1. De la experiencia cubana a la pretensión de una revolución continental
El triunfo de Fidel Castro en enero de 1959 cambió las expectativas de numerosos movimientos de izquierda latinoamericanos. Hasta entonces, la transformación socialista había sido concebida mediante estrategias diferentes: organización sindical, participación parlamentaria, movilización popular o insurrección.
La experiencia cubana incorporó una posibilidad que parecía modificar las condiciones del debate: la conquista del poder por una organización insurgente relativamente pequeña, capaz de convertirse progresivamente en una fuerza militar y política de alcance nacional.
Sin embargo, la interpretación de ese acontecimiento pronto dejó de distinguir entre las circunstancias particulares que habían permitido la caída de Batista y las condiciones existentes en otros países.
La debilidad de las Fuerzas Armadas cubanas durante la etapa final del régimen, la intervención de organizaciones urbanas, el desprestigio del gobierno y el apoyo de distintos sectores opositores quedaron subordinados, dentro de algunas formulaciones revolucionarias, a la eficacia atribuida a la guerrilla rural.
Ernesto Che Guevara desarrolló parte de esas ideas en La guerra de guerrillas, publicada en 1960. Posteriormente, el francés Régis Debray contribuiría a sistematizar la teoría del foco revolucionario en ¿Revolución en la revolución?, de 1967.
La propuesta suponía que un núcleo armado podía iniciar un proceso insurreccional y contribuir a generar las condiciones políticas necesarias para su expansión.
La consecuencia era profunda.
La organización revolucionaria ya no necesitaba esperar a que existiera una movilización popular suficientemente amplia para comenzar la confrontación. Podía considerar que su propia acción militar ayudaría a producirla.
Este razonamiento desplazaba una cuestión política hacia el terreno estratégico.
¿Quién determinaba que una sociedad necesitaba una revolución? ¿Cómo podía comprobarse la representatividad del grupo que decidía iniciarla? ¿Qué ocurría si una parte considerable de la población no compartía el proyecto?
Los documentos revolucionarios ofrecieron respuestas diferentes. Algunos consideraron que la legitimidad surgía de la lucha contra la explotación o la dictadura. Otros atribuyeron a la vanguardia política una capacidad especial para interpretar los intereses de las clases populares.
Pero la convicción ideológica de un grupo no equivale necesariamente a un mandato social.
Este problema no desaparece porque una organización invoque objetivos igualitarios, antiimperialistas o emancipadores.
Las aspiraciones de justicia social pueden ser genuinas. La cuestión es si autorizan a sustituir el consentimiento político por la decisión de una minoría armada.
El ejemplo convertido en doctrina
La difusión del modelo cubano encontró apoyo en redes políticas, vínculos ideológicos y mecanismos de cooperación internacional.
La Habana adquirió un papel relevante en el debate revolucionario latinoamericano y, durante distintos períodos, proporcionó formación y apoyo a organizaciones insurgentes.
La Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en enero de 1966 y la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967 expresaron esa aspiración internacionalista.
El proyecto buscaba relacionar diferentes experiencias antiimperialistas y revolucionarias, aunque sus integrantes no constituían un bloque uniforme y mantuvieron controversias sobre las estrategias.
La difusión de las ideas cubanas se produjo en un contexto de Guerra Fría, marcado por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los golpes militares y las tensiones sociales de la región.
Pero no toda guerrilla fue creada desde Cuba ni todas las organizaciones recibieron el mismo apoyo exterior.
El estudio de cada movimiento exige identificar sus antecedentes nacionales, sus dirigentes y sus decisiones propias.
La influencia internacional constituye una explicación relevante, nunca una sustitución de la historia local.
2. La violencia como programa político: el problema de los medios y los fines
Las organizaciones guerrilleras no se limitaron a declarar que deseaban transformar la sociedad. Adoptaron estructuras clandestinas, organizaron grupos armados y desarrollaron procedimientos destinados a enfrentar o debilitar a las autoridades existentes.
Los métodos variaron según los países y los períodos: emboscadas, sabotajes, ocupaciones de localidades, robos de armamento, apropiación de recursos, secuestros y atentados.
No todas las organizaciones realizaron las mismas acciones ni actuaron bajo idénticas condiciones.
Sin embargo, compartían una decisión política básica: recurrir a la fuerza organizada para alcanzar objetivos que no pretendían conseguir exclusivamente mediante procedimientos institucionales.
La legitimidad de esa decisión fue discutida incluso dentro de la izquierda latinoamericana.
Numerosos partidos y dirigentes cuestionaron la eficacia del foco guerrillero, especialmente cuando no existían condiciones sociales para sostener una insurgencia prolongada.
Otros advirtieron que la militarización podía terminar subordinando la actividad política a las necesidades de una organización clandestina.
Este último problema merece especial atención.
Una estructura militar requiere jerarquías, disciplina y reserva de información. Esas características pueden resultar funcionales a una operación armada, pero plantean dificultades cuando una organización pretende atribuirse la representación política de una sociedad.
La deliberación pública, la competencia entre proyectos y el control de los dirigentes no funcionan del mismo modo dentro de un aparato clandestino.
Una dirección revolucionaria podía decidir objetivos, seleccionar adversarios y autorizar operaciones sin responder ante los ciudadanos que resultarían afectados.
En determinados movimientos, los conflictos internos terminaron siendo tratados como problemas de seguridad o disciplina. Las discrepancias políticas podían convertirse en acusaciones de traición.
La violencia dejaba entonces de ser únicamente un instrumento dirigido contra el gobierno y comenzaba a influir sobre la organización interna del propio movimiento.
El lenguaje de la legitimación
Las organizaciones guerrilleras utilizaron vocabularios particulares para explicar sus operaciones.
Los robos destinados a obtener recursos podían denominarse expropiaciones. Los secuestros de personas eran presentados en determinados casos como detenciones revolucionarias. Los ataques a instalaciones estatales aparecían como operaciones de justicia popular.
Estas denominaciones deben estudiarse como parte del pensamiento político de sus protagonistas.
Pero no sustituyen la descripción histórica ni la evaluación jurídica de los acontecimientos.
Cuando una persona es privada de libertad contra su voluntad, la investigación debe reconstruir las circunstancias de su captura, las condiciones de cautiverio, las exigencias de sus captores y el desenlace.
El hecho no adquiere otra naturaleza por el nombre que le asigne la organización responsable.
Tampoco resulta adecuado reducir automáticamente toda acción insurgente a una misma categoría jurídica. El contexto de conflicto armado, la condición de los objetivos y las normas aplicables requieren un examen específico.
Lo que sí puede afirmarse es que la proclamación de una finalidad revolucionaria no constituye, por sí sola, una justificación suficiente de la violencia ejercida sobre terceros.
La crítica debe alcanzar también a las respuestas estatales. La obligación de mantener el orden no autoriza la tortura, la desaparición forzada ni la ejecución extrajudicial.
Estas diferencias importan porque permiten establecer responsabilidades sin transformar el análisis histórico en una confrontación de justificaciones políticas.
3. Venezuela: una guerrilla contra un gobierno constitucional
La experiencia venezolana ocupa un lugar especialmente relevante para comprender las contradicciones de la revolución continental.
El 23 de enero de 1958 cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Comenzó entonces un proceso de reorganización democrática que culminó con la elección de Rómulo Betancourt como presidente.
El país enfrentaba fuertes tensiones políticas, conflictos sociales y amenazas contra su estabilidad institucional. El nuevo sistema democrático también presentaba exclusiones y disputas, particularmente alrededor del Pacto de Puntofijo y de la participación de diferentes corrientes políticas.
Sin embargo, la existencia de un gobierno constitucional elegido mediante elecciones introducía una diferencia respecto de las insurgencias dirigidas contra dictaduras consolidadas.
Sectores del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria optaron progresivamente por la confrontación armada.
En 1962 se produjeron levantamientos militares en Carúpano y Puerto Cabello.
El primero comenzó el 4 de mayo. El segundo tuvo lugar el 2 de junio.
Ambas insurrecciones fracasaron.
Las investigaciones históricas venezolanas muestran que, después de estos acontecimientos, organizaciones de izquierda radicalizada intensificaron su apuesta por la guerrilla rural y las acciones clandestinas.
Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) se convirtieron en una de las principales expresiones de esa estrategia.
La contradicción democrática
El problema político resulta evidente.
Venezuela acababa de recuperar sus instituciones representativas después de una dictadura. La nueva democracia enfrentaba numerosas dificultades, pero existían mecanismos electorales y espacios de competencia política.
La decisión de impulsar una insurrección buscaba reemplazar ese sistema mediante una transformación revolucionaria dirigida por organizaciones que no habían obtenido un mandato popular para conquistar el poder por las armas.
Esta característica obliga a cuestionar la representación de toda guerrilla latinoamericana como una reacción necesaria frente a la inexistencia absoluta de libertades políticas.
Las condiciones venezolanas eran diferentes de las cubanas bajo Batista.
La oposición al gobierno de Betancourt podía expresarse mediante organizaciones políticas, movilización social y participación electoral, aunque existían conflictos y restricciones que deben analizarse.
La opción armada fue una decisión de sectores específicos.
No una consecuencia inevitable de la realidad venezolana.
Las organizaciones insurgentes desarrollaron operaciones rurales y urbanas, sabotajes y enfrentamientos con las fuerzas estatales.
El gobierno respondió mediante acciones militares, detenciones y restricciones a determinadas organizaciones políticas.
La trayectoria posterior del movimiento guerrillero estuvo atravesada por divisiones internas, desacuerdos estratégicos y un respaldo social insuficiente para conseguir sus objetivos de conquista del poder.
La continuidad de la competencia electoral y la política de pacificación promovida bajo la presidencia de Rafael Caldera contribuyeron posteriormente a la desmovilización de una parte de la insurgencia.
Un resultado que merece examinarse
La guerrilla venezolana no logró sustituir al sistema constitucional por un régimen revolucionario.
Su fracaso no puede explicarse únicamente por la superioridad militar del Estado.
También intervino la dificultad de transformar la adhesión ideológica de grupos militantes en respaldo popular suficiente.
La experiencia plantea una cuestión que será decisiva para Uruguay.
¿Qué ocurre cuando una organización interpreta que la democracia existente es insuficiente y concluye que esa valoración la autoriza a iniciar una guerra revolucionaria?
La insatisfacción con las instituciones puede tener fundamentos reales. Pero no equivale a demostrar que la sociedad haya delegado en un grupo armado el derecho de decidir su futuro.
4. Guatemala: una insurgencia nacida de una historia de exclusión y represión
Guatemala presenta circunstancias profundamente diferentes.
El derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954, mediante una operación apoyada por Estados Unidos, interrumpió un proceso de reformas políticas y sociales que había generado importantes conflictos internos y externos.
La posterior represión de sectores opositores contribuyó a crear un escenario de radicalización.
En noviembre de 1960 se produjo un levantamiento de oficiales militares contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.
Aunque la rebelión fracasó, algunos participantes mantuvieron actividades de oposición que desembocaron posteriormente en organizaciones insurgentes.
Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) comenzaron a configurarse en 1962 mediante la vinculación de sectores militares rebeldes, militantes comunistas y organizaciones estudiantiles.
La insurgencia guatemalteca surgió, por tanto, en un contexto de fuertes restricciones políticas, desigualdad social y represión.
La historia de su origen debe reconocer esas condiciones.
Pero explicar las causas de la radicalización no equivale a justificar todas las acciones desarrolladas por las organizaciones armadas.
La distancia entre la vanguardia y la sociedad
La guerrilla guatemalteca sostuvo que luchaba por una transformación profunda de las estructuras políticas y económicas.
Sin embargo, la relación entre sus dirigentes y la población rural fue compleja.
Existían diferencias culturales, sociales y lingüísticas que dificultaban construir una representación homogénea de campesinos y comunidades indígenas.
La insurgencia pretendía actuar en nombre de sectores históricamente excluidos, pero esa pretensión debía confrontarse con las decisiones y preferencias reales de las comunidades.
No puede suponerse que toda población sometida a injusticias apoyara necesariamente una estrategia armada.
Tampoco que quienes rechazaban colaborar con la guerrilla fueran defensores del régimen.
La ausencia de apoyo insurgente podía expresar miedo, desacuerdo político, preocupación por las represalias o prioridades comunitarias distintas.
Ese abanico de respuestas muestra los límites de las representaciones que convierten a la población rural en una masa revolucionaria uniforme.
La violencia guerrillera y sus responsabilidades
Las organizaciones insurgentes guatemaltecas desarrollaron operaciones armadas, ataques y otras acciones violentas durante un conflicto que continuaría mucho más allá de los años setenta.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada después de los acuerdos de paz, investigó las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia cometidos durante el enfrentamiento interno.
Sus conclusiones establecieron responsabilidades atribuibles tanto a las organizaciones guerrilleras como, en una proporción abrumadoramente mayor, a las fuerzas estatales y estructuras vinculadas a ellas.
La Comisión atribuyó el 93 % de las violaciones documentadas a agentes del Estado y grupos relacionados, y el 3 % a organizaciones guerrilleras. El porcentaje restante no pudo atribuirse con certeza.
Estos porcentajes corresponden a las violaciones registradas por la Comisión durante el conjunto del enfrentamiento, no exclusivamente a la década de 1960 ni al número total de muertes.
El dato impide presentar una distribución equivalente de responsabilidades.
También impide utilizar los crímenes de la guerrilla para explicar como respuesta inevitable las campañas de represión indiscriminada, las masacres y los actos de genocidio documentados durante etapas posteriores.
La Comisión concluyó que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza insurgente y extendió la noción de enemigo interno hacia sectores civiles, políticos y sociales que no participaban en las organizaciones armadas.
La cuestión que permanece
La experiencia guatemalteca obliga a mantener dos afirmaciones simultáneas.
Las organizaciones guerrilleras deben responder históricamente por sus acciones, sus decisiones estratégicas y las víctimas que produjeron.
El Estado y sus fuerzas deben responder por sus propios crímenes, cuya extensión y naturaleza no pueden ser relativizadas mediante referencias genéricas al combate contra la insurgencia.
Una investigación crítica con los guerrilleros pierde rigor si elimina esta diferencia.
La responsabilidad histórica exige atribuir los hechos a quienes los cometieron, no construir equivalencias destinadas a preservar interpretaciones políticas.
5. Bolivia: la revolución que no consiguió encontrar a su pueblo
La campaña guerrillera de Ernesto Che Guevara en Bolivia, desarrollada entre 1966 y 1967, ofrece uno de los ejemplos más directos de las limitaciones del modelo del foco revolucionario.
Bolivia tenía una historia política marcada por la Revolución Nacional de 1952, la reforma agraria, la nacionalización de las grandes empresas mineras y la reorganización de sus relaciones sociales.
No era una sociedad inmóvil, carente de tradiciones de movilización política.
El movimiento obrero minero había adquirido un protagonismo importante. Las organizaciones campesinas desarrollaban sus propias relaciones con el poder.
En 1964, un golpe militar encabezado por René Barrientos y Alfredo Ovando había interrumpido el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
La llegada de Guevara se produjo, por tanto, en un escenario autoritario, pero también dentro de una sociedad que había experimentado transformaciones revolucionarias anteriores.
El proyecto insurgente buscaba establecer una base desde la cual extender la guerra a otros países.
Sin embargo, desde sus primeras etapas aparecieron dificultades políticas y organizativas.
La disputa con los comunistas bolivianos
La relación entre Guevara y Mario Monje, dirigente del Partido Comunista de Bolivia, resultó particularmente conflictiva.
La organización insurgente pretendía contar con apoyo local, pero surgieron desacuerdos sobre quién debía asumir la conducción política y militar.
Guevara no aceptó transferir el mando de la expedición a Monje.
La disputa mostró una contradicción importante del proyecto.
Una organización que aspiraba a liberar a Bolivia y contribuir a la revolución continental estaba dirigida por un militante extranjero que reivindicaba para sí la conducción militar.
La defensa de una causa internacionalista no elimina automáticamente el problema de la representación nacional.
El hecho de que Guevara actuara por convicción ideológica no demuestra que las organizaciones políticas bolivianas debieran aceptar su autoridad.
Los documentos desclasificados estadounidenses permiten reconstruir estos desacuerdos, aunque sus interpretaciones deben contrastarse con el diario de Guevara y con las fuentes bolivianas.
La ausencia de una movilización campesina generalizada
Una de las expectativas centrales del foco consistía en que las acciones de un núcleo armado contribuirían a generar apoyo político y social.
Pero los resultados de la campaña boliviana fueron distintos.
Las relaciones con los campesinos resultaron insuficientes y, en numerosas ocasiones, desconfiadas.
Las dificultades de comunicación, abastecimiento y movilidad limitaron las posibilidades de expansión.
La guerrilla también padeció problemas de coordinación con sus redes de apoyo.
El diario de Guevara ofrece evidencia de esas dificultades. En sus anotaciones se registran tensiones internas, pérdidas y problemas de comunicación con la población local.
Un resumen de inteligencia estadounidense elaborado a partir del diario, en octubre de 1967, recogía la preocupación del propio Guevara porque los campesinos no estaban ayudando a la guerrilla y algunos comenzaban a proporcionar información a las autoridades.
Este testimonio no demuestra que todos los campesinos rechazaran a los insurgentes. Pero contradice la representación de una población rural que esperaba uniformemente la llegada del foco revolucionario.
El hecho es especialmente relevante porque la teoría suponía que las acciones militares podían contribuir a crear condiciones favorables para una insurrección más amplia.
En Bolivia, ese proceso no se produjo del modo esperado.
La derrota y sus consecuencias
El 8 de octubre de 1967, Guevara fue capturado por fuerzas bolivianas después de un enfrentamiento en la quebrada del Yuro.
Fue ejecutado al día siguiente mientras permanecía prisionero.
La ejecución fue un hecho distinto de la derrota militar y requiere una valoración jurídica propia.
Pero la muerte del dirigente no debe ocultar el balance estratégico.
La campaña no consiguió desarrollar una fuerza revolucionaria nacional suficientemente amplia ni producir la extensión continental que sus promotores buscaban.
Su fracaso puso en evidencia los riesgos de trasladar una estrategia a un contexto sin comprobar adecuadamente sus condiciones sociales y políticas.
La representación posterior de Guevara como mártir internacionalista relegó, en ocasiones, esos problemas.
Se produjo así una separación entre la trayectoria simbólica del dirigente y los resultados efectivos de su última operación.
La historia política del Che no puede reducirse a las dificultades de Bolivia, pero tampoco debe estudiarse omitiéndolas.
La determinación personal no sustituye el respaldo social, y la convicción revolucionaria no convierte una estrategia fallida en una política acertada.
6. Colombia: una guerra prolongada y la degradación de la violencia
La historia colombiana tiene antecedentes que impiden explicarla únicamente mediante la influencia de Cuba.
La violencia partidista que siguió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, produjo conflictos rurales, desplazamientos y enfrentamientos que marcaron profundamente la vida política del país.
Durante los años cincuenta surgieron organizaciones de autodefensa campesina relacionadas con distintas tradiciones políticas.
El Frente Nacional, establecido mediante acuerdos entre los partidos Liberal y Conservador, buscó superar la inestabilidad anterior, pero también restringió la competencia política a las dos fuerzas tradicionales.
En este contexto se desarrollaron organizaciones que, durante los años sesenta, adoptaron estrategias insurgentes.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se constituyeron en 1964, con antecedentes en procesos de autodefensa campesina y en la confrontación militar en Marquetalia.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), también surgido en 1964, recibió una influencia ideológica cubana más directa.
En 1965 comenzó a desarrollar operaciones armadas públicas.
El sacerdote Camilo Torres Restrepo se incorporó al ELN y murió en combate en febrero de 1966.
Su figura adquirió posteriormente una fuerte dimensión simbólica dentro de sectores de la izquierda cristiana.
Dos organizaciones, dos trayectorias
Las FARC y el ELN compartieron determinados objetivos revolucionarios, pero tenían antecedentes, estructuras y concepciones diferentes.
No corresponde tratarlas como expresiones idénticas de una misma organización.
Las FARC desarrollaron una estrategia prolongada de implantación territorial. El ELN combinó influencias guevaristas con determinadas tradiciones nacionalistas y cristianas radicalizadas.
Ambos movimientos mantuvieron conflictos con el Estado y desarrollaron acciones armadas que afectaron a numerosas comunidades.
El problema colombiano no puede comprenderse únicamente desde las intenciones ideológicas de sus dirigentes.
Con el paso de las décadas, las organizaciones insurgentes se vincularon con formas de financiamiento y control territorial que produjeron graves consecuencias para la población civil.
Los secuestros, las extorsiones, las minas antipersonal, los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores adquirieron particular relevancia en diferentes etapas del conflicto.
No todas estas prácticas alcanzaron su mayor extensión durante los años sesenta y setenta. Muchas se intensificaron posteriormente.
Precisar esa evolución es indispensable para no proyectar retrospectivamente sobre los orígenes del movimiento todos los comportamientos de décadas posteriores.
La población civil como escenario de la guerra
El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia documentó en su informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad los efectos de un conflicto armado prolongado sobre la sociedad.
La investigación analiza secuestros, ataques, desplazamientos, masacres y otras formas de violencia, así como las responsabilidades de los diferentes actores.
Las organizaciones guerrilleras no fueron las únicas responsables.
También participaron fuerzas estatales, estructuras paramilitares y otros grupos armados, cuyas actuaciones deben examinarse separadamente.
Pero los crímenes cometidos por estos actores no eliminan las responsabilidades propias de la insurgencia.
La crítica resulta especialmente necesaria respecto de la pretensión de actuar en defensa de los sectores populares.
¿Cómo puede sostenerse esa representación cuando una organización impone decisiones mediante amenazas, retiene personas para obtener recursos o somete comunidades enteras a condiciones de confrontación armada?
La respuesta no puede limitarse a reproducir las explicaciones de sus dirigentes.
Es necesario escuchar a las víctimas y reconstruir las consecuencias de las operaciones.
El sufrimiento de las comunidades no constituye un aspecto secundario de la historia militar.
Forma parte central de la evaluación histórica de las decisiones guerrilleras.
El problema del conflicto interminable
Colombia permite identificar otra contradicción de la estrategia revolucionaria.
Una organización concebida para transformar el orden político puede convertirse en una estructura armada cuya propia continuidad adquiere importancia independiente de la posibilidad real de alcanzar sus objetivos originales.
La supervivencia militar, el control territorial y las necesidades de financiamiento pueden terminar modificando el proyecto político.
Con el paso del tiempo, la organización no es necesariamente la misma que surgió décadas antes.
Por eso, los acuerdos de paz, las desmovilizaciones y las transformaciones posteriores deben analizarse a la luz de esa evolución.
El caso colombiano demuestra que la guerra revolucionaria puede prolongarse durante generaciones sin conducir al orden social prometido por sus fundadores.
Y que la duración de una lucha no constituye, por sí misma, prueba de legitimidad.
7. Brasil: la guerrilla urbana contra la dictadura militar
El 31 de marzo de 1964 comenzó en Brasil el proceso militar que culminó con la destitución de João Goulart y la instauración de una dictadura.
La ruptura institucional modificó profundamente las condiciones de participación política.
La persecución de opositores, la censura y la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida pública contribuyeron a la radicalización de distintos grupos.
En diciembre de 1968, el Acto Institucional Número 5 (AI-5) amplió las facultades represivas del régimen y restringió todavía más las garantías políticas.
La guerrilla urbana brasileña se desarrolló, por tanto, contra una dictadura militar.
Esta circunstancia debe quedar claramente establecida antes de evaluar las acciones de sus organizaciones.
Carlos Marighella y la Ação Libertadora Nacional
Carlos Marighella había desarrollado una extensa trayectoria dentro del comunismo brasileño.
Con el tiempo, se distanció de la estrategia del Partido Comunista Brasileño y defendió la acción revolucionaria armada.
Fue una de las figuras principales de la Ação Libertadora Nacional (ALN).
En 1969 escribió el Minimanual del guerrillero urbano, un texto destinado a orientar la acción clandestina contra el régimen militar.
La obra defendía operaciones como sabotajes, asaltos y secuestros como parte de una estrategia destinada a desgastar al Estado y estimular una insurrección más amplia.
Su importancia para la historia latinoamericana reside en que contribuyó a difundir una concepción de guerrilla urbana que no dependía exclusivamente del establecimiento de un foco rural.
Sin embargo, la existencia de una dictadura no significa que todas las acciones de resistencia fueran equivalentes o que cualquier método quedara automáticamente justificado.
Los objetivos elegidos, las víctimas, las circunstancias y las consecuencias deben estudiarse.
El secuestro del embajador estadounidense
El 4 de septiembre de 1969, integrantes de la ALN y del Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) secuestraron en Río de Janeiro al embajador de Estados Unidos, Charles Burke Elbrick.
Los responsables exigieron la difusión pública de un manifiesto y la liberación de quince presos políticos, que debían ser trasladados a México.
El régimen militar aceptó las condiciones principales y Elbrick fue liberado el 9 de septiembre.
La operación obtuvo resultados inmediatos desde la perspectiva de sus organizadores.
Sin embargo, también constituyó la privación forzada de libertad de una persona utilizada para presionar al gobierno.
No corresponde omitir ese hecho porque los objetivos declarados incluyeran la liberación de presos sometidos a un régimen autoritario.
El episodio muestra una característica de determinadas acciones guerrilleras urbanas: la utilización de personas como instrumentos de negociación política.
También tuvo consecuencias institucionales. El gobierno militar dictó nuevas medidas represivas, entre ellas los Actos Institucionales 13 y 14.
Estas decisiones fueron responsabilidad del régimen.
No resulta jurídicamente correcto considerar que el secuestro obligó inevitablemente al Estado a restringir aún más las libertades.
La operación guerrillera y la respuesta gubernamental deben ser reconstruidas y evaluadas por separado.
El fracaso estratégico
Marighella fue asesinado por agentes de seguridad brasileños el 4 de noviembre de 1969, en São Paulo.
Las organizaciones guerrilleras urbanas continuaron actuando, pero enfrentaron infiltración, detenciones, pérdidas de dirigentes y una represión estatal cada vez más intensa.
El proyecto de provocar una revolución generalizada mediante acciones clandestinas no alcanzó sus objetivos.
La dictadura brasileña se prolongó hasta 1985.
Las luchas sociales, las transformaciones políticas, la movilización civil y las negociaciones institucionales contribuyeron posteriormente al proceso de apertura.
La guerrilla fue parte de la oposición a la dictadura, pero no puede presentarse como la única protagonista de la recuperación democrática.
Esa representación dejaría fuera a numerosos actores civiles que desarrollaron otras estrategias de resistencia.
La crítica histórica debe reconocer el valor de las distintas formas de oposición sin convertir sus métodos en equivalentes.
8. Argentina: la violencia revolucionaria y la disputa por el poder
Argentina constituye uno de los escenarios más complejos de la guerrilla latinoamericana.
Durante las décadas de 1960 y 1970, el país atravesó proscripciones políticas, golpes militares, gobiernos de facto, conflictos sindicales y profundas divisiones ideológicas.
El golpe de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, instauró una dictadura que restringió la actividad política y reprimió distintas formas de oposición.
El Cordobazo de mayo de 1969 expresó un importante proceso de movilización obrera y estudiantil.
Sin embargo, la radicalización de determinados sectores no produjo una única estrategia política.
Algunas organizaciones optaron por la acción sindical y la movilización social. Otras desarrollaron proyectos insurreccionales.
Entre estas últimas adquirieron especial protagonismo Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Aunque ambas recurrieron a la lucha armada, sus tradiciones ideológicas eran diferentes.
Montoneros: revolución, peronismo y organización clandestina
Montoneros apareció públicamente en 1970 mediante el secuestro del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.
La organización anunció posteriormente su ejecución, que justificó mediante un supuesto juicio revolucionario.
Aramburu había participado en el golpe de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón y desempeñado un papel central en el régimen militar posterior.
Ese pasado político formaba parte de la argumentación utilizada por Montoneros para justificar la operación.
Pero el antecedente de Aramburu no otorgaba a una organización clandestina autoridad judicial para detenerlo, juzgarlo y ejecutarlo.
La acción ilustra la sustitución de procedimientos institucionales por decisiones adoptadas dentro de una estructura armada.
La utilización de un lenguaje judicial no convertía el procedimiento en un juicio con garantías legales.
Montoneros desarrolló posteriormente una identidad revolucionaria vinculada con determinados sectores del peronismo.
Su relación con Juan Domingo Perón fue compleja y terminó atravesada por conflictos profundos.
La organización buscó intervenir en la disputa por el significado político del movimiento peronista y en la definición de su proyecto de poder.
El ERP: la revolución socialista por la vía militar
El Ejército Revolucionario del Pueblo surgió en 1970, vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Sus dirigentes defendían una estrategia marxista revolucionaria que incorporaba la acción militar como instrumento de conquista del poder.
Mario Roberto Santucho fue una de sus principales figuras.
El ERP desarrolló operaciones contra instalaciones militares, acciones clandestinas y actividades de organización insurgente.
Su estrategia no puede comprenderse sin considerar la influencia de la Revolución Cubana y las tradiciones marxistas revolucionarias.
Pero tampoco puede reducirse a una simple reproducción del modelo guevarista.
La organización intentó desarrollar formas propias de guerra revolucionaria y llegó a establecer una experiencia de guerrilla rural en Tucumán.
Las diferencias entre Montoneros y el ERP eran importantes, aunque ambas organizaciones compartían la decisión de utilizar la violencia armada para producir transformaciones políticas profundas.
1973: el regreso de las elecciones y la continuidad de la violencia
La situación argentina introdujo una contradicción particularmente relevante después de 1973.
El 11 de marzo se celebraron elecciones nacionales que marcaron el comienzo del retorno al gobierno constitucional.
Héctor Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo.
Posteriormente, Juan Domingo Perón regresó a la presidencia mediante elecciones realizadas en septiembre.
La recuperación de las instituciones no produjo el abandono inmediato de las estrategias armadas.
El ERP continuó desarrollando operaciones contra objetivos militares.
Montoneros, por su parte, mantuvo una relación cada vez más conflictiva con otros sectores del peronismo y terminó retomando abiertamente la clandestinidad en septiembre de 1974.
Esta continuidad resulta decisiva para evaluar las justificaciones históricas de la insurgencia.
La existencia de una dictadura puede contribuir a explicar el origen de un movimiento armado. Pero cuando se restablecen instituciones electorales, la permanencia de la violencia requiere un examen específico.
No basta con invocar las condiciones que existían años antes.
La decisión de continuar las operaciones corresponde a los dirigentes que la adoptaron.
Las víctimas y las operaciones bajo gobiernos constitucionales
El ERP realizó ataques contra unidades militares durante el período constitucional.
En enero de 1974 atacó la guarnición militar de Azul, en la provincia de Buenos Aires.
En diciembre de 1975 intentó tomar el Batallón Depósito de Arsenales 601, en Monte Chingolo.
La operación de Monte Chingolo ocurrió durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Terminó en una grave derrota del ERP, con numerosas muertes y denuncias de ejecuciones de insurgentes capturados.
La investigación histórica debe establecer las circunstancias de cada fallecimiento y las responsabilidades correspondientes.
Pero el hecho de que algunas víctimas fueran integrantes de una organización guerrillera no elimina las obligaciones legales de las fuerzas estatales respecto de los prisioneros.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha señalado que Montoneros y el ERP crecieron considerablemente durante la primera mitad de los años setenta, aunque sus apoyos no llegaron a convertirlos en contendientes capaces de derrocar al gobierno por la fuerza.
Este juicio historiográfico plantea una pregunta sobre la racionalidad de las estrategias insurgentes.
Si la capacidad de conquistar el poder era limitada y las operaciones producían consecuencias humanas graves, ¿qué criterios utilizaron los dirigentes para decidir la continuidad de la lucha armada?
La respuesta debe buscarse en sus documentos internos, sus evaluaciones políticas y sus decisiones de conducción.
La convicción de que existía una situación revolucionaria no demuestra que esa situación fuera realmente compartida por la sociedad.
9. Argentina y el terrorismo de Estado: responsabilidades que no deben confundirse
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron una dictadura.
El nuevo régimen desarrolló un sistema de represión clandestina que incluyó secuestros, centros ilegales de detención, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Las víctimas incluyeron militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, trabajadores y numerosas personas que no participaban en organizaciones armadas.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín, reunió testimonios y documentación que contribuyeron a esclarecer el funcionamiento del terrorismo de Estado.
Su informe Nunca Más, publicado en 1984, constituye una fuente central para la investigación de aquellos crímenes.
El Juicio a las Juntas de 1985 estableció responsabilidades penales de integrantes de las principales conducciones militares.
Esta documentación debe incorporarse al estudio histórico sin utilizarla para borrar los hechos anteriores.
La violencia guerrillera existió y produjo víctimas.
La represión ilegal ejercida desde el Estado también existió y adquirió características sistemáticas.
Ambas afirmaciones son históricamente compatibles.
Lo que no corresponde es convertirlas en una equivalencia general destinada a justificar el terrorismo de Estado o a eximir a los dirigentes guerrilleros del examen de sus propias acciones.
La violencia antes del golpe
La existencia de operaciones armadas durante gobiernos constitucionales demuestra que la violencia política argentina no comenzó el 24 de marzo de 1976.
Esta constatación cronológica es necesaria.
Sin embargo, no significa que la dictadura fuera una consecuencia inevitable de la insurgencia.
Los golpes militares responden a decisiones de actores concretos, intereses institucionales, proyectos políticos y circunstancias históricas que deben investigarse.
La existencia de organizaciones guerrilleras no otorgaba a las Fuerzas Armadas autoridad para suprimir la Constitución.
Tampoco autorizaba la persecución indiscriminada ni la eliminación de garantías judiciales.
La comprensión del período argentino exige reconocer las decisiones que antecedieron al golpe y distinguirlas de las responsabilidades específicas del régimen militar.
La historia deja de ser rigurosa cuando se selecciona únicamente una de esas dimensiones.
10. Las víctimas que los relatos heroicos dejan fuera
Una de las consecuencias de la construcción del mito revolucionario es la concentración de la memoria en determinados protagonistas.
Los relatos suelen otorgar especial atención a dirigentes, comandantes, operaciones consideradas exitosas y combatientes muertos.
Las víctimas ajenas a la organización pueden ocupar un lugar mucho menor.
En ocasiones, sus experiencias quedan reducidas a las circunstancias de una operación militar.
Este problema exige revisar el modo en que se narran los acontecimientos.
Una acción presentada como exitosa desde el punto de vista insurgente puede haber ocasionado daños graves a personas que no participaron en la decisión.
Un secuestro puede haber contribuido a obtener recursos o a negociar la liberación de presos, pero para la persona retenida significó la pérdida de su libertad y la exposición a amenazas.
Un ataque contra instalaciones militares puede haber tenido efectos sobre personal de servicio, trabajadores civiles o residentes de la zona.
La reconstrucción histórica debe identificar esas experiencias y evitar que desaparezcan bajo denominaciones ideológicas.
El problema de la representación popular
Las organizaciones guerrilleras se presentaron frecuentemente como defensoras de trabajadores, campesinos y sectores excluidos.
Esta afirmación debe evaluarse mediante documentos y comportamientos concretos.
No alcanza con comprobar que sus dirigentes provenían de sectores populares o defendían reformas sociales.
Es necesario investigar cómo se relacionaban con la población y qué ocurría cuando las comunidades rechazaban sus demandas.
El campesino que se niega a proporcionar alimentos, el trabajador que no desea participar en una huelga revolucionaria o el ciudadano que rechaza el proyecto insurgente no pierden por ello sus derechos.
La pretensión de representar al pueblo plantea una contradicción cuando las decisiones se imponen a quienes no comparten los objetivos de la organización.
Esa contradicción puede surgir incluso dentro de movimientos que proclaman la igualdad social.
Desde una perspectiva republicana, la representación política necesita mecanismos de participación y control que no pueden sustituirse únicamente por la convicción de una vanguardia.
La violencia y su prolongación
La experiencia colombiana demuestra que una organización armada puede sobrevivir durante décadas y desarrollar estructuras propias de financiamiento y control territorial.
En otros países, los movimientos guerrilleros fueron derrotados militarmente o abandonaron sus objetivos iniciales.
La continuidad o la desaparición de una organización no determina por sí sola la legitimidad de sus actos.
Sin embargo, permite investigar sus resultados.
¿Qué transformaciones consiguió? ¿Qué derechos amplió o restringió? ¿Cuál fue el costo humano de sus operaciones? ¿Qué ocurrió con las comunidades en cuyo nombre afirmaba actuar?
Estas preguntas deberían ocupar un lugar central en cualquier balance histórico de la lucha armada.
11. Las razones de los fracasos guerrilleros
Las derrotas de numerosas organizaciones latinoamericanas no pueden atribuirse a una única causa.
En algunos casos, la superioridad militar de los Estados desempeñó un papel decisivo.
En otros, las insurgencias enfrentaron divisiones internas, dificultades organizativas o insuficiente apoyo social.
También existieron errores de interpretación política.
La convicción de que un país atravesaba una situación revolucionaria no siempre coincidía con las preferencias y prioridades de su población.
La voluntad de combatir podía ser intensa dentro de un núcleo militante y, al mismo tiempo, carecer de una base social suficientemente amplia.
Esta contradicción aparece con especial claridad en Bolivia y Venezuela.
En Bolivia, la guerrilla de Guevara no logró consolidar el respaldo rural necesario para sostener su estrategia.
En Venezuela, las instituciones electorales sobrevivieron a los intentos insurreccionales y ofrecieron posteriormente caminos de reincorporación política para sectores de la izquierda.
En Brasil, las organizaciones armadas no consiguieron derribar la dictadura.
En Argentina, las principales guerrillas no lograron conquistar el poder, aunque su actividad tuvo consecuencias sobre el conflicto político y la violencia de aquellos años.
En Colombia, la insurgencia se prolongó y adquirió nuevas características, sin producir la revolución nacional imaginada por sus fundadores.
Guatemala atravesó un conflicto mucho más extenso y complejo, marcado por graves crímenes estatales y una insurgencia que tampoco logró conquistar militarmente el poder.
Estas experiencias no fueron idénticas.
Pero ofrecen un elemento de análisis compartido: el fracaso de la presunción de que la decisión de iniciar una lucha armada sería suficiente para producir una movilización revolucionaria generalizada.
¿Por qué el mito sobrevivió?
La derrota militar no significó necesariamente la desaparición de la identidad revolucionaria.
Los dirigentes muertos se transformaron en símbolos.
Las organizaciones derrotadas conservaron memorias de sacrificio y resistencia.
Las generaciones posteriores reconstruyeron acontecimientos mediante libros, testimonios y producciones culturales.
Esas memorias contienen experiencias auténticas y merecen ser estudiadas.
Pero no constituyen por sí mismas una evaluación suficiente de la estrategia.
Una derrota puede demostrar valentía personal y, al mismo tiempo, revelar errores políticos profundos.
La prisión de un dirigente puede ser consecuencia de su actividad armada y, posteriormente, convertirse en escenario de graves violaciones de sus derechos.
Los distintos momentos de esa trayectoria deben permanecer diferenciados.
Cuando el sufrimiento posterior de una persona se utiliza para legitimar retrospectivamente todas sus decisiones anteriores, la memoria deja de describir una experiencia compleja y comienza a producir una imagen selectiva.
Lo mismo ocurre cuando un Estado utiliza los delitos de una organización insurgente para justificar la persecución de toda oposición política.
Ambos procedimientos modifican el significado de los hechos.
12. El costo político de sustituir las instituciones por las armas
La historia de las guerrillas latinoamericanas conduce a una cuestión que trasciende el balance militar.
Las organizaciones revolucionarias defendieron proyectos de transformación social que, en numerosos casos, respondían a desigualdades y conflictos reales.
Pero la existencia de problemas económicos y sociales no determina por sí misma la legitimidad de cualquier método destinado a resolverlos.
La lucha contra una dictadura y la insurrección contra un gobierno constitucional presentan problemas históricos y jurídicos diferentes.
Incluso en contextos autoritarios, las acciones armadas deben evaluarse según sus objetivos, sus medios y las obligaciones aplicables.
En los sistemas democráticos, el recurso a la violencia para sustituir la competencia política introduce una contradicción directa con la soberanía popular.
La organización insurgente puede sostener que las instituciones existentes son insuficientes, que representan intereses minoritarios o que no permiten cambios suficientemente profundos.
Pero esas afirmaciones no la convierten automáticamente en representante de la población.
La ciudadanía conserva el derecho de aceptar o rechazar un proyecto político.
Ese derecho pierde sentido cuando una organización decide que su interpretación de la historia le otorga autoridad para imponer un nuevo régimen mediante las armas.
El problema de la vanguardia revolucionaria
Una parte importante del pensamiento insurgente otorgó a grupos militantes la función de conducir procesos de transformación social.
La idea de vanguardia tenía antecedentes en diferentes tradiciones marxistas y revolucionarias.
Su aplicación práctica, sin embargo, podía producir una separación entre quienes decidían y quienes debían soportar las consecuencias.
Las organizaciones clandestinas establecían jerarquías propias, criterios internos de disciplina y mecanismos de decisión ajenos al control público.
Estos procedimientos resultaban funcionales a la seguridad militar, pero no equivalían a formas democráticas de representación.
Una dirección podía decidir iniciar operaciones, seleccionar personas consideradas enemigas y prolongar la confrontación sin consultar a la sociedad.
En ocasiones, la justificación residía en la convicción de conocer los intereses históricos del pueblo mejor que el propio pueblo.
Ese razonamiento merece una crítica especial.
La soberanía popular no consiste en atribuir a una minoría la capacidad de interpretar definitivamente lo que la mayoría debería querer.
La democracia admite conflictos, desacuerdos y reformas profundas.
Precisamente por eso necesita mecanismos que permitan discutir los proyectos políticos sin convertir a los adversarios en enemigos que deban ser eliminados.
13. La revolución continental frente a sus resultados
Al finalizar la década de 1970, el panorama latinoamericano era muy diferente del que habían imaginado numerosos impulsores de la lucha armada después de 1959.
La revolución socialista continental no se había producido.
Diversas organizaciones habían sido derrotadas o estaban profundamente debilitadas.
Otras continuaban desarrollando conflictos prolongados.
Algunos Estados habían respondido con dictaduras y mecanismos represivos que causaron enormes daños humanos.
En numerosos países, la confrontación ideológica había contribuido a transformar las relaciones entre la política, la sociedad y las instituciones militares.
Pero sería incorrecto atribuir a las guerrillas toda la responsabilidad por la instalación de regímenes autoritarios.
Las Fuerzas Armadas, los sectores civiles que respaldaron golpes de Estado, las autoridades políticas y los actores internacionales tomaron decisiones propias.
Las dictaduras no fueron fenómenos automáticos producidos por la existencia de grupos insurgentes.
Del mismo modo, las organizaciones revolucionarias no pueden explicar sus acciones exclusivamente como respuestas inevitables a circunstancias externas.
Tuvieron dirigentes, proyectos y estrategias.
Sus decisiones deben formar parte del balance histórico.
La excepción nicaragüense
Una investigación continental completa debe reconocer que la derrota no fue el destino de todos los proyectos insurgentes.
En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) participó decisivamente en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua.
El caso nicaragüense presenta diferencias importantes respecto de las experiencias anteriores.
La oposición a Somoza había reunido sectores sociales y políticos diversos, y la insurrección se desarrolló en un contexto de crisis profunda del régimen.
La victoria sandinista mostró que la acción armada podía contribuir a derribar una dictadura.
Pero tampoco demostró que la conquista militar del poder garantizara por sí sola el establecimiento de una democracia pluralista estable.
La evolución institucional nicaragüense posterior debe examinarse a partir de sus propios acontecimientos, sin reducirla al significado de la victoria de 1979.
El desenlace de una revolución no puede evaluarse únicamente en el momento en que sus combatientes ocupan el poder.
La naturaleza del régimen que se construye después constituye una cuestión histórica independiente.
14. La herencia de la violencia revolucionaria
Los movimientos guerrilleros latinoamericanos produjeron consecuencias que sobrevivieron a sus derrotas.
Algunos dirigentes murieron en combate o fueron ejecutados.
Otros padecieron prisión, tortura o exilio.
Numerosas víctimas civiles y militares perdieron la vida durante enfrentamientos, atentados, secuestros y operaciones represivas.
Las sociedades conservaron memorias diferentes de aquellos acontecimientos.
Para determinados sectores, los antiguos guerrilleros representaron sacrificio y resistencia frente a la injusticia.
Para otros, simbolizaron la decisión de recurrir a las armas para imponer proyectos políticos que carecían de legitimidad democrática suficiente.
En varios países, antiguos militantes participaron posteriormente en movimientos legales y partidos políticos.
Esa transformación demuestra que las trayectorias individuales y colectivas pueden cambiar.
Pero la participación democrática posterior no altera automáticamente la naturaleza histórica de las acciones anteriores.
El examen de una organización revolucionaria debe considerar sus distintas etapas sin convertir la última en una absolución retrospectiva de las precedentes.
La misma exigencia corresponde a los funcionarios y militares que participaron en prácticas represivas ilegales.
La recuperación de la democracia no elimina la necesidad de investigar las responsabilidades por hechos cometidos durante los regímenes autoritarios.
La reconciliación política puede abrir oportunidades de convivencia, pero no exige modificar las cronologías ni silenciar a las víctimas.
El mito como herencia política
El guerrillero heroico fue una representación especialmente poderosa porque vinculó la convicción ideológica con imágenes de sacrificio personal.
La figura del combatiente que abandona una vida convencional para enfrentar un poder considerado injusto adquirió una dimensión cultural que trascendió a las organizaciones originales.
Pero su fuerza simbólica puede oscurecer las diferencias entre los protagonistas.
No todos los guerrilleros combatieron dictaduras.
No todos desarrollaron estrategias semejantes.
No todos contaron con respaldo social suficiente.
No todos abandonaron las armas cuando aparecieron alternativas institucionales.
Y no todas las organizaciones que proclamaron actuar por la libertad consideraron el pluralismo político como parte del orden que pretendían construir.
Estas diferencias deben recuperar su lugar dentro de la memoria latinoamericana.
Una sociedad puede estudiar la valentía personal de un combatiente sin asumir que su proyecto político era legítimo.
Puede reconocer las injusticias contra las cuales se rebeló sin justificar los daños que ocasionó a terceros.
Puede analizar la responsabilidad de una organización guerrillera y, simultáneamente, condenar las violaciones de derechos humanos cometidas por quienes la enfrentaron.
La investigación histórica exige mantener esas distinciones.
15. El camino hacia Uruguay: una comparación que no puede eludirse
La historia de la revolución continental permite comprender el contexto ideológico en el que surgió el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
La experiencia cubana había demostrado la posibilidad de conquistar el poder mediante una insurrección.
Los escritos de Guevara y las elaboraciones posteriores del guevarismo ofrecían argumentos para justificar la iniciativa de grupos revolucionarios.
Las organizaciones latinoamericanas mostraban distintas maneras de adaptar esas ideas a realidades nacionales.
Sin embargo, Uruguay presentaba características institucionales y sociales que impedían trasladar mecánicamente las explicaciones utilizadas para otros países.
A comienzos de los años sesenta, Uruguay conservaba un sistema constitucional, partidos políticos con larga trayectoria y elecciones competitivas.
La economía atravesaba dificultades crecientes. Existían conflictos sociales, protestas sindicales y cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones.
Pero el golpe de Estado que instauró la dictadura todavía no había ocurrido.
Esta diferencia cronológica será decisiva.
Las primeras acciones de los grupos que posteriormente integrarían el MLN-T se produjeron antes del período de autoritarismo más intenso y antes de la ruptura institucional de junio de 1973.
Por eso, la explicación de sus orígenes debe buscarse en las ideas, documentos y decisiones de aquellos años.
No es históricamente correcto presentar toda su trayectoria inicial como una resistencia a la dictadura posterior.
Tampoco puede ignorarse que la situación política uruguaya cambió considerablemente entre 1962 y 1973.
La investigación deberá reconstruir esa evolución sin proyectar las circunstancias de una etapa sobre otra.
Las preguntas que deja planteadas la experiencia continental
¿Por qué determinados militantes uruguayos consideraron insuficientes los mecanismos democráticos disponibles?
¿Qué influencia tuvieron la Revolución Cubana y las experiencias guerrilleras de otros países?
¿Cómo se relacionaron las demandas sociales con la organización clandestina?
¿Qué objetivos establecieron los primeros documentos revolucionarios?
¿Cuándo comenzó a utilizarse la violencia y cómo evolucionaron sus formas?
¿Qué apoyo social real tenía el proyecto?
¿Cómo afectaron las operaciones a las instituciones, a las víctimas y a la sociedad?
Estas preguntas permitirán examinar la distancia entre la historia de una organización y la representación posterior de sus dirigentes.
La investigación no partirá de que todos los relatos favorables al MLN-T son falsos ni de que sus adversarios poseen una interpretación automáticamente verdadera.
Partirá de documentos, fechas y acontecimientos verificables.
Pero mantendrá una exigencia política y moral explícita: ninguna organización puede considerar que sus convicciones la colocan por encima de los derechos de las personas o de los mecanismos democráticos de representación.
La libertad no pertenece a quienes afirman luchar por ella.
Pertenece a todos los ciudadanos.
La historia que queda cuando se retira el mito
La revolución continental prometió transformar profundamente América Latina.
Sus organizaciones surgieron en sociedades atravesadas por desigualdades, conflictos institucionales y experiencias autoritarias.
Algunos de sus integrantes defendieron proyectos de justicia social y asumieron riesgos personales extraordinarios.
Pero esas aspiraciones no resuelven el juicio histórico sobre las decisiones que adoptaron.
La utilización de las armas tuvo consecuencias concretas.
Hubo secuestros, asesinatos, atentados y operaciones que afectaron a personas que no habían elegido participar en una guerra revolucionaria.
También existieron Estados que respondieron mediante prácticas represivas ilegales y dictaduras responsables de crímenes gravísimos.
La reconstrucción histórica debe reconocer ambos procesos sin atribuirles responsabilidades equivalentes cuando la evidencia no las sostiene.
La cuestión central consiste en determinar qué poder se atribuyeron las organizaciones insurgentes y cómo justificaron sus métodos.
Cuando un grupo afirma representar al pueblo sin haber obtenido su mandato, aparece un problema de legitimidad que la retórica revolucionaria no puede resolver por sí sola.
Cuando una dirección clandestina decide que el objetivo final justifica el sacrificio de derechos individuales, las personas quedan subordinadas a una interpretación política que no necesariamente comparten.
Y cuando la derrota militar se convierte en una narración heroica que omite los errores, las víctimas y los resultados, la memoria puede dejar de servir a la comprensión de la historia.
El examen de estos movimientos exige recuperar la distancia entre sus promesas y sus consecuencias.
No para negar las circunstancias sociales que contribuyeron a su aparición, sino para comprender por qué determinadas respuestas políticas terminaron recurriendo a la violencia y qué alternativas existían en cada país.
La defensa de la libertad, la democracia y la República no requiere una historia sin contradicciones.
Requiere una historia capaz de reconocerlas.
La experiencia guerrillera latinoamericana muestra los riesgos de otorgar a una organización la autoridad de definir, mediante las armas, el futuro de una sociedad.
También demuestra que la defensa de las instituciones pierde legitimidad cuando quienes ejercen el poder desconocen las garantías que tienen la obligación de proteger.
Los hechos deben ocupar el lugar que les corresponde.
Las víctimas merecen ser reconocidas.
Las responsabilidades deben establecerse mediante evidencia, sin depender de la identidad política de sus protagonistas.
Porque una revolución puede proclamarse liberadora, pero sus métodos y sus resultados también forman parte de la historia por la que debe responder.
Con este balance continental llegamos al caso uruguayo.
El próximo capítulo comenzará antes de la aparición pública del MLN-Tupamaros, cuando Uruguay enfrentaba el desgaste de su modelo económico y una creciente conflictividad política, pero conservaba instituciones constitucionales.
Allí examinaremos el contexto en el que algunos militantes comenzaron a considerar que la transformación del país debía realizarse mediante una organización armada.
Será el comienzo de una investigación particularmente exigente: comprender por qué surgió la guerrilla tupamara, qué pretendía transformar y cómo construyó posteriormente su propio relato histórico.
La pregunta que abrirá esa etapa será inevitable: ¿por qué elegir las armas en una sociedad que todavía podía elegir a sus gobernantes?