Spread the love

INFORME DE ANÁLISIS INTERNACIONAL

La reforma de las Naciones Unidas: entre la democratización del orden mundial y la consolidación del poder de las grandes potencias

20 de noviembre de 2026 | Derecho internacional, geopolítica y relaciones internacionales

La reforma de la Organización de las Naciones Unidas plantea una de las cuestiones más delicadas del orden internacional contemporáneo: ¿cómo democratizar una institución concebida para preservar la paz entre Estados cuando su estructura concede privilegios permanentes a determinadas potencias?

Desde la perspectiva de LIBERTAS, el debate debe examinarse a partir de tres principios: Libertad, Democracia y República. Sin embargo, existe una dificultad jurídica que no puede ignorarse: la ONU es una organización de Estados soberanos, no una república mundial, y sus mecanismos de representación responden a acuerdos internacionales, no al principio de sufragio universal.

La reforma puede contribuir a un sistema internacional más representativo, pero también puede profundizar la concentración del poder si se limita a redistribuir privilegios entre potencias tradicionales y emergentes.

El problema central no consiste únicamente en determinar quiénes ocuparán los asientos del Consejo de Seguridad. Consiste en establecer qué límites jurídicos deben imponerse al ejercicio del poder internacional, cómo garantizar el cumplimiento de las decisiones y qué protección efectiva tendrán los Estados pequeños y las poblaciones sometidas a gobiernos autoritarios.

Esta distinción resulta especialmente relevante para Uruguay. Su seguridad internacional depende en buena medida de la vigencia de normas comunes, de la solución pacífica de controversias y de instituciones capaces de limitar la arbitrariedad de los Estados más poderosos.

1. ¿Qué reforma está realmente sobre la mesa?

Conviene distinguir dos procesos relacionados, pero jurídicamente diferentes.

El primero es la Iniciativa ONU80, presentada por el secretario general António Guterres en marzo de 2025 y desarrollada durante 2026. Su finalidad es modernizar el funcionamiento de la organización, reducir duplicaciones administrativas, revisar mandatos y reorganizar programas.

La documentación oficial vigente identifica 31 paquetes de trabajo y 86 acciones. Entre los cambios previstos figuran la reorganización de operaciones de paz, una coordinación humanitaria más integrada, servicios tecnológicos compartidos y mecanismos de evaluación de resultados. UN80 Initiative+1

El segundo proceso es la reforma política e institucional de la ONU, particularmente del Consejo de Seguridad. Este debate incluye la ampliación de su composición, la representación de África y otras regiones, la regulación del veto y la capacidad de respuesta ante conflictos internacionales.

La distinción es decisiva: ONU80 puede modificar profundamente el funcionamiento administrativo de Naciones Unidas, pero no elimina por sí misma el veto ni cambia la distribución del poder establecida en la Carta.

La reforma en dos dimensiones

Reforma operativa

Presupuesto, personal, coordinación, tecnología y eficacia de los programas.

En ejecución parcial

Reforma del poder

Consejo de Seguridad, representación regional, veto y modificación de la Carta.

En negociación

Desde LIBERTAS, una reforma administrativa que mejore la eficiencia merece consideración favorable. Sin embargo, reducir costos no equivale a fortalecer la legitimidad. Una ONU más barata puede seguir siendo políticamente impotente frente a una agresión internacional.

Existe, además, un riesgo documentado: organizaciones de derechos humanos han advertido que los recortes presupuestales pueden afectar la capacidad de investigación y protección de víctimas. El International Service for Human Rights señaló, entre otras medidas, la supresión de 117 puestos en la Oficina de Derechos Humanos dentro del presupuesto de 2026. ISHR+1

Una reforma que debilite la vigilancia internacional de las violaciones de derechos humanos sería difícilmente defendible desde una perspectiva liberal y republicana, aunque produjera ahorros presupuestales.

2. El derecho internacional: qué puede cambiarse y qué no

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, constituye el tratado fundacional de la organización. Su reforma está sometida a procedimientos jurídicos específicos.

NormaContenido y consecuencias
Artículo 2.1Reconoce la igualdad soberana de los Estados miembros.
Artículo 2.4Prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de los Estados.
Artículo 24Atribuye al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales.
Artículo 27Regula las votaciones del Consejo y el papel de los miembros permanentes.
Artículo 108Establece el procedimiento de enmienda de la Carta.
Artículo 109Regula la posibilidad de una conferencia general de revisión de la Carta.

La paradoja jurídica de la reforma

El artículo 108 exige que las enmiendas sean aprobadas por dos tercios de la Asamblea General y ratificadas por dos tercios de los miembros de la ONU, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

REQUISITOS DE REFORMA DE LA CARTA

129

Estados como mínimo para aprobar

5 de 5

Potencias permanentes deben ratificar

La aprobación por 129 de los 193 Estados miembros no basta por sí sola: también se requiere la ratificación correspondiente, incluida la de los cinco miembros permanentes.

Esto significa que Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido disponen, individualmente, de la capacidad de impedir la entrada en vigor de una reforma de la Carta que no acepten.

La consecuencia política es evidente: los Estados que concentran el poder institucional conservan la capacidad jurídica de bloquear su redistribución.

Esta situación no es ilegal. Fue incorporada deliberadamente al acuerdo constitutivo de 1945. Sin embargo, genera una tensión persistente entre la legalidad formal del sistema y las aspiraciones contemporáneas de igualdad política.

La visión LIBERTAS debe distinguir ambas cuestiones. Que una disposición sea jurídicamente válida no significa que su diseño resulte democráticamente satisfactorio.

3. El veto: la contradicción más profunda del sistema

El Consejo de Seguridad tiene quince miembros, cinco permanentes y diez elegidos por períodos de dos años.

En las decisiones sustantivas se requieren al menos nueve votos favorables y la ausencia de veto de cualquiera de los miembros permanentes. La abstención de un miembro permanente no impide necesariamente la aprobación.

El veto no fue concebido como un reconocimiento de superioridad moral o democrática. Fue una concesión política a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, consideradas indispensables para sostener el sistema de seguridad colectiva.

El problema aparece cuando esa concesión se transforma en una barrera para aplicar las normas internacionales.

Ucrania: el Estado agresor y el bloqueo institucional

La invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 puso de manifiesto esta contradicción.

Rusia, miembro permanente del Consejo, puede bloquear decisiones sustantivas dirigidas contra su propia actuación. El Consejo queda así limitado precisamente en uno de los supuestos para los que fue creado: responder a una agresión que amenaza la paz internacional.

La Asamblea General ha podido pronunciarse mediante resoluciones, pero sus recomendaciones no equivalen a las decisiones vinculantes que el Consejo puede adoptar en virtud del Capítulo VII.

Desde LIBERTAS, la cuestión central es que la soberanía estatal no otorga un derecho ilimitado a emplear la fuerza contra otro Estado.

Venezuela: soberanía, democracia y protección internacional

El caso venezolano presenta una dimensión jurídica distinta.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos, las controversias sobre legitimidad electoral y la actuación de mecanismos internacionales de investigación exigen respuestas fundadas en obligaciones internacionales concretas.

La soberanía no exime a un Estado de cumplir los tratados de derechos humanos que ha ratificado ni impide, por sí sola, la investigación internacional dentro de las competencias de cada organismo.

Pero existe un límite igualmente importante: una crisis democrática o una violación de derechos humanos no autoriza automáticamente a otros Estados a intervenir militarmente.

La Carta prohíbe, como regla general, el uso de la fuerza. Las excepciones principales son la legítima defensa conforme al artículo 51 y las medidas autorizadas por el Consejo de Seguridad dentro de sus competencias.

LIBERTAS puede defender con firmeza las libertades de los venezolanos, las elecciones auténticas y la responsabilidad por violaciones graves sin abandonar las garantías jurídicas que protegen a todos los Estados.

Esa coherencia importa. La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando las normas internacionales se aplican de manera selectiva según la afinidad política del gobierno involucrado.

Gaza y el conflicto de Oriente Medio

Las dificultades del Consejo para adoptar o ejecutar respuestas efectivas en el conflicto de Gaza muestran otra dimensión del problema: las alianzas geopolíticas condicionan el ejercicio del veto y las negociaciones entre potencias.

El derecho internacional humanitario impone obligaciones a las partes de un conflicto armado, independientemente de su legitimidad política o de las causas que invoquen.

La protección de civiles, la prohibición de ataques indiscriminados, las reglas de proporcionalidad y las obligaciones humanitarias no desaparecen por el bloqueo del Consejo de Seguridad.

Desde LIBERTAS, la condena del terrorismo y de los ataques contra civiles debe coexistir con la exigencia de cumplimiento del derecho humanitario por parte de los Estados.

La legalidad internacional no puede depender de la identidad del responsable.

4. La posición de las grandes potencias: ¿reformar el sistema o conservar su influencia?

La reforma de Naciones Unidas se desarrolla en un contexto de competencia geopolítica. Las potencias no negocian únicamente sobre principios institucionales. También procuran preservar su capacidad de influencia.

Estados Unidos

Su posición combina demandas de eficiencia, control presupuestal y defensa de la soberanía nacional. Durante 2026, la administración Trump ha promovido reformas administrativas y reducido su participación en determinadas entidades internacionales. El riesgo es que el ajuste financiero se convierta en un instrumento de presión política sobre la organización. EveryCRSReport

China

Su influencia económica y diplomática le permite intervenir en la discusión sobre representatividad y multipolaridad. Para LIBERTAS, la cuestión es si esa multipolaridad se traduce en mayor protección de los derechos individuales o simplemente en un sistema donde más potencias ejercen influencia sin controles democráticos equivalentes.

Rusia

El mantenimiento del veto preserva una herramienta central de su posición internacional. La guerra contra Ucrania demuestra que la permanencia en el Consejo puede ofrecer protección institucional incluso cuando la actuación de una potencia entra en conflicto con los principios de la Carta.

Europa

Francia y Reino Unido conservan sus asientos permanentes. La Unión Europea, aunque dispone de una considerable influencia económica y normativa, no posee un asiento permanente propio. Esto refleja una tensión entre la representación estatal heredada de 1945 y la configuración actual de los bloques regionales.

La lectura geopolítica es clara: las grandes potencias pueden aceptar una ONU administrativamente más eficiente sin aceptar una reducción sustancial de sus privilegios.

Por eso, una reforma que se limite a ampliar el Consejo de Seguridad, incorporando nuevos miembros permanentes con las mismas prerrogativas, podría terminar institucionalizando nuevas desigualdades.

Multipolaridad no es sinónimo de democratización. Un sistema con más centros de poder puede seguir siendo autoritario en sus métodos de decisión.

5. ¿Qué debería defender LIBERTAS frente a la reforma?

Una posición coherente con la Libertad, la Democracia y la República debería apoyarse en seis propuestas.

Primera: limitar políticamente el veto ante atrocidades masivas. Promover compromisos verificables para que los miembros permanentes se abstengan de bloquear respuestas ante genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estas limitaciones voluntarias son jurídicamente más viables a corto plazo que la supresión formal del veto.

Segunda: ampliar la representación sin multiplicar privilegios. África, América Latina y otras regiones merecen mayor participación. La fórmula debería favorecer mandatos sujetos a elección y rendición de cuentas antes que crear nuevas posiciones permanentes inmunes al control periódico.

Tercera: fortalecer la responsabilidad internacional. Los mecanismos de investigación, los procedimientos de derechos humanos y la justicia penal internacional necesitan independencia y recursos suficientes. Debe respetarse, al mismo tiempo, la competencia legal de cada órgano.

Cuarta: preservar la independencia institucional. Una reforma presupuestal no debería permitir que los principales financiadores condicionen investigaciones o decisiones técnicas. La transparencia financiera debe coexistir con garantías de autonomía.

Quinta: incorporar la gobernanza tecnológica. La inteligencia artificial, los ciberataques contra infraestructura civil y la manipulación informativa plantean problemas que atraviesan fronteras. La ONU puede contribuir a establecer estándares internacionales compatibles con la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso, evitando convertir la seguridad digital en una justificación para la censura.

Sexta: fortalecer la participación de los Estados pequeños. El principio de igualdad soberana exige que países sin poder militar considerable puedan recurrir a procedimientos pacíficos de solución de controversias y participar efectivamente en la elaboración de normas.

6. Uruguay ante la reforma: una cuestión de interés nacional

Para Uruguay, la discusión no es meramente institucional.

Un país de dimensiones territoriales y demográficas relativamente reducidas necesita que las relaciones internacionales estén reguladas por normas previsibles. La sustitución de esas normas por acuerdos circunstanciales entre potencias aumentaría su vulnerabilidad.

La política exterior uruguaya cuenta con una tradición de defensa del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el multilateralismo. Esa tradición ofrece una base para intervenir en el debate sin quedar subordinado a las prioridades de Washington, Pekín, Moscú o Bruselas.

La posición que LIBERTAS podría defender es la de un multilateralismo exigente, que combine cooperación internacional con controles jurídicos sobre el poder.

Esto supone rechazar dos extremos: una ONU incapaz de actuar porque las potencias bloquean sus decisiones y una organización que pretenda atribuirse competencias superiores a las conferidas por los Estados mediante tratados.

La defensa de los derechos humanos tampoco debería quedar subordinada a las afinidades ideológicas de cada gobierno. Uruguay puede sostener posiciones consistentes sobre Ucrania, Venezuela, Cuba o los conflictos de Oriente Medio sin desconocer las diferencias jurídicas entre esas situaciones.

7. Tres escenarios para el futuro de Naciones Unidas

Escenario A. Reforma institucional con mayor responsabilidad

Se concretan mejoras administrativas, aumenta la representación regional y se establecen compromisos efectivos para restringir el uso del veto en situaciones extremas.

Consecuencia: mayor legitimidad y capacidad de actuación, aunque persistan desigualdades estructurales.

Escenario B. Modernización administrativa sin reforma del poder

Se reducen costos y duplicaciones, pero permanecen intactos los mecanismos políticos que bloquean decisiones del Consejo.

Consecuencia: una organización posiblemente más eficiente, pero con las mismas limitaciones frente a conflictos entre grandes potencias.

Escenario C. Fragmentación del multilateralismo

Los recortes financieros, los bloqueos políticos y la competencia geopolítica debilitan la capacidad de la ONU. Los Estados trasladan decisiones a coaliciones y acuerdos externos.

Consecuencia: mayor incertidumbre para los países pequeños y riesgo de aplicación selectiva de las normas internacionales.

Mi evaluación es que el escenario B constituye una posibilidad especialmente plausible: las reformas operativas requieren acuerdos más acotados, mientras que modificar los privilegios del Consejo exige el consentimiento de las mismas potencias que se beneficiarían de conservarlos. No es una predicción, sino una inferencia basada en las reglas vigentes de reforma.

8. La posición editorial de LIBERTAS

La reforma de Naciones Unidas debe juzgarse por su capacidad para limitar la arbitrariedad internacional.

La ONU no necesita convertirse en un gobierno mundial. Necesita que sus Estados miembros respeten las obligaciones que asumieron, que los mecanismos de responsabilidad funcionen y que las instituciones encargadas de proteger a las personas no queden paralizadas por intereses geopolíticos.

El principio republicano de limitación del poder ofrece una referencia especialmente útil. Aunque la ONU no sea una república, puede evaluarse la calidad de sus instituciones según la transparencia de sus decisiones, la responsabilidad de sus autoridades y la existencia de controles sobre quienes ejercen mayor influencia.

La democracia aporta otro criterio: ampliar la representación de los Estados históricamente subrepresentados, sin confundir representación estatal con representación democrática de los ciudadanos.

La libertad exige una condición adicional: que el orden internacional proteja a las personas incluso cuando sus propios gobiernos sean responsables de perseguirlas.

La reforma ONU80 contiene propuestas razonables de modernización. Su valor dependerá de que esas mejoras no sacrifiquen la protección de derechos humanos ni conviertan la eficiencia presupuestal en un fin superior a los propósitos de la Carta.

La gran contradicción de Naciones Unidas sigue siendo que el sistema encargado de limitar el uso arbitrario del poder concede a cinco Estados una capacidad extraordinaria para impedir determinadas decisiones colectivas.

Resolver esa contradicción mediante una reforma integral parece políticamente difícil. Ignorarla, sin embargo, significa aceptar que la arquitectura de seguridad internacional siga condicionada por una distribución del poder establecida hace más de ochenta años.

La pregunta que debería orientar la posición de LIBERTAS es, por tanto, incómoda pero necesaria:

¿Puede existir un orden internacional verdaderamente sometido al derecho cuando sus principales garantes conservan el privilegio de bloquear su aplicación colectiva?

Hace un estudio de posibles escenarios futuros del derecho internacional y de la comunidad internacional

LIBERTAS | INFORME DE PROSPECTIVA INTERNACIONAL 2026–2040

El futuro del derecho internacional y de la comunidad internacional: entre el orden jurídico, la fragmentación geopolítica y el poder tecnológico

Estudio de escenarios, riesgos sistémicos y alternativas institucionales | 20 de noviembre de 2026

UNSC Politics and the Fragility of the Global Counter- Terrorism Regime
BM Genel Kurulu'nda Filistin ilk kez katılımcı oldu - On4 Haber
Türkiye ve 38 ülke sunum yapacak... Adalet Divanı’nda Gazze’ye yardım savaşı - Hürriyet En Son Haberler

Tesis central

El derecho internacional atraviesa una etapa de tensión estructural. El sistema construido después de la Segunda Guerra Mundial conserva una arquitectura jurídica extensa, pero enfrenta dificultades crecientes para asegurar el cumplimiento de sus normas cuando entran en conflicto con los intereses de las grandes potencias.

El problema no es necesariamente la desaparición del derecho internacional. Es la posibilidad de que se consolide un mundo en el que las normas continúen existiendo, los tribunales sigan funcionando y los tratados permanezcan vigentes, mientras su aplicación efectiva se vuelve cada vez más desigual.

Para LIBERTAS, la pregunta central es qué ocurrirá con la Libertad, la Democracia y la República si la comunidad internacional evoluciona hacia un sistema donde la capacidad económica, militar y tecnológica determine progresivamente qué reglas se cumplen y cuáles pueden ignorarse.

El horizonte 2026–2040 permite examinar cinco trayectorias posibles:

  1. Reforma y fortalecimiento del multilateralismo jurídico.
  2. Multipolaridad competitiva y aplicación selectiva del derecho.
  3. Fragmentación en bloques geopolíticos y normativos.
  4. Surgimiento de un orden internacional condicionado por el poder tecnológico.
  5. Crisis sistémica y reconstrucción de las instituciones internacionales.

Estos escenarios no son predicciones excluyentes. Pueden coexistir, desarrollarse a diferentes velocidades o combinarse según las regiones y materias jurídicas.

La evaluación de LIBERTAS parte de una premisa: el futuro del orden internacional dependerá menos de la cantidad de normas que se aprueben que de la disposición de los Estados a someter su propio poder a ellas.

1. Diagnóstico: ¿estamos ante una crisis del derecho internacional o una transformación del sistema?

La distinción es necesaria. El derecho internacional no se reduce a Naciones Unidas ni al Consejo de Seguridad. Comprende tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho, tribunales, organizaciones especializadas y mecanismos regionales.

Su eficacia tampoco depende exclusivamente de la existencia de una autoridad mundial con capacidad de imponer sanciones. Numerosas obligaciones se cumplen mediante reciprocidad, cooperación, legislación nacional, controles judiciales y mecanismos de responsabilidad internacional.

Por eso, hablar de la desaparición del derecho internacional sería jurídicamente incorrecto.

Lo que está en discusión es la capacidad del sistema para preservar ciertos principios cuando aparecen conflictos entre las normas y los intereses de los Estados con mayor poder.

En septiembre de 2026, António Guterres identificó una transformación de la distribución mundial del poder y advirtió sobre el riesgo de que el sistema internacional se divida en bloques rivales, con estructuras económicas, tecnológicas y de seguridad separadas. Propuso, como alternativa, una multipolaridad conectada mediante reglas compartidas.

Cinco tensiones que determinarán el futuro

TensiónPregunta jurídica y política
Soberanía frente a derechos humanos¿Hasta dónde puede actuar la comunidad internacional cuando un gobierno vulnera los derechos de su población?
Igualdad soberana frente a poder efectivo¿Cómo garantizar reglas comunes cuando cinco Estados conservan el veto?
Seguridad frente a libertad¿Qué restricciones son legítimas frente al terrorismo, los ciberataques y las amenazas híbridas?
Globalización frente a bloques regionales¿Sobrevivirán normas universales en un mundo de alianzas económicas y tecnológicas rivales?
Poder estatal frente a poder corporativo¿Quién responderá jurídicamente por decisiones de sistemas de IA y plataformas con alcance mundial?

La Comisión de Derecho Internacional continuó trabajando durante 2026 en materias como la responsabilidad de los Estados, los principios generales del derecho y la diligencia debida. Es una evidencia de que el desarrollo jurídico internacional continúa, incluso mientras se deterioran algunos mecanismos de cumplimiento.

2. Cinco escenarios posibles para 2026–2040

Los escenarios se presentan como modelos de prospectiva, no como pronósticos estadísticos. Su plausibilidad relativa se valora cualitativamente a partir de las tendencias observadas hasta noviembre de 2026.

Escenario 1. Renovación del multilateralismo jurídico

Menor plausibilidad relativa

Horizonte 2030–2040

Los Estados acuerdan reformas sustantivas de los organismos internacionales, mejoran los mecanismos de cumplimiento y aceptan controles más estrictos sobre el ejercicio del poder.

Escenario 2. Multipolaridad competitiva

Mayor plausibilidad relativa

Horizonte 2026–2035

El derecho internacional continúa vigente, pero las potencias aplican sus normas de manera desigual. La cooperación depende cada vez más de negociaciones concretas y equilibrios de poder.

Escenario 3. Fragmentación en bloques normativos

Horizonte 2028–2040

Se consolidan regímenes tecnológicos, comerciales y de seguridad parcialmente incompatibles. La cooperación universal pierde terreno frente a las alianzas regionales.

Escenario 4. Orden internacional tecnopolítico

Horizonte 2026–2040

La inteligencia artificial, los datos, la infraestructura digital y las empresas tecnológicas adquieren una influencia creciente sobre la soberanía y la regulación internacional.

Escenario 5. Ruptura sistémica y reconstrucción

Horizonte incierto

Una crisis militar o económica de gran escala provoca el debilitamiento severo de las instituciones existentes y abre un proceso de reconstrucción del orden internacional.

Escenario 1. Una ONU reformada y un derecho internacional más eficaz

En este escenario, las potencias aceptan que la estabilidad mundial requiere instituciones capaces de resolver controversias con mayor legitimidad.

La reforma del Consejo de Seguridad podría ampliar la representación regional, introducir mandatos de mayor duración para determinados miembros electivos y establecer compromisos de abstención del veto ante atrocidades masivas.

También podría aumentar la utilización de mecanismos judiciales y arbitrales, junto con procedimientos de cumplimiento más transparentes.

La dificultad reside en el artículo 108 de la Carta: cualquier modificación formal requiere la ratificación de los cinco miembros permanentes. En julio de 2026, la Asamblea General decidió continuar las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo, lo que confirma la persistencia del debate, pero no supone un acuerdo definitivo.

Consecuencias previsibles: mayor previsibilidad jurídica, mejores oportunidades de protección para Estados pequeños y mayor legitimidad de las instituciones multilaterales.

Riesgo: que una reforma representativa amplíe los asientos sin modificar los privilegios de bloqueo, produciendo una institución más numerosa pero no necesariamente más eficaz.

Visión LIBERTAS: es el escenario normativamente más deseable, siempre que la reforma fortalezca la responsabilidad jurídica y la protección de las libertades, y no se limite a redistribuir cuotas de poder.

Escenario 2. Un mundo multipolar donde el derecho se aplica selectivamente

Este escenario supone la continuidad de Naciones Unidas, los tribunales internacionales y los tratados existentes, pero con una aplicación irregular de las normas.

Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, India y otras potencias o agrupaciones regionales compiten por influencia y establecen acuerdos según intereses específicos.

No desaparece la cooperación. Se vuelve más transaccional.

El derecho internacional continúa funcionando con relativa normalidad en numerosos ámbitos técnicos, como la aviación, las telecomunicaciones o las relaciones diplomáticas, mientras las controversias de seguridad se resuelven mediante presión económica, disuasión militar y negociaciones políticas.

La mayor amenaza es la normalización del doble estándar: condenar una violación del derecho cuando la comete un adversario y relativizarla cuando involucra a un aliado.

Consecuencias jurídicas: debilitamiento de la confianza en las instituciones, cumplimiento desigual de decisiones internacionales y mayor importancia de los acuerdos bilaterales.

Consecuencias políticas: los Estados pequeños enfrentan presiones para alinearse con potencias o coaliciones.

Visión LIBERTAS: este escenario es particularmente peligroso porque mantiene la apariencia del orden jurídico mientras erosiona su autoridad práctica.

Una norma internacional cuya aplicación depende sistemáticamente de la identidad del infractor pierde capacidad para orientar las conductas, aunque conserve su validez formal.

Escenario 3. La fragmentación del derecho internacional en bloques

G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
Polska coraz bliżej umowy SAFE. KE wysłała gotowy dokument – Wprost
RUSSIA-BRICS-DIPLOMACY

La fragmentación puede avanzar sin que exista una nueva Guerra Fría idéntica a la del siglo XX.

Los Estados podrían integrarse simultáneamente en diferentes agrupaciones comerciales, financieras, militares y tecnológicas.

El problema aparecería cuando las reglas de esos sistemas fueran incompatibles.

Por ejemplo, una empresa que opere internacionalmente podría enfrentar exigencias contradictorias sobre transferencia de datos, controles de exportación tecnológica, sanciones económicas y obligaciones de seguridad digital.

Las cadenas de suministro podrían reorganizarse por criterios geopolíticos y las instituciones internacionales perder capacidad para establecer estándares comunes.

Sin embargo, conviene distinguir la fragmentación institucional de la fragmentación jurídica. La existencia de varios tratados regionales no significa automáticamente que el derecho internacional se haya dividido en órdenes incompatibles.

El deterioro se produciría cuando los Estados dejaran de reconocer obligaciones comunes o impidieran sistemáticamente su cumplimiento.

Visión LIBERTAS: los bloques regionales pueden ser legítimos instrumentos de cooperación. El problema surge cuando sus compromisos políticos sustituyen el respeto a normas universales o restringen injustificadamente la libertad económica y de expresión.

Escenario 4. El poder tecnológico modifica la soberanía

Este escenario merece una atención especial porque ya existen condiciones que podrían impulsarlo.

Durante gran parte del siglo XX, el derecho internacional se concentró en el poder militar, las fronteras y las relaciones entre Estados.

En las próximas décadas, una parte creciente del poder efectivo podría depender del control de infraestructura digital, capacidad de cómputo, modelos avanzados de inteligencia artificial, redes de comunicaciones y grandes conjuntos de datos.

Las empresas privadas pueden ejercer una influencia transnacional considerable sin tener las mismas obligaciones internacionales directas que los Estados.

El Pacto Digital Global, aprobado en 2024, reconoce la necesidad de cooperación internacional, supervisión humana de la tecnología y protección de derechos en los entornos digitales. Sus compromisos políticos no constituyen por sí solos un régimen universal de responsabilidad jurídica por daños causados por IA.

En este escenario surgirían controversias como las siguientes:

  • ¿Qué Estado tiene jurisdicción cuando un sistema autónomo causa daños en varios países?
  • ¿Quién responde por decisiones algorítmicas que afectan derechos individuales?
  • ¿Qué reglas deben aplicarse al empleo militar de sistemas autónomos?
  • ¿Cómo impedir que las medidas de ciberseguridad se conviertan en mecanismos de vigilancia y censura?
  • ¿Cómo proteger la soberanía de Estados que dependen de infraestructura digital extranjera?

Visión LIBERTAS: la libertad cognitiva, la privacidad, el debido proceso y el control humano de las decisiones que afectan derechos deberían adquirir mayor presencia en el desarrollo jurídico internacional.

La cuestión no es otorgar automáticamente personalidad jurídica a los sistemas de IA. Es determinar responsabilidades atribuibles a Estados, empresas y personas por su diseño, despliegue y utilización.

Escenario 5. Una crisis internacional obliga a reconstruir el sistema

La historia demuestra que las grandes transformaciones institucionales pueden surgir después de crisis profundas.

Versalles respondió a la Primera Guerra Mundial. San Francisco fue consecuencia de la Segunda.

Pero no existe una ley histórica que garantice que una crisis futura produzca instituciones mejores.

Un conflicto entre potencias nucleares, una confrontación regional extendida o una crisis económica internacional severa podría debilitar la cooperación y producir respuestas unilaterales.

También podría impulsar nuevas negociaciones de seguridad colectiva.

La diferencia dependería de la magnitud del daño, de la supervivencia de las instituciones y de la voluntad de los Estados para aceptar nuevas obligaciones.

Visión LIBERTAS: la reconstrucción institucional después de una catástrofe no debe considerarse una solución deseable. La prioridad debería ser reformar preventivamente los mecanismos de cooperación antes de que una crisis haga imposible su funcionamiento.

3. Matriz comparativa: consecuencias de los cinco escenarios

La siguiente matriz es una valoración prospectiva de LIBERTAS. Las categorías indican tendencias esperables, no mediciones estadísticas.

EscenarioLibertades individualesSeguridad jurídica internacionalAutonomía de Estados pequeños
1. Multilateralismo reformadoMayor protección potencialMayor previsibilidadMayor margen
2. Multipolaridad competitivaProtección desigualCumplimiento selectivoMargen condicionado
3. Bloques normativosDiferencias entre regionesFragmentación crecienteDependencia de alianzas
4. Orden tecnopolíticoRiesgos de vigilancia y concentraciónNuevas lagunas regulatoriasDependencia tecnológica
5. Ruptura sistémicaAlto riesgo de retrocesosIncertidumbre extremaVulnerabilidad elevada

El escenario tecnopolítico puede desarrollarse junto con cualquiera de los otros cuatro. Por ejemplo, una ONU reformada podría establecer acuerdos sobre IA, mientras que un mundo fragmentado podría producir estándares tecnológicos incompatibles.

4. ¿Qué ramas del derecho internacional podrían cambiar más?

Derecho internacional de la seguridad

El mayor desafío será preservar la prohibición del uso de la fuerza y adaptar las normas a los ciberataques, sistemas autónomos y operaciones híbridas. La atribución de conductas a los Estados y los umbrales jurídicos de legítima defensa seguirán siendo cuestiones controvertidas.

Presión alta

Derecho internacional de los derechos humanos

La vigilancia digital, la discriminación algorítmica y la manipulación informativa ampliarán los debates sobre privacidad, libertad de expresión y responsabilidad estatal. Los instrumentos existentes seguirán siendo relevantes, pero requerirán interpretación y mecanismos de aplicación adaptados.

Presión alta

Derecho internacional económico

Las sanciones, los controles tecnológicos y las disputas comerciales podrían debilitar la previsibilidad de los intercambios. Aumentaría la importancia de acuerdos regionales y procedimientos alternativos de solución de controversias.

Presión alta

Derecho ambiental y climático

La responsabilidad por daños transfronterizos, el aumento del nivel del mar y la protección de poblaciones desplazadas podrían impulsar nuevas interpretaciones de obligaciones existentes. La Comisión de Derecho Internacional examinó en 2025 las consecuencias jurídicas del aumento del nivel del mar.

Presión alta

Derecho penal internacional

Persistirá la tensión entre la aspiración de combatir la impunidad y las limitaciones jurisdiccionales de los tribunales. La cooperación de los Estados continuará siendo decisiva para investigar, detener y juzgar a los responsables.

Presión alta

El trabajo de la Comisión de Derecho Internacional durante 2026 confirma que varias de estas cuestiones ya forman parte de los procesos de desarrollo progresivo y codificación jurídica.

5. Los nuevos actores: ¿seguirá siendo la comunidad internacional una comunidad de Estados?

La expresión comunidad internacional suele utilizarse como si describiera un sujeto político único, dotado de voluntad común. Jurídicamente, esa imagen es problemática.

Los Estados siguen siendo los actores centrales del derecho internacional general. Sin embargo, organizaciones internacionales, tribunales, empresas multinacionales, organizaciones de la sociedad civil e individuos participan de formas diferentes en la creación, interpretación y aplicación de normas.

Hacia 2040 podrían intensificarse tres cambios.

Primero, el crecimiento del poder de actores privados. Las grandes empresas tecnológicas podrían condicionar decisiones económicas y de seguridad de Estados que dependen de sus servicios. Su influencia práctica no equivale, sin embargo, a soberanía jurídica.

Segundo, el fortalecimiento de organizaciones regionales. La Unión Europea, la Unión Africana, las instituciones interamericanas y otras agrupaciones podrían asumir mayores funciones de coordinación. Esto podría acercar la cooperación a las necesidades regionales o profundizar divisiones si los bloques se vuelven excluyentes.

Tercero, una participación internacional más directa de individuos y organizaciones civiles. Los mecanismos de denuncia, la documentación digital de violaciones y la participación en procesos consultivos podrían aumentar la capacidad de las personas para influir en decisiones internacionales.

Desde LIBERTAS, una comunidad internacional más participativa sería favorable si estuviera acompañada de reglas claras de representación y responsabilidad.

La influencia privada sin control democrático puede resultar tan problemática como el poder estatal sin límites.

6. El papel de América Latina y Uruguay

Дворец законодателей Монтевидео, экскурсии в действующем учреждении

Para América Latina, los escenarios internacionales presentan oportunidades y riesgos particulares.

La región cuenta con una tradición jurídica de defensa de la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el desarrollo de mecanismos interamericanos de protección de derechos humanos.

Sin embargo, la diversidad de regímenes políticos y orientaciones diplomáticas dificulta la construcción de posiciones comunes.

En un mundo de competencia entre potencias, América Latina podría fortalecer su autonomía mediante cooperación regional y diversificación económica. También podría experimentar mayores presiones para alinearse con intereses externos.

Uruguay: una estrategia de autonomía jurídica

Uruguay debería tener especial interés en evitar un sistema internacional donde la fuerza determine el alcance efectivo de las obligaciones.

Su política exterior puede encontrar ventajas en cuatro líneas de actuación:

  1. Defender la solución pacífica de controversias y el respeto a las decisiones internacionales jurídicamente obligatorias.
  2. Promover mecanismos regionales de protección de derechos humanos, sin aplicar criterios diferentes según la orientación ideológica de los gobiernos.
  3. Diversificar relaciones comerciales y tecnológicas para reducir dependencias estratégicas.
  4. Participar activamente en la elaboración de reglas internacionales sobre IA, ciberseguridad y protección de datos.

El desafío es sostener autonomía sin confundirla con neutralidad frente a violaciones manifiestas del derecho internacional.

Un país puede mantener relaciones diplomáticas amplias y, simultáneamente, condenar una agresión territorial o exigir el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos.

Para LIBERTAS, esa combinación expresa una política exterior republicana: principios jurídicos consistentes, prudencia diplomática y rechazo a la subordinación automática.

7. Sistema de alerta temprana: cómo identificar hacia dónde evoluciona el orden mundial

La utilidad de un estudio prospectivo depende de su capacidad para detectar cambios antes de que se consoliden.

Propongo seguir ocho indicadores durante 2027–2040.

Tablero de seguimiento prospectivo

Reforma del Consejo de Seguridad

Acuerdo sobre un modelo de ampliación, veto y representación regional

Negociaciones reiteradas sin convergencia

Cumplimiento de decisiones judiciales

Mayor cooperación con la CIJ y otros tribunales competentes

Incumplimientos persistentes sin respuesta efectiva

Financiamiento multilateral

Financiación previsible de mandatos y programas

Recortes que impiden ejecutar funciones esenciales

Fragmentación comercial

Acuerdos interoperables y mecanismos de solución de controversias

Proliferación de restricciones y regímenes incompatibles

Gobernanza internacional de IA

Estándares compartidos con protección de derechos

Sistemas de regulación incompatibles y vigilancia sin controles

Protección de civiles

Mayor cumplimiento del derecho humanitario

Ataques reiterados e impunidad

Autonomía de países pequeños

Acceso efectivo a justicia, cooperación y mercados

Coerción económica y dependencia estratégica

Cooperación climática

Implementación verificable de obligaciones y compromisos

Abandono de compromisos y disputas por recursos

Estos indicadores permiten revisar los escenarios sin asignar probabilidades numéricas que hoy no contarían con una base empírica suficiente.

8. Tres horizontes temporales y sus decisiones determinantes

2026–2030

Corto plazo

Persistencia de la tensión institucional

La aplicación de ONU80, las negociaciones sobre el Consejo de Seguridad y la gobernanza de IA permitirán evaluar si existe voluntad política para fortalecer las instituciones. El escenario más plausible es una combinación de reformas parciales y competencia geopolítica.

2030–2035

Mediano plazo

Consolidación o contención de la fragmentación

Las decisiones sobre comercio, tecnología, seguridad y cooperación regional podrían producir bloques más diferenciados. La compatibilidad entre sus normas será determinante para preservar un orden jurídico internacional común.

2035–2040

Largo plazo

Redefinición del equilibrio entre soberanía y gobernanza mundial

Podrían aparecer acuerdos más exigentes sobre responsabilidad tecnológica, protección ambiental y seguridad internacional. Alternativamente, la cooperación podría depender de alianzas entre potencias, con instituciones universales menos influyentes.

9. Posición editorial de LIBERTAS: qué orden internacional debería defenderse

La perspectiva de LIBERTAS no puede limitarse a reclamar una ONU más eficiente. Debe interrogarse sobre la legitimidad del poder internacional y las garantías que deberían proteger a las personas frente a su ejercicio arbitrario.

La Libertad requiere normas que protejan a los individuos frente a la persecución política, la censura y la violencia. La Democracia exige mecanismos de representación y participación que permitan cuestionar las decisiones de quienes gobiernan. La República reclama límites al poder, responsabilidad de las autoridades y procedimientos que impidan la arbitrariedad.

Trasladar estos principios al ámbito internacional no significa convertir a Naciones Unidas en un Estado mundial. Significa defender un orden en el que las competencias de cada institución estén claramente delimitadas y las grandes potencias no puedan utilizar su influencia para situarse sistemáticamente por encima de las normas comunes.

La cuestión más delicada será la relación entre legalidad y eficacia.

Un sistema internacional que proclame derechos sin capacidad para protegerlos corre el riesgo de perder legitimidad. Pero un sistema que pretenda imponerlos sin respetar los límites jurídicos del uso de la fuerza puede terminar reproduciendo los abusos que busca evitar.

La respuesta debe buscarse en mecanismos de cumplimiento, independencia judicial, cooperación internacional y responsabilidad política.

El futuro del derecho internacional probablemente no se decidirá en un único tratado ni en una conferencia comparable a San Francisco en 1945. Podría construirse mediante reformas acumulativas, nuevas interpretaciones jurídicas y acuerdos sectoriales.

También podría deteriorarse gradualmente, sin que exista un momento preciso en el que pueda declararse terminado el orden anterior.

Esa segunda posibilidad merece especial atención.

El mayor peligro para el derecho internacional no es que sus normas desaparezcan, sino que permanezcan escritas mientras los Estados más poderosos consiguen convertir su cumplimiento en una opción política.

Para LIBERTAS, la defensa de un orden internacional basado en reglas no responde a una preferencia por instituciones burocráticas ni a una concepción ingenua de la cooperación entre gobiernos. Responde a una constatación histórica: cuando el derecho pierde capacidad para limitar el poder, los primeros perjudicados suelen ser quienes disponen de menos medios para defenderse.

La experiencia de Versalles, el fracaso de la Sociedad de Naciones y las contradicciones del sistema nacido en 1945 deberían impedir tanto el optimismo institucional automático como la resignación ante la política de fuerza.

La pregunta decisiva para las próximas décadas será si la comunidad internacional consigue construir controles sobre las nuevas formas de poder antes de que estas terminen definiendo unilateralmente las reglas del sistema.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *