechazamos profundamente puede ganar una elección.
Y que, si gana respetando las reglas, tendrá derecho a gobernar dentro de los límites constitucionales.
El ganador deberá comprender también que recibir más votos no significa recibir todo el poder.
Gobernará Brasil.
No será propietario de Brasil.
Esa diferencia separa una mayoría electoral de una República.
Hoy los brasileños decidirán quién quieren que gobierne.
Pero la verdadera prueba democrática llegará después.
Cuando unos tengan que aceptar que perdieron y otros deban recordar que haber ganado también tiene límites.
🌍 MUNDO
EL CIUDADANO QUE DESAPARECE DEL SISTEMA
India y la nueva batalla por el derecho a votar
En Nueva Delhi, jóvenes manifestantes han salido a las calles para protestar contra revisiones de los registros electorales.
La controversia parece administrativa.
No lo es.
Los padrones electorales determinan quién puede ejercer uno de los derechos más elementales de una democracia.
Quién cuenta.
Las autoridades electorales indias sostienen que las revisiones buscan actualizar registros, corregir inconsistencias y proteger la integridad de las elecciones.
Es una responsabilidad legítima.
Todo sistema electoral necesita saber quién puede votar.
Debe corregir duplicaciones.
Actualizar fallecimientos.
Verificar identidades.
Evitar fraude.
Pero existen ciudadanos legítimos que fueron eliminados erróneamente y deben ser reincorporados.
Y ahí aparece un problema que excede ampliamente a India.
Las democracias están digitalizando su administración.
Bases de datos que antes estaban separadas comienzan a conectarse.
Algoritmos pueden detectar inconsistencias.
Sistemas automatizados pueden verificar identidades.
La inteligencia artificial permitirá procesar cantidades enormes de información administrativa.
Todo eso puede mejorar la gestión pública.
También puede producir una nueva clase de injusticia.
La exclusión automática.
Un error en una base de datos puede impedir recibir una prestación.
Una inconsistencia puede bloquear un trámite.
Un sistema puede considerar inválida una identidad.
Y, en el caso más extremo, un ciudadano puede descubrir que administrativamente dejó de existir para el sistema electoral.
El problema no es la tecnología.
El problema aparece cuando una decisión tecnológica no puede ser comprendida, cuestionada o corregida por la persona afectada.
Una democracia digital necesita entonces incorporar un principio sencillo:
ninguna máquina debe tener la última palabra sobre un derecho ciudadano.
Puede asistir.
Puede verificar.
Puede detectar anomalías.
Puede recomendar una revisión.
Pero cuando una decisión afecta un derecho político, debe existir una autoridad identificable que responda por ella y un procedimiento accesible para impugnarla.
India permite observar esta discusión desde su expresión más elemental.
La libertad cognitiva protege nuestra capacidad para formar una opinión sin manipulaciones indebidas.
Pero esa libertad queda incompleta si después un sistema administrativo nos impide transformar esa opinión en un voto.
La ciudadanía del siglo XXI necesitará, por eso, nuevos derechos frente al Estado digital.
Derecho a saber qué información posee sobre nosotros.
Derecho a corregirla.
Derecho a conocer por qué una decisión automatizada nos perjudica.
Derecho a recurrirla.
Y derecho a que una persona pueda revisar aquello que una máquina decidió.
No porque las máquinas sean necesariamente menos confiables que los seres humanos.
Porque los derechos pertenecen a las personas.
Y quienes ejercen poder sobre ellos deben poder responder por sus decisiones.
TRES MIRADAS. UNA MISMA PREGUNTA.
Uruguay acaba de elegir quién representará a los docentes dentro del gobierno de la educación pública.
Brasil decide hoy quién gobernará el país.
India discute quién puede siquiera llegar a una urna.
Son situaciones completamente diferentes.
Pero las tres revelan algo que a veces olvidamos.
La democracia no comienza cuando contamos votos.
Comienza mucho antes.
Cuando definimos quién participa.
Cuando establecemos quién representa a quién.
Cuando garantizamos que las reglas sean conocidas.
Cuando permitimos cuestionar una decisión.
Cuando impedimos que un poder político, corporativo, extranjero o tecnológico determine previamente quién tiene derecho a formar parte de la decisión colectiva.
La urna es el momento visible.
La democracia es todo lo que tuvo que funcionar antes para que ese voto fuera verdaderamente libre.
LIBERTAS
«La democracia no comienza cuando contamos los votos. Comienza cuando garantizamos que nadie pueda decidir de antemano quién tiene derecho a contar.»