13 de octubre de 2026 | Uruguay · América Latina · Mundo
LOS NUEVOS LÍMITES DEL PODER
Seguridad social, justicia y gobernanza de la inteligencia artificial
Las democracias enfrentan una exigencia permanente: adoptar decisiones que respondan a las necesidades de la sociedad sin comprometer los derechos de las personas ni las responsabilidades hacia las generaciones futuras. Esa tensión aparece en ámbitos tan diferentes como la seguridad social, la administración de justicia y el desarrollo de tecnologías capaces de transformar profundamente la vida humana.
En esta edición de TRES MIRADAS LIBERTAS examinamos tres debates. En Uruguay, la discusión sobre las condiciones de jubilación plantea interrogantes sobre libertad individual y sostenibilidad previsional. En Colombia, las propuestas de reducción presupuestaria para instituciones de justicia transicional obligan a considerar el equilibrio entre responsabilidad fiscal y derechos de las víctimas. En el mundo, una iniciativa de investigadores internacionales reclama mayores controles sobre los sistemas avanzados de inteligencia artificial.
Los tres escenarios permiten formular una pregunta común: ¿cómo impedir que decisiones justificadas en objetivos legítimos terminen debilitando las garantías que una República debe preservar?
La respuesta exige algo más que declaraciones de principios. Requiere información pública verificable, instituciones independientes y mecanismos que permitan evaluar las consecuencias de las políticas antes de adoptarlas. Desde LIBERTAS sostenemos que la libertad individual, la justicia y el progreso tecnológico no deben concebirse como objetivos incompatibles, sino como dimensiones de una sociedad que necesita establecer límites claros al ejercicio del poder.
URUGUAY
JUBILARSE A LOS 60: EL DERECHO A ELEGIR Y LA RESPONSABILIDAD DE FINANCIARLO
Una reforma que obliga a discutir libertad individual, equidad y justicia entre generaciones
El gobierno uruguayo anunció el 12 de octubre el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a crear una nueva causal de jubilación anticipada a partir de los 60 años, para personas que acrediten 30 años de servicios. La iniciativa surge de las recomendaciones del Diálogo Social y busca introducir mayor flexibilidad en el sistema previsional establecido por la reforma de 2023.
El planteo mantiene los 65 años como edad general de retiro y propone que los trabajadores comprendidos puedan decidir si acceden anticipadamente a su jubilación o continúan en actividad, con incentivos económicos para quienes posterguen esa decisión.
El Poder Ejecutivo fundamenta la propuesta en las diferencias que existen entre las trayectorias laborales. No todas las personas llegan a los 60 años en las mismas condiciones físicas, económicas o profesionales. Quienes comenzaron a trabajar tempranamente, desarrollaron actividades de considerable desgaste o enfrentan dificultades para conservar su empleo pueden experimentar consecuencias muy distintas de las que atraviesan trabajadores con ocupaciones menos exigentes.
El objetivo de ampliar las alternativas de retiro merece ser considerado. Sin embargo, toda modificación previsional también plantea una responsabilidad colectiva: determinar cómo se financiarán sus consecuencias durante las próximas décadas.
La libertad de elección no puede separarse de sus condiciones reales
La posibilidad de elegir cuándo jubilarse constituye una ampliación de opciones para quienes cumplen los requisitos establecidos. Pero la existencia formal de una alternativa no significa que todos puedan ejercerla en condiciones equivalentes.
Un trabajador de ingresos elevados puede disponer de mayores posibilidades para postergar su retiro, complementar su jubilación con ahorros o reorganizar su actividad laboral. Una persona de menores ingresos, en cambio, puede enfrentar necesidades económicas inmediatas que condicionen su decisión.
También existen diferencias importantes entre quienes desarrollaron tareas físicamente exigentes y quienes desempeñaron actividades que permiten prolongar su vida laboral.
La reforma debería examinar esas desigualdades sin establecer privilegios arbitrarios ni desconocer la diversidad de situaciones individuales.
El sistema previsional no puede diseñarse suponiendo que todos los trabajadores poseen las mismas capacidades, oportunidades y expectativas de vida. Tampoco debería sustituir la libertad individual por decisiones uniformes que ignoren las circunstancias personales.
La sostenibilidad es una obligación republicana
La seguridad social constituye un compromiso que se extiende entre generaciones. Las prestaciones actuales se financian mediante mecanismos que involucran aportes, ahorro previsional y recursos públicos, de acuerdo con la estructura del sistema.
Por esa razón, modificar las condiciones de acceso a la jubilación requiere evaluar sus consecuencias sobre el gasto futuro, las contribuciones y las obligaciones fiscales.
El Banco de Previsión Social ha señalado, en el marco del Diálogo Social, que los cálculos realizados permiten sostener que la nueva causal no comprometería la sostenibilidad financiera del sistema. Esa conclusión constituye un antecedente relevante, pero corresponde que las proyecciones, sus supuestos y los posibles escenarios alternativos puedan ser examinados públicamente.
Una reforma previsional no debería juzgarse únicamente por sus beneficios inmediatos ni por la cantidad de personas que puedan acogerse a ella durante sus primeros años.
También debe considerarse qué ocurrirá cuando cambien la estructura demográfica, la esperanza de vida, el empleo y la relación entre trabajadores activos y jubilados.
La justicia intergeneracional exige que las decisiones presentes no generen obligaciones desproporcionadas para quienes todavía no participan plenamente de la vida económica.
El Parlamento ante una responsabilidad de largo plazo
El debate legislativo ofrece la oportunidad de evaluar la propuesta con criterios técnicos y políticos que trasciendan las diferencias entre oficialismo y oposición.
Será necesario conocer el texto definitivo, las estimaciones actuariales, los efectos sobre las prestaciones y la articulación de la nueva causal con los componentes solidarios y de ahorro individual.
También deberá analizarse si los incentivos para continuar trabajando resultan suficientes y cómo se garantiza que los trabajadores de menores ingresos no queden perjudicados por las nuevas reglas.
La discusión previsional merece acuerdos institucionales duraderos porque sus consecuencias exceden ampliamente los períodos de gobierno.
La mirada de LIBERTAS
Desde LIBERTAS consideramos legítimo ampliar las posibilidades de decisión de las personas sobre su retiro laboral, especialmente cuando existen diferencias sustanciales en sus trayectorias y condiciones de trabajo.
Pero la libertad de elegir debe acompañarse de información suficiente, reglas estables y responsabilidad financiera.
No existe verdadera protección social cuando se ofrecen beneficios cuya continuidad futura no puede garantizarse. Tampoco existe justicia cuando se exige a todos los trabajadores soportar condiciones idénticas pese a situaciones profundamente diferentes.
Una República responsable debe proteger la libertad de quienes hoy desean jubilarse y, simultáneamente, los derechos de quienes mañana deberán sostener el sistema.
AMÉRICA LATINA
COLOMBIA: ¿AJUSTE PRESUPUESTARIO O DEBILITAMIENTO DE LA JUSTICIA?
El financiamiento de la justicia transicional y el derecho de las víctimas a conocer la verdad
Colombia enfrenta una controversia institucional de especial trascendencia: los recortes presupuestarios propuestos para organismos encargados de investigar los crímenes del conflicto armado y buscar a las personas desaparecidas.
Según información publicada por Reuters el 13 de octubre, las propuestas actualmente discutidas en el Congreso podrían reducir aproximadamente un 17 % los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cerca de un 22 % los de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Ambas instituciones forman parte de los mecanismos establecidos después del acuerdo de paz de 2016. Sus funciones comprenden la investigación de graves violaciones de derechos humanos, la determinación de responsabilidades, la búsqueda de desaparecidos y la atención a las víctimas.
Las autoridades de esos organismos advierten que las reducciones propuestas afectarían actividades esenciales, entre ellas las audiencias en territorios rurales, las investigaciones forenses, las exhumaciones y las medidas de protección.
Los promotores de los recortes cuestionan el costo y la eficiencia de la justicia transicional y sostienen la necesidad de revisar la distribución de los recursos públicos.
El Congreso deberá definir el presupuesto antes del 20 de octubre. Por tanto, las reducciones todavía no constituyen una decisión definitiva.
El presupuesto también expresa prioridades institucionales
Las decisiones presupuestarias no son simples operaciones contables. Determinan qué funciones del Estado pueden desarrollarse, con qué recursos y bajo qué condiciones.
Toda institución pública debe rendir cuentas sobre la utilización de sus fondos. La JEP y la UBPD no constituyen excepciones. Sus procedimientos, resultados, costos y mecanismos de gestión pueden ser examinados y eventualmente reformados.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre mejorar la eficiencia de una institución y reducir sus recursos hasta comprometer las funciones que la ley le encomienda.
Cuando un organismo tiene la responsabilidad de investigar desapariciones forzadas o crímenes de guerra, la insuficiencia presupuestaria puede traducirse en investigaciones demoradas, dificultades para acceder a pruebas y nuevas frustraciones para las víctimas.
La austeridad fiscal es una obligación legítima de los gobiernos. Pero su aplicación requiere evaluar las consecuencias sobre derechos que el propio Estado se ha comprometido a garantizar.
La justicia transicional y sus dificultades
Los mecanismos de justicia transicional fueron concebidos para responder a situaciones en las que una sociedad necesita investigar violaciones masivas de derechos humanos mientras intenta superar períodos prolongados de violencia.
Su funcionamiento suele enfrentar tensiones entre justicia, verdad, reparación y reconciliación.
En Colombia, esas dificultades se relacionan con décadas de conflicto armado, la actuación de organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares y agentes estatales, y la persistencia de violencia en diferentes regiones.
La JEP tiene la responsabilidad de investigar y juzgar determinados crímenes cometidos durante el conflicto, mientras la UBPD desarrolla una tarea humanitaria orientada a esclarecer el destino de las personas desaparecidas.
Las cifras del universo de búsqueda superan las 137.000 personas, una dimensión que permite comprender la magnitud de las obligaciones pendientes.
Estas responsabilidades no desaparecen porque cambie el gobierno ni porque una mayoría parlamentaria considere necesario revisar los gastos.
La independencia de la Justicia frente a las mayorías políticas
La controversia adquiere mayor importancia por las posiciones críticas que sectores del actual gobierno colombiano han mantenido frente al sistema de justicia transicional.
El presidente Abelardo de la Espriella y dirigentes cercanos a su administración han cuestionado aspectos de su funcionamiento y defendido una revisión de sus recursos y atribuciones.
Es legítimo discutir el diseño de una institución, incluso cuando cumple funciones vinculadas con derechos humanos. Pero esas modificaciones deben realizarse mediante procedimientos compatibles con la independencia judicial y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.
La coincidencia entre críticas políticas y recortes presupuestarios no demuestra automáticamente una intención de impedir investigaciones. Sí justifica exigir explicaciones detalladas sobre los criterios utilizados y los mecanismos previstos para preservar las funciones esenciales.
La Corte Penal Internacional también ha advertido que cambios sustanciales en las condiciones de investigación y juzgamiento podrían modificar su evaluación sobre la capacidad de Colombia para responder a los crímenes más graves.
La responsabilidad de investigar esas conductas no puede depender exclusivamente de la conveniencia de una administración.
La mirada de LIBERTAS
La defensa de la Justicia exige independencia, pero también transparencia y responsabilidad en la utilización de los recursos públicos.
No corresponde considerar ilegítimo cualquier recorte presupuestario. Tampoco puede aceptarse que la reducción del gasto sirva como justificación suficiente cuando están comprometidos derechos fundamentales de las víctimas.
El debate colombiano debería centrarse en determinar qué reformas mejoran efectivamente el funcionamiento de las instituciones y cuáles podrían debilitar su capacidad para cumplir obligaciones jurídicas y humanitarias.
La verdad y la justicia no pueden depender de la orientación política del gobierno de turno. Una República debe garantizar que las víctimas conserven sus derechos incluso cuando cambian las prioridades del poder.
MUNDO
¿QUIÉN CONTROLA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
Cuatrocientos científicos reclaman supervisión internacional para los sistemas más avanzados
Una iniciativa presentada el 13 de octubre por aproximadamente 400 científicos de 34 países ha reabierto una discusión de enorme trascendencia: cómo establecer mecanismos de supervisión independientes sobre sistemas avanzados de inteligencia artificial capaces de desarrollar actividades informáticas cada vez más complejas.
Entre los firmantes se encuentran Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, dos investigadores fundamentales en el desarrollo contemporáneo de la inteligencia artificial.
La propuesta reclama la creación de un organismo internacional encargado de establecer estándares de seguridad, supervisar medidas de contención y mantener un registro de incidentes significativos relacionados con sistemas avanzados que poseen capacidades cibernéticas.
Los investigadores sostienen que los compromisos voluntarios asumidos por las empresas tecnológicas resultan insuficientes para garantizar un nivel adecuado de protección.
También proponen que determinados modelos sean sometidos inicialmente a evaluaciones en entornos aislados de redes externas y bajo supervisión independiente, con el propósito de reducir riesgos asociados a acciones no autorizadas.
La carta constituye una propuesta de gobernanza. No significa que exista actualmente una nueva autoridad internacional ni que sus recomendaciones hayan adquirido carácter obligatorio.
El problema de la autorregulación tecnológica
El desarrollo de inteligencia artificial se encuentra impulsado principalmente por empresas privadas que compiten por alcanzar mayores capacidades, ampliar sus mercados y desarrollar aplicaciones comerciales.
Esa competencia ha producido avances científicos y tecnológicos extraordinarios. También plantea interrogantes sobre la posibilidad de que los incentivos económicos entren en tensión con determinadas exigencias de seguridad.
Las empresas poseen conocimiento técnico sobre sus propios sistemas, pero esa ventaja informativa puede dificultar la supervisión externa.
Cuando los mecanismos de evaluación dependen exclusivamente de quienes desarrollan y comercializan la tecnología, resulta necesario determinar si existen incentivos suficientes para identificar, documentar y comunicar los problemas detectados.
La experiencia de otros sectores demuestra que la autorregulación puede contribuir a establecer buenas prácticas, pero no siempre sustituye la necesidad de controles independientes cuando existen riesgos importantes para terceros.
Sin embargo, la supervisión pública tampoco constituye una garantía automática. Su eficacia depende de la competencia técnica, la transparencia y la independencia de quienes la ejercen.
La inteligencia artificial como nueva forma de poder
La discusión trasciende los riesgos informáticos.
Los sistemas avanzados de inteligencia artificial pueden intervenir en la producción de información, el desarrollo científico, la programación, la administración de servicios y la ejecución de tareas mediante herramientas digitales.
A medida que aumentan esas capacidades, también crece la necesidad de definir responsabilidades.
¿Quién responde cuando un sistema produce daños? ¿Qué obligaciones corresponden a sus desarrolladores? ¿Qué facultades deben conservar las personas para comprender y revisar decisiones automatizadas?
Estas preguntas se relacionan directamente con la libertad cognitiva, entendida como la capacidad de las personas para formar sus propios juicios, acceder a información y tomar decisiones sin manipulaciones indebidas.
Los sistemas tecnológicos que organizan información o intervienen en procesos de decisión pueden influir sobre el conocimiento disponible y sobre las opciones que perciben sus usuarios.
Esa influencia no constituye necesariamente una vulneración de derechos. Puede mejorar el acceso al conocimiento y ampliar las capacidades individuales.
El problema aparece cuando las personas desconocen cómo funcionan esos mecanismos, no pueden identificar sus limitaciones o carecen de posibilidades reales para cuestionar sus resultados.
El riesgo de concentrar el control
La propuesta de establecer una autoridad internacional merece atención, pero también exige examinar su propio diseño institucional.
Una organización encargada de supervisar sistemas avanzados podría contribuir a establecer criterios comunes, coordinar investigaciones y exigir mecanismos de seguridad verificables.
Sin embargo, también podría generar una nueva concentración de poder si sus decisiones quedaran reservadas a un grupo reducido de gobiernos, grandes empresas y especialistas.
Los estándares internacionales deben evitar que la regulación se convierta en una barrera injustificada para la investigación independiente, las universidades o los desarrolladores de menor escala.
También es necesario garantizar que los países pequeños tengan posibilidades reales de participar en la elaboración de reglas que afectarán sus sistemas educativos, científicos y económicos.
La gobernanza tecnológica no debería reproducir una distribución desigual del poder en la que unos pocos actores desarrollan las herramientas, establecen los estándares y controlan las condiciones de acceso.
La importancia de distinguir los riesgos
El debate científico sobre inteligencia artificial incluye posiciones diferentes.
Algunos investigadores consideran que los sistemas más avanzados pueden generar riesgos difíciles de contener y reclaman medidas preventivas exigentes.
Otros sostienen que determinados incidentes recientes deben interpretarse principalmente como fallas de ingeniería, problemas de diseño o deficiencias en los procedimientos de evaluación, sin que necesariamente demuestren escenarios de pérdida generalizada del control humano.
La discusión merece ser abordada sin minimizar los riesgos documentados ni presentar escenarios hipotéticos como acontecimientos inevitables.
La supervisión debería apoyarse en evidencia verificable, evaluaciones independientes y criterios proporcionados a las capacidades y usos de cada sistema.
La mirada de LIBERTAS
LIBERTAS considera que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar al servicio de la libertad humana, la investigación científica y el progreso social.
La supervisión independiente puede contribuir a proteger esos objetivos, siempre que sus mecanismos respeten principios de transparencia, responsabilidad jurídica y control democrático.
No resulta aceptable que las empresas tecnológicas concentren facultades de decisión sin rendición de cuentas. Tampoco sería deseable transferir esas facultades a organismos internacionales opacos, alejados de la participación ciudadana.
La regulación debe proteger derechos sin impedir arbitrariamente la innovación, y la innovación debe desarrollarse sin considerar secundarios los derechos de las personas.
El desafío no consiste solamente en controlar sistemas cada vez más poderosos. Consiste en impedir que el poder tecnológico termine concentrándose en estructuras que los ciudadanos ya no puedan comprender, cuestionar ni controlar.
TRES MIRADAS. UNA MISMA RESPONSABILIDAD REPUBLICANA
Uruguay, Colombia y el debate internacional sobre inteligencia artificial presentan problemas diferentes, pero comparten una exigencia fundamental: las decisiones que afectan derechos deben estar justificadas, sometidas a controles y acompañadas de responsabilidades verificables.
En Uruguay, la ampliación de las opciones jubilatorias obliga a equilibrar libertad individual, protección social y sostenibilidad financiera. El Estado debe reconocer las diferencias entre trayectorias laborales sin comprometer arbitrariamente las posibilidades de las generaciones futuras.
En Colombia, la discusión presupuestaria plantea la necesidad de administrar responsablemente los recursos públicos sin debilitar las instituciones encargadas de investigar graves violaciones de derechos humanos y responder a las víctimas.
En el escenario tecnológico mundial, la propuesta de supervisión internacional recuerda que la inteligencia artificial comienza a adquirir capacidades que requieren mecanismos de evaluación independientes, pero también autoridades sujetas a controles democráticos.
Las tres situaciones muestran que el ejercicio responsable del poder exige reconocer límites, incluso cuando las decisiones se presentan como respuestas a necesidades legítimas.
La protección social no puede separarse de su financiamiento. La austeridad no puede desconocer obligaciones de justicia. La seguridad tecnológica no puede convertirse en una justificación para concentrar nuevas facultades sin responsabilidad pública.
Una República se fortalece cuando sus instituciones explican sus decisiones, permiten que estas sean examinadas y aceptan corregirlas cuando sus consecuencias afectan injustificadamente los derechos de las personas.
DECLARACIÓN LIBERTAS
«La libertad necesita instituciones capaces de protegerla, pero también ciudadanos capaces de controlar a esas instituciones. Ninguna promesa social puede desligarse de su responsabilidad futura, ninguna decisión presupuestaria puede desconocer arbitrariamente el derecho a la justicia y ningún avance tecnológico debe colocar el destino humano bajo poderes que no acepten límites. La República existe para que las decisiones que afectan nuestra vida puedan ser conocidas, discutidas y sometidas al juicio de una ciudadanía libre. Porque el progreso auténtico no consiste en acumular poder, sino en ampliar las posibilidades de las personas para decidir responsablemente sobre su propio futuro».
LIBERTAS — En defensa de la Libertad, la Democracia y la República.