LIBERTAS · MITO, PODER Y REVOLUCIÓN · CAPÍTULO ESPECIAL
PANDO, 8 DE OCTUBRE DE 1969
La ciudad tomada, la democracia desafiada y las víctimas detrás de la leyenda
Una investigación sobre uno de los mayores operativos del MLN-Tupamaros antes de la dictadura. Sus objetivos revolucionarios, el copamiento de instituciones públicas, los asaltos bancarios, la respuesta policial y la disputa por la verdad histórica.
Investigación elaborada a partir de la obra de Roberto C. Velasco, contrastada con documentación estatal, testimonios de protagonistas, publicaciones de época y estudios históricos.
Una ciudad convertida en escenario de una operación revolucionaria
El 8 de octubre de 1969, aproximadamente cincuenta integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros ingresaron a Pando para ejecutar una operación armada contra instituciones de una ciudad uruguaya. Coparon dependencias policiales, interrumpieron comunicaciones, asaltaron bancos, retuvieron a civiles y se apoderaron de dinero. Todo ocurrió durante un gobierno constitucional, tres años y ocho meses antes del golpe de Estado.
La operación fue presentada posteriormente como una demostración de capacidad guerrillera. La organización procuró vincularla simbólicamente con Ernesto Che Guevara, capturado en Bolivia el 8 de octubre de 1967 y ejecutado al día siguiente.
Sin embargo, detrás de aquella acción convertida en episodio emblemático de la historia tupamara hubo una ciudad que no había elegido participar en una confrontación revolucionaria, trabajadores sorprendidos en sus lugares de empleo, empleados de una empresa funeraria privados de libertad y policías enfrentados a grupos armados.
También hubo muertos.
Carlos Burgueño, un civil ajeno a la organización, murió durante los acontecimientos. El sargento Enrique Fernández Díaz fue herido en los enfrentamientos posteriores y falleció el 19 de octubre. Tres integrantes del MLN-T —Ricardo Zabalza, Jorge Salerno y Alfredo Cultelli— murieron durante la retirada y persecución policial, en circunstancias sobre las cuales existen denuncias documentadas de ejecuciones después de su captura.
La magnitud de la operación no admite discusión: el MLN-T había trasladado su estrategia de robos y acciones clandestinas a una intervención armada coordinada contra varias instituciones de una misma ciudad.
Tampoco puede negarse que la respuesta policial impidió una retirada ordenada, produjo numerosas detenciones y representó un revés operativo importante para la organización.
Pero las responsabilidades concretas por las muertes requieren una distinción. La obra que sirve de base a este capítulo, Pando, una luz roja en el camino de la República: 8 de octubre de 1969 ¿victoria o derrota?, de Roberto C. Velasco, sostiene determinadas interpretaciones sobre los disparos que mataron a Burgueño y sobre los enfrentamientos durante la retirada. Otras investigaciones, incluidas las elaboradas por organismos oficiales uruguayos, aportan versiones diferentes.
La investigación de LIBERTAS debe incorporar esas diferencias porque la contundencia de un argumento histórico depende de la evidencia que puede sostenerlo.
La conclusión central, sin embargo, no depende de resolver cada controversia balística.
El MLN-T decidió ejecutar una operación armada ofensiva sobre una ciudad, contra instituciones y ciudadanos de un país que todavía conservaba un gobierno elegido democráticamente.
Ese hecho está acreditado por fuentes de distinta orientación, incluidas las propias memorias tupamaras.
1. El libro de Roberto C. Velasco: un aporte documental que merece ser leído y contrastado
La obra de Roberto C. Velasco aporta una perspectiva especialmente útil para esta investigación: reconstruye los sucesos desde el estudio de la organización de seguridad, la respuesta policial, las condiciones geográficas y el resultado operativo.
Velasco fue coronel del Ejército uruguayo y profesor de Historia Militar. Según su presentación biográfica, egresó de la Escuela Militar en 1971 y posteriormente se especializó en historia de los conflictos armados. Por tanto, no participó como oficial en los sucesos de Pando de 1969: su obra constituye una investigación retrospectiva.
El autor agradece expresamente la colaboración del coronel Ramón Albornoz, uno de los oficiales vinculados con la respuesta policial, y de Héctor Amodio Pérez, a quien identifica como coordinador de la operación tupamara.
Este detalle es relevante.
El libro no depende exclusivamente de una reconstrucción institucional externa. Incorpora información procedente de personas que ocuparon posiciones diferentes dentro de los acontecimientos.
Su enfoque, sin embargo, posee una perspectiva reconocible: privilegia la defensa del orden republicano, la actuación policial y el análisis militar de la operación. No corresponde tratar cada apreciación del autor como si fuera una conclusión judicial definitiva.
Precisamente por eso, la obra adquiere mayor valor al contrastarse con La toma de Pando: la revolución joven, de Rolando W. Sasso; con las Actas Tupamaras; con la documentación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y con la prensa publicada inmediatamente después del 8 de octubre.
Qué aporta el libro
Velasco organiza su investigación alrededor de los antecedentes políticos y económicos, las instituciones de seguridad, la formación del MLN-T, las acciones armadas anteriores, la operación en Pando y sus consecuencias.
Dedica especial atención al carácter limitado de los recursos disponibles para la Policía Nacional y a las dificultades de coordinación de los insurgentes.
Además, incorpora planos de la ciudad y de los principales lugares de enfrentamiento, entre las páginas impresas 149 y 152, materiales que resultan especialmente útiles para comprender la dimensión territorial de los hechos.
Su pregunta central —si Pando fue una victoria o una derrota— permite separar dos cuestiones que suelen confundirse: el resultado inmediato de la operación y la repercusión política que produjo.
La respuesta requiere examinar los acontecimientos antes de aceptar su posterior representación heroica.
2. Octubre de 1969: el país que existía antes de la toma
Cuando los tupamaros decidieron actuar en Pando, Uruguay atravesaba una situación de deterioro económico y creciente polarización.
Jorge Pacheco Areco ejercía la presidencia desde diciembre de 1967, tras la muerte de Óscar Diego Gestido. El país había restablecido la presidencia unipersonal mediante la reforma constitucional aprobada en 1966.
El gobierno utilizaba medidas prontas de seguridad y había adoptado decisiones restrictivas contra organizaciones y publicaciones políticas. La represión de manifestaciones y las muertes de estudiantes durante 1968 habían profundizado el enfrentamiento entre las autoridades y sectores de la oposición.
Nada de esto debe omitirse.
La investigación del período necesita reconocer que el funcionamiento de la democracia se estaba deteriorando y que existían restricciones importantes de derechos.
Pero el país no se encontraba todavía bajo la dictadura que comenzaría el 27 de junio de 1973.
El Parlamento continuaba funcionando y los partidos políticos mantenían participación institucional, aunque determinadas agrupaciones habían sido proscritas.
La diferencia es indispensable.
El MLN-T no ejecutó la toma de Pando para liberar una ciudad de una ocupación militar extranjera ni para recuperar un Parlamento disuelto por una dictadura.
La acción formaba parte de una estrategia revolucionaria desarrollada durante varios años.
El antecedente de 1967
En su Documento n.º 1, el MLN-T había defendido la lucha armada como instrumento central para alcanzar la revolución socialista.
Reconocía la existencia de un régimen representativo y de autoridades elegidas, pero consideraba que las instituciones existentes no permitirían realizar las transformaciones que pretendía.
Los sucesos de Pando deben leerse a la luz de ese proyecto.
La operación no fue una protesta espontánea ni una reacción inmediata frente a un acontecimiento aislado.
Fue planificada por una organización clandestina que había decidido desarrollar una confrontación con el Estado.
La fecha elegida
La selección del 8 de octubre tenía una intención simbólica.
Dos años antes, Ernesto Guevara había sido capturado en Bolivia. Su muerte y su figura se habían incorporado a la cultura política revolucionaria latinoamericana.
La operación pretendía producir un acontecimiento capaz de proyectar al movimiento dentro de esa tradición.
La ciudad elegida quedaría así asociada con una conmemoración revolucionaria internacional.
Desde la perspectiva de sus dirigentes, el gesto tenía valor propagandístico.
Desde la perspectiva de la ciudadanía de Pando, significaba que una organización había decidido convertir su localidad en escenario de una operación armada, por motivos que sus habitantes no habían elegido.
3. ¿Por qué Pando? La elección de una ciudad y no de un cuartel militar
Pando era una ciudad cercana a Montevideo, con actividad comercial, establecimientos industriales, instituciones públicas y sucursales bancarias.
Según Velasco, en 1969 tenía algo más de doce mil habitantes y aproximadamente 3.860 viviendas. El autor destaca que ofrecía vías de conexión con la capital, una estructura urbana relativamente compacta y una red financiera que manejaba recursos importantes para la zona.
La organización había evaluado otras localidades, entre ellas Minas y Libertad.
La selección de Pando respondió a consideraciones operativas: proximidad a Montevideo, concentración de objetivos, posibilidades de desplazamiento y condiciones de la ciudad.
No fue una elección casual.
El blanco era una comunidad real
La ciudad contaba con comisaría, destacamento de bomberos, central telefónica, bancos, servicios educativos y comercios.
Sus habitantes desarrollaban actividades ordinarias.
No se encontraban participando en una guerra declarada.
La operación alteró violentamente esa vida cotidiana.
El MLN-T pretendía demostrar que podía intervenir simultáneamente en varias instituciones, neutralizar a las autoridades locales y retirarse después de obtener recursos.
El objetivo no consistía en administrar permanentemente el municipio ni en establecer un gobierno alternativo duradero.
Se trataba de una ocupación breve destinada a exhibir capacidad militar y producir repercusión política.
Velasco señala explícitamente que la ocupación permanente de la ciudad no formaba parte del objetivo. El propósito era una intervención limitada en el tiempo.
Esta distinción resulta importante para interpretar el propio nombre del acontecimiento.
La expresión toma de Pando terminó consolidándose en el lenguaje histórico, pero puede sugerir un dominio territorial más amplio y prolongado que el realmente alcanzado.
Los tupamaros lograron copar temporalmente instituciones y ejecutar asaltos. No conquistaron ni gobernaron Pando.
La diferencia no disminuye la gravedad de lo ocurrido.
Permite describirlo con precisión.
4. El cortejo fúnebre: una operación que comenzó engañando a trabajadores civiles
Uno de los episodios más conocidos fue el empleo de un cortejo funerario para trasladar participantes de la operación.
Los integrantes del MLN-T contrataron servicios de la empresa funeraria Martinelli.
El relato presentado a la empresa consistía en trasladar los restos de un supuesto fallecido hacia la zona de Soca.
La comitiva incluía una carroza y varios automóviles.
Algunos participantes representaban familiares del difunto. Uno de ellos se presentó vestido como sacerdote.
La maniobra ha sido recordada frecuentemente por su originalidad.
Pero su dimensión real fue más grave que una simple representación teatral.
Los empleados no estaban participando voluntariamente
Los choferes y el personal de la empresa funeraria desarrollaban una actividad laboral legítima.
No habían contratado sus servicios para intervenir en una operación revolucionaria.
Velasco relata que, durante el desplazamiento, los integrantes del movimiento redujeron a siete empleados y los mantuvieron bajo control, mientras utilizaban los vehículos para continuar la operación.
La reconstrucción publicada en Cuestión en octubre de 1971, favorable al MLN-T, también refiere la reducción y retención de los trabajadores de la funeraria. Esta coincidencia entre fuentes de orientaciones distintas permite establecer el carácter coercitivo de la maniobra. Sitios de Memoria
En el libro de Velasco se describen las dificultades producidas por la capacidad de los vehículos y la necesidad de trasladar a los empleados retenidos a una camioneta.
Lo importante no es convertir esos inconvenientes en anécdotas pintorescas.
El hecho es que trabajadores civiles fueron utilizados como parte de un operativo armado y privados de libertad durante su ejecución.
La diferencia entre audacia y legitimidad
El engaño permitió acercar participantes a los objetivos sin despertar sospechas inmediatas.
Desde una perspectiva operativa, fue un recurso de encubrimiento.
Pero su eficacia no elimina la responsabilidad por lo ocurrido con los trabajadores.
La retención coercitiva de personas ajenas a la organización no puede transformarse en un acto de justicia por el hecho de estar relacionada con un proyecto revolucionario.
La posterior celebración del cortejo como símbolo de ingenio guerrillero resulta incompleta cuando omite a las personas que prestaban un servicio funerario y terminaron involucradas involuntariamente en una acción armada.
Esta es una de las distinciones que LIBERTAS debe recuperar.
Una acción puede ser ingeniosa y, al mismo tiempo, constituir una vulneración grave de derechos.
5. El operativo: una intervención simultánea contra las instituciones de la ciudad
Alrededor de las 13 horas, los distintos grupos comenzaron a desarrollar las acciones previstas.
Las reconstrucciones coinciden en los principales objetivos: la comisaría, el destacamento de bomberos, la central telefónica y tres entidades bancarias.
Las fuentes discrepan sobre la denominación de una de las instituciones financieras. Velasco identifica las sucursales del Banco República, Banco Pan de Azúcar y Banco de Pando. Otras reconstrucciones mencionan al Banco La Caja Obrera en lugar de este último. Esa diferencia debe contrastarse con los registros bancarios y la prensa de 1969; no altera el hecho acreditado de que se realizaron tres asaltos coordinados.
La comisaría
Los integrantes del movimiento ingresaron utilizando diferentes pretextos.
Velasco describe la presencia de personas que simulaban realizar consultas y denuncias, junto con participantes que vestían uniformes militares.
Una vez dentro, los atacantes redujeron a funcionarios y procuraron neutralizar las comunicaciones.
El sargento Venancio Olivera intentó resistir y resultó herido.
El autor relata que varios policías fueron encerrados en los calabozos junto con un detenido que ya se encontraba en la dependencia.
Este episodio muestra algo que la palabra copamiento puede diluir.
La comisaría no fue transferida mediante una decisión institucional. Fue ocupada por personas armadas que sometieron a funcionarios públicos.
Se trató de una acción contra una dependencia encargada de la seguridad de los ciudadanos.
No correspondía a la defensa inmediata frente a una agresión que estuviera ocurriendo contra los participantes.
Era uno de los objetivos previamente seleccionados por la organización.
La respuesta de un ciudadano: Walter Dugoys
Uno de los detalles más valiosos del libro de Velasco es la actuación de Walter Dugoys.
Según la reconstrucción del autor, Dugoys tomó conocimiento de la gravedad de lo ocurrido y se desplazó en un ómnibus hasta las proximidades del laboratorio Rubino, donde se encontraba personal de Policía Caminera.
Su aviso contribuyó a que la información sobre el copamiento llegara a las fuerzas de seguridad.
Velasco recoge este episodio dentro de su reconstrucción de las fallas que afectaron al plan del MLN-T.
La actuación de Dugoys ofrece una perspectiva distinta de la historia.
No era un dirigente nacional ni uno de los responsables de la operación.
Era un ciudadano que, ante una situación extraordinaria, procuró alertar a las autoridades.
Este tipo de protagonistas permite recuperar la dimensión civil de Pando, habitualmente subordinada a los relatos sobre guerrilleros y policías.
La central telefónica
Otro grupo procuró interrumpir las comunicaciones de la ciudad.
El objetivo era dificultar que las autoridades recibieran alertas y coordinaran su respuesta.
La intervención sobre un servicio público afectaba potencialmente a personas que no tenían relación con el conflicto.
El servicio telefónico no era una instalación militar enemiga.
Era infraestructura de uso social.
La interrupción de comunicaciones formaba parte de la operación destinada a asegurar el éxito de los asaltos.
Los bomberos
El destacamento de bomberos también fue ocupado.
Su inclusión dentro del plan respondió a la proximidad con la comisaría y a la intención de neutralizar dependencias desde las cuales pudiera producirse una reacción.
Pero los bomberos cumplían una función pública de protección civil.
La ocupación armada de sus instalaciones constituye otro ejemplo de la ampliación de los objetivos insurgentes hacia servicios de la comunidad.
Los bancos
Los grupos destinados a las instituciones financieras ingresaron armados, redujeron a empleados y clientes y se apoderaron de dinero.
Velasco describe la retención de numerosos civiles dentro de los locales.
En la sucursal del Banco República, identifica a Raúl Sendic entre los participantes.
Según su reconstrucción, la operación incluyó el uso de uniformes policiales y la apropiación de dinero de las cajas.
El autor también menciona un disparo accidental efectuado por una integrante del grupo, que hirió a su compañero Fernán Pucurull.
Ese episodio generó dificultades adicionales para la retirada y obligó a activar recursos de asistencia preparados por la organización.
La complejidad logística es relevante para comprender la magnitud de la planificación.
Pero el hecho central no debe quedar oculto: los bancos fueron asaltados por una organización armada y sus trabajadores y clientes quedaron sometidos a una situación coercitiva que no habían provocado.
El dinero: una finalidad concreta
La operación tenía objetivos políticos y propagandísticos.
También buscaba financiación.
No era únicamente un acto simbólico para homenajear a Guevara.
La obtención de recursos constituía una finalidad material explícita.
Las fuentes coinciden en la apropiación de una suma importante, aunque presentan diferencias sobre las cantidades exactas y su equivalencia en dólares.
Por ese motivo, no resulta prudente convertir cifras divergentes en una única cantidad definitiva.
Lo que sí está acreditado es que el MLN-T se apoderó de dinero de varias entidades bancarias y que una parte fue recuperada durante las operaciones posteriores.
La palabra expropiación, utilizada por los revolucionarios, no elimina la naturaleza de esos asaltos.
El movimiento no había recibido autoridad democrática para disponer de los fondos de los bancos.
Tampoco tenía facultades legales para imponer mediante armas una transferencia de recursos a su estructura clandestina.
El destino político del dinero no convierte un robo en una expropiación legítima.
6. Carlos Burgueño: la muerte de un ciudadano que no había elegido esa confrontación
LA VÍCTIMA CIVIL Y LA CONTROVERSIA SOBRE LA AUTORÍA DEL DISPARO
Carlos Burgueño murió en Pando el 8 de octubre de 1969, en medio de los enfrentamientos producidos durante la retirada de los asaltantes.
Era un trabajador ajeno al operativo.
Su familia acababa de recibir el nacimiento de un hijo.
Mientras los tupamaros desarrollaban su acción, Burgueño quedó expuesto a los disparos en la vía pública.
Su muerte es uno de los acontecimientos más dolorosos de aquella jornada y uno de los que merecen mayor cuidado documental.
Lo que sostiene Roberto C. Velasco
En la página impresa 143 de su libro, Velasco atribuye el disparo mortal a integrantes del MLN-T.
Su reconstrucción sitúa a Burgueño detrás de un funcionario policial que intentaba detener a los asaltantes.
El autor rechaza expresamente la versión que responsabiliza a los disparos policiales.
La afirmación es contundente.
Pero presenta un problema: otras fuentes relevantes sostienen una interpretación diferente.
La investigación y las versiones contrapuestas
El archivo de Sitios de Memoria afirma que Burgueño murió por una bala policial durante los acontecimientos. Sitios de Memoria Uruguay
Rolando Sasso, autor de una investigación ampliamente utilizada sobre la toma de Pando, sostuvo posteriormente que existía una pericia balística favorable a esa interpretación. En una publicación de 2012 expresó que la atribución de responsabilidad individual requería considerar esa evidencia. archivompp.org.uy
Estas fuentes no eliminan automáticamente la versión de Velasco.
Pero impiden presentarla como una conclusión definitivamente establecida.
Para determinar de manera concluyente el origen del disparo sería necesario contar con el informe balístico original y las actuaciones judiciales correspondientes.
El propio hecho de que exista una controversia tan persistente demuestra por qué una investigación republicana no debe convertir una interpretación en sentencia.
Lo que no está en discusión
Burgueño murió durante una operación armada deliberadamente ejecutada por el MLN-T.
Su muerte ocurrió en un contexto de tiroteos desencadenados alrededor de los asaltos.
No participaba de la organización ni había elegido tomar parte en los acontecimientos.
Estas afirmaciones no dependen de determinar qué arma disparó el proyectil mortal.
La responsabilidad por haber decidido realizar el operativo y exponer a una ciudad a una confrontación armada corresponde a quienes lo organizaron y ejecutaron.
La eventual responsabilidad penal por el disparo concreto es una cuestión distinta y exige evidencia individualizada.
Esta diferencia fortalece el análisis: permite cuestionar una acción violenta sin adjudicar una autoría balística que las fuentes no resuelven de manera uniforme.
La búsqueda de justicia de la familia
Décadas después, un hijo de Burgueño presentó una denuncia para investigar responsabilidades vinculadas con los acontecimientos.
En septiembre de 2012, la Justicia archivó la denuncia. Según la información publicada entonces, la Fiscalía entendió que la eventual infracción común estaba prescripta y que la legislación invocada sobre delitos de lesa humanidad no podía aplicarse retroactivamente al caso. EL PAIS
La decisión de archivo no resolvió por sí sola la controversia histórica sobre la procedencia de la bala.
Tampoco constituye una negación de la muerte de Burgueño.
Su familia forma parte de la memoria de los hechos y merece ser incluida en la investigación, con independencia de las diferencias políticas entre quienes han interpretado el episodio.
La víctima no desaparece porque exista una controversia sobre el arma que produjo su muerte.
7. Enrique Fernández Díaz: el policía herido en la respuesta al operativo
El sargento Enrique Fernández Díaz participó en la respuesta policial durante los sucesos vinculados con la retirada de los tupamaros.
Fue herido y falleció el 19 de octubre de 1969.
La fecha está confirmada por el registro oficial de funcionarios fallecidos del Ministerio del Interior. MI
Velasco señala que Fernández Díaz tenía dos hijos y que permaneció once días con vida después de recibir las heridas.
La muerte de este funcionario merece un lugar propio dentro de la historia.
No fue un elemento secundario en una operación guerrillera.
Era un servidor público que intervino frente a una acción armada.
La función policial en octubre de 1969
En aquel momento, la respuesta a las operaciones del MLN-T correspondía principalmente a la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas todavía no habían asumido el papel que tendrían en la confrontación posterior.
Velasco dedica un capítulo de su obra a las condiciones de las unidades policiales, sus medios de transporte, equipos de comunicación y limitaciones materiales.
Su reconstrucción destaca la importancia de la coordinación entre Radio Patrulla, Policía Caminera y las unidades de reacción.
Las instituciones estaban respondiendo a una forma de delincuencia organizada con objetivos políticos y capacidad armada.
La protección de los ciudadanos y la persecución de delitos eran funciones legítimas del Estado.
Pero esa legitimidad debía ejercerse respetando los derechos de las personas detenidas y las garantías legales.
La memoria de quienes cumplieron funciones públicas
En algunos relatos sobre Pando, la identidad de los funcionarios policiales aparece subordinada a la historia de los guerrilleros.
El sargento Fernández Díaz debe ser recordado con su nombre, su condición de funcionario y las circunstancias de su muerte.
La recuperación de esa memoria no exige negar las irregularidades o los abusos que pudieron cometer otros agentes.
Reconocer el servicio prestado por una persona no significa conceder inmunidad histórica a toda una institución.
Significa restituir una identidad que forma parte del acontecimiento.
8. La retirada: cuando la operación dejó de responder al plan
El operativo se desarrolló durante un período relativamente breve.
Sin embargo, la retirada presentó dificultades importantes.
Los vehículos disponibles no fueron suficientes para resolver todas las necesidades previstas.
Algunos resultaron dañados y otros debieron abandonarse.
El herido Fernán Pucurull requirió asistencia.
La redistribución de participantes y materiales alteró los desplazamientos.
Estos inconvenientes contribuyeron a que la respuesta policial alcanzara a parte de los grupos que intentaban escapar.
La reacción de las autoridades
Velasco destaca que la información transmitida desde Pando permitió activar mecanismos de reacción.
Los efectivos policiales comenzaron a intervenir en las rutas y caminos por los que podían desplazarse los asaltantes.
La persecución se extendió hacia zonas rurales y suburbanas próximas a Montevideo.
La documentación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente confirma la participación de distintas unidades policiales, incluidas Radio Patrulla y las Guardias Metropolitana y Republicana, así como la utilización de medios aéreos en las operaciones de búsqueda. Gub.uy
El fracaso de la retirada conjunta
La organización pretendía abandonar el lugar de manera coordinada.
Pero la presión policial y las dificultades de transporte produjeron una dispersión de participantes.
Algunos consiguieron escapar.
Otros fueron detenidos.
Tres integrantes del movimiento murieron durante las operaciones de persecución.
Velasco registra dieciséis detenciones inmediatas y tres tupamaros muertos, mientras otras fuentes contabilizan dieciocho personas capturadas, según el momento y el alcance temporal considerado.
La diferencia no modifica el resultado principal: la retirada fue desorganizada y una parte importante de los participantes quedó fuera de acción.
Lo que demuestra el resultado operativo
El MLN-T logró intervenir simultáneamente sobre varios objetivos y apropiarse de recursos.
Pero no consiguió retirar ordenadamente a todos los participantes ni preservar la totalidad del dinero sustraído.
La respuesta policial frustró una parte considerable del plan.
Por eso, presentar Pando únicamente como una victoria militar de la guerrilla resulta incompatible con el desenlace documentado.
La operación mostró capacidades de coordinación inicial, pero también limitaciones importantes frente a la reacción estatal.
La cuestión posterior será cómo una acción con ese resultado pudo convertirse, dentro de determinados relatos políticos, en una referencia de triunfo revolucionario.
9. Ricardo Zabalza, Jorge Salerno y Alfredo Cultelli: las muertes que no pueden explicarse sin examinar la actuación policial
LA CONTROVERSIA SOBRE LAS EJECUCIONES DURANTE LA PERSECUCIÓN
Tres integrantes del MLN-T murieron durante la retirada de Pando: Ricardo Zabalza, Jorge Salerno y Alfredo Cultelli.
La obra de Velasco los presenta como fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Pero la documentación histórica oficial uruguaya recoge evidencias y denuncias que cuestionan esa descripción.
El archivo de Sitios de Memoria sostiene que los tres fueron asesinados después de rendirse o cuando ya no podían defenderse. Sitios de Memoria Uruguay
La investigación oficial sobre Alfredo Cultelli reúne documentación especialmente relevante.
Su ficha registra discrepancias entre la fecha de muerte atribuida por distintas fuentes y la que aparece en documentos de defunción. También incorpora testimonios sobre heridas recibidas cuando habría estado con los brazos levantados y referencias al estado del cuerpo después de su captura. Gub.uy
Una distinción que no admite concesiones
La participación en una organización armada no priva a una persona de sus derechos fundamentales.
Un militante que realiza un asalto puede ser detenido, investigado y juzgado.
Pero si se entrega, queda herido o está bajo control de las autoridades, no puede ser ejecutado.
La prohibición de matar a una persona que ya no representa una amenaza inmediata es un principio que no depende de la ideología del detenido.
Por eso, las denuncias sobre estas muertes deben formar parte de cualquier reconstrucción seria.
¿La documentación oficial resuelve toda la controversia?
Los archivos oficiales y las investigaciones citadas ofrecen elementos consistentes que justifican estudiar los hechos como posibles ejecuciones extrajudiciales.
En determinadas fichas, las muertes están clasificadas expresamente como responsabilidad estatal.
Este reconocimiento tiene un peso documental que no puede ignorarse.
Al mismo tiempo, la atribución individual de los disparos y la reconstrucción íntegra de cada secuencia requieren examinar los expedientes correspondientes.
La crítica a los métodos del MLN-T no necesita silenciar estos hechos.
Al contrario: si LIBERTAS afirma defender la República, debe exigir que el Estado actúe dentro de la legalidad incluso frente a quienes han decidido combatir sus instituciones mediante las armas.
La violencia insurgente no concede a los funcionarios públicos el derecho a ejecutar detenidos.
El MLN-T fue responsable de haber organizado el ataque armado. Los funcionarios que hubieran ejecutado a personas rendidas serían responsables de esos homicidios. Una responsabilidad no extingue la otra.
10. ¿Victoria o derrota? La pregunta que organiza el libro de Velasco
La principal contribución interpretativa de Roberto C. Velasco aparece cuando separa el resultado táctico del resultado estratégico.
La distinción es necesaria para comprender por qué Pando fue recordado de manera tan diferente por los protagonistas.
El resultado táctico
La operación consiguió sorprender inicialmente a las autoridades locales.
Los tupamaros ocuparon dependencias públicas, redujeron funcionarios y asaltaron bancos.
Pero la retirada fue desorganizada.
La Policía Nacional reaccionó y consiguió detener a numerosos participantes.
También recuperó parte del dinero y del armamento.
La organización sufrió pérdidas humanas y materiales.
Desde esta perspectiva, Velasco concluye que las fuerzas estatales obtuvieron una victoria táctica.
El análisis tiene fundamentos concretos.
La guerrilla no consiguió completar la retirada según sus previsiones y perdió parte importante de sus integrantes participantes.
La capacidad de ejecutar el golpe inicial no garantizó el resultado final.
El resultado estratégico
La conclusión de Velasco es más compleja en este plano.
Sostiene que, pese al fracaso de la retirada, la operación contribuyó a aumentar la notoriedad del MLN-T en Uruguay y en el exterior.
La organización pudo presentarse como una guerrilla capaz de intervenir sobre una ciudad.
Su imagen adquirió proyección dentro de determinados sectores revolucionarios.
El autor señala que esa notoriedad favoreció posteriormente el ingreso de nuevos militantes, aunque también produjo dificultades organizativas relacionadas con la expansión de la estructura clandestina.
Este razonamiento explica una aparente contradicción.
Una organización puede sufrir pérdidas importantes durante una operación y, simultáneamente, obtener beneficios propagandísticos.
Pero esos beneficios no convierten el hecho en una victoria militar.
Tampoco demuestran que la sociedad hubiera aprobado sus métodos.
La conclusión de LIBERTAS
La operación fue un éxito inicial de sorpresa, seguido de una derrota importante en la retirada, con una repercusión propagandística que permitió al movimiento construir una imagen de capacidad y audacia.
El análisis estratégico debe incorporar, además, una consecuencia que no depende de las interpretaciones de la propia organización.
El MLN-T había demostrado que estaba dispuesto a someter a instituciones y ciudadanos de una localidad a una acción armada coordinada para conseguir dinero, recursos y notoriedad.
Ese hecho agravaba la confrontación política y afectaba la seguridad de personas ajenas a las decisiones revolucionarias.
Desde una perspectiva republicana, constituye uno de los aspectos más graves de la jornada.
El problema no consiste en determinar si el episodio fue suficientemente espectacular.
Consiste en reconocer que una organización se atribuyó el derecho de utilizar una ciudad como escenario de un proyecto de conquista revolucionaria del poder.
11. La batalla posterior: cómo se construyó la memoria de Pando
Las operaciones armadas también producen relatos.
Los participantes explican sus objetivos, destacan sus logros y procuran conferir significado a sus pérdidas.
Las instituciones afectadas presentan sus propias reconstrucciones.
La prensa interpreta los acontecimientos según la información disponible y sus orientaciones editoriales.
Pando se convirtió rápidamente en objeto de esa disputa.
La mirada tupamara
La organización incorporó el acontecimiento a su memoria como demostración de capacidad revolucionaria.
La elección de la fecha, la coordinación inicial y la posibilidad de intervenir sobre una ciudad contribuyeron a esa representación.
Las muertes de Zabalza, Salerno y Cultelli adquirieron un significado central dentro de su memoria política.
Los materiales clandestinos posteriores presentaron la operación como un acontecimiento de importancia para la lucha revolucionaria.
La publicación de Cuestión de octubre de 1971 permite estudiar esa elaboración desde un registro cercano al movimiento.
Sin embargo, el propio relato heroico tiende a privilegiar la perspectiva de los militantes y a reducir el protagonismo de quienes fueron afectados por sus acciones.
La mirada de las fuerzas de seguridad
Las reconstrucciones institucionales destacaron la respuesta policial, las detenciones y la recuperación de recursos.
También presentaron la operación como prueba del peligro que representaba una organización clandestina armada.
La obra de Velasco se inscribe dentro de esta tradición interpretativa, aunque aporta investigación propia y testimonios procedentes de distintas posiciones.
Su valor consiste en permitir recuperar aspectos institucionales y materiales menos presentes en las memorias insurgentes.
Su límite aparece cuando determinadas atribuciones y valoraciones no son contrastadas suficientemente con documentación independiente.
La memoria de las víctimas civiles
La historia de Carlos Burgueño muestra una tercera perspectiva.
Su familia no necesitaba interpretar los acontecimientos como una victoria militar o como un éxito propagandístico.
Había sufrido una pérdida irreversible.
La persistencia de la búsqueda de justicia décadas después demuestra que la operación dejó consecuencias mucho más duraderas que los minutos durante los cuales se desarrollaron los asaltos.
Los empleados de Martinelli, los trabajadores bancarios y los habitantes que presenciaron los enfrentamientos pertenecen también a esta dimensión.
Sus experiencias deben ser recuperadas mediante testimonios y archivos.
La historia de Pando no puede quedar reducida a una controversia entre antiguos guerrilleros y antiguos funcionarios de seguridad.
Fue una experiencia vivida por una comunidad.
El riesgo de celebrar sin explicar
Conmemorar un acontecimiento histórico es una decisión legítima dentro de una sociedad plural.
Pero cuando una organización celebra una operación armada, corresponde examinar qué aspectos está recordando y cuáles quedan fuera.
Si el relato destaca únicamente la audacia, la organización y la solidaridad de los participantes, puede relegar los delitos cometidos contra instituciones y civiles.
Si la memoria institucional se limita a exaltar la respuesta policial, puede omitir las denuncias de ejecuciones de personas rendidas.
Ninguna de esas selecciones proporciona una historia completa.
Una memoria republicana necesita identificar acciones y responsabilidades sin subordinar los hechos a la identidad política de quienes los protagonizaron.
12. Pando y el deterioro de la democracia uruguaya
La toma de Pando ocurrió dentro de un proceso de confrontación política que se había intensificado durante la segunda mitad de los años sesenta.
El gobierno de Pacheco Areco ejercía medidas excepcionales.
Los conflictos sindicales y estudiantiles eran frecuentes.
La actuación policial y las restricciones de libertades recibían críticas importantes.
El MLN-T, por su parte, había ampliado su estructura clandestina y desarrollado operaciones armadas y de financiamiento.
La coexistencia de esos procesos no permite reducir la crisis a una sola causa.
La responsabilidad del movimiento insurgente
El MLN-T tomó la decisión de realizar un ataque coordinado sobre instituciones públicas y bancarias.
Esa decisión no fue adoptada por los ciudadanos de Pando.
Tampoco resultó de una autorización electoral.
Los dirigentes revolucionarios procuraban demostrar su capacidad de desafiar al Estado y desarrollar una estrategia de transformación política mediante la fuerza.
Por ello, corresponde atribuirles responsabilidad por la planificación y ejecución del operativo y por los actos que sus integrantes cometieron.
La responsabilidad del Estado
El gobierno y las instituciones de seguridad tenían la obligación de proteger a la población y perseguir los delitos.
Pero esa obligación debía ejercerse de conformidad con la Constitución y las leyes.
Las denuncias de ejecuciones durante la retirada de Pando deben ser estudiadas con la misma seriedad que los robos y actos coercitivos de la organización insurgente.
No son hechos intercambiables, pero todos requieren identificación de responsabilidades.
La relación con el golpe de Estado de 1973
La toma de Pando demuestra que existía violencia insurgente organizada varios años antes del golpe.
Este hecho contradice las interpretaciones que describen al MLN-T únicamente como una organización nacida para combatir la dictadura posterior.
Sin embargo, tampoco corresponde afirmar que la operación de Pando hizo inevitable la ruptura constitucional de 1973.
El golpe de Estado fue una decisión adoptada por actores estatales y políticos concretos, responsables de la destrucción del orden democrático.
La historia debe reconocer la secuencia sin convertirla en determinismo.
Que el MLN-T haya actuado contra instituciones constitucionales no concede legitimidad a quienes posteriormente las destruyeron desde el propio Estado.
La defensa de la República exige cuestionar ambos procesos.
13. Lo que Pando obliga a revisar
La investigación sobre Pando permite cuestionar varias interpretaciones instaladas en la memoria política.
La primera es la idea de que las operaciones tupamaras anteriores a 1973 pertenecieron exclusivamente al terreno de la propaganda simbólica.
El 8 de octubre de 1969 hubo apropiación de dinero, ocupación armada de dependencias públicas, retención de civiles y enfrentamientos con consecuencias mortales.
La segunda es la representación de una guerrilla cuya actividad estaba dirigida únicamente contra figuras abstractas de poder económico.
En Pando resultaron afectados empleados de una funeraria, trabajadores bancarios, funcionarios públicos y habitantes de la ciudad.
La tercera es la tendencia a evaluar los acontecimientos por la audacia de sus ejecutores.
La planificación puede resultar compleja y la maniobra ingeniosa.
Pero ninguna de esas características demuestra la legitimidad de sus métodos.
La cuarta es la idea de que una organización armada representa automáticamente a los sectores sociales cuyas demandas dice defender.
La existencia de desigualdades y conflictos laborales no significa que la ciudadanía hubiera autorizado la utilización de Pando como escenario de una operación revolucionaria.
Por último, la investigación muestra que la recuperación de las víctimas debe incluir identidades políticas diferentes.
Carlos Burgueño y Enrique Fernández Díaz tienen un lugar indispensable en esta historia.
También lo tienen Ricardo Zabalza, Jorge Salerno y Alfredo Cultelli cuando se examinan las denuncias de su ejecución durante la persecución.
La historia no debe decidir a quién reconocer como víctima según su pertenencia ideológica.
El día en que Pando dejó de ser solamente una ciudad
El 8 de octubre de 1969, Pando pasó a formar parte de la historia de la guerrilla urbana latinoamericana.
No porque sus habitantes hubieran decidido iniciar una revolución.
Tampoco porque allí se hubiera instalado un poder popular alternativo.
La ciudad adquirió ese lugar porque el MLN-T decidió intervenir sobre sus instituciones mediante una operación armada.
Los tupamaros prepararon el ataque, organizaron grupos, utilizaron un cortejo funerario para trasladar participantes, redujeron trabajadores civiles, coparon dependencias públicas y asaltaron bancos.
La operación produjo una respuesta policial que alteró la retirada prevista y terminó con numerosos detenidos y varios muertos.
El movimiento obtuvo notoriedad.
Pero el costo humano e institucional no desaparece detrás de esa repercusión.
La historia posterior transformó aquellos acontecimientos en relatos de audacia, sacrificio y confrontación.
También produjo versiones enfrentadas sobre las muertes y sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
La obra de Roberto C. Velasco permite comprender la importancia de la respuesta policial y ofrece una reconstrucción detallada de los objetivos y de las dificultades operativas.
Los testimonios tupamaros permiten acceder a las decisiones de quienes organizaron la acción.
Los archivos oficiales aportan información sobre los fallecidos, la actuación estatal y las controversias sobre los disparos.
La confrontación entre esas fuentes permite avanzar hacia una historia más completa.
Pero existe una conclusión que no depende de resolver todas las discrepancias.
Una organización revolucionaria decidió ocupar por la fuerza instituciones de una ciudad uruguaya, robar dinero y utilizar civiles dentro de su operación política. Lo hizo durante un régimen constitucional, antes de la dictadura.
Ese hecho debe ocupar un lugar central en cualquier reconstrucción de la historia del MLN-Tupamaros.
La causa revolucionaria que sus dirigentes defendían no convertía los asaltos en procedimientos democráticos.
La notoriedad alcanzada no otorgaba legitimidad a las acciones.
Y las transformaciones políticas posteriores de algunos de sus protagonistas no modifican lo ocurrido.
Tampoco puede utilizarse aquella acción para justificar actuaciones ilegales del Estado, ejecuciones de detenidos o la posterior destrucción de la República.
El criterio debe permanecer invariable.
Quienes actuaron mediante la violencia deben responder por sus decisiones.
Quienes ejercían funciones públicas debían respetar la ley.
Y las personas afectadas merecen ser recordadas con su identidad y sus circunstancias.
Pando no fue únicamente un enfrentamiento entre una guerrilla y la Policía.
Fue el momento en que una comunidad quedó involucrada, contra su voluntad, en una estrategia revolucionaria armada.
La gran pregunta histórica no es si los tupamaros consiguieron demostrar que podían tomar una ciudad durante unos minutos.
La pregunta es quién les había otorgado el derecho de hacerlo.