Serie Narcopolítica y narcogeopolítica
Un cargamento incautado permite ver una parte del narcotráfico. Sus envoltorios, el transporte y las personas detenidas ofrecen una imagen concreta del delito. Resulta más difícil mostrar lo que ocurre después de una venta exitosa: quién administra las ganancias, cómo se conservan y de qué manera pueden convertirse en protección o influencia.
El dinero conecta la actividad criminal con espacios que, vistos desde afuera, parecen ajenos a ella. La tecnología facilita algunas de esas conexiones, permite coordinar operaciones a distancia y modifica el acceso a información sensible. También deja registros que pueden ayudar a investigar.
La relación entre ambos recursos permite formular la tesis de este capítulo: el poder del narcotráfico depende, en parte, de su capacidad para transformar ganancias e información en ventajas duraderas sobre quienes deberían controlarlo. Esa transformación no es automática. Requiere personas que administren recursos, vínculos que permitan utilizarlos y condiciones institucionales que hagan posible obtener protección.
Examinar ese proceso exige abandonar la imagen de una economía completamente separada de la sociedad. La pregunta es dónde se encuentran las actividades criminales con servicios legítimos y cuándo esas relaciones comprometen decisiones públicas.
El lavado de activos ocupa un lugar central en esa intersección. En términos generales, busca ocultar o disimular el origen delictivo de bienes y recursos. Su importancia no se limita a permitir que alguien disfrute de sus ganancias: también puede contribuir a conservar patrimonio y sostener actividades futuras.
Sin embargo, lavado y narcopolítica no son equivalentes. Una estructura financiera puede servir a una organización criminal sin que exista evidencia de influencia gubernamental. Para hablar de narcopolítica hay que demostrar el vínculo adicional: qué autoridad fue condicionada, mediante qué mecanismo y con qué consecuencias.
Esta distinción evita convertir cualquier irregularidad económica en prueba de captura del Estado. También permite investigar con mayor precisión. Si el problema es ocultamiento patrimonial, corresponde reconstruir quién controla los bienes. Si esos recursos financian protección institucional, la investigación debe avanzar hacia las decisiones y los compromisos asociados.
El caso de TD Bank muestra por qué la atención no puede concentrarse exclusivamente en organizaciones clandestinas. En octubre de 2024, entidades estadounidenses del grupo se declararon culpables de infracciones relacionadas con controles contra el lavado y conspiración para lavar dinero. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fallas permitieron que tres redes transfirieran más de 670 millones de dólares a través de cuentas del banco entre 2019 y 2023.
La conexión con el narcotráfico aparece, además, en la documentación de FinCEN, la agencia estadounidense de inteligencia financiera. Al anunciar su actuación contra el banco, señaló que este había facilitado transacciones para Da Ying Sze, quien se había declarado culpable de participar en una conspiración destinada a ocultar ganancias del tráfico de drogas.
El valor del caso consiste en identificar responsabilidades concretas dentro de una infraestructura financiera formal. No demuestra que toda la banca esté comprometida ni que las operaciones cuestionadas respondieran a una estrategia política. Sí obliga a reconocer que una organización puede depender de servicios que funcionan lejos de los lugares donde se produce o distribuye la droga.
Desde una perspectiva de control público, importa examinar qué advertencias existían, quién debía actuar y por qué no lo hizo. Una entidad puede disponer de sistemas informáticos y procedimientos escritos sin aplicarlos eficazmente. La capacidad técnica pierde valor cuando las decisiones organizacionales permiten ignorar sus resultados.
Ese problema conduce al papel de las empresas legales. En su estudio de 2024 sobre 821 de las redes criminales más amenazantes para la Unión Europea, Europol indicó que el 86 % utilizaba estructuras empresariales legales. La cifra corresponde a esa selección de redes de criminalidad organizada; no describe exclusivamente al narcotráfico ni permite sospechar de las empresas en general.
Una empresa puede ser utilizada de formas distintas. La investigación debe distinguir una actividad creada para ocultar operaciones de otra que desarrolla negocios reales y es aprovechada indebidamente por algunos de sus responsables. También debe proteger a trabajadores, clientes y socios que desconocían la conducta investigada.
La dimensión política aparece cuando una posición económica se convierte en capacidad para condicionar la actuación pública. Para explorar ese riesgo puede plantearse un ejemplo hipotético: una empresa financiada con ganancias criminales adquiere relevancia como empleadora y contribuyente local. Si sus responsables utilizan esa posición para obtener tolerancia frente a irregularidades, corresponde investigar cómo se produjo la presión y si alguna autoridad aceptó protegerlos.
La existencia de empleos no demuestra ese intercambio. Tampoco una reunión con funcionarios. El análisis necesita establecer relaciones verificables entre recursos, actuaciones y beneficios indebidos.
Un punto decisivo es conocer quién controla realmente los bienes. El nombre que figura en un documento puede no agotar la pregunta sobre la propiedad y el control efectivo. La guía del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, publicada en 2023, destaca la necesidad de que las autoridades competentes accedan a información adecuada, exacta y actualizada sobre los verdaderos propietarios de las sociedades.
Para el estudio de la narcopolítica, esta información permite investigar si aparentes actores independientes responden a un mismo interés. Pero la coincidencia de proveedores, asesores o domicilios debe tratarse como un elemento que merece verificación, no como una demostración automática de coordinación criminal.
El trabajo consiste en reconstruir responsabilidades. Una estructura societaria compleja puede tener motivos legítimos; su complejidad no acredita ilegalidad. El problema surge cuando existen pruebas de que se utiliza para ocultar control, patrimonio o actuaciones delictivas.
La digitalización incorpora nuevas posibilidades a esta investigación. Los activos virtuales permiten realizar operaciones mediante infraestructuras diferentes de las bancarias tradicionales. Su uso legítimo convive con riesgos de aprovechamiento criminal, de la misma manera que ocurre con otros instrumentos financieros.
En julio de 2026, el GAFI advirtió que persistían diferencias entre la aprobación de normas y su aplicación efectiva. Su evaluación señaló que organizaciones criminales aprovechaban brechas de supervisión para mover ganancias ilícitas a través del sector de activos virtuales. El diagnóstico comprende distintas formas de criminalidad y no permite atribuir todas esas operaciones al narcotráfico.
Las denominadas stablecoins merecen una explicación sencilla: son activos digitales diseñados para mantener una referencia de valor, frecuentemente respecto de una moneda. Esa finalidad no garantiza por sí misma estabilidad ni convierte su utilización en una conducta ilícita.
En marzo de 2026, el GAFI publicó un informe sobre riesgos asociados a su uso indebido, incluidas operaciones directas entre participantes que no pasan por un intermediario regulado. La cuestión relevante para las autoridades es qué posibilidades existen de identificar responsabilidades y aplicar controles, no presumir culpabilidad por la elección de una tecnología.
Tampoco sería correcto presentar los activos digitales como sustitutos universales del efectivo o de la banca. Los casos examinados muestran la necesidad de seguir las relaciones entre distintos medios de pago y formas de patrimonio. La investigación debe adaptarse a lo que ocurre en cada estructura.
Aquí aparece una dimensión narcogeopolítica concreta. Una actividad puede involucrar personas y proveedores sujetos a autoridades diferentes. El acceso a información y la posibilidad de actuar dependen entonces de cooperación internacional, atribuciones legales y capacidad técnica. Una debilidad de supervisión en una jurisdicción puede afectar investigaciones desarrolladas en otras.
La explicación no requiere imaginar una dirección mundial única. Basta con reconocer que las redes pueden aprovechar diferencias entre sistemas que no cooperan con la misma rapidez.
Las comunicaciones digitales plantean un problema semejante. Permiten mantener vínculos entre actores distantes y organizar actividades sin encuentros presenciales frecuentes. Cuando se utilizan para cometer delitos, las autoridades necesitan obtener y analizar evidencia conforme a los procedimientos aplicables.
El caso EncroChat muestra el alcance de esa cooperación. En junio de 2023, Eurojust informó que las investigaciones derivadas del desmantelamiento de esa plataforma habían producido 6.558 detenciones y cerca de 900 millones de euros incautados o congelados. Eran resultados acumulados de numerosas actuaciones; no equivalían a un número idéntico de condenas ni correspondían exclusivamente al narcotráfico.
La relevancia institucional está en la transformación de comunicaciones en pruebas utilizables por distintas autoridades. La obtención técnica de datos constituye solo una parte del proceso. Es necesario establecer su integridad, interpretar su contexto y vincularlos con personas y hechos.
El cifrado, por su parte, protege también actividades legítimas. Periodistas, empresas y ciudadanos necesitan comunicaciones seguras. Su utilización no constituye un indicio suficiente de participación criminal. Una respuesta democrática debe distinguir la investigación de conductas específicas de una sospecha general sobre la privacidad.
Ese equilibrio no se resuelve con una consigna. Exige justificar los accesos, delimitar su alcance y permitir que las decisiones sean revisadas por las autoridades competentes.
La infraestructura logística introduce otro punto de contacto entre dinero, tecnología y poder. Europol documentó en 2023 la utilización indebida de códigos de referencia de contenedores y la corrupción de personal relacionado con operaciones portuarias. El informe muestra que la protección del comercio depende de la seguridad de los sistemas y de la integridad de quienes pueden utilizarlos.
La consecuencia analítica es que la relevancia de una persona no siempre coincide con su jerarquía. Un puesto administrativo puede disponer de acceso a información decisiva. Al evaluar riesgos, importa conocer qué puede consultar o modificar cada usuario y qué controles permiten detectar un uso indebido.
Digitalizar un procedimiento puede mejorar su trazabilidad. También puede concentrar capacidades si los permisos están mal distribuidos o las actuaciones no se auditan. La inversión tecnológica debe incluir reglas de responsabilidad y protección frente a presiones.
No toda vulneración informática implica narcopolítica. El vínculo aparece cuando se acredita que el acceso o la manipulación contribuyeron a condicionar funciones públicas en favor de intereses del narcotráfico.
La información personal amplía los riesgos. En su evaluación sobre ciberdelincuencia de 2025, Europol describió un mercado de datos robados que alimenta fraudes, extorsiones y otras actividades criminales. Se trata de un diagnóstico del entorno delictivo digital en conjunto; no permite atribuir cada filtración a organizaciones de drogas.
Para esta serie, la pregunta es si esos recursos pueden convertirse en medios de presión institucional. Un escenario hipotético sería el uso de información privada para intimidar a un funcionario o identificar a un denunciante. Antes de afirmar que ocurrió, habría que demostrar la obtención de los datos, su utilización y la relación con las decisiones afectadas.
La seguridad de la información adquiere así una dimensión de protección de personas. Resguardar un expediente puede significar resguardar a quienes declararon en él. La publicación indiscriminada de datos, incluso bajo una supuesta finalidad de transparencia, puede entrar en conflicto con esa obligación.
La inteligencia artificial añade posibilidades de falsificación y suplantación. Europol ha examinado los riesgos de los deepfakes, contenidos sintéticos que pueden simular imágenes o voces, y su posible utilización en fraudes y manipulación de evidencia.
En el terreno narcopolítico, resulta plausible estudiar escenarios de materiales falsos destinados a desacreditar investigadores o presionar autoridades. Deben presentarse como riesgos mientras no exista documentación de casos concretos. Las fuentes citadas no justifican afirmar que todas las organizaciones narcotraficantes utilicen inteligencia artificial avanzada ni que agentes autónomos dirijan habitualmente sus operaciones.
El problema para la discusión pública es que un contenido puede producir consecuencias antes de que se compruebe su autenticidad. Por eso, la respuesta necesita capacidad pericial y procedimientos confiables de verificación. Una acusación no se vuelve cierta porque un audio parezca convincente o porque alcance una difusión masiva.
Las plataformas digitales también participan en la relación entre oferta y demanda. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dedicó el capítulo temático de su informe de 2023 al papel de internet y las redes sociales en el tráfico y el consumo de drogas, señalando los desafíos que plantean esos espacios para el control.
Desde la perspectiva de este capítulo, conviene separar comercialización, representación cultural e influencia política. Un contenido que exhibe lujo asociado al delito no demuestra que haya sido financiado por una organización. Tampoco permite deducir, por su popularidad, cuántas personas modificarán su conducta.
Investigar influencia exige identificar responsables, financiación y efectos. La prevención educativa puede ayudar a reconocer ofertas engañosas, formas de presión y falsas promesas de ingresos, sin estigmatizar a jóvenes por sus preferencias culturales.
El Estado dispone, a su vez, de oportunidades tecnológicas para mejorar sus investigaciones. El análisis de registros puede ayudar a identificar relaciones que una revisión manual tardaría más en advertir. Pero detectar una coincidencia no equivale a explicar su significado.
Un sistema que señala una operación como inusual produce una alerta. Corresponde a investigadores capacitados comprobar si existe una explicación legítima y si hay elementos adicionales que justifiquen avanzar. La acumulación de alertas sin capacidad de examinarlas puede generar actividad administrativa sin mejorar la identificación de responsables.
Como propuesta de evaluación, el vínculo entre dinero, tecnología y poder puede ordenarse de esta manera:
| Dimensión | Pregunta que debe responderse | Límite de la inferencia |
|---|---|---|
| Recursos | ¿Qué relación comprobable tienen los bienes con actividades delictivas? | La riqueza o una operación inusual no prueban narcotráfico |
| Control efectivo | ¿Quién decide sobre empresas, cuentas y patrimonio? | La titularidad formal puede requerir investigación adicional |
| Acceso a información | ¿Quién consultó o modificó datos sensibles y con qué finalidad? | Disponer de permisos no demuestra haberlos utilizado indebidamente |
| Influencia institucional | ¿Qué decisión pública fue condicionada y mediante qué mecanismo? | Un resultado favorable no acredita por sí solo un acuerdo criminal |
| Cooperación internacional | ¿Qué autoridades necesitan intervenir y qué información pueden compartir? | La presencia de varios países no demuestra coordinación entre sus gobiernos |
| Capacidad de respuesta | ¿Los hallazgos se verifican y producen actuaciones revisables? | Una alerta automatizada no constituye una prueba de culpabilidad |
Esta matriz no es un índice validado ni reemplaza las exigencias de cada proceso judicial. Busca evitar dos errores: ignorar relaciones que merecen investigación y convertir señales preliminares en acusaciones concluyentes.
Para Uruguay, la aplicación de este enfoque debería comenzar por capacidades verificables. ¿Los sistemas sensibles registran quién accede y qué modifica? ¿Existe personal suficiente para analizar información financiera? ¿Pueden protegerse los datos de denunciantes y testigos? ¿Las instituciones comparten información mediante procedimientos seguros?
Son preguntas de evaluación, no afirmaciones de captura. Su utilidad reside en identificar dónde una inversión, una mejora organizativa o un cambio de procedimiento puede reducir vulnerabilidades concretas.
La transparencia también debe alcanzar a las decisiones sobre tecnología. Comprar sistemas costosos no garantiza eficacia. Es necesario conocer qué problema resuelven, cómo se verifica su funcionamiento y quién responde por los errores o usos indebidos.
Desde LIBERTAS, la defensa de la libertad exige impedir que el acceso clandestino a información se convierta en una amenaza contra la vida de las personas. La defensa democrática requiere esclarecer cuándo los recursos económicos condicionan la representación pública. Y el principio republicano obliga a someter a control tanto a quienes administran esos recursos como a las autoridades encargadas de investigarlos.
El dinero y la tecnología pueden ampliar capacidades, pero no determinan por sí solos a quién sirven. Esa orientación depende de decisiones, responsabilidades y controles que deben poder examinarse.
Para LIBERTAS, ninguna fortuna debe comprar impunidad y ninguna tecnología debe colocar el ejercicio del poder fuera del control de la ley y de la ciudadanía.