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LA REPÚBLICA ANTE SUS PROPIOS LÍMITES
Ciudadanía, libertad de prensa y los desafíos de la representación democrática
La democracia no se debilita únicamente cuando se suspenden elecciones, se clausuran parlamentos o se desconocen abiertamente las constituciones. También puede perder fortaleza mediante decisiones administrativas, interpretaciones jurídicas y acuerdos políticos que, considerados aisladamente, parecen formar parte del funcionamiento ordinario de las instituciones. Su verdadera trascendencia aparece cuando afectan la igualdad de los ciudadanos, la independencia de quienes investigan al poder o las garantías que deben respetar las mayorías.
Esta edición de TRES MIRADAS LIBERTAS examina tres acontecimientos que permiten reconocer esas tensiones. En Uruguay, una iniciativa gubernamental destinada a resolver la situación jurídica de los ciudadanos legales nacidos en el extranjero reabre el debate sobre nacionalidad, igualdad y procedimientos constitucionales. En Ecuador, el cierre de la edición impresa de un periódico histórico, en medio de controversias con organismos estatales, plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y los mecanismos indirectos de presión sobre los medios. En Alemania, el avance institucional de Alternativa para Alemania obliga a reconsiderar cómo debe actuar una democracia frente a fuerzas políticas que obtienen respaldo electoral mientras generan cuestionamientos sobre su compromiso con los principios constitucionales.
Desde LIBERTAS proponemos analizar estas situaciones sin confundir denuncias con hechos comprobados ni convertir las diferencias políticas en condenas anticipadas. La defensa de la Libertad, la Democracia y la República exige precisamente esa disciplina: reconocer los derechos de todos, someter las decisiones públicas al examen crítico y mantener los mismos principios con independencia de quién ejerza el poder.
URUGUAY
CIUDADANOS, PERO NO NACIONALES
La deuda constitucional que Uruguay debe resolver
Uruguay enfrenta una discusión que, aunque pueda parecer limitada a una cuestión jurídica, alcanza uno de los fundamentos más importantes de su organización republicana: la relación entre ciudadanía, nacionalidad y pertenencia a la comunidad política.
El 9 de octubre, el Poder Ejecutivo anunció una iniciativa destinada a reconocer como nacionales uruguayos a las personas nacidas en el extranjero que adquirieron la ciudadanía legal. El proyecto, presentado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se propone resolver una situación que durante décadas ha generado dificultades prácticas, particularmente en la documentación y en el reconocimiento internacional de la condición jurídica de esos ciudadanos.
La propuesta será firmada, según lo anunciado, en el Consejo de Ministros del lunes 12 de octubre y posteriormente enviada al Parlamento. Se trata, por tanto, de una iniciativa en preparación y no de una modificación legal vigente.
La cuestión merece atención porque obliga a responder una pregunta fundamental: ¿puede una República reconocer a una persona como integrante de su comunidad política y mantener diferencias jurídicas que dificulten el reconocimiento de esa pertenencia?
Ciudadanía y nacionalidad: una distinción con consecuencias reales
La Constitución uruguaya distingue entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales. Esa diferenciación responde a una tradición jurídica que reconoce distintas formas de acceso a la ciudadanía y establece requisitos específicos para quienes la adquieren después de residir en el país.
La controversia aparece cuando la distinción entre ciudadanía y nacionalidad produce consecuencias prácticas que pueden resultar difíciles de conciliar con una concepción inclusiva de la igualdad republicana.
El problema no se limita al pasaporte. Involucra la seguridad jurídica de personas que han construido su vida en Uruguay, han cumplido las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico y mantienen vínculos estables con la sociedad uruguaya.
Desde LIBERTAS entendemos que el reconocimiento de derechos debe examinarse a partir de principios generales y no de consideraciones circunstanciales sobre el origen de las personas. La pertenencia a una comunidad democrática no debería depender exclusivamente del lugar de nacimiento cuando el propio Estado ha establecido mecanismos legales para incorporar nuevos ciudadanos.
Sin embargo, reconocer la legitimidad del problema no implica aceptar sin examen cualquier solución jurídica.
El límite de las leyes interpretativas
La vía elegida por el gobierno introduce una discusión constitucional relevante.
Una ley interpretativa puede precisar el significado de disposiciones existentes, pero no debería convertirse en un mecanismo para alterar la Constitución sin recurrir a los procedimientos de reforma que esta establece.
Por ello, el Parlamento tendrá la responsabilidad de estudiar si la interpretación propuesta resulta compatible con el texto constitucional y con los principios que organizan la ciudadanía uruguaya.
La discusión debería incorporar posiciones jurídicas diversas y evaluar sus consecuencias administrativas, internacionales y constitucionales.
Una solución destinada a ampliar el reconocimiento de derechos necesita, precisamente por esa finalidad, una base jurídica sólida que evite futuras controversias.
La perspectiva de LIBERTAS
La tradición republicana uruguaya encuentra una de sus mayores fortalezas en la igualdad ante la ley y en el reconocimiento de la dignidad de las personas, con independencia de su origen.
Resolver una situación que afecta a ciudadanos legales constituye un objetivo legítimo y merece un tratamiento institucional serio. La oportunidad de hacerlo también permite reflexionar sobre cómo se construye la pertenencia a una Nación democrática.
Pero la protección de derechos y el respeto a la Constitución no son principios contrapuestos. Una República debe ser capaz de avanzar en ambos simultáneamente.
Uruguay necesita una solución que reconozca plenamente a quienes han elegido integrarse a su comunidad política, sin debilitar las garantías constitucionales que protegen a todos sus ciudadanos.
AMÉRICA LATINA
CUANDO SE APAGA UN PERIÓDICO
Ecuador y la frontera entre el control legítimo del Estado y las presiones contra la prensa independiente
El viernes 9 de octubre, el diario ecuatoriano Expreso publicó su última edición impresa después de 53 años de circulación. El periódico continuará informando mediante sus plataformas digitales, pero el final de su edición en papel representa un acontecimiento significativo para el periodismo ecuatoriano y reabre una discusión fundamental sobre la libertad de prensa en América Latina.
La empresa editora, Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), atraviesa una situación financiera compleja, acompañada por actuaciones administrativas y judiciales que han provocado controversias públicas.
Sus responsables atribuyen una parte importante de las dificultades a presiones ejercidas desde el Estado durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Entre los antecedentes se encuentra la intervención administrativa de la empresa por la Superintendencia de Compañías, iniciada en febrero de 2026.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios, han manifestado preocupación por la situación y solicitado garantías para el ejercicio independiente del periodismo.
La gravedad de estas denuncias exige una investigación rigurosa. La existencia de procedimientos estatales y el cierre de la edición impresa son hechos verificables; determinar si todas esas actuaciones respondieron a una estrategia deliberada de presión política requiere un examen adicional de las pruebas y de las explicaciones de las autoridades.
La censura no siempre necesita una prohibición
La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de gobiernos que intentaron restringir la libertad de prensa mediante mecanismos directos, desde clausuras y confiscaciones hasta amenazas contra periodistas.
Sin embargo, las formas de presión pueden adoptar características más complejas.
Los organismos públicos disponen de atribuciones tributarias, regulatorias y administrativas que deben utilizarse para garantizar el cumplimiento de la ley. Su ejercicio es legítimo cuando responde a criterios objetivos, procedimientos transparentes y controles independientes.
El riesgo aparece cuando esas facultades se aplican selectivamente o se utilizan para generar consecuencias económicas sobre medios que mantienen posiciones críticas frente al gobierno.
La libertad de prensa no supone que las empresas periodísticas estén exentas de obligaciones fiscales, laborales o societarias. Tampoco significa que toda inspección administrativa constituya censura.
Pero precisamente porque los controles estatales son necesarios, deben existir garantías suficientes para impedir que se conviertan en instrumentos de represalia.
El costo democrático del debilitamiento periodístico
Cuando un medio reduce sus operaciones, pierde periodistas o enfrenta dificultades para sostener investigaciones, las consecuencias no afectan únicamente a sus propietarios y trabajadores.
También pueden disminuir las posibilidades de la sociedad de acceder a información independiente y conocer hechos de interés público.
El periodismo de investigación cumple una función esencial al examinar contratos, decisiones administrativas, conflictos de intereses y posibles abusos de autoridad.
Ningún medio posee el monopolio de la verdad, y sus publicaciones deben poder ser cuestionadas. Pero esa discusión debe producirse mediante argumentos, mecanismos legales proporcionados y el ejercicio de derechos, no mediante presiones destinadas a condicionar su orientación editorial.
La existencia de plataformas digitales no elimina automáticamente el problema. La continuidad de una página web no garantiza que una redacción conserve sus recursos, su independencia o su capacidad para realizar investigaciones.
Ecuador ante una responsabilidad institucional
La situación de Expreso merece atención no solamente por las denuncias actuales, sino por los antecedentes regionales de conflictos entre gobiernos y medios críticos.
El desafío para las autoridades ecuatorianas consiste en demostrar que todas sus actuaciones responden a criterios legales objetivos y que los procedimientos administrativos respetan el debido proceso.
También corresponde examinar la situación financiera y societaria de Granasa, las explicaciones oficiales y las denuncias formuladas por sus responsables y por las organizaciones de defensa de la prensa.
La próxima reunión de accionistas, prevista para el 13 de octubre, podría resultar relevante para definir el futuro de la empresa y de sus trabajadores.
La perspectiva de LIBERTAS
La libertad de prensa no existe para proteger únicamente a los medios que coinciden con el gobierno. Su verdadera importancia aparece cuando permite investigar, cuestionar y publicar información incómoda para quienes ejercen autoridad.
Por esa razón, toda denuncia de utilización selectiva del poder estatal contra una empresa periodística merece un examen independiente.
LIBERTAS sostiene que los medios deben cumplir la ley y que los gobiernos deben aceptar el escrutinio público sin utilizar sus facultades administrativas como mecanismos de presión política.
Una República comienza a perder libertad cuando investigar al poder se convierte en una actividad que puede comprometer la supervivencia de quien investiga.
MUNDO
ALEMANIA ANTE EL ESPEJO DE SU HISTORIA
El avance de la AfD y los límites de la tolerancia democrática
La elección de Tobias Rausch, dirigente de Alternativa para Alemania (AfD), como presidente del Parlamento regional de Sajonia-Anhalt ha abierto una controversia que trasciende la política de ese estado federado.
Rausch obtuvo 48 votos en una cámara de 82 integrantes. Como su partido dispone de 39 escaños, el resultado demuestra que recibió apoyos adicionales. La votación secreta impide atribuir con certeza cada uno de esos respaldos.
El acontecimiento tiene una dimensión histórica: es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un representante de la derecha radical accede a la presidencia de un parlamento regional alemán.
La elección ha generado tensiones entre los principales partidos y cuestionamientos sobre la continuidad de la estrategia de aislamiento político de la AfD, conocida como Brandmauer, o cortafuegos democrático.
El canciller Friedrich Merz ha reafirmado su oposición a la cooperación política con la formación, mientras las disputas sobre el origen de los votos y el crecimiento electoral de la AfD profundizan las divisiones.
El derecho a participar y la obligación de respetar la Constitución
Toda democracia debe reconocer la legitimidad de la competencia política y el derecho de los ciudadanos a elegir representantes entre las organizaciones que participan legalmente en el sistema electoral.
El crecimiento de una fuerza política no puede desconocerse simplemente porque sus posiciones resulten controvertidas o profundamente cuestionadas por otros sectores.
Sin embargo, la representación electoral tampoco concede autorización para debilitar las garantías constitucionales, restringir derechos fundamentales o utilizar las instituciones contra el pluralismo democrático.
Alemania enfrenta una tensión especialmente sensible por su historia.
Después de 1945, su orden constitucional incorporó mecanismos destinados a impedir que organizaciones contrarias al sistema democrático utilizaran las libertades políticas para destruirlo desde su interior.
Esa concepción, conocida como democracia militante, constituye uno de los elementos distintivos del constitucionalismo alemán.
Su aplicación exige prudencia. La defensa de la democracia no debería confundirse con la exclusión arbitraria de posiciones políticas legítimas, pero tampoco puede ignorar amenazas verificables contra sus principios fundamentales.
El significado político del crecimiento de la AfD
La expansión electoral de Alternativa para Alemania responde a transformaciones que exceden las controversias sobre sus dirigentes.
Las preocupaciones relacionadas con la inmigración, la seguridad, el estancamiento económico y la percepción de distancia entre los partidos tradicionales y determinados sectores de la población han contribuido a modificar el escenario político.
El crecimiento de la AfD expresa, entre otros factores, una crisis de representación que los partidos establecidos necesitan comprender.
Descalificar indiscriminadamente a sus votantes no ofrece una respuesta democrática suficiente. Es necesario examinar las demandas sociales, distinguir los problemas reales de las interpretaciones políticas y formular alternativas capaces de recuperar confianza.
Al mismo tiempo, los partidos que reciben apoyo ciudadano deben asumir las responsabilidades propias de su participación institucional.
La legitimidad de una mayoría no se agota en el resultado electoral. También depende del respeto a las libertades de quienes no forman parte de ella.
El desafío de los partidos tradicionales
La política del Brandmauer fue concebida para evitar que la extrema derecha adquiriera influencia institucional mediante acuerdos con las principales fuerzas democráticas.
La elección de Rausch demuestra las dificultades que enfrenta esa estrategia cuando cambian las mayorías parlamentarias.
Los partidos tradicionales deben decidir cómo actuar ante una formación que obtiene un respaldo electoral considerable y, al mismo tiempo, genera cuestionamientos por las posiciones de algunos de sus sectores.
La respuesta no puede limitarse a acuerdos tácticos ni a declaraciones de rechazo.
Es necesario establecer criterios públicos sobre la cooperación institucional, preservar la independencia de los organismos del Estado y garantizar que ninguna fuerza política pueda utilizar posiciones parlamentarias para restringir los derechos de sus adversarios.
La elección de una autoridad legislativa no significa por sí misma que el sistema democrático haya dejado de funcionar. Su trascendencia dependerá también de cómo se ejerzan las facultades del cargo y de la capacidad de las demás instituciones para mantener controles efectivos.
La perspectiva de LIBERTAS
Alemania tiene la responsabilidad de defender su Constitución sin abandonar los principios de pluralismo y representación que la sustentan.
La experiencia histórica obliga a prestar atención a las amenazas contra las instituciones democráticas, pero también enseña que la protección de la libertad necesita procedimientos jurídicos y políticos compatibles con el Estado de derecho.
La respuesta frente al crecimiento de fuerzas radicales debe combinar firmeza constitucional, competencia política legítima y capacidad para atender las preocupaciones de los ciudadanos.
La democracia no puede defenderse renunciando al pluralismo, pero tampoco puede conservarse si acepta que el respaldo electoral sirva para justificar el debilitamiento de sus garantías fundamentales.
TRES MIRADAS. UNA MISMA RESPONSABILIDAD REPUBLICANA
Uruguay, Ecuador y Alemania representan tres escenarios diferentes de una misma discusión sobre los límites del poder y la calidad de las instituciones democráticas.
En Uruguay, el reconocimiento de la nacionalidad a ciudadanos legales plantea la necesidad de armonizar igualdad jurídica y respeto a los procedimientos constitucionales. La legitimidad del objetivo debe acompañarse de una solución jurídicamente sólida.
En Ecuador, el cierre de la edición impresa de Expreso obliga a examinar las denuncias sobre presiones estatales y a reafirmar que la libertad de prensa requiere garantías frente a posibles usos arbitrarios de las facultades administrativas.
En Alemania, la elección de un dirigente de la AfD para presidir un parlamento regional pone a prueba la capacidad del sistema político para reconocer los resultados electorales y preservar simultáneamente los principios constitucionales.
Las tres situaciones muestran que la democracia no puede reducirse a un conjunto de procedimientos formales. Necesita instituciones que respeten derechos, decisiones sujetas a controles y una cultura política capaz de reconocer límites incluso cuando esos límites resultan inconvenientes para quienes ejercen autoridad.
Una República no se fortalece negando los conflictos. Se fortalece cuando dispone de mecanismos legítimos para resolverlos.
DECLARACIÓN LIBERTAS
«La libertad no se defiende solamente frente a las grandes rupturas de la democracia, sino también ante las decisiones cotidianas que determinan quién es reconocido plenamente como ciudadano, quién puede investigar al poder y cómo se respetan los derechos de quienes piensan diferente. La República exige que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución, que ningún gobierno utilice sus facultades para silenciar la crítica y que ninguna mayoría considere su victoria electoral una autorización para desconocer los límites del poder. Defender la democracia significa preservar esas garantías para todos, especialmente cuando resulta políticamente incómodo hacerlo.»
LIBERTAS — En defensa de la Libertad, la Democracia y la República.
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