URUGUAY
LA EDUCACIÓN NO PUEDE DELEGAR EL PENSAMIENTO
Inteligencia artificial, soberanía educativa y libertad cognitiva una decisión que compromete a las próximas generaciones
Uruguay vuelve a situarse en el centro de una discusión internacional decisiva para el futuro de la educación. Este 14 de octubre comienza en Montevideo la tercera edición de EduIA Conf, organizada por Ceibal y Fundación Ceibal, bajo el lema De la promesa a la apropiación: capacidades para integrar la IA en educación.
El encuentro, que se desarrolla durante el 14 y 15 de octubre en el Edificio Mercosur, reúne a autoridades educativas, investigadores, representantes de organismos internacionales y especialistas tecnológicos. Su agenda incluye formación docente, alfabetización en inteligencia artificial, evaluación de aprendizajes, protección de datos, regulación y desarrollo de capacidades institucionales.
La relevancia del congreso excede la presentación de herramientas o experiencias educativas. Lo que está en discusión es la relación que las próximas generaciones establecerán con sistemas capaces de producir textos, resolver problemas, organizar información y participar en procesos de decisión que hasta hace poco dependían exclusivamente de las personas.
La inteligencia artificial ya no constituye una promesa distante. Su presencia modifica las condiciones en las que estudiantes y docentes acceden al conocimiento, preparan actividades, investigan y evalúan resultados. Por esa razón, la pregunta fundamental no consiste simplemente en determinar cuánto debe utilizarse, sino qué capacidades humanas queremos fortalecer mediante su incorporación y cuáles debemos evitar que se debiliten.
La diferencia entre aprender y obtener respuestas
Durante siglos, la educación ha procurado desarrollar conocimientos, habilidades y criterios que permitan a las personas comprender la realidad y actuar sobre ella. Aprender supone formular preguntas, reconocer problemas, relacionar evidencias, construir argumentos y revisar conclusiones.
La inteligencia artificial generativa puede colaborar con esas actividades. Permite acceder a explicaciones alternativas, adaptar materiales, identificar dificultades y ampliar oportunidades de aprendizaje. También puede contribuir a la inclusión educativa cuando se utiliza con criterios pedagógicos y medidas de accesibilidad adecuadas.
Sin embargo, la disponibilidad inmediata de respuestas introduce un riesgo que merece atención. Un estudiante puede presentar una producción aparentemente correcta sin haber desarrollado las capacidades necesarias para comprenderla, justificarla o reproducir su razonamiento.
La dificultad no reside en la herramienta, sino en la sustitución del proceso intelectual por el resultado automatizado.
Si los sistemas educativos terminan valorando principalmente la velocidad de respuesta, la presentación formal o la producción de contenidos, podrían confundir eficiencia tecnológica con aprendizaje.
La incorporación de inteligencia artificial exige, por tanto, revisar las formas de enseñanza y evaluación. No alcanza con prohibir determinadas herramientas ni con autorizar su utilización indiscriminada. Es necesario diseñar experiencias que permitan reconocer qué comprende realmente cada estudiante y cómo utiliza la tecnología para ampliar sus capacidades.
Libertad cognitiva: el derecho a construir un pensamiento propio
La discusión educativa tiene una dimensión que trasciende el rendimiento académico: la libertad cognitiva.
Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de examinar afirmaciones, reconocer intereses, contrastar fuentes y tomar decisiones sin depender exclusivamente de interpretaciones elaboradas por terceros.
Los sistemas de inteligencia artificial pueden facilitar esas capacidades, pero también influir en la selección, organización y presentación de la información que reciben sus usuarios.
Cuando una plataforma responde una pregunta, no entrega simplemente una reproducción neutral de toda la información disponible. Produce una respuesta mediante procesos técnicos que incluyen decisiones de diseño, entrenamiento, selección de datos y políticas de funcionamiento.
Eso no convierte automáticamente sus respuestas en manipulaciones. Significa que deben ser comprendidas como productos tecnológicos susceptibles de error, sesgo y limitaciones.
La educación tiene la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a reconocer esas condiciones.
Un ciudadano formado para aceptar sin examen las respuestas de una plataforma puede disponer de abundante información y, al mismo tiempo, carecer de autonomía suficiente para evaluar su significado.
La libertad cognitiva requiere conservar la capacidad de disentir, investigar, comparar y elaborar conclusiones propias.
El docente como garantía de autonomía
La incorporación de inteligencia artificial también obliga a reconsiderar el papel del docente.
La tecnología puede contribuir a reducir tareas repetitivas, preparar recursos diferenciados y facilitar el seguimiento de determinados procesos de aprendizaje. Pero ninguna de esas funciones elimina la responsabilidad pedagógica de interpretar las necesidades de los estudiantes y tomar decisiones contextualizadas.
Enseñar supone comprender situaciones humanas que no pueden reducirse a patrones estadísticos. Las trayectorias personales, las relaciones entre compañeros, las condiciones familiares, las emociones y los procesos de desarrollo requieren sensibilidad, experiencia y juicio profesional.
El docente no debería convertirse en un operador de recomendaciones automatizadas, sino en un profesional con mayores capacidades para diseñar, acompañar y evaluar experiencias educativas.
Para alcanzar ese objetivo, la formación docente debe incluir conocimientos técnicos, fundamentos pedagógicos, criterios éticos y oportunidades reales de experimentación.
También es indispensable que las instituciones educativas establezcan reglas claras sobre protección de datos, responsabilidades y utilización de plataformas externas.
La soberanía educativa frente a las grandes plataformas
El 13 de octubre, el presidente Yamandú Orsi mantuvo una reunión con Ben Gomes, directivo de Google, en la que participaron autoridades de Ceibal y se abordaron cuestiones relacionadas con inteligencia artificial y educación.
El encuentro muestra el interés que despierta la experiencia uruguaya en empresas tecnológicas internacionales. Esa cooperación puede contribuir a la investigación, el desarrollo de herramientas y el intercambio de conocimientos.
Pero también plantea una responsabilidad estratégica.
Uruguay debe conservar la capacidad de definir sus objetivos educativos, seleccionar tecnologías conforme a sus necesidades y establecer condiciones transparentes para el tratamiento de la información.
La cooperación con empresas privadas no implica necesariamente dependencia. Esta aparece cuando las instituciones pierden la posibilidad de comprender, evaluar, sustituir o controlar las soluciones que utilizan.
Una política de soberanía educativa requiere capacidades técnicas propias, evaluación independiente, formación profesional y mecanismos que reduzcan la dependencia de proveedores específicos.
También exige que las decisiones sobre contenidos, evaluación y trayectorias de aprendizaje permanezcan bajo responsabilidad institucional y humana.
La posición de LIBERTAS
LIBERTAS sostiene que la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer las capacidades educativas.
Pero esa oportunidad solamente se concretará si su incorporación responde a finalidades pedagógicas y no a una lógica de adopción tecnológica por sí misma.
Uruguay posee condiciones para desarrollar una experiencia relevante a escala internacional. Su trayectoria en políticas digitales educativas constituye una base importante, pero no sustituye la necesidad de evaluar resultados, corregir errores y establecer garantías.
La educación del futuro no puede limitarse a formar usuarios competentes de plataformas inteligentes. Debe formar personas capaces de comprenderlas, cuestionarlas y decidir cuándo utilizarlas.
Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que las máquinas responden todas las preguntas, sino aquella en la que las personas conservan la capacidad y la voluntad de formular las suyas.
AMÉRICA LATINA
LA CALLE TAMBIÉN ES PARTE DE LA DEMOCRACIA
Colombia y la frontera entre seguridad pública, protesta ciudadana y abuso de poder
Colombia enfrenta este 14 de octubre una jornada de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales, docentes, comunidades indígenas y sectores políticos críticos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Las manifestaciones anunciadas incluyen concentraciones en Bogotá y otras ciudades, con reivindicaciones relacionadas con la educación, la atención sanitaria de los docentes, la reconstrucción de centros educativos afectados por el terremoto de agosto y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades indígenas.
La convocatoria se desarrolla en un contexto de creciente controversia sobre las políticas gubernamentales de seguridad y las modificaciones a los protocolos de actuación policial frente a manifestaciones públicas.
El Ejecutivo sostiene que necesita mecanismos para proteger la circulación, prevenir hechos violentos y evitar que los bloqueos comprometan el acceso a servicios esenciales. Organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores advierten, por su parte, que determinadas disposiciones podrían ampliar excesivamente la discrecionalidad policial.
La controversia adquiere especial relevancia porque Colombia conserva una memoria reciente de enfrentamientos durante protestas, denuncias de uso excesivo de la fuerza y graves violaciones de derechos humanos.
Al momento de esta publicación, corresponde distinguir las movilizaciones convocadas de sus resultados efectivos. La existencia de una protesta anunciada no permite anticipar incidentes, represión ni comportamientos de sus participantes.
La protesta no es una concesión del gobierno
En una democracia constitucional, el derecho a manifestarse constituye una expresión de la libertad política.
Los ciudadanos no necesitan compartir las posiciones del gobierno para ejercerlo. Tampoco corresponde exigirles adhesión a determinadas organizaciones o partidos.
La protesta permite expresar demandas que pueden no encontrar respuestas suficientes mediante los mecanismos institucionales ordinarios. También puede contribuir a visibilizar problemas sociales y exigir explicaciones a quienes ejercen responsabilidades públicas.
Su legitimidad no depende de que las reivindicaciones resulten convenientes para el Ejecutivo.
La libertad de reunión y expresión debe protegerse tanto cuando las manifestaciones respaldan a un gobierno como cuando cuestionan sus decisiones.
Ese principio tiene especial importancia en sociedades políticamente polarizadas, donde existe la tendencia a interpretar las protestas como legítimas o ilegítimas según la identidad de quienes participan.
Una República no puede permitir que los derechos constitucionales cambien de significado cada vez que cambia la mayoría política.
El Estado también debe proteger los derechos de terceros
Reconocer la legitimidad de la protesta no implica desconocer las responsabilidades de las autoridades frente a hechos violentos.
Los gobiernos tienen la obligación de proteger la integridad de las personas, garantizar servicios esenciales y responder ante conductas que vulneren derechos.
La libertad de manifestación no autoriza agresiones, destrucción de bienes ni amenazas contra quienes no participan.
Sin embargo, la existencia de esas responsabilidades tampoco permite tratar toda concentración pública como un problema de seguridad.
Las medidas de intervención deben distinguir entre participantes pacíficos y personas que cometen actos violentos. También deben responder a criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Una política que equipare automáticamente los bloqueos, las manifestaciones y las conductas terroristas corre el riesgo de desdibujar diferencias jurídicas esenciales.
Por eso las disposiciones concretas del denominado Estatuto Antiterrorista y de los nuevos protocolos policiales deben ser examinadas cuidadosamente.
No basta con que una norma invoque la protección del orden público. Debe establecer límites claros a las facultades de las autoridades y prever mecanismos efectivos para investigar posibles abusos.
El peligro de convertir el desacuerdo en una amenaza
La historia política latinoamericana demuestra que el lenguaje de la seguridad puede utilizarse legítimamente para enfrentar delitos y violencia, pero también ha servido para justificar restricciones arbitrarias a la oposición.
El riesgo aparece cuando las autoridades consideran que cuestionar al gobierno constituye, por sí mismo, una conducta sospechosa.
La crítica política puede resultar severa, incómoda e incluso injusta. Su existencia, sin embargo, forma parte de las condiciones normales de una democracia.
Los gobiernos disponen de herramientas institucionales para responder a esas críticas: explicar sus decisiones, presentar información, debatir públicamente y someter sus políticas al control parlamentario y judicial.
El uso de la fuerza no debe sustituir esos mecanismos.
La protesta social tampoco puede convertirse en un instrumento para desconocer sistemáticamente las libertades de quienes no participan. La convivencia democrática exige que todos los derechos sean considerados.
Educación, comunidades indígenas y representación
La presencia de organizaciones docentes e indígenas en las movilizaciones introduce cuestiones que exceden la discusión policial.
Los reclamos vinculados con infraestructura escolar, condiciones laborales y atención sanitaria deben ser examinados por su contenido y no solamente por la orientación política de sus promotores.
De igual manera, las demandas de comunidades indígenas requieren considerar los derechos territoriales, los mecanismos de consulta y las obligaciones del Estado.
Una democracia de calidad no se limita a garantizar elecciones periódicas. También debe mantener canales efectivos para que distintos sectores sociales puedan expresar sus necesidades y participar en decisiones que los afectan.
Cuando esos mecanismos se debilitan, la conflictividad puede aumentar.
El desafío institucional consiste en responder mediante diálogo, negociación y procedimientos jurídicos, sin renunciar a las obligaciones legítimas de seguridad.
La posición de LIBERTAS
LIBERTAS defiende el derecho de los ciudadanos colombianos a manifestarse pacíficamente y a cuestionar las decisiones de su gobierno.
Ese respaldo no supone adhesión a todas las reivindicaciones de los convocantes ni aceptación de conductas violentas.
Del mismo modo, reconocer la responsabilidad estatal de mantener el orden público no significa otorgar a las autoridades facultades ilimitadas para restringir derechos.
La legitimidad de una política de seguridad depende de sus fundamentos, sus procedimientos y sus resultados, especialmente cuando afecta libertades constitucionales.
Colombia necesita instituciones capaces de escuchar el desacuerdo, proteger a quienes protestan pacíficamente y actuar con proporcionalidad frente a quienes cometan delitos.
La democracia no se demuestra cuando todos están de acuerdo con el gobierno. Se demuestra cuando quienes discrepan pueden expresarlo sin temor y cuando las autoridades aceptan que su poder tiene límites.
MUNDO
EL PERIODISMO NO NECESITA LA APROBACIÓN DEL PRESIDENTE
La Justicia estadounidense vuelve a establecer límites al poder político frente a la libertad de prensa
Una decisión judicial adoptada el 13 de octubre en Estados Unidos ha reafirmado una garantía fundamental de la democracia constitucional: el gobierno no puede utilizar arbitrariamente sus facultades administrativas para perjudicar a medios de comunicación por el contenido de sus publicaciones.
El juez federal Timothy Kelly dictó una medida cautelar que mantiene el acceso a la Casa Blanca de periodistas pertenecientes a CNN, MS NOW y Politico, después de que la administración del presidente Donald Trump intentara retirarles sus acreditaciones.
La controversia comenzó en septiembre, cuando Trump cuestionó públicamente la cobertura de esos medios y dispuso restricciones a su acceso a las instalaciones presidenciales.
Las organizaciones periodísticas recurrieron a la Justicia argumentando que la medida constituía una represalia por sus posiciones editoriales y vulneraba garantías de libertad de expresión y debido proceso.
La administración defendió sus decisiones invocando preocupaciones sobre la veracidad de determinadas publicaciones y cuestiones relacionadas con la seguridad.
El juez consideró que los medios demandantes tienen probabilidades de prosperar en sus reclamos constitucionales y dispuso mantener su acceso mientras continúa el proceso.
La resolución no constituye una sentencia definitiva. Tampoco implica que los periodistas estén exentos de cumplir reglas legítimas de seguridad.
Su importancia reside en que establece un límite provisional al ejercicio de una facultad presidencial cuando existen indicios suficientes de discriminación por las opiniones expresadas.
La libertad de prensa no depende de la simpatía del gobernante
El periodismo desempeña una función esencial en las sociedades democráticas: investigar, informar, cuestionar y permitir que los ciudadanos conozcan decisiones que afectan sus vidas.
Esa función puede producir tensiones con los gobiernos.
Las investigaciones periodísticas pueden revelar errores administrativos, conflictos de intereses, contradicciones políticas y conductas que las autoridades preferirían mantener fuera del debate público.
También pueden contener equivocaciones, interpretaciones discutibles o coberturas sesgadas.
La libertad de prensa no exige considerar correctas todas las publicaciones. Los gobernantes conservan el derecho a criticarlas, responderlas y acudir a los mecanismos legales correspondientes cuando existan fundamentos.
Pero existe una diferencia decisiva entre cuestionar una noticia y utilizar las atribuciones del Estado para perjudicar a quien la publica.
Cuando el acceso a información institucional depende de la orientación editorial de un medio, la capacidad de fiscalización pública comienza a quedar condicionada por quienes deben ser fiscalizados.
La acreditación periodística como instrumento de poder
Las instalaciones presidenciales requieren procedimientos de seguridad y mecanismos de acreditación. Es razonable que las autoridades establezcan condiciones para el ingreso de periodistas y otras personas.
Sin embargo, esas reglas deben aplicarse mediante criterios objetivos y compatibles con las garantías constitucionales.
La acreditación no debería convertirse en un premio por publicar noticias favorables ni en un castigo por desarrollar investigaciones críticas.
Si un gobierno puede excluir selectivamente a medios incómodos, puede alterar las condiciones en las que la sociedad recibe información sobre sus decisiones.
El problema no afecta exclusivamente a las organizaciones excluidas.
También perjudica a los ciudadanos, porque reduce la diversidad de fuentes disponibles y puede desalentar la investigación periodística independiente.
La existencia de mecanismos judiciales para revisar esas decisiones constituye, por tanto, una garantía que trasciende los intereses particulares de las empresas periodísticas.
La importancia de una Justicia independiente
Un aspecto relevante del caso es que Timothy Kelly fue designado juez federal durante una administración anterior de Donald Trump.
Ese antecedente no demuestra por sí solo independencia judicial, pero recuerda que la función de un magistrado no consiste en responder políticamente a quien participó en su designación.
En un sistema republicano, los jueces deben resolver controversias conforme al derecho, incluso cuando sus decisiones afectan a las autoridades responsables de sus nombramientos.
La separación de poderes no elimina los conflictos institucionales. Establece procedimientos para resolverlos sin que una sola autoridad concentre la decisión final.
La medida cautelar dictada en este caso permite que los periodistas mantengan sus acreditaciones mientras se examinan los fundamentos de la controversia.
Su carácter provisional debe ser respetado. El proceso judicial continuará y las partes conservarán sus posibilidades de defensa.
Precisamente allí reside una de las diferencias fundamentales entre el Estado de derecho y el ejercicio arbitrario del poder: las decisiones pueden ser impugnadas y revisadas por autoridades independientes.
La prensa también tiene responsabilidades
Defender la libertad periodística no significa desconocer las obligaciones profesionales de los medios.
La precisión informativa, la verificación de fuentes, la rectificación de errores y la diferenciación entre noticias y opiniones constituyen exigencias esenciales para conservar la confianza pública.
La libertad de prensa necesita responsabilidad editorial, pero esa responsabilidad no puede ser impuesta mediante represalias políticas.
La respuesta a una publicación incorrecta debe desarrollarse mediante mecanismos compatibles con la ley y las garantías constitucionales.
Los gobiernos tienen derecho a defender sus actuaciones. No tienen derecho a establecer un sistema de acceso privilegiado para quienes los elogian y de restricciones para quienes los cuestionan.
El principio debe aplicarse independientemente de la orientación ideológica de los medios y de los gobernantes.
La posición de LIBERTAS
LIBERTAS considera que la independencia de la prensa constituye una garantía indispensable para el funcionamiento de la República.
La crítica periodística puede resultar incómoda, pero esa incomodidad no constituye una razón legítima para restringir derechos.
El poder político dispone de recursos institucionales, capacidad de comunicación y una posición de influencia que hacen especialmente importante preservar mecanismos de fiscalización independientes.
La decisión judicial estadounidense recuerda que las garantías constitucionales deben mantenerse precisamente cuando su aplicación contradice los intereses inmediatos de quienes gobiernan.
Una prensa que necesita la aprobación del presidente para investigar al presidente deja de ser verdaderamente independiente. Y una República sin periodismo independiente pierde una de sus principales defensas frente al abuso de poder.
TRES MIRADAS. UNA MISMA LIBERTAD
Las noticias de Uruguay, Colombia y Estados Unidos permiten identificar tres condiciones fundamentales de una ciudadanía libre: autonomía intelectual, capacidad de disentir y acceso a información independiente.
La primera comienza en la educación. Una sociedad que incorpora inteligencia artificial sin desarrollar pensamiento crítico corre el riesgo de confundir abundancia de información con conocimiento y respuestas automatizadas con comprensión.
La segunda se manifiesta en la vida pública. Los ciudadanos deben poder expresar desacuerdos, organizarse y reclamar cambios sin que el ejercicio pacífico de esos derechos sea tratado como una amenaza.
La tercera depende de la existencia de medios capaces de investigar al poder sin sufrir discriminaciones por su orientación editorial.
Estas garantías se relacionan profundamente. Sin educación para pensar, la ciudadanía encuentra mayores dificultades para evaluar la información. Sin libertad para manifestarse, las opiniones críticas pierden una vía fundamental de expresión. Sin periodismo independiente, disminuyen las posibilidades de conocer y cuestionar las decisiones gubernamentales.
La defensa de la libertad requiere, por tanto, una mirada integral.
No alcanza con proteger formalmente los derechos si las condiciones materiales e institucionales para ejercerlos se deterioran. Tampoco alcanza con invocar la democracia cuando las autoridades pretenden determinar qué conocimientos deben aceptarse, qué críticas pueden expresarse o qué periodistas merecen acceder a la información.
La calidad democrática se mide, en buena parte, por el trato que las instituciones dispensan a quienes cuestionan sus decisiones.
DECLARACIÓN LIBERTAS
«La libertad comienza en la conciencia de cada persona, se expresa en su derecho a disentir y se fortalece mediante el acceso a información independiente. Ningún gobierno debe temer a una ciudadanía que piensa, ninguna autoridad puede considerar enemiga a una sociedad que protesta pacíficamente y ningún presidente tiene derecho a exigir obediencia editorial a quienes investigan su gestión. La educación debe formar criterio, las instituciones deben garantizar derechos y la prensa debe poder fiscalizar al poder sin represalias. Porque una República no se define por la comodidad de sus gobernantes, sino por las libertades que garantiza incluso a quienes los cuestionan. Allí donde pensar, disentir e informar requieren permiso, la democracia comienza a perder su verdadero significado».
LIBERTAS — En defensa de la Libertad, la Democracia y la República.