LIBERTAS | CENTRO DE ESTUDIOS · SERIE ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
MITO, PODER Y REVOLUCIÓN
La historia que ocurrió y la historia que nos contaron
CAPÍTULO 4 DE 10
Uruguay antes de la guerrilla: democracia, crisis social y radicalización política (1955–1963)
El país que dejó atrás la prosperidad, cambió de gobierno mediante el voto y comenzó a discutir si su futuro debía resolverse dentro o fuera de las instituciones.
Montevideo a mediados del siglo XX. El Uruguay que ingresaba en la crisis conservaba una extensa tradición institucional, una sociedad urbana y una cultura política fuertemente vinculada al ejercicio electoral.
La democracia que algunos comenzaron a considerar insuficiente
En 1958, los uruguayos cambiaron de gobierno mediante las urnas. Cinco años después, un grupo clandestino recurrió al robo de armas como parte de un proyecto de organización revolucionaria. Entre ambos acontecimientos se encuentra una de las preguntas más importantes de nuestra historia contemporánea: ¿por qué algunos militantes comenzaron a considerar que la transformación política debía realizarse fuera de las instituciones democráticas?
El 30 de noviembre de 1958, el Partido Nacional derrotó al Partido Colorado y puso fin a una prolongada etapa de predominio colorado. El cambio no se produjo mediante una insurrección, un golpe militar ni una imposición extranjera. Fue el resultado de elecciones nacionales.
La ciudadanía disponía de un instrumento efectivo para modificar el gobierno, y lo utilizó.
Sin embargo, esa alternancia ocurrió en una sociedad que comenzaba a experimentar dificultades económicas persistentes. El modelo de crecimiento de posguerra mostraba señales de agotamiento; el costo de vida aumentaba, las relaciones laborales se volvían más conflictivas y las expectativas de bienestar construidas durante décadas empezaban a debilitarse.
La crisis era real. También lo eran las diferencias entre el Uruguay urbano y el rural, las condiciones precarias de numerosos trabajadores y las limitaciones de un sistema político que encontraba crecientes dificultades para responder a las nuevas demandas sociales.
Pero el país todavía tenía partidos legales, Parlamento, sindicatos, prensa y competencia electoral.
Comprender la coexistencia de esas dos realidades es indispensable para investigar el nacimiento de la guerrilla tupamara.
La historiadora Ana Frega, en los materiales de historia contemporánea de la Administración Nacional de Educación Pública, identifica la crisis iniciada hacia 1955 y la alternancia electoral de 1958 como dos de los acontecimientos que marcan el cambio de época. ANEP+1
No corresponde presentar el Uruguay de aquellos años como una sociedad sin problemas, sostenida únicamente por una imagen idealizada de prosperidad y convivencia.
Tampoco sería históricamente correcto describirlo como una dictadura contra la cual no existían alternativas políticas.
Ambas simplificaciones alteran las circunstancias en las que surgieron los primeros núcleos revolucionarios armados.
La investigación de este capítulo comienza, por tanto, mucho antes del asalto al Tiro Suizo del 31 de julio de 1963. Es necesario comprender qué instituciones funcionaban, cuáles eran sus dificultades, qué ofrecían los partidos políticos y qué decisiones adoptaron los sectores que comenzaron a cuestionar la vía democrática.
Solo después podremos examinar las justificaciones de la clandestinidad y de la lucha armada.
1. El Uruguay que parecía una excepción latinoamericana
Durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, Uruguay construyó una identidad nacional asociada con la estabilidad institucional, la educación pública, las políticas sociales y la intervención del Estado en la economía.
Las reformas impulsadas durante el batllismo contribuyeron a consolidar esa imagen.
El país desarrolló legislación laboral, amplió servicios públicos y estableció instituciones que alcanzaron una presencia importante en la vida cotidiana.
El crecimiento urbano, la expansión educativa y la formación de sectores medios contribuyeron a diferenciarlo de numerosos países latinoamericanos.
La expresión «Suiza de América» terminó sintetizando esa representación.
Pero una denominación cultural no constituye una descripción completa de la realidad.
El Uruguay no era homogéneo. La prosperidad de determinados sectores coexistía con desigualdades territoriales, dificultades de vivienda, trabajo rural precario y estructuras productivas poco dinámicas.
Tampoco había permanecido al margen de las rupturas constitucionales.
El golpe de Estado de Gabriel Terra, en marzo de 1933, demostraba que la tradición democrática uruguaya había atravesado episodios autoritarios.
Por eso, la estabilidad de mediados del siglo XX debe entenderse como una construcción histórica, no como una característica natural e inmutable del país.
La prosperidad de la posguerra
Después de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay se benefició de condiciones comerciales favorables para algunos de sus principales productos de exportación.
La demanda internacional de alimentos y materias primas contribuyó a sostener ingresos externos y un proceso de crecimiento económico.
El Estado impulsó la industrialización sustitutiva de importaciones, mediante la cual se procuraba producir internamente bienes que anteriormente llegaban del exterior.
La industria manufacturera incorporó trabajadores y amplió su participación en la economía.
Los salarios, el empleo público, la educación y las prestaciones sociales contribuyeron a sostener las expectativas de movilidad social de amplios sectores.
La prosperidad, sin embargo, descansaba sobre una estructura vulnerable.
Uruguay continuaba dependiendo de un número reducido de productos exportables y de mercados internacionales cuyos precios no podía controlar.
La producción agropecuaria mostraba problemas de productividad y estancamiento.
La industria necesitaba importar maquinaria, repuestos y materias primas, lo que generaba una demanda permanente de divisas.
El mercado interno era relativamente pequeño y limitaba las posibilidades de expansión industrial.
Las debilidades quedaron más expuestas cuando las condiciones externas comenzaron a deteriorarse.
La historia económica de este período, incluida la síntesis preparada por Ana Frega para ANEP, identifica precisamente el estancamiento agropecuario, la estrechez del mercado interno y los desequilibrios fiscales y comerciales como límites del crecimiento anterior. ANEP
El mito de un país sin desigualdades
La imagen retrospectiva de un Uruguay plenamente próspero puede producir un error de interpretación.
Si se supone que toda la población disfrutaba de condiciones semejantes, resulta difícil comprender el aumento de las protestas sociales.
Pero el error contrario es igualmente problemático.
La existencia de desigualdades no significa que las instituciones democráticas carecieran de legitimidad o que la violencia revolucionaria fuera su consecuencia inevitable.
La investigación debe reconstruir ambas dimensiones.
El país tenía problemas económicos y sociales que requerían reformas.
También contaba con mecanismos políticos para discutirlas y procesarlas.
El conflicto posterior se desarrollaría, en parte, alrededor de la evaluación de esos mecanismos: para algunos sectores continuaban ofreciendo posibilidades de cambio; para otros, sus límites justificaban buscar vías diferentes.
Esa controversia fue política, no una conclusión impuesta automáticamente por la crisis económica.
2. El sistema colegiado: una República gobernada por nueve integrantes
Para comprender el Uruguay de 1955 a 1963 es indispensable explicar cómo funcionaba su Poder Ejecutivo.
La Constitución de 1952 había sustituido la presidencia unipersonal por el Consejo Nacional de Gobierno, un órgano colegiado integrado por nueve miembros.
Seis correspondían al partido más votado y tres al partido que ocupaba el segundo lugar.
El sistema combinaba predominio de la mayoría con participación de la minoría en el Poder Ejecutivo.
Sus promotores consideraban que la distribución de responsabilidades podía contribuir a limitar la concentración personal del poder y favorecer formas de negociación política.
La presidencia del Consejo era ejercida de manera rotativa por integrantes de la mayoría.
Uruguay mantenía, además, un Parlamento bicameral, un Poder Judicial y un sistema electoral con partidos y fracciones políticas de larga trayectoria.
¿El colegiado era un obstáculo para gobernar?
Los críticos del sistema sostenían que la conducción compartida dificultaba la rapidez de las decisiones.
Las negociaciones entre sectores partidarios podían complicar la elaboración de políticas coherentes.
Pero sería una simplificación atribuir todos los problemas del país al sistema colegiado.
La investigación de Martín Sacchi sobre los gobiernos de 1955–1959, 1959–1963 y 1963–1967 muestra la importancia de las relaciones entre fracciones de los partidos y de los acuerdos dentro del lema gobernante. Su análisis identifica patrones de cooperación intrapartidaria, más que una coalición permanente entre los dos partidos tradicionales. Revista Uruguaya de Ciencia Política
Este dato permite comprender el funcionamiento real de las instituciones.
El colegiado no era simplemente una reunión de nueve dirigentes incapaces de actuar.
Tenía reglas constitucionales, mayorías políticas y mecanismos de decisión.
Su funcionamiento podía generar dificultades. Pero esas dificultades pertenecían a la discusión sobre cómo mejorar las instituciones, no demostraban por sí mismas la inexistencia de democracia.
La importancia del control institucional
La estructura colegiada expresaba una tradición política preocupada por distribuir la autoridad y evitar la concentración presidencial.
Esa preocupación tiene una relación directa con los principios republicanos.
La República no se define únicamente por la posibilidad de elegir gobernantes.
También requiere límites al poder, procedimientos establecidos y responsabilidad de quienes toman decisiones.
El diseño uruguayo de 1952 intentó responder a esos problemas mediante un mecanismo particular que terminaría siendo sustituido por la reforma constitucional de 1966.
Su eficacia puede discutirse.
Pero su existencia demuestra que el debate institucional seguía desarrollándose dentro de procedimientos constitucionales.
Cuando en los años sesenta determinados militantes comenzaron a defender la insurrección, lo hicieron en una sociedad que mantenía un sistema político organizado alrededor de elecciones, representación parlamentaria y disputas entre partidos.
Esa circunstancia no puede desaparecer de su historia.
3. La crisis de 1955: cuando el crecimiento dejó de sostener las expectativas
El deterioro económico que comenzó a manifestarse a mediados de los años cincuenta no fue un acontecimiento aislado.
Respondió a problemas acumulados en la estructura productiva y a cambios en las condiciones internacionales.
Las exportaciones agropecuarias enfrentaron dificultades de precios y producción.
La industria nacional necesitaba divisas para mantener su funcionamiento.
El Estado debía atender compromisos crecientes y sostener políticas públicas que habían contribuido a construir el modelo de bienestar.
El resultado fue una presión cada vez mayor sobre las cuentas externas y las finanzas públicas.
El agotamiento de la industrialización sustitutiva
Durante la expansión anterior, la industria había permitido incrementar el empleo y producir numerosos bienes destinados al consumo nacional.
Pero el proceso presentaba límites.
La producción dependía de insumos importados y, en muchos sectores, no había alcanzado niveles suficientes de competitividad internacional.
El mercado uruguayo no ofrecía una demanda ilimitada.
Cuando las exportaciones dejaron de proporcionar divisas en cantidades suficientes, aumentaron las dificultades para financiar importaciones necesarias para la actividad industrial.
Los desequilibrios comenzaron a trasladarse al nivel de precios, al empleo y a las decisiones de inversión.
La política económica enfrentó entonces tensiones difíciles de resolver.
Mantener determinados mecanismos de protección podía preservar actividades y puestos de trabajo, pero también implicaba costos fiscales y cambiarios.
Modificar esas políticas podía mejorar ciertos equilibrios y, al mismo tiempo, perjudicar a sectores acostumbrados a un régimen diferente.
La crisis económica se transformó así en una disputa sobre quién debía soportar los costos del ajuste.
Inflación y pérdida del poder adquisitivo
El aumento de precios adquirió creciente importancia en la vida cotidiana.
Los salarios nominales no siempre acompañaban las variaciones del costo de vida.
La incertidumbre sobre el valor de la moneda modificó las decisiones de trabajadores, empresarios y ahorristas.
Una fuente histórica reunida por ANEP sobre la crisis económica registra una aceleración importante de los precios: mientras el nivel de precios aproximadamente se duplicó entre 1945 y 1955, volvió a duplicarse en un período cercano a cuatro años hasta 1959, y nuevamente en unos tres años entre 1959 y 1962. ANEP
Esta comparación debe leerse como una caracterización de los períodos, no como una serie exacta de inflación anual.
Muestra, sin embargo, que la crisis tuvo una dimensión material concreta.
Los trabajadores veían afectado su salario real. Los comerciantes enfrentaban incertidumbre sobre costos. Los gobiernos recibían presiones para modificar políticas cambiarias, tributarias y salariales.
El descontento no surgía simplemente de una propaganda revolucionaria importada.
Existían dificultades económicas verificables que contribuían a incrementar la conflictividad.
Pero esas dificultades tampoco determinaban una única respuesta política.
La discusión sobre sus soluciones se desarrollaba dentro de un campo que incluía proyectos liberales, batllistas, nacionalistas, socialistas y comunistas.
Cada uno formulaba diagnósticos y propuestas diferentes.
La crisis ofrecía motivos de controversia. No eliminaba la necesidad de debatir democráticamente las alternativas.
La inestabilidad financiera
El sistema bancario atravesó un período de expansión, especulación y fragilidad.
Las tensiones financieras de comienzos de los años sesenta antecedieron a la crisis bancaria más extensa de 1965.
El Banco Central del Uruguay todavía no existía como institución autónoma.
Sus funciones estaban distribuidas principalmente dentro del Banco de la República y otras estructuras estatales.
El propio Banco Central identifica el período 1939–1966 como una etapa de discusión y construcción de las instituciones monetarias que culminarían con su creación. Proceso Fundacional
La debilidad del marco financiero contribuyó a la inestabilidad.
Pero sería incorrecto utilizar los problemas bancarios de 1965 como si ya hubieran sucedido en 1958.
La secuencia importa.
En este capítulo investigamos el comienzo del deterioro y sus manifestaciones iniciales. Las crisis posteriores serán examinadas cuando corresponda.
4. Las elecciones de 1958: la alternancia que contradice una parte del relato revolucionario
El cambio político de 1958
El triunfo del Partido Nacional puso fin a una prolongada etapa de gobiernos colorados. Fue una demostración concreta de que el electorado podía desplazar a quienes gobernaban mediante una elección constitucional.Imagen de referencia: dirigentes nacionalistas durante el período electoral. Para una publicación documental definitiva, conviene emplear una fotografía fechada y acreditada del archivo de prensa.
El 30 de noviembre de 1958 constituye una fecha central para comprender la historia política que posteriormente rodearía al MLN-Tupamaros.
El Partido Nacional obtuvo una victoria electoral y pasó a controlar la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno.
El Partido Colorado, que había ocupado el gobierno durante décadas, reconoció el resultado y dejó paso a la nueva mayoría.
La alternancia política se produjo dentro del orden constitucional.
Según la serie histórica de resultados electorales recopilada en investigaciones académicas, el Partido Nacional obtuvo aproximadamente el 49,7 % de los votos, frente al 37,7 % del Partido Colorado. Histagra
Elecciones nacionales de Uruguay, 1958
Porcentaje de votos por partido. Se destacan los dos lemas principales; el resto corresponde a otras opciones.
Fuente: serie histórica electoral 1942–1971. Los porcentajes son redondeados; «Otros» agrupa las restantes opciones. Histagra
La alianza nacionalista y el ruralismo
La victoria blanca no fue producto de una única corriente política.
El Partido Nacional había reunido sectores con tradiciones y propuestas diferentes.
El herrerismo, asociado al liderazgo de Luis Alberto de Herrera, desempeñó un papel importante. También lo hizo el movimiento ruralista vinculado con Benito Nardone, conocido públicamente como Chicotazo.
El ruralismo había desarrollado un discurso crítico hacia las políticas económicas y los intereses concentrados en Montevideo.
Su presencia expresaba tensiones entre productores agropecuarios, sectores urbanos y estructuras partidarias tradicionales.
La incorporación del ruralismo a la alianza nacionalista contribuyó a modificar el equilibrio electoral.
Pero los problemas posteriores demostraron que una victoria amplia no garantizaba coincidencia permanente entre todos sus sectores.
Las diferencias sobre política económica, administración pública y prioridades gubernamentales comenzaron a manifestarse durante el ejercicio del poder.
¿Qué demuestra realmente la alternancia de 1958?
El resultado no demuestra que Uruguay fuera una democracia perfecta.
Tampoco permite negar los problemas estructurales que atravesaba.
Lo que sí demuestra es que existía competencia electoral efectiva y que el gobierno podía cambiar de partido por decisión de los votantes.
Este hecho debe ocupar un lugar central en la investigación sobre las primeras decisiones de quienes posteriormente integrarían el MLN-T.
No es históricamente equivalente organizar una insurgencia contra una dictadura que ha suprimido las elecciones y hacerlo contra un régimen constitucional que acaba de demostrar su capacidad de alternancia.
Las motivaciones de los militantes deben estudiarse mediante sus documentos y testimonios.
Pero la naturaleza de las instituciones existentes no puede reconstruirse exclusivamente a partir de la opinión que aquellos militantes tenían sobre ellas.
La democracia uruguaya enfrentaba dificultades reales.
La cuestión es si esas dificultades justificaban, desde el punto de vista de los insurgentes, sustituir la acción política institucional por una organización armada.
Responderemos a esa pregunta en los capítulos siguientes, cuando examinemos las declaraciones originales y los primeros actos del Coordinador.
5. El primer gobierno blanco: reformas económicas, tensiones y resultados
El Partido Nacional asumió la conducción mayoritaria del Consejo Nacional de Gobierno en marzo de 1959.
La llegada de los blancos produjo expectativas de modificación de las políticas económicas anteriores.
El gobierno enfrentaba problemas de inflación, escasez de divisas y debilitamiento de la actividad productiva.
Las nuevas autoridades buscaron introducir cambios en el régimen cambiario, en la orientación comercial y en las relaciones con organismos financieros internacionales.
La reforma cambiaria y monetaria de 1959
La Ley N.º 12.670, del 17 de diciembre de 1959, introdujo modificaciones importantes en el sistema cambiario y monetario.
La reforma se relacionó con un proceso de liberalización del régimen de cambios y de revisión de mecanismos de intervención económica anteriores.
No significó la desaparición del Estado de la economía.
Uruguay mantuvo una amplia estructura de empresas públicas, legislación social y organismos de intervención.
Pero sí representó un cambio de orientación respecto de instrumentos utilizados durante el período de expansión industrial anterior.
El propio Banco Central incluye esta ley entre los antecedentes principales de la evolución institucional y monetaria uruguaya. Proceso Fundacional
El vínculo con el Fondo Monetario Internacional
Durante este período se profundizó la relación con el Fondo Monetario Internacional.
Las políticas de estabilización generaron controversias sobre sus efectos sociales y económicos.
Algunos sectores consideraban necesarias las reformas para corregir desequilibrios acumulados.
Otros criticaban sus consecuencias sobre salarios, empleo y actividad industrial.
El conflicto político no giraba únicamente alrededor de cifras fiscales.
Expresaba proyectos diferentes sobre el papel del Estado y la distribución de los costos de la crisis.
La izquierda utilizó esos debates para cuestionar las políticas gubernamentales.
Los partidos tradicionales también desarrollaron controversias internas sobre los caminos posibles.
Desde una perspectiva histórica, corresponde distinguir entre la existencia de críticas legítimas a la orientación económica y la conclusión de que el sistema democrático ya no ofrecía posibilidades de transformación.
La primera cuestión está ampliamente documentada.
La segunda fue una interpretación política defendida por determinados sectores, que debe examinarse como tal.
Los límites de las nuevas políticas
La economía no recuperó rápidamente el dinamismo de las décadas anteriores.
La inflación continuó afectando el poder adquisitivo y los problemas estructurales persistieron.
Los resultados alimentaron nuevas críticas al gobierno.
El fracaso de determinadas medidas económicas, sin embargo, no convierte automáticamente en ilegítimo el orden político dentro del cual fueron adoptadas.
Los gobiernos democráticos pueden aplicar políticas equivocadas.
Precisamente por eso existen elecciones, debates parlamentarios y mecanismos de control.
Una de las cuestiones que comenzará a adquirir importancia durante los años siguientes será la diferencia entre considerar equivocada la actuación de un gobierno y rechazar la legitimidad del sistema que permite elegirlo.
6. Las inundaciones de 1959: una crisis nacional que también mostró capacidad institucional
Inundaciones de abril de 1959. La emergencia afectó a numerosas localidades y produjo desplazamientos de población de una magnitud excepcional.
El primer año del nuevo gobierno estuvo marcado por una emergencia de grandes proporciones.
Durante abril de 1959, lluvias extraordinarias provocaron inundaciones que afectaron especialmente regiones del centro del país.
Las crecidas del río Negro generaron preocupación por la seguridad de la represa de Rincón del Bonete y obligaron a desarrollar amplias operaciones de evacuación.
El Sistema Nacional de Emergencias señala que aquel episodio produjo casi 45.000 personas desplazadas, una cifra excepcional dentro de la historia uruguaya de emergencias por inundación. SINAE
Las Fuerzas Armadas participaron en operaciones de evacuación, transporte y apoyo logístico, junto con organismos públicos y redes civiles.
Este episodio es útil para comprender un aspecto frecuentemente relegado por las reconstrucciones que interpretan toda la historia de los años sesenta desde los enfrentamientos posteriores.
En 1959, las Fuerzas Armadas desempeñaban también funciones de asistencia ante emergencias nacionales dentro del marco institucional existente.
Eso no anticipaba necesariamente el papel político que asumirían en la crisis de los años setenta.
Las instituciones y los actores cambian con el tiempo.
La investigación debe reconstruir sus funciones en cada momento, sin atribuirles retrospectivamente características que todavía no habían adquirido.
Las inundaciones, además, agravaron dificultades económicas y dejaron consecuencias sobre infraestructura y actividades productivas.
Sin embargo, la respuesta institucional a la emergencia mostró la capacidad de distintos organismos para coordinar esfuerzos frente a un problema nacional.
La crisis no eliminó el funcionamiento del Estado.
7. El movimiento obrero: reivindicación social, movilización y disputa política
La crisis económica produjo un aumento de los conflictos laborales.
Los sindicatos reclamaban mejoras salariales, condiciones de trabajo y protección frente al desempleo.
La movilización obrera tenía antecedentes anteriores a la década de 1960 y no puede considerarse una creación de las organizaciones revolucionarias armadas.
Existían tradiciones sindicales socialistas, comunistas, anarquistas y de otras orientaciones políticas.
También había trabajadores que participaban en conflictos laborales sin identificarse necesariamente con proyectos revolucionarios.
La organización sindical y la actividad partidaria podían relacionarse, pero no eran equivalentes.
La industria frigorífica y la crisis laboral
Los trabajadores de la industria de la carne enfrentaron dificultades importantes durante los años cincuenta.
El deterioro de la actividad frigorífica afectó a localidades donde el empleo dependía considerablemente de grandes plantas industriales.
En 1956, trabajadores del Frigorífico Anglo de Fray Bentos marcharon hacia Montevideo en el marco de conflictos salariales.
Los materiales históricos de ANEP recuperan esa movilización y los mecanismos de solidaridad que se desarrollaron entre sindicatos. 1972. La
La marcha constituye un ejemplo de acción colectiva orientada a reclamar decisiones económicas y laborales.
Las protestas podían generar tensiones y enfrentamientos.
Pero su existencia no significaba que el país hubiera ingresado necesariamente en una situación insurreccional.
El movimiento sindical utilizaba instrumentos diferentes: negociación colectiva, huelgas, manifestaciones y acciones de solidaridad.
La posterior militarización de determinados sectores no debe proyectarse sobre el conjunto de esas organizaciones.
La construcción de la unidad sindical
A comienzos de los años sesenta avanzaron las iniciativas para coordinar a los sindicatos.
El proceso culminaría posteriormente con la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), cuya formación se desarrolló durante la década.
Conviene evitar aquí un error cronológico: la centralidad posterior de la CNT en los acontecimientos previos al golpe de Estado no debe trasladarse automáticamente al escenario de 1958.
La unidad sindical fue resultado de un proceso organizativo.
No surgió de una decisión única ni perteneció exclusivamente a una corriente política.
Las distintas organizaciones mantenían discrepancias estratégicas, aunque compartían determinadas reivindicaciones económicas y sociales.
La existencia de sindicatos fuertes también muestra que la sociedad uruguaya disponía de canales de acción colectiva distintos de la insurgencia.
Quienes decidieron organizar una estructura armada no representaban automáticamente al conjunto del movimiento obrero.
Esta distinción será importante al analizar la relación entre Raúl Sendic, los trabajadores cañeros y los grupos clandestinos que comenzaron a reunirse durante 1962 y 1963.
8. La Universidad de la República y la generación que exigía cambios
La movilización universitaria fue parte de la transformación política y cultural de los años cincuenta. El movimiento estudiantil reclamó reformas institucionales y participó en debates sociales más amplios.
Las transformaciones de la educación superior ocuparon un lugar relevante en el Uruguay anterior al surgimiento del MLN-T.
Durante 1958, los estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria participaron en movilizaciones relacionadas con la autonomía, el cogobierno y la aprobación de una nueva Ley Orgánica.
El 16 de octubre de 1958 fue promulgada la Ley N.º 12.549, que organizó institucionalmente la Universidad de la República.
El texto legal reconoció expresamente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
También estableció la participación de docentes, egresados y estudiantes en distintos órganos de gobierno.
Su artículo 2 incluyó entre los cometidos universitarios la defensa de los derechos de las personas y de la forma democrático-republicana de gobierno.
El artículo 3 consagró la libertad de opinión y crítica en el ámbito universitario. Impo
Estos contenidos son particularmente relevantes.
Mientras algunos sectores políticos comenzarían posteriormente a plantear la necesidad de la confrontación armada, el orden institucional uruguayo estaba reconociendo mediante una ley amplios espacios de autonomía, participación y pensamiento crítico.
La Universidad no era una institución ajena a los problemas del país.
Sus docentes y estudiantes intervenían en debates sobre educación, economía, sociedad y política.
La movilización estudiantil se encontraba vinculada con una tradición de reforma universitaria latinoamericana que reconocía antecedentes en Córdoba, en 1918.
Universidad y radicalización política
La existencia de una cultura estudiantil crítica favoreció la circulación de ideas socialistas, comunistas, nacionalistas y revolucionarias.
Los acontecimientos internacionales adquirieron especial relevancia entre sectores juveniles.
Sin embargo, tampoco corresponde identificar a todo el movimiento estudiantil con la lucha armada.
Muchos estudiantes participaron en organizaciones legales, elecciones universitarias, debates públicos y movilizaciones sociales.
Otros desarrollaron posiciones revolucionarias más radicales.
La diferenciación importa porque las narraciones retrospectivas de los años sesenta pueden presentar a una generación completa como si hubiera compartido un único proyecto político.
La realidad era más diversa.
La Universidad ofrecía un espacio de discusión intensa, pero esa discusión no conducía necesariamente a una estrategia insurgente.
La opción por las armas fue adoptada por sectores específicos.
El papel de los intelectuales
La crisis también produjo una reflexión intelectual sobre los límites del modelo uruguayo.
Ensayistas, periodistas, profesores e investigadores comenzaron a cuestionar determinadas imágenes de prosperidad nacional.
Autores asociados con la denominada generación del 45, entre otros, contribuyeron a renovar el debate cultural y político.
La crítica al conformismo, a la burocracia y a las desigualdades adquirió presencia en publicaciones y espacios universitarios.
Pero la crítica intelectual tampoco puede confundirse con la adhesión a una organización armada.
Investigar los problemas de la sociedad y proponer transformaciones profundas formaba parte de la discusión democrática.
La existencia de una cultura crítica es, de hecho, una expresión de pluralismo.
La cuestión posterior será por qué algunos militantes concluyeron que la discusión pública y la acción política legal debían ser complementadas o sustituidas mediante métodos clandestinos.
9. El campo uruguayo: la realidad que la imagen de prosperidad no alcanzaba a mostrar
El interior rural presentaba diferencias importantes respecto de Montevideo.
La concentración de tierras, los problemas de productividad y la precariedad de ciertas relaciones laborales formaban parte de una estructura que no había experimentado transformaciones semejantes a las del medio urbano.
La legislación laboral había ampliado derechos durante décadas, pero su cumplimiento no era uniforme.
En determinados sectores existían dificultades de inspección y protección efectiva de los trabajadores.
La producción azucarera del norte del país ofrecía un ejemplo particularmente significativo.
En Bella Unión, departamento de Artigas, numerosos trabajadores dedicados al corte de caña enfrentaban condiciones laborales precarias, contratos inestables y problemas de remuneración.
La distancia respecto de Montevideo también contribuía a que sus experiencias permanecieran relativamente alejadas del debate público capitalino.
Los trabajadores cañeros de Bella Unión
De los años sesenta al golpe de Estado | Centro de Fotografía de Montevideo
Movilización de trabajadores cañeros de UTAA, registrada por el Centro de Fotografía de Montevideo. La imagen representa las luchas agrarias del período; su fecha exacta debe comprobarse antes de utilizarla como ilustración de un episodio de 1962.
La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) se organizó en 1961.
La participación de Raúl Sendic adquirió importancia durante el proceso de organización sindical.
Sendic era abogado y militante socialista. Su trabajo con los cañeros le permitió vincularse directamente con conflictos laborales del norte del país.
Las demandas de UTAA incluían el cumplimiento de normas laborales, el pago de remuneraciones adeudadas y la mejora de las condiciones de vida.
Investigaciones de la Universidad de la República documentan denuncias relacionadas con jornadas extensas, pagos irregulares y obligaciones laborales incumplidas. Colibri
Estos reclamos tenían fundamentos concretos y deben examinarse por separado de las decisiones que Sendic y otros militantes adoptarían posteriormente respecto de la organización armada.
No existe una relación inevitable entre reclamar derechos laborales y participar en una guerrilla.
La acción sindical puede desarrollarse dentro del orden jurídico y constituir una herramienta legítima de defensa de los trabajadores.
La insurgencia supone una decisión política distinta.
Del reclamo laboral a la radicalización
Las luchas de los cañeros adquirieron visibilidad nacional mediante las marchas hacia Montevideo.
El proceso fue estudiado por Silvina Merenson, quien examinó las maneras en que los trabajadores representaban su experiencia y las imágenes construidas sobre ellos desde la prensa y otros sectores sociales.
Su investigación muestra que la militancia cañera desarrolló identidades propias, que no deberían quedar reducidas a la trayectoria posterior de determinados dirigentes guerrilleros. Contemporánea
Esta observación resulta especialmente importante para LIBERTAS.
Si la historia de UTAA se cuenta únicamente como antecedente de los tupamaros, sus reivindicaciones laborales quedan subordinadas a una organización política que todavía estaba en formación.
Los trabajadores cañeros tenían problemas reales, demandas específicas y formas de movilización que merecen ser estudiadas por sí mismas.
El vínculo entre algunos integrantes de ese movimiento sindical y los futuros grupos clandestinos es un acontecimiento histórico relevante.
Pero no convierte retrospectivamente a todos los trabajadores de UTAA en integrantes de una organización guerrillera.
La historia de sus derechos laborales y la historia de la lucha armada se cruzaron.
No eran la misma historia.
10. La Revolución Cubana llega al debate uruguayo
La victoria cubana de enero de 1959 tuvo repercusiones en Uruguay.
La experiencia de Fidel Castro despertó interés entre sectores de izquierda, estudiantes e intelectuales que veían en ella un ejemplo de transformación social.
Pero también produjo debates y cuestionamientos.
No todos los partidos y movimientos que compartían críticas al capitalismo o defendían reformas estructurales consideraban conveniente reproducir el modelo cubano.
En Uruguay existía una tradición de participación electoral de partidos socialistas y comunistas.
La pregunta sobre la lucha armada no se resolvió mediante una adhesión uniforme a la Revolución Cubana.
Las diferencias sobre estrategia política continuarían durante toda la década.
Cuba como ejemplo y como justificación
Los sectores que defendían la insurgencia encontraron en Cuba un antecedente de victoria revolucionaria.
El modelo parecía demostrar que una organización pequeña podía iniciar operaciones militares y contribuir al desarrollo de una movilización más amplia.
Sin embargo, las condiciones uruguayas eran sustancialmente diferentes.
En Cuba, el movimiento insurgente había enfrentado a Batista después de un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional.
En Uruguay, el Partido Nacional acababa de llegar al gobierno mediante elecciones.
La semejanza ideológica entre militantes revolucionarios no eliminaba esa diferencia política.
Por eso, la influencia cubana debe estudiarse como un factor de radicalización y aprendizaje estratégico, no como una explicación suficiente del surgimiento de la guerrilla uruguaya.
Una investigación publicada en 2024, Analizando los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros: ¿un «agente foráneo» en la «Suiza de América»?, cuestiona precisamente las interpretaciones que atribuyen el nacimiento del MLN-T principalmente a factores externos y propone examinar de manera más profunda las condiciones políticas nacionales. Dialnet
La discusión historiográfica es importante.
Si se atribuye toda la insurgencia a la influencia cubana, se corre el riesgo de ignorar las decisiones de los militantes uruguayos y los conflictos internos del país.
Si se presenta la insurgencia como resultado inevitable de esos conflictos, se elimina igualmente la responsabilidad política de quienes eligieron organizarla.
Ambas explicaciones son insuficientes.
Punta del Este, agosto de 1961: Uruguay ante la confrontación continental
En agosto de 1961, Punta del Este fue sede de una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos.
La conferencia tuvo una especial importancia en el desarrollo de la Alianza para el Progreso, iniciativa promovida por la administración de John F. Kennedy.
El proyecto buscaba impulsar programas de desarrollo económico y social en América Latina en un contexto marcado por el impacto de la Revolución Cubana y la Guerra Fría.
Cuba participó en las deliberaciones.
Su delegación fue encabezada por Ernesto Che Guevara.
El 8 de agosto, Guevara pronunció un discurso en el que criticó la política estadounidense y defendió la posición revolucionaria cubana.
El texto constituye una fuente primaria para estudiar cómo el dirigente interpretaba las relaciones entre economía, soberanía y transformación política. Wikisource
La presencia del Che en Uruguay tuvo repercusión política.
Su figura despertaba admiración entre numerosos militantes de izquierda, mientras otros sectores observaban con preocupación las transformaciones del régimen cubano y su influencia continental.
El debate no se limitaba a una cuestión internacional.
La experiencia cubana comenzaba a intervenir en las controversias políticas uruguayas.
El discurso del Che y el problema de la democracia
La visita de Guevara permite formular una pregunta que será importante en los capítulos siguientes.
La posición del Che respecto de Uruguay debe examinarse mediante sus intervenciones de época, sin atribuirle automáticamente todos los razonamientos desarrollados posteriormente por organizaciones locales.
También corresponde diferenciar sus declaraciones públicas de las interpretaciones que otros militantes hicieron de la experiencia cubana.
El hecho de admirar a Guevara no significaba necesariamente compartir todos sus métodos.
Del mismo modo, la participación en una manifestación de apoyo a Cuba no convertía a una persona en partidaria de una insurrección armada en Uruguay.
La historia de la radicalización requiere reconstruir esos procesos de manera individual y colectiva.
La influencia de una revolución extranjera puede alterar las expectativas de una generación.
No determina por sí sola las decisiones que esa generación adopta.
11. El Uruguay electoral de 1962: la República vuelve a someterse al voto
El 25 de noviembre de 1962 se celebraron nuevas elecciones nacionales.
El Partido Nacional volvió a obtener la mayoría, aunque por un margen menor que en 1958.
El Partido Colorado recuperó parte del terreno electoral perdido.
Las elecciones también registraron nuevas expresiones partidarias de izquierda y centroizquierda.
Entre ellas se encontraban la Unión Popular y el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL), junto con otras opciones políticas.
Los resultados oficiales se encuentran disponibles en el archivo estadístico de la Corte Electoral. Corte Electoral
Uruguay: evolución electoral de los dos principales partidos
Porcentaje de votos por lema en las elecciones nacionales de 1958 y 1962.
■ Partido Nacional
■ Partido Colorado
Porcentajes redondeados tomados de la serie histórica electoral 1942–1971. Histagra
La izquierda tenía alternativas electorales
El dato es particularmente importante para nuestro objeto de estudio.
En 1962 existían opciones legales que cuestionaban la orientación económica y política de los gobiernos tradicionales.
Los sectores de izquierda podían presentar candidatos, formular programas y participar en elecciones.
La existencia de dificultades para alcanzar mayorías electorales no demostraba que la participación política estuviera prohibida.
Tampoco significaba que las propuestas radicales contaran con un respaldo social suficiente para convertirse en gobierno.
La Unión Popular fue una experiencia que reunió a sectores vinculados al Partido Socialista y otros grupos.
FIDEL articuló fuerzas relacionadas con el Partido Comunista y aliados.
Sus propuestas expresaban críticas a las estructuras económicas y políticas existentes.
El resultado electoral de esas opciones fue limitado en comparación con los partidos tradicionales.
Pero la baja votación obtenida por una corriente no constituye una prueba de ilegitimidad del sistema electoral.
Puede reflejar múltiples factores: preferencias ideológicas de los ciudadanos, organización partidaria, credibilidad de los programas o identificación histórica con otras fuerzas.
El problema surge cuando un grupo interpreta que la falta de apoyo electoral justifica sustituir los mecanismos de representación por la fuerza.
La investigación debe distinguir entre describir esa interpretación y aceptarla como una consecuencia necesaria.
Una democracia con conflictos y posibilidades de cambio
Las elecciones de 1962 confirman que Uruguay continuaba resolviendo la integración del gobierno mediante procedimientos constitucionales.
No existía una prohibición general de los partidos de izquierda comparable a la supresión de la vida partidaria que caracterizaría a la dictadura posterior.
Eso no significa que el sistema fuera completamente inclusivo ni que todas las demandas sociales encontraran respuestas satisfactorias.
Los partidos tradicionales conservaban una posición dominante y el sistema electoral tenía características que podían dificultar la aparición de nuevas mayorías.
Pero el propio resultado de 1958 había demostrado que el gobierno podía cambiar.
La izquierda participaba públicamente.
La prensa y las organizaciones sociales discutían las políticas nacionales.
La interpretación de que la democracia estaba cerrada a cualquier transformación fue, en ese contexto, una posición política que requiere justificación documental.
No debe adoptarse retrospectivamente como descripción neutral de los hechos.
12. Los primeros grupos radicalizados: de la crítica política a la preparación clandestina
Durante los años 1962 y 1963 comenzaron a establecerse contactos entre militantes de diferentes organizaciones de izquierda que cuestionaban las estrategias tradicionales.
Entre las corrientes involucradas en el proceso que conduciría al Coordinador se encontraban militantes socialistas, integrantes de movimientos revolucionarios y personas relacionadas con las luchas de los trabajadores cañeros.
No conformaban inicialmente una organización completamente unificada.
Existían diferencias ideológicas y estratégicas.
Algunos defendían desarrollar estructuras armadas. Otros mantenían vinculaciones con organizaciones políticas legales.
El proceso de formación del Coordinador se extendió durante varios años y no debe confundirse con la constitución definitiva del MLN-Tupamaros.
El archivo de Sitios de Memoria identifica a participantes provenientes del Movimiento de Apoyo al Campesinado, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de sectores vinculados a Sendic, de militantes socialistas y de la Federación Anarquista Uruguaya, entre otros. Sitios de Memoria Uruguay
¿Qué llevó a considerar insuficiente la vía democrática?
La respuesta no puede reducirse a una sola causa.
La crisis económica había aumentado el descontento.
Los conflictos laborales mostraban desigualdades y dificultades de respuesta institucional.
La influencia cubana había renovado las expectativas revolucionarias.
Algunos militantes consideraban que los partidos tradicionales no podían producir transformaciones estructurales.
Otros sostenían que las formas parlamentarias de la izquierda resultaban incapaces de impulsar una revolución.
Pero esos diagnósticos no eran conclusiones objetivas e inevitables.
Constituían interpretaciones elaboradas por actores políticos concretos.
La existencia de otros sectores de izquierda que continuaban participando en elecciones demuestra que no había una única respuesta posible a los problemas nacionales.
La decisión de organizar grupos clandestinos fue una opción.
La historia debe investigar quiénes la adoptaron, qué argumentos utilizaron y cómo planificaron sus primeras acciones.
La importancia del lenguaje revolucionario
Los futuros dirigentes del MLN-T construirían progresivamente una interpretación según la cual la democracia uruguaya conservaba una apariencia formal, pero ocultaba relaciones de dominación que impedían una transformación auténtica.
Este tipo de argumento tenía antecedentes en diversas tradiciones revolucionarias.
Sin embargo, la conclusión de que las instituciones democráticas eran insuficientes no demostraba que sus mecanismos de representación carecieran de toda legitimidad.
Para pasar de esa crítica a la preparación de acciones armadas se necesitaba una justificación adicional.
La historiografía de Manuel Martínez Ruesta ha examinado precisamente los problemas de legitimación que enfrentó el MLN-T al desarrollar una estrategia insurgente contra un Estado cuyos gobiernos habían sido elegidos democráticamente. Cuadernos de Marte
La cuestión será central en el próximo capítulo.
¿Cómo construyeron los futuros tupamaros un discurso destinado a presentar la violencia revolucionaria como respuesta legítima dentro de un sistema constitucional?
¿Qué significado atribuyeron al concepto de pueblo?
¿Cómo describieron al gobierno y a los partidos tradicionales?
¿De qué manera procuraron transformar la percepción pública de sus acciones?
Para responder será necesario acudir a los primeros documentos y no limitarse a las memorias publicadas muchos años después.
13. El 31 de julio de 1963: una acción que marca un límite histórico
La noche del 31 de julio de 1963 se produjo el robo de armas del Club de Tiro Suizo, en Nueva Helvecia, departamento de Colonia.
El episodio fue ejecutado por militantes vinculados con los primeros núcleos clandestinos que desembocarían posteriormente en el MLN-T.
La acción tuvo como objetivo obtener armamento.
No debe presentarse como una operación de una organización plenamente constituida en su forma posterior, porque el proceso de formación del MLN-T todavía estaba en desarrollo.
Pero tampoco corresponde reducirla a un incidente sin significado político.
El robo de armas constituía una decisión concreta orientada a dotar de recursos a una estructura clandestina.
Distintas cronologías históricas sitúan este acontecimiento entre los primeros antecedentes operativos relevantes del movimiento tupamaro. Sitios de Memoria+1
¿Qué representaba aquella operación?
Desde una perspectiva organizativa, permitía obtener medios materiales para futuras actividades.
Desde una perspectiva política, expresaba que determinados militantes comenzaban a adoptar procedimientos ajenos a la competencia democrática y a la movilización social legal.
No era todavía la guerrilla urbana de fines de la década.
Tampoco anticipaba necesariamente cada una de las acciones que se desarrollarían después.
Pero marcaba una decisión significativa: incorporar el aprovisionamiento clandestino de armas a un proyecto de transformación política.
El punto merece una distinción jurídica y conceptual.
El Tiro Suizo no era una institución estatal de gobierno. El robo de armas contra una entidad civil no equivalía, por sí mismo, a un ataque directo contra el Poder Ejecutivo o el Parlamento.
Sin embargo, la finalidad política de obtener armamento para una organización clandestina lo diferenciaba de un delito patrimonial sin motivación ideológica.
Para comprender el episodio será necesario examinar tanto los hechos materiales como el proyecto que estaba comenzando a organizarse.
La distancia entre 1963 y 1973
Este acontecimiento ocurrió casi diez años antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
La diferencia cronológica resulta decisiva.
En julio de 1963, Uruguay estaba gobernado por un Consejo Nacional de Gobierno cuya mayoría había surgido de las elecciones de noviembre de 1962.
El Parlamento funcionaba.
Los partidos políticos desarrollaban actividad pública.
Las organizaciones sindicales y estudiantiles podían impulsar movilizaciones y demandas.
Existían tensiones y episodios de represión que merecen investigarse, pero no se había instaurado una dictadura militar.
Por ello, la explicación del robo de armas no puede consistir exclusivamente en afirmar que sus responsables buscaban combatir una dictadura que todavía no existía.
Sus motivaciones deben reconstruirse dentro de las circunstancias reales de 1963.
La posterior evolución autoritaria del país no modifica la fecha ni las condiciones institucionales de aquella decisión.
Este principio metodológico acompañará toda la investigación del MLN-T.
La historia debe ser reconstruida en el orden en que sucedieron los hechos, no reorganizada para que coincida con las justificaciones elaboradas décadas después.
14. ¿Existía una democracia perfecta? La pregunta equivocada
El examen del Uruguay anterior a la guerrilla suele quedar atrapado entre dos interpretaciones extremas.
La primera presenta al país como una democracia excepcional, sin desigualdades relevantes y con instituciones capaces de resolver cualquier conflicto.
La segunda lo describe como una sociedad dominada por una estructura de poder que hacía prácticamente imposible la transformación mediante procedimientos legales.
Ninguna de esas versiones resulta suficiente.
Uruguay disponía de una tradición institucional relevante y de mecanismos de competencia electoral que permitían alternancias reales.
También enfrentaba problemas de desigualdad, estancamiento productivo, clientelismo y dificultades de respuesta gubernamental.
Las manifestaciones de protesta podían encontrar respaldo social y producir cambios legislativos.
También podían ser objeto de actuaciones represivas o de decisiones estatales cuestionables.
El hecho de que existieran garantías constitucionales no significa que siempre fueran respetadas de manera adecuada.
Pero las deficiencias en su aplicación tampoco demuestran que el orden constitucional hubiera dejado de existir.
La legitimidad democrática no exige ausencia de conflictos
Una democracia puede atravesar crisis económicas profundas.
Puede tener gobiernos ineficaces, partidos divididos y políticas que generan rechazo.
También puede enfrentar protestas intensas.
La existencia de esos conflictos no constituye una prueba automática de que sus instituciones carezcan de legitimidad.
La cuestión es qué posibilidades tienen los ciudadanos de expresar desacuerdos, organizar alternativas, disputar elecciones y exigir responsabilidades.
En el Uruguay de 1958 a 1963, esos mecanismos continuaban funcionando.
Existían límites y desigualdades que debían investigarse.
Pero no corresponde equiparar el funcionamiento del país durante aquellos años con el régimen dictatorial posterior.
El problema de anticipar la historia
Cuando se estudia una década cuyo desenlace fue una dictadura, aparece una tentación historiográfica: interpretar todos los acontecimientos anteriores como pasos inevitables hacia ese resultado.
Pero los protagonistas de 1958 no conocían el futuro.
No sabían que en 1973 se produciría un golpe de Estado.
Tampoco conocían el desarrollo posterior de la violencia guerrillera, la represión estatal y la intervención militar en la política.
Las decisiones que adoptaron deben examinarse a partir de la información y las circunstancias disponibles en aquel momento.
La crisis democrática posterior no autoriza a borrar las posibilidades institucionales existentes antes.
Del mismo modo, el funcionamiento electoral de 1958 no debe utilizarse para negar el creciente deterioro político de años posteriores.
La historia requiere reconocer las transformaciones.
No convertirlas en un acontecimiento único que comenzó y terminó de la misma manera.
15. El origen de la guerrilla uruguaya: una decisión que todavía debemos investigar
Al finalizar 1963, Uruguay había experimentado transformaciones importantes.
El crecimiento de posguerra había perdido dinamismo.
Las políticas económicas eran objeto de intensas controversias.
El movimiento sindical ampliaba su capacidad de organización.
La Universidad participaba activamente en el debate público.
La Revolución Cubana influía sobre sectores de la izquierda.
Los partidos tradicionales habían protagonizado una alternancia electoral y una posterior elección competitiva.
Mientras tanto, pequeños grupos de militantes comenzaban a desarrollar relaciones clandestinas y a considerar la utilización de armas dentro de sus proyectos políticos.
Estas circunstancias deben estudiarse conjuntamente, pero no confundirse.
La crisis económica explica parte del malestar social.
La desigualdad rural permite comprender las reivindicaciones de los cañeros.
La influencia cubana ayuda a explicar las expectativas revolucionarias.
Las dificultades de los gobiernos colegiados muestran problemas institucionales concretos.
Ninguno de estos elementos, por separado, determina necesariamente el nacimiento de una guerrilla.
Para comprender ese nacimiento es indispensable estudiar las decisiones de sus protagonistas.
El riesgo de convertir la crisis en justificación automática
Una interpretación posterior puede presentar la aparición de la violencia revolucionaria como el resultado inevitable de un sistema sin posibilidades de reforma.
Pero esa afirmación requiere evidencia.
En 1958 hubo alternancia electoral.
En octubre del mismo año se aprobó una Ley Orgánica universitaria que reconocía autonomía, cogobierno y libertad de opinión.
En 1962 volvieron a celebrarse elecciones nacionales.
Los partidos de izquierda desarrollaban actividad política legal.
Los sindicatos impulsaban demandas públicas.
Estas circunstancias no demuestran que todos los cambios fueran fáciles o que las instituciones respondieran adecuadamente a todas las necesidades.
Sí muestran que existían alternativas institucionales y formas legales de participación.
La decisión de preparar acciones armadas debe examinarse teniendo presente ese contexto.
El trabajo histórico no consiste en declarar que toda protesta radical era ilegítima.
Consiste en identificar el momento en que determinados militantes comenzaron a considerar que sus objetivos justificaban utilizar procedimientos clandestinos y violentos.
Esa transición fue política.
Y sus protagonistas deben responder históricamente por los argumentos y decisiones que la hicieron posible.
Del trabajador cañero al dirigente revolucionario
La trayectoria de Raúl Sendic será uno de los temas centrales del capítulo siguiente.
Su participación en las luchas de los trabajadores de Bella Unión permite conocer condiciones laborales que formaban parte de la realidad social uruguaya.
Pero su posterior vinculación con la organización armada exige examinar decisiones adicionales.
No sería correcto explicar su trayectoria únicamente como producto del conflicto cañero.
Tampoco reducir todo su pensamiento a la influencia cubana.
Será necesario estudiar sus escritos, sus relaciones políticas, su participación en las organizaciones de izquierda y las razones que lo llevaron a involucrarse en una estructura clandestina.
La biografía no debe convertirse automáticamente en una justificación.
Los antecedentes ayudan a comprender cómo una persona llega a determinadas posiciones.
La legitimidad de sus métodos requiere una evaluación propia.
16. La democracia uruguaya ante su primera gran contradicción
El Uruguay de comienzos de los años sesenta enfrentaba una tensión que los acontecimientos posteriores harían cada vez más visible.
Las instituciones constitucionales continuaban funcionando, pero determinados sectores habían comenzado a perder confianza en su capacidad para resolver los conflictos.
Algunos actores reclamaban reformas económicas y sociales desde la participación democrática.
Otros defendían transformaciones más profundas mediante procedimientos electorales y movilización popular.
Una minoría empezó a considerar que la revolución debía prepararse por fuera de esas instituciones.
Esta diversidad de respuestas es indispensable para comprender la época.
La radicalización política no fue una consecuencia uniforme del deterioro económico.
La mayoría de los ciudadanos no abandonó la participación electoral.
Los partidos tradicionales conservaron un respaldo considerable.
Las organizaciones de izquierda legal continuaron disputando espacios políticos.
Los trabajadores siguieron utilizando instrumentos sindicales.
La decisión de organizar una insurgencia armada correspondió a sectores específicos.
La República no era una abstracción
El sistema político uruguayo tenía instituciones concretas.
La Constitución establecía procedimientos.
El Parlamento legislaba y discutía políticas públicas.
Los gobiernos surgían de elecciones.
Los ciudadanos participaban en partidos, sindicatos y organizaciones sociales.
La existencia de prácticas de clientelismo o de políticas económicas cuestionables no eliminaba automáticamente esas instituciones.
Tampoco las hacía inmunes a la crítica.
La democracia requiere precisamente que las instituciones puedan ser discutidas y reformadas.
La cuestión aparece cuando un grupo decide que su propia interpretación del interés general le otorga autoridad para sustituir los procedimientos colectivos por la fuerza.
Esa pretensión será uno de los ejes del estudio del MLN-T.
La historia de su formación permitirá examinar cómo se pasó de la crítica a los partidos tradicionales y de la militancia social a un proyecto que incorporó la organización clandestina y la preparación armada.
Lo que los hechos de 1955–1963 permiten establecer
No es necesario convertir el Uruguay de aquellos años en una sociedad ideal para reconocer que poseía instituciones democráticas relevantes.
Tampoco debemos negar la gravedad de sus dificultades económicas y sociales para cuestionar las decisiones de quienes optaron por las armas.
Ambos elementos forman parte de la historia.
La crisis existió.
La desigualdad existió.
Los conflictos laborales tuvieron fundamentos reales.
Las elecciones también existieron.
La competencia política continuaba abierta.
Y los primeros grupos clandestinos comenzaron a organizarse antes de la dictadura.
El juicio histórico debe partir de esa coexistencia.
Las interpretaciones posteriores serán examinadas a partir de los documentos disponibles, no de la conveniencia de presentar el pasado como una sucesión inevitable de acontecimientos.
El Uruguay que existía antes del mito
Cuando la historia del MLN-Tupamaros se reconstruye únicamente desde sus dirigentes posteriores, existe el riesgo de convertir la década de 1960 en una narración cuyo desenlace parece conocido desde el comienzo.
La crisis económica anticiparía necesariamente la revolución.
Los conflictos sociales demostrarían la imposibilidad de la democracia.
La represión posterior explicaría todas las decisiones anteriores.
Y el golpe de 1973 terminaría reorganizando el significado de acontecimientos producidos diez años antes.
Pero el Uruguay de 1958 no sabía que iba a vivir una dictadura.
La sociedad de 1962 no estaba obligada por su historia a aceptar una insurrección.
Los trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales no habían delegado necesariamente su representación en una organización armada.
Los estudiantes que exigían autonomía universitaria no compartían automáticamente un proyecto revolucionario clandestino.
Los ciudadanos que votaban por partidos de izquierda tampoco estaban respaldando, por ese solo hecho, una estrategia de violencia política.
La historia es más compleja.
Sus protagonistas tomaron decisiones diferentes frente a problemas compartidos.
Algunos buscaron reformas.
Otros defendieron transformaciones mediante la competencia electoral.
También hubo quienes comenzaron a prepararse para utilizar las armas.
La diferencia entre esas opciones no puede desaparecer bajo una interpretación que presenta toda la radicalización política como una consecuencia inevitable de las circunstancias.
La crisis económica explica el descontento. Las desigualdades ayudan a comprender la protesta. Pero la decisión de organizar una guerrilla necesita ser investigada como una elección política concreta.
Esa será la tarea de los próximos capítulos de LIBERTAS.
No estudiaremos al MLN-Tupamaros como un movimiento aislado de su época, ni aceptaremos que sus propias explicaciones constituyan la última palabra sobre sus orígenes.
Reconstruiremos el proceso mediante documentos, testimonios y acontecimientos verificables.
Examinaremos sus objetivos, la formación del Coordinador, las primeras operaciones, sus vínculos con el movimiento sindical y la influencia de la Revolución Cubana.
También analizaremos cómo se elaboraron las interpretaciones destinadas a justificar la lucha armada dentro de una sociedad que conservaba instituciones constitucionales.
Porque el problema histórico no consiste en determinar si Uruguay era una democracia perfecta.
Ninguna democracia lo es.
La cuestión es comprender por qué algunos militantes decidieron que la existencia de conflictos y desigualdades los autorizaba a preparar una revolución mediante las armas.
La historia de los tupamaros no comenzó con la dictadura. Comenzó antes, cuando la República todavía ofrecía caminos de participación política y una minoría comenzó a buscar otros.
Conocer esa diferencia es indispensable para comprender lo que ocurrió después.
Cronología documental: Uruguay, 1955–1963
- 1955 — Comienza a manifestarse el agotamiento económico.Dificultades del comercio exterior, problemas productivos y creciente presión sobre los precios y las cuentas públicas.
- 1956 — Conflictos en la industria frigorífica.Movilizaciones obreras, entre ellas la marcha de trabajadores del Anglo hacia Montevideo.
- 16 de octubre de 1958 — Ley Orgánica universitaria.Se promulga la Ley N.º 12.549, que consolida autonomía, cogobierno y libertad de opinión.
- 30 de noviembre de 1958 — Victoria del Partido Nacional.Cambio electoral de la mayoría gobernante después de décadas de predominio colorado.
- Marzo de 1959 — Comienza el gobierno colegiado de mayoría blanca.La nueva administración impulsa cambios de política económica.
- Abril de 1959 — Inundaciones extraordinarias.La emergencia desplaza a decenas de miles de personas y exige una amplia respuesta institucional.
- 17 de diciembre de 1959 — Reforma cambiaria y monetaria.Se promulga la Ley N.º 12.670.
- 1961 — Organización de UTAA.Los trabajadores cañeros de Artigas desarrollan nuevas formas de movilización; Raúl Sendic adquiere protagonismo en ese proceso.
- Agosto de 1961 — Conferencia de Punta del Este.Uruguay recibe una reunión hemisférica sobre desarrollo económico y a la delegación cubana encabezada por Ernesto Che Guevara.
- 25 de noviembre de 1962 — Nuevas elecciones nacionales.Vuelve a ganar el Partido Nacional, con menor diferencia respecto del Partido Colorado. Participan distintas opciones legales de izquierda.
- 1962–1963 — Contactos entre militantes radicalizados.Se desarrollan los antecedentes del Coordinador, que más adelante contribuiría al surgimiento del MLN-T.
- 31 de julio de 1963 — Robo de armas del Tiro Suizo.Operación clandestina que constituye un antecedente de la futura organización tupamara.
Tres problemas históricos que deberán acompañar los capítulos uruguayos
El primero es evitar la historia retrospectiva. No podemos tomar los acontecimientos de 1973 y utilizarlos como explicación automática de las decisiones adoptadas en 1962.
El segundo consiste en diferenciar reivindicación social de insurrección armada. Las dificultades económicas, las demandas sindicales y las protestas estudiantiles formaban parte de la vida política del país. Sus protagonistas no deben ser identificados indiscriminadamente con los grupos clandestinos.
El tercero será atribuir las decisiones a quienes las adoptaron. Las organizaciones revolucionarias tuvieron sus propios dirigentes, argumentos y estrategias. Los gobiernos también fueron responsables de sus políticas y de la legalidad de las respuestas estatales. Examinar unos hechos no puede servir para eximir de responsabilidad a los demás actores.
Esta es la base histórica sobre la que se desarrollará el estudio del MLN-Tupamaros.
Raúl Sendic, fundador e ideólogo del MLN- Tupamaros