El antisemitismo que cambia de nombre: una amenaza a la libertad y a la conciencia democrática
Una reflexión de LIBERTAS a partir de la columna «Milenario, criminal y berreta», de Álvaro Ahunchain, publicada en El País de Uruguay el 14 de octubre de 2026.
La historia tiene una particularidad inquietante: los prejuicios que han provocado algunas de sus mayores tragedias rara vez desaparecen por completo. Cambian de lenguaje, encuentran nuevas justificaciones y se adaptan a las sensibilidades políticas de cada época. El antisemitismo constituye uno de los ejemplos más persistentes de esa capacidad de supervivencia del odio.
En su columna «Milenario, criminal y berreta», publicada en El País el 14 de octubre de 2026, Álvaro Ahunchain plantea una advertencia que merece ser examinada más allá de la controversia inmediata sobre Israel y el conflicto de Medio Oriente: la posibilidad de que determinadas expresiones del antisionismo contemporáneo estén recuperando viejos prejuicios antijudíos bajo una terminología políticamente aceptable.
Desde LIBERTAS consideramos que esta reflexión abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las instituciones educativas frente a la circulación de discursos que convierten la identidad de un pueblo en motivo de sospecha o condena colectiva.
La defensa de la libertad exige poder cuestionar las decisiones de cualquier gobierno. Pero esa misma libertad pierde su sentido cuando se utiliza para negar a otros derechos que reclamamos para nosotros mismos.
Cuando el prejuicio encuentra una nueva legitimidad política
El antisemitismo precede ampliamente a la existencia del Estado de Israel. Durante siglos, las comunidades judías fueron objeto de persecuciones religiosas, expulsiones, restricciones civiles y acusaciones conspirativas. El nacionalismo europeo del siglo XIX y las ideologías totalitarias del XX incorporaron nuevos argumentos a una hostilidad mucho más antigua.
La experiencia histórica demuestra que el odio contra los judíos no pertenece exclusivamente a una corriente política. Ha encontrado expresiones en sectores conservadores, movimientos nacionalistas, organizaciones revolucionarias y regímenes de orientaciones ideológicas diferentes.
Ahunchain recuerda que esa historia también tuvo manifestaciones en Uruguay y cuestiona especialmente el modo en que determinados sectores políticos contemporáneos utilizan la causa palestina para formular acusaciones que exceden la crítica legítima al gobierno israelí.
Su observación plantea una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto una posición presentada como defensa de los derechos humanos puede terminar reproduciendo mecanismos de discriminación que esos mismos derechos procuran impedir?
La respuesta requiere distinguir entre la denuncia de políticas estatales, la oposición a determinadas concepciones del nacionalismo y la hostilidad hacia las personas judías por su identidad.
La crítica a Israel no constituye por sí misma antisemitismo. La definición de trabajo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) reconoce expresamente que las críticas formuladas a Israel en términos comparables a las dirigidas a otros Estados no deben considerarse antisemitas. La Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo, por su parte, adopta una interpretación más amplia de las posiciones legítimas respecto del sionismo y los modelos de organización política de israelíes y palestinos.
El desacuerdo entre ambos enfoques confirma que se trata de un debate intelectual abierto. Sin embargo, existe un límite que debería resultar inequívoco: responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones de un gobierno, atribuirles una conspiración mundial o justificar ataques contra ellos constituye una manifestación de antisemitismo, independientemente de la denominación política utilizada.
LIBERTAS sostiene que ningún proyecto político puede reivindicar legitimidad democrática mientras convierte el origen, la religión o la identidad colectiva de las personas en fundamento para desconocer sus derechos.
El 7 de octubre y la responsabilidad de no alterar los hechos
Los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 marcaron una ruptura de enorme gravedad. El asesinato deliberado de civiles, el secuestro de personas y la violencia contra comunidades que no participaban de operaciones militares constituyeron hechos que deben ser examinados por su naturaleza y no por la identidad de sus víctimas.
La gravedad de esos crímenes no depende de la posición que se tenga respecto del conflicto territorial, las políticas del gobierno de Benjamin Netanyahu o el reconocimiento de los derechos nacionales palestinos.
Ahunchain señala con preocupación la circulación de relatos que minimizan los ataques o presentan la masacre como una supuesta operación organizada por el propio Israel.
Esas afirmaciones conspirativas sustituyen la investigación documental por una explicación construida para preservar una determinada convicción ideológica. Cuando una prueba contradice el relato, el relato se impone a la prueba.
El problema supera ampliamente al conflicto de Medio Oriente. Toda democracia necesita una base mínima de hechos compartidos para que el desacuerdo político conserve sentido. Si cada sector acepta únicamente aquello que confirma sus prejuicios, la deliberación pública se transforma en una competencia de ficciones.
La condena de los crímenes cometidos por Hamás tampoco exime al Estado de Israel de respetar el derecho internacional humanitario. Las operaciones militares israelíes y sus consecuencias sobre la población civil palestina deben someterse al mismo principio de responsabilidad jurídica que corresponde exigir a cualquier Estado.
El derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos es legítimo. Ese derecho no es ilimitado. Del mismo modo, los derechos del pueblo palestino no pueden quedar subordinados a las estrategias militares ni a los objetivos políticos de Hamás.
La consistencia democrática se mide precisamente cuando esos principios se aplican incluso a quienes no comparten nuestras posiciones.
De los libelos históricos a las conspiraciones digitales
Uno de los aspectos más relevantes de la columna de Ahunchain es la recuperación de documentos y relatos históricos utilizados para justificar la persecución de los judíos.
Los Protocolos de los sabios de Sion, difundidos por primera vez en el Imperio ruso en 1903, presentaban una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. Se trataba de una falsificación, como quedó demostrado mediante investigaciones posteriores, entre ellas las publicadas por The Times de Londres en 1921.
El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos documenta que esta falsificación continuó circulando incluso después de haber sido desacreditada y que fue utilizada por la propaganda nazi para alimentar la hostilidad contra los judíos.
Las teorías conspirativas contemporáneas pueden circular mediante redes sociales, videos manipulados y publicaciones que presentan afirmaciones extraordinarias sin pruebas verificables. En ocasiones recuperan argumentos antiguos y simplemente sustituyen sus protagonistas o su vocabulario.
La supuesta existencia de un poder judío oculto detrás de los gobiernos, las instituciones financieras o los medios de comunicación responde a una tradición antisemita identificable. No adquiere credibilidad por presentarse como denuncia del poder internacional.
En una sociedad democrática, la crítica a los intereses económicos y a las relaciones de influencia debe apoyarse en hechos comprobables. Transformar a una comunidad religiosa o cultural en explicación universal de los acontecimientos constituye una renuncia al pensamiento racional.
La lección histórica es especialmente severa: cuando una sociedad normaliza la idea de que un grupo humano representa una amenaza colectiva, comienza a erosionar las garantías que protegen a todos sus ciudadanos.
Uruguay ante una responsabilidad que no puede eludir
El debate adquiere una dimensión particularmente relevante en Uruguay, un país cuya tradición republicana se ha construido alrededor de la convivencia entre ciudadanos de distintas procedencias, creencias y orientaciones políticas.
La defensa de esa tradición exige observar críticamente las conductas de todos los sectores políticos, sin establecer excepciones por simpatía ideológica.
Ahunchain dirige una parte sustancial de su cuestionamiento hacia sectores de la izquierda uruguaya. Su advertencia merece atención cuando se advierte que determinadas expresiones políticas pueden condenar con vehemencia unas violaciones de derechos humanos mientras relativizan otras, dependiendo de quiénes sean sus responsables.
Pero el examen no debe detenerse allí.
La extrema derecha nacionalista también posee una extensa historia de antisemitismo. El supremacismo racial, el negacionismo del Holocausto y las teorías de conspiración sobre una supuesta dominación judía mundial siguen formando parte de discursos extremistas contemporáneos.
Por eso, una política republicana consecuente no puede convertir la condena del antisemitismo en instrumento de disputa partidaria.
El antisemitismo debe ser condenado por lo que representa, no por la identidad política de quien lo practica.
Las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones universitarias tienen pleno derecho a expresar solidaridad con la población palestina, cuestionar decisiones del gobierno israelí y reclamar el respeto del derecho internacional.
La libertad de expresión protege esas posiciones, incluso cuando generan controversia.
Sin embargo, esa libertad exige una responsabilidad intelectual que no puede ser sustituida por consignas ambiguas, atribuciones colectivas de culpabilidad o la justificación de atentados contra civiles.
También corresponde rechazar cualquier intento de presentar a todos los palestinos como responsables de los crímenes de Hamás. Sería reproducir, con otros destinatarios, el mismo mecanismo de generalización que se pretende denunciar.
La convivencia democrática comienza precisamente por reconocer que las personas no son extensiones obligatorias de los gobiernos, los movimientos políticos o las organizaciones armadas que afirman representarlas.
El derecho a existir y el derecho a disentir
La cuestión más profunda planteada por Ahunchain refiere a la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y al modo en que determinadas consignas políticas cuestionan ese derecho.
Desde la perspectiva de LIBERTAS, Israel posee un derecho legítimo a existir en paz y seguridad, y sus ciudadanos tienen derecho a vivir sin amenazas terroristas ni proyectos políticos orientados a su eliminación.
Ese reconocimiento debe acompañarse del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a la seguridad y a una organización política que garantice sus libertades.
Existen diferencias legítimas acerca de la configuración territorial y constitucional que permitiría satisfacer ambos derechos. Esas diferencias no autorizan la eliminación violenta de una comunidad nacional ni la imposición de un régimen que desconozca la igualdad de sus habitantes.
Los regímenes democráticos también deben aceptar que su legitimidad institucional no los coloca por encima del escrutinio público. Las políticas de Netanyahu pueden ser criticadas con severidad desde dentro y fuera de Israel. Esa crítica forma parte del ejercicio de la libertad política.
En consecuencia, defender la existencia de Israel no implica aprobar todas las decisiones de sus gobiernos. Del mismo modo, reconocer los derechos palestinos no supone respaldar a Hamás.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas documentó crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos, así como graves violaciones atribuibles a las autoridades israelíes durante las operaciones en Gaza. Estas investigaciones proporcionan una base documental para exigir responsabilidades sin recurrir a negaciones ideológicas.
LIBERTAS entiende que el derecho internacional debe funcionar como límite al ejercicio de la fuerza, particularmente cuando las decisiones militares afectan a personas que no participan de las hostilidades.
La educación como primera defensa frente al odio
Hay una dimensión de este problema que suele recibir menos atención que la controversia política: la responsabilidad educativa.
El antisemitismo no se transmite únicamente mediante discursos explícitamente hostiles. También puede propagarse a través de referencias históricas manipuladas, simplificaciones sobre identidades colectivas y narraciones que presentan a determinados pueblos como responsables de los males de la sociedad.
Cuando esas afirmaciones se incorporan sin examen crítico, el prejuicio comienza a ocupar el lugar del conocimiento.
Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de enseñar la historia del antisemitismo y del Holocausto, pero también de desarrollar capacidades para reconocer los mecanismos contemporáneos de discriminación y manipulación informativa.
Enseñar a distinguir entre un Estado, un gobierno, una comunidad religiosa y una organización política constituye una competencia cívica concreta. La confusión entre esas categorías puede convertir cualquier desacuerdo internacional en un conflicto entre identidades.
La formación democrática requiere además comprender que la libertad de expresión permite sostener posiciones profundamente diferentes, pero no convierte todas las afirmaciones en igualmente verdaderas ni vuelve legítima la incitación a la violencia.
Una sociedad que abandona la exigencia de verificar los hechos queda cada vez más expuesta a quienes utilizan el miedo y el resentimiento como instrumentos de movilización.
La advertencia de LIBERTAS
La columna de Álvaro Ahunchain tiene el mérito de devolver al debate público una cuestión que las discusiones sobre Medio Oriente pueden dejar relegada: el antisemitismo posee una continuidad histórica propia y puede manifestarse aun cuando quienes lo reproducen se consideran defensores de causas legítimas.
Su análisis merece ser leído y discutido críticamente, sin convertir cada una de sus interpretaciones en una verdad indiscutible. Esa es, precisamente, la diferencia entre una cultura política abierta y una adhesión dogmática.
Desde LIBERTAS afirmamos que la democracia liberal tiene una obligación que no admite excepciones: proteger la dignidad individual frente a toda forma de persecución colectiva.
La defensa del pueblo judío contra el antisemitismo no necesita justificar decisiones cuestionables del gobierno israelí. La defensa de los derechos palestinos tampoco necesita negar la legitimidad de Israel ni relativizar los crímenes del terrorismo.
Quienes sostienen lo contrario terminan subordinando los derechos humanos a la conveniencia de sus alianzas políticas.
Y cuando una sociedad comienza a aceptar que la libertad y la dignidad dependen de quién es la víctima, de qué religión profesa o de qué causa internacional representa, deja de defender principios universales.
El antisemitismo no es una posición política legítima ni una interpretación alternativa de la historia. Es una forma de discriminación cuya persistencia debería interpelar a toda conciencia democrática.
La historia ya mostró hasta dónde puede llegar una sociedad cuando tolera que el odio se convierta en doctrina, la mentira en argumento y la identidad de las personas en motivo de persecución.
No corresponde esperar otra tragedia para recordar esa lección.