Oriente Medio y África entre economías de guerra y protección territorial
Serie «Narcopolítica y narcogeopolítica» | LIBERTAS
En una economía de guerra, una ruta puede ser fuente de ingresos y de autoridad. Quien controla un paso fronterizo decide qué circula, cobra por permitirlo y puede castigar a quien se niega a pagar. Las drogas forman parte de algunas de esas economías, aunque no explican por sí solas todos los conflictos. Confundir guerra, contrabando y narcotráfico en una sola categoría impediría identificar quién obtiene beneficios de cada actividad.
Oriente Medio y África reúnen situaciones muy distintas. En Siria, la fabricación ilícita de «captagón» quedó ligada durante años a una estructura de poder que atravesaba fronteras. En el Sahel, las rutas de cocaína interactúan con autoridades locales, redes comerciales y grupos armados. En África occidental, el tránsito hacia otros mercados convive con un problema que merece atención propia: el crecimiento del consumo y sus daños. El hilo común de este capítulo es la capacidad de una red para obtener protección, imponer pagos o convertir una función pública en parte del negocio.
Siria: qué cambió tras la caída del régimen
El «captagón» es el nombre con el que se comercializan ilícitamente comprimidos estimulantes en la región. Según UNODC, Oriente Próximo y Medio concentró el 77 % de las incautaciones mundiales notificadas entre 2020 y 2024. La agencia situó la producción principalmente en Siria y Líbano, con distribución hacia otros países. La cifra corresponde a decomisos registrados: permite observar la importancia del mercado, pero no medir toda la producción. Data Portal UNODC
El cambio de gobierno sirio de diciembre de 2024 alteró ese escenario. En diciembre de 2025, UNODC informó que la fabricación ilícita de gran escala en Siria se había visto interrumpida. Su Informe Mundial sobre las Drogas 2026 mantuvo una formulación prudente: existen indicios de reducción de la producción de «captagón» y señales de que la metanfetamina procedente del sudoeste asiático podría ganar espacio en algunos mercados de la región. Los datos disponibles todavía no permiten afirmar que una economía ilícita haya desaparecido. unodc.org
Este caso permite examinar la narcopolítica en su forma más exigente. Una cosa es que traficantes aprovechen la debilidad de un Estado; otra, que personas situadas en el poder les ofrezcan protección o participen de la actividad. Las investigaciones sobre Siria requieren atribuir conductas y beneficios concretos. Tampoco corresponde trasladar las responsabilidades de una estructura política a toda la población siria ni considerar culpable a cada funcionario que trabajó bajo ella.
La transición abre una prueba institucional. Desmantelar instalaciones es una actuación visible. Impedir que sus operadores conserven contactos, recursos y capacidad de reorganizarse requiere investigaciones financieras, cooperación fronteriza y tribunales capaces de examinar pruebas. También exige proteger a quienes conocen la red y pueden declarar sobre ella.
Los países de destino tienen responsabilidades propias. Si hay demanda, canales de distribución y ganancias fuera de Siria, cambiar el lugar de producción puede desplazar el negocio sin extinguirlo. La cooperación regional debe seguir a compradores e intermediarios y examinar la aparición de otras sustancias, con atención simultánea a los daños sanitarios.
El Sahel: cobrar por el paso puede convertirse en poder
La cocaína producida en Sudamérica puede atravesar África occidental y el Sahel antes de llegar a otros destinos. Un estudio de UNODC sobre el tráfico de drogas en el Sahel documentó grandes incautaciones y examinó cómo las rutas se relacionan con corrupción, lavado de dinero e inestabilidad. Es un diagnóstico regional publicado en 2024; sus casos y cifras deben conservar esa fecha, sin presentarlos como una medición completa de 2026. unodc.org
El tránsito necesita servicios. Alguien recibe una carga, la almacena, consigue vehículos o facilita que cruce una zona. Si un actor armado controla el territorio, puede cobrar por esa operación aun sin ser dueño de la droga. Ese ingreso puede contribuir a sostener su capacidad de coerción. Pero la presencia de cocaína en una ruta no demuestra automáticamente que financie a todos los grupos armados que actúan cerca de ella. Para establecer ese vínculo hay que reconstruir pagos, acuerdos y personas.
La posición de un funcionario también requiere examen preciso. Puede haber recibido dinero para dejar pasar un vehículo, haber actuado bajo amenaza o no haber contado con medios para inspeccionarlo. Son situaciones diferentes. La primera exige investigación por corrupción; la segunda, protección; la tercera, mejoras de capacidad y supervisión. Mezclarlas permite que los colaboradores voluntarios se oculten entre quienes enfrentan peligro y que estos últimos queden abandonados.
La población soporta las consecuencias antes de que aparezcan en un expediente internacional. Cuando la circulación depende de permisos informales, un comerciante puede perder su mercancía, una familia puede verse obligada a desplazarse y un periodista puede dejar de investigar. Allí la pérdida de libertad es concreta, aunque ninguna organización haya declarado formalmente que gobierna el territorio.
África occidental también es un destino
Describir África únicamente como una escala entre Sudamérica y Europa reproduce una imagen incompleta. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 indica que las incautaciones de cocaína en el continente crecieron más de veinte veces entre 2015 y 2024 y señala una importancia creciente de África como región de tránsito y destino. El aumento de decomisos puede responder tanto a más actividad como a mayor capacidad de detección; no permite separar ambos factores por sí solo. Data Portal UNODC
Los problemas de salud pública tampoco son idénticos en todos los países ni se limitan a la cocaína. UNODC identifica el uso no médico de tramadol como un fenómeno destacado en África occidental y central. También advierte que la cobertura de tratamiento de los trastornos por consumo de drogas es especialmente baja en África y Asia. Estas observaciones exigen respuestas específicas: perseguir a quienes organizan mercados ilícitos y atender a quienes sufren sus consecuencias. Data Portal UNODC
Una estrategia centrada exclusivamente en vigilar la salida hacia Europa podría dejar desatendidas a las comunidades de la región. La obligación de protegerlas no depende de que una sustancia cruce después otra frontera. Para LIBERTAS, la vida de una persona afectada por el consumo y la seguridad de una comunidad sometida a extorsión tienen valor propio, más allá de su lugar en una ruta comercial.
Guinea-Bisáu y el riesgo de reducir un país a una etiqueta
Guinea-Bisáu ha aparecido durante años en los análisis internacionales sobre tránsito de cocaína e inestabilidad. El diagnóstico histórico de UNODC sobre África occidental examinó esa relación. Sin embargo, un informe sobre riesgos no autoriza a describir a un país entero como una organización criminal ni a atribuir conductas actuales a cada autoridad sin pruebas actualizadas. unodc.org
La etiqueta «narcoestado» puede llamar la atención, pero tiene un costo analítico. Oculta las diferencias entre una autoridad que colabora, otra que intenta investigar y una institución que carece de recursos suficientes. También borra a los ciudadanos que denuncian, trabajan o ejercen funciones públicas bajo presión.
La pregunta republicana es más útil: ¿puede una fiscalía investigar un cargamento y llegar hasta sus propietarios? ¿Puede un agente rechazar una orden ilícita sin quedar desprotegido? ¿Es posible revisar el patrimonio de una autoridad mediante procedimientos independientes? Estas preguntas permiten evaluar capacidades y responsabilidades concretas.
UNODC ha apoyado iniciativas para fortalecer la relación entre policía y comunidad en Guinea-Bisáu. La existencia de esas iniciativas no demuestra que se hayan resuelto los riesgos; sí recuerda que dentro de los países expuestos al narcotráfico existen instituciones y personas que trabajan para resistirlo. unodc.org
Cuando una política antidrogas depende de la guerra
El conflicto crea urgencias reales. Una autoridad necesita impedir el tráfico, proteger fronteras y evitar que los ingresos ilícitos sostengan la violencia. Pero una operación militar o policial no puede sustituir indefinidamente a jueces, controles financieros y servicios públicos. Si una ruta se interrumpe durante unas semanas y luego reaparece bajo otros protectores, se habrá modificado su administración clandestina sin recuperar la autoridad civil.
También importa cómo se reúnen las pruebas. Una acusación contra dirigentes políticos, miembros de fuerzas de seguridad o grupos armados debe poder ser examinada. Las sanciones y la cooperación internacional necesitan identificar conductas, preservar evidencia y permitir mecanismos de revisión. De lo contrario, la lucha contra el poder clandestino corre el riesgo de establecer otro poder incapaz de rendir cuentas.
La dimensión financiera une estos escenarios. Quien cobra por permitir un cargamento necesita guardar, transferir o gastar esos ingresos. Seguir el dinero puede revelar intermediarios y beneficiarios que una incautación fronteriza no identifica. A la inversa, congelar bienes sin verificar su titularidad y origen puede perjudicar a terceros. La firmeza y el debido proceso deben funcionar juntos.
Oriente Medio y África muestran una tensión que atraviesa toda esta serie: cuanto más se debilita la autoridad pública, más valioso resulta el permiso de quienes controlan de hecho un territorio; cuanto más se normaliza pagar por ese permiso, más difícil se vuelve recuperar la ley. La respuesta comienza por proteger a las personas sometidas a esa relación y por demostrar quién la sostiene.
Para LIBERTAS, ningún grupo armado puede reclamar autoridad legítima porque controle una ruta, y ningún gobernante puede invocar la seguridad para sustraerse al examen de sus vínculos con ella. La Libertad exige poder negarse a obedecer al poder criminal; la Democracia, decidir sin su dinero ni sus amenazas; la República, investigar también a quienes dicen combatirlo.