LIBERTAS | León XIV en Uruguay: la libertad de creer, la libertad de no creer y los límites del poder

Análisis integral de la visita papal | Noviembre de 2026

Los discursos de León XIV en Uruguay permiten examinar una de las cuestiones más delicadas de nuestra tradición republicana: la relación entre la libertad individual, las convicciones religiosas y la laicidad del Estado.

La visita del pontífice adquiere un significado particular porque se desarrolla en una sociedad cuya identidad institucional está profundamente vinculada con la separación entre la Iglesia y el Estado. Uruguay construyó buena parte de su cultura política sobre la idea de que la ciudadanía no depende de profesar una religión y de que ninguna autoridad espiritual puede reclamar privilegios en el ejercicio del poder público.

León XIV llegó a ese escenario con una propuesta diferente, pero no necesariamente incompatible: reivindicar el lugar de la fe en la vida personal y comunitaria, defender el derecho de las instituciones religiosas a participar en la sociedad y recordar que la dignidad humana debe orientar las decisiones políticas.

El encuentro entre ambas tradiciones merece un análisis que no confunda respeto con adhesión ni discrepancia con hostilidad.

La pregunta central para LIBERTAS es hasta dónde pueden intervenir las convicciones religiosas en una sociedad democrática y dónde comienza la obligación del Estado de mantenerse independiente de ellas.

La respuesta exige distinguir la libertad de conciencia, que pertenece a cada persona, de la laicidad, que establece las condiciones institucionales para que esa libertad pueda ejercerse.

1. La laicidad uruguaya: una garantía de libertad, no una doctrina contra la religión

El punto de partida es el artículo 5 de la Constitución de la República:

«Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna».

La fórmula constitucional establece dos principios complementarios: libertad religiosa y separación institucional. El Estado no adopta una religión oficial, pero reconoce la libertad de practicar diferentes cultos. Impo

La laicidad uruguaya no nació como un simple procedimiento administrativo. Fue parte de una transformación histórica de las relaciones entre ciudadanía, educación, religión y poder político. Permitió consolidar una identidad cívica que no exige pertenecer a una confesión determinada.

Sin embargo, existen dos interpretaciones que conviene distinguir.

Una concibe la laicidad como neutralidad institucional: el Estado no adopta una fe, pero los ciudadanos conservan el derecho a expresar públicamente sus convicciones.

Otra defiende una separación más estricta de las manifestaciones religiosas respecto de determinadas instituciones y espacios públicos, especialmente cuando existe riesgo de identificación entre el Estado y una confesión.

Ambas pueden invocar la protección de la libertad de conciencia, aunque discrepan sobre cómo garantizarla.

Para LIBERTAS, el criterio de análisis puede formularse con precisión: la neutralidad corresponde al Estado; la libertad de expresar convicciones corresponde a las personas.

Esto no implica que toda manifestación religiosa de una autoridad pública sea automáticamente compatible con la neutralidad estatal. Deben considerarse su función institucional, el contexto y la posibilidad de que una creencia aparezca respaldada oficialmente.

Tampoco significa que la religión deba quedar confinada al ámbito doméstico. Las personas creyentes participan legítimamente en la vida cultural, educativa y política de la República.

La distinción protege a todos, incluidos los ciudadanos que no profesan ninguna religión.

2. Plaza Independencia: la soberanía popular frente a cualquier autoridad superior

En su encuentro con las autoridades, León XIV recuperó la figura de Artigas y la idea de que el poder político procede de la comunidad.

Este fue el punto de mayor convergencia entre el lenguaje pontificio y la tradición republicana uruguaya.

La soberanía popular implica que ningún gobernante posee el Estado. Las autoridades ejercen competencias temporales y deben responder ante los ciudadanos conforme a la Constitución.

La misma regla establece un límite a las pretensiones de autoridad religiosa sobre el orden civil.

El Papa puede formular orientaciones morales, defender principios doctrinales y participar en el debate público. Sin embargo, sus enseñanzas no se convierten en normas obligatorias para todos los uruguayos por el hecho de proceder de la máxima autoridad católica.

En una democracia laica, la legitimidad de las leyes deriva de la Constitución y de los procedimientos establecidos por ella.

Esto no excluye que las convicciones religiosas influyan en las opiniones de los ciudadanos y sus representantes. Exige, en cambio, que las decisiones públicas puedan discutirse mediante razones accesibles al conjunto de la ciudadanía y que respeten los derechos constitucionales.

La autoridad espiritual puede persuadir. La autoridad estatal puede establecer obligaciones jurídicas dentro de sus competencias. Confundir ambas formas de autoridad debilitaría la libertad de conciencia.

3. El Estadio Centenario: una Iglesia que debe convivir con la libertad de no creer

La vigilia del Estadio Centenario constituye el contrapunto más interesante del discurso institucional.

Allí León XIV reconoció la secularización de la sociedad uruguaya y las dificultades de transmisión de la fe entre generaciones. Su respuesta fue pastoral: fortalecer la identidad cristiana y el testimonio personal de los creyentes. Vaticano

Desde LIBERTAS, conviene separar dos cuestiones que suelen confundirse.

La primera es el derecho de la Iglesia a conservar y difundir su doctrina. La libertad religiosa incluye la posibilidad de evangelizar, educar y organizar comunidades.

La segunda es el derecho de los ciudadanos a no aceptar esa doctrina.

La disminución de la práctica religiosa puede representar una preocupación legítima para la Iglesia. Pero no constituye, por sí sola, un fracaso de la República.

Una sociedad puede ser secularizada y sostener una cultura de responsabilidad, solidaridad y respeto por los derechos individuales. Del mismo modo, una sociedad mayoritariamente religiosa no queda automáticamente protegida contra el autoritarismo o la intolerancia.

La cuestión decisiva es la libertad de elección.

La persona que adopta una fe debe poder practicarla sin discriminación. Quien abandona una religión debe poder hacerlo sin sufrir coerción. Y quien nunca creyó debe disfrutar de idéntica dignidad jurídica y ciudadana.

La laicidad permite que la fe sea una elección auténtica precisamente porque impide que se convierta en una obligación del Estado.

Esta interpretación ofrece también una oportunidad para las instituciones religiosas: su legitimidad social puede descansar en la adhesión voluntaria y en el valor de sus acciones, sin depender de privilegios públicos.

4. Paysandú: construir puentes sin imponer una identidad común

En Paysandú, León XIV recurrió al puente General Artigas, los palmares y el mate para reflexionar sobre la comunidad y la fidelidad a las convicciones.

Desde LIBERTAS, estos símbolos permiten examinar una tensión permanente entre identidad colectiva y autonomía individual.

Las comunidades necesitan tradiciones, vínculos y espacios de cooperación. Pero una República plural no puede exigir que todos sus ciudadanos compartan la misma interpretación de esas tradiciones.

La identidad nacional no debe confundirse con la identidad religiosa.

Un uruguayo católico, uno judío, uno musulmán y otro sin creencias religiosas participan de la misma comunidad política. Sus diferencias no disminuyen su pertenencia a la República.

La libertad de asociación permite construir comunidades con valores propios. La laicidad impide que una de ellas se convierta en el patrón obligatorio para las demás.

El puente elegido por el Papa puede leerse, entonces, como una imagen de convivencia entre personas que conservan sus diferencias.

El diálogo democrático no exige renunciar a las convicciones. Sí exige aceptar que los demás tienen derecho a sostener otras.

5. Casavalle: la libertad jurídica frente a la libertad realmente ejercida

La intervención en el barrio Borro introduce una dimensión social que impide reducir el debate a la relación formal entre Iglesia y Estado.

León XIV reclamó cooperación entre las instituciones religiosas, la sociedad civil y el Estado. También señaló que las respuestas solidarias ante necesidades inmediatas no pueden reemplazar las responsabilidades institucionales. Vaticano

Desde una perspectiva liberal, la libertad necesita garantías jurídicas. Pero su ejercicio puede quedar gravemente restringido por la violencia, la inseguridad o la falta de acceso efectivo a determinados derechos.

Una persona puede ser formalmente libre de circular y, sin embargo, vivir bajo amenazas que condicionan sus desplazamientos.

Un niño puede tener reconocido el derecho a la educación y enfrentar obstáculos que impiden ejercerlo regularmente.

Esta realidad obliga a distinguir entre el reconocimiento de un derecho y las condiciones de su ejercicio.

La laicidad también adquiere aquí una dimensión práctica.

Las organizaciones religiosas tienen derecho a desarrollar actividades solidarias. El Estado puede cooperar con entidades de distinta orientación cuando exista un interés público legítimo, bajo condiciones transparentes, no discriminatorias y respetuosas de la libertad de conciencia.

Lo que no debería ocurrir es que el acceso a una prestación social dependa de profesar una fe o participar en actividades religiosas.

La ayuda debe responder a las necesidades de las personas, no a su adhesión doctrinal.

Por otra parte, la cooperación con organizaciones privadas no elimina las obligaciones estatales de seguridad, justicia y protección de derechos.

La intervención del Papa permite reconocer el papel de la sociedad civil sin convertir la caridad en sustituto permanente de las instituciones.

6. Universidad Católica: educar para pensar o educar para obedecer

La intervención ante el mundo educativo contiene una de las tensiones más profundas de toda la visita.

León XIV defendió una formación integral inspirada en la concepción cristiana de la persona. Reclamó atención, discernimiento, escucha y apertura de las instituciones educativas hacia las familias y la sociedad. Vaticano

El desafío para LIBERTAS es examinar cómo conviven la libertad de enseñanza y la libertad intelectual del estudiante.

Una institución confesional tiene derecho a presentar una determinada visión religiosa del mundo. Esa identidad forma parte de la diversidad educativa.

Pero la educación también debe desarrollar la capacidad de comprender argumentos contrarios, examinar evidencias y formular juicios independientes.

La libertad de enseñanza protege la existencia de proyectos educativos diferentes. La libertad de conciencia protege a las personas que participan en ellos.

Ambas deben encontrar un equilibrio.

La misma exigencia alcanza a la educación estatal. La laicidad no debería utilizarse como pretexto para transmitir una ideología oficial, ni para ocultar la existencia de tradiciones religiosas que han influido en la historia y la cultura.

Enseñar acerca de las religiones, desde una perspectiva académica y plural, no equivale a imponer una religión.

Del mismo modo, enseñar principios democráticos no autoriza a convertir el aula en un espacio de propaganda partidaria.

Una educación comprometida con la libertad debe formar personas capaces de examinar críticamente incluso las convicciones de la institución que las educa.

Esta es una exigencia especialmente relevante ante la inteligencia artificial. Si los estudiantes aprenden a recibir respuestas sin comprender sus fundamentos, la disponibilidad de información puede crecer mientras disminuye su autonomía intelectual.

La formación del juicio propio es una responsabilidad compartida por instituciones laicas y confesionales.

7. La cuestión más delicada: cuando las convicciones religiosas se convierten en propuestas legislativas

Los discursos de León XIV también contienen posiciones morales sobre la vida humana, la familia y el final de la existencia que pueden entrar en tensión con las leyes civiles y con concepciones distintas de la autonomía personal.

Este es el terreno donde la relación entre libertad y laicidad necesita mayor precisión.

En una República democrática, los creyentes tienen derecho a defender cambios legislativos inspirados en sus convicciones. También lo tienen quienes sostienen posiciones contrarias.

El problema no reside en el origen religioso de una idea, sino en la manera de convertirla en una obligación general y en su compatibilidad con los derechos constitucionales.

Una ley no queda automáticamente deslegitimada porque algunos de sus defensores sean religiosos. Tampoco adquiere legitimidad suficiente porque coincida con una doctrina religiosa.

Las decisiones públicas deben someterse a deliberación democrática, control constitucional y garantías de derechos.

En materia de aborto, eutanasia, educación sexual o modelos familiares, existen desacuerdos profundos sobre la autonomía, la protección de la vida y las obligaciones del Estado.

La laicidad no resuelve por sí sola esos desacuerdos. Establece un marco para discutirlos sin reconocer a ninguna confesión una autoridad jurídica superior.

Aquí aparece una distinción decisiva para LIBERTAS: la libertad de conciencia incluye el derecho a defender públicamente una convicción moral, pero no concede un derecho ilimitado a imponerla a los demás.

Ese límite se aplica igualmente a las ideologías seculares.

8. La diferencia entre tolerancia y libertad

Los discursos del Papa permiten recuperar una distinción filosófica que merece atención.

La tolerancia supone aceptar la existencia de ideas o prácticas con las que no estamos de acuerdo. La libertad de conciencia exige algo más: reconocer que las personas poseen derechos propios, independientemente de que sus convicciones sean aprobadas por otros.

En una República libre, nadie debería necesitar la benevolencia de una mayoría para profesar una religión, abandonarla o rechazar toda creencia.

Sus derechos no son concesiones de la autoridad política ni de la autoridad religiosa.

Esta idea se vincula con la tradición liberal de John Locke, aunque su defensa histórica de la tolerancia religiosa tuvo límites, y con las formulaciones posteriores de la libertad individual desarrolladas por John Stuart Mill.

También encuentra una expresión jurídica en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la posibilidad de cambiar de creencias.

El liberalismo contemporáneo reconoce además una cuestión que los discursos papales vuelven visible: las personas no viven aisladas. Pertenecen a comunidades, construyen vínculos y participan de instituciones.

La protección de la autonomía individual no requiere negar esas pertenencias. Exige que ninguna de ellas se transforme en una estructura de dominación.

9. Cinco discursos, una discusión sobre la libertad

Las cinco intervenciones tienen destinatarios diferentes y no constituyen un tratado sistemático sobre la laicidad. Sin embargo, leídas en conjunto, permiten desarrollar una reflexión coherente sobre la relación entre la persona, sus convicciones y las instituciones.

La perspectiva católica de León XIV parte de una concepción trascendente de la dignidad humana. La perspectiva liberal y republicana puede compartir la defensa de esa dignidad sin exigir adhesión a su fundamento religioso.

La coincidencia en determinados principios no elimina las diferencias sobre sus fundamentos ni sobre las consecuencias jurídicas que deberían derivarse de ellos.

10. El límite que la República debe preservar

El encuentro entre León XIV y Uruguay permite formular cuatro distinciones que conviene mantener:

• Laicidad no es ateísmo oficial. El Estado no debe imponer una religión ni convertir la ausencia de religión en una doctrina obligatoria.
• Libertad religiosa no es privilegio religioso. Las comunidades de fe pueden participar en la vida pública sin reclamar autoridad sobre las instituciones civiles.
• Libertad de conciencia no es inmunidad frente a la crítica. Todas las ideas pueden discutirse, incluidas las religiosas y las seculares.
• Neutralidad estatal no es indiferencia ante los derechos. El Estado debe proteger a las personas frente a la discriminación y la coerción, cualquiera sea su origen.

Estas distinciones ofrecen un marco para interpretar la visita sin reducirla a una confrontación entre catolicismo y secularismo.

La cuestión es más amplia: cómo asegurar que ninguna autoridad pueda apropiarse de la conciencia de los ciudadanos.

Reflexión editorial de LIBERTAS

La visita de León XIV a Uruguay deja una discusión que merece permanecer abierta después de las ceremonias, las celebraciones y los discursos.

El Papa llegó a una República laica y defendió públicamente sus convicciones religiosas. Habló ante autoridades políticas, comunidades vulnerables, educadores y creyentes. Su presencia mostró que una sociedad secularizada puede recibir a una autoridad espiritual sin renunciar a su independencia institucional.

La relación entre ambas tradiciones no está exenta de tensiones.

La Iglesia Católica sostiene posiciones morales que no todos los uruguayos comparten. La República, por su parte, debe establecer normas comunes para una ciudadanía plural, en la que conviven creyentes, agnósticos y ateos.

El respeto recíproco no exige ocultar esas diferencias.

La libertad religiosa permite que la Iglesia predique su doctrina, organice instituciones y procure convencer a quienes deseen escucharla. La laicidad garantiza que esa doctrina no se convierta, por su sola autoridad espiritual, en una obligación para todos.

Pero la misma libertad impide que el Estado trate a la religión como una expresión que deba desaparecer de la sociedad.

Uruguay tiene una tradición histórica de separación institucional que puede sostener ese equilibrio. Preservarla requiere evitar dos extremos: la pretensión de someter el poder civil a una autoridad religiosa y la tentación de utilizar la laicidad para restringir injustificadamente las libertades de los creyentes.

Desde LIBERTAS, el principio que articula esta reflexión es la autonomía de la persona frente a cualquier poder que pretenda decidir por ella.

Esa autonomía necesita instituciones republicanas, libertad de expresión, pluralismo educativo y garantías efectivas para ejercer los derechos.

También requiere ciudadanos capaces de convivir con ideas que no comparten.

León XIV habló desde la fe. Uruguay lo recibió desde su tradición republicana. El diálogo entre ambos permite recordar que la democracia no necesita uniformidad de creencias para sostener una comunidad política.

La República no debe decirle al ciudadano en qué creer. La religión no debe reclamar el poder de decidir por todos. Y ninguna mayoría, religiosa o secular, debería apropiarse de la conciencia individual.

La laicidad protege la independencia del Estado. La libertad de conciencia protege la independencia de la persona.

Cuando ambas se respetan, la convivencia deja de depender de la tolerancia ocasional de quienes gobiernan y pasa a descansar sobre derechos que corresponden a todos.

Esa es la cuestión que la visita papal coloca nuevamente ante el Uruguay: no quién tiene derecho a expresar sus convicciones, sino cómo garantizar que todos puedan hacerlo sin quedar sometidos a las convicciones ajenas.

11. La laicidad uruguaya como construcción histórica: una República que buscó emanciparse de la tutela religiosa

Para profundizar el análisis es necesario abandonar una idea demasiado simple: que la laicidad uruguaya consiste únicamente en la separación jurídica entre la Iglesia Católica y el Estado.

Esa separación fue el resultado de un proceso histórico más extenso, durante el cual se modificaron las relaciones entre religión, educación, ciudadanía e identidad nacional.

La secularización avanzó mediante transformaciones institucionales y culturales que comenzaron durante el siglo XIX y culminaron jurídicamente con la Constitución de 1917, vigente desde 1919. La separación formal no fue, por tanto, el punto de partida, sino la culminación de décadas de controversias sobre quién debía ejercer autoridad en la sociedad. Hispania Sacra

Aquí resulta especialmente útil el trabajo del sociólogo uruguayo Néstor Da Costa, investigador de la secularización y de las relaciones entre religión y espacio público.

En su artículo La laicidad uruguaya (2009), Da Costa explica que el modelo nacional tomó como referencia la experiencia francesa, pero desarrolló características propias y, en algunos aspectos, una secularización más intensa. Su investigación permite comprender que la separación institucional estuvo acompañada de una transformación cultural que desplazó progresivamente la religión de determinados espacios de la vida pública. Universidad Católica del Uruguay

Esta distinción resulta decisiva.

Una cosa es que el Estado deje de sostener una religión. Otra, que la cultura pública considere la manifestación religiosa como una presencia extraña, incómoda o impropia.

La primera transformación responde a una exigencia de igualdad jurídica. La segunda plantea interrogantes sobre el alcance de la libertad religiosa.

Desde LIBERTAS, la interpretación que merece desarrollarse es que la laicidad debe proteger la independencia del Estado sin convertir la secularización cultural en una obligación para los ciudadanos.

El Estado puede ser aconfesional. La sociedad no tiene por qué serlo.

Esta afirmación no supone negar la tradición secular uruguaya ni reclamar una restauración de la influencia política de la Iglesia. Significa reconocer que la pluralidad de convicciones forma parte de una sociedad libre.

12. Néstor Da Costa: cuando la laicidad se convierte en cultura nacional

El aporte de Da Costa permite identificar un fenómeno particularmente uruguayo: la laicidad ha funcionado como principio institucional, pero también como componente de la identidad colectiva.

En su investigación Religion and public space in the Uruguayan ‘laïcité’ (2018), el autor estudia cómo la histórica privatización social de la religión influyó en el imaginario nacional y cómo las transformaciones recientes vuelven a plantear debates sobre la presencia religiosa en el espacio público. Sage Journals

Esta observación permite formular una pregunta más profunda que la habitual controversia sobre símbolos religiosos o ceremonias oficiales.

¿Qué sucede cuando una forma histórica de organizar la relación entre Iglesia y Estado termina convirtiéndose en una expectativa cultural sobre cómo deben expresar sus creencias los ciudadanos?

El riesgo es confundir una regla dirigida a las instituciones públicas con una exigencia de comportamiento aplicable a toda la sociedad.

La laicidad estatal no significa que un ciudadano deba ocultar su fe para participar en la conversación democrática. Tampoco significa que una persona sin creencias religiosas deba aceptar manifestaciones confesionales como si fueran expresiones oficiales de la identidad nacional.

La distinción es exigente, porque obliga a preservar simultáneamente dos derechos: el de manifestar convicciones y el de no quedar sometido a ellas mediante el poder público.

Desde esta perspectiva, la visita de León XIV introduce una tensión intelectualmente productiva.

El Papa reivindicó la posibilidad de que las comunidades religiosas contribuyan al bien común sin quedar confinadas al ámbito privado. Uruguay, por su parte, posee una tradición histórica que ha procurado limitar la identificación entre religión y autoridad pública.

No es necesario presentar ambas posiciones como necesariamente antagónicas.

La discusión consiste en determinar bajo qué condiciones la participación religiosa en la sociedad fortalece el pluralismo y cuándo podría transformarse en una forma de privilegio institucional.

13. Diego Gamarra Antes: una interpretación constitucional más amplia

Un aporte jurídico reciente permite llevar esta discusión a un plano todavía más preciso.

El jurista uruguayo Diego Gamarra Antes publicó en 2024 el artículo Constitución uruguaya y «laicidad», en la Revista de Derecho.

Su investigación parte de una observación que suele pasar inadvertida: la Constitución uruguaya no utiliza expresamente el término «laicidad» en su articulado, aunque contiene disposiciones que permiten construir jurídicamente ese principio.

Gamarra examina especialmente el artículo 5, referido a la libertad de cultos y la aconfesionalidad estatal, y el artículo 58, relativo al servicio a la Nación y a la prohibición de proselitismo de los funcionarios públicos en determinadas condiciones.

Su propuesta considera la laicidad en un sentido amplio, que comprende la neutralidad del Estado frente a posiciones religiosas, políticas, ideológicas y de conciencia. Identifica como bases de esa interpretación la libertad y el deber estatal de igual consideración y respeto hacia las distintas posiciones individuales que no lesionen derechos. DOAJ

Este enfoque resulta especialmente fecundo para LIBERTAS.

Si la laicidad se entiende exclusivamente como separación entre Iglesia y Estado, puede dejar sin examinar otras formas de imposición ideológica.

Un Estado podría ser completamente aconfesional en materia religiosa y, al mismo tiempo, utilizar sus instituciones educativas o administrativas para favorecer una doctrina política determinada.

La ausencia de religión oficial no garantiza por sí sola la neutralidad del poder público.

Por eso, la interpretación constitucional amplia permite formular un criterio más exigente: el Estado debe respetar la libertad de conciencia frente a imposiciones religiosas, pero también frente a formas de adoctrinamiento político o ideológico.

No se trata de exigir que las instituciones públicas carezcan de principios. La Constitución establece valores, derechos y obligaciones que deben ser enseñados y defendidos.

Se trata de distinguir esos compromisos constitucionales de la promoción oficial de una concepción partidaria, religiosa o filosófica particular.

La neutralidad estatal no consiste en renunciar a los principios de la República. Consiste en evitar que el poder público se apropie de la conciencia de los ciudadanos.

Esta última formulación es una síntesis editorial de LIBERTAS, inspirada en la discusión constitucional examinada por Gamarra, y no una cita textual del autor.

14. La educación pública uruguaya: una definición legal que merece recuperarse

El debate adquiere especial importancia cuando se examina el artículo 17 de la Ley General de Educación N.º 18.437.

La norma establece que la laicidad debe asegurar el tratamiento integral y crítico de los temas en la educación pública, mediante el acceso a fuentes de información que permitan a los estudiantes adoptar posiciones conscientes.

También dispone:

«Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias».

Esta formulación ofrece una base jurídica particularmente valiosa para una interpretación de la laicidad vinculada con la libertad intelectual.

La norma no define la educación laica como una enseñanza desprovista de controversias. Por el contrario, reconoce que las diferentes perspectivas deben poder examinarse críticamente.

La educación pública tiene la responsabilidad de enseñar conocimientos científicos, principios constitucionales y derechos humanos. Esa obligación no exige presentar como igualmente válidas todas las afirmaciones, independientemente de sus evidencias.

La pluralidad de opiniones no elimina los criterios de verdad.

Por ejemplo, enseñar la evolución biológica como conocimiento científico no implica discriminar a los creyentes. Estudiar el papel histórico del cristianismo tampoco constituye, por sí mismo, una actividad de evangelización.

La diferencia está en la finalidad, el método y la posición institucional del docente.

Una clase sobre la historia de las religiones puede ser plenamente laica cuando utiliza fuentes, presenta interpretaciones y permite formular preguntas.

Una actividad educativa deja de respetar ese principio cuando exige adhesión religiosa, promueve una doctrina partidaria como obligación intelectual o penaliza a los estudiantes por expresar discrepancias legítimas.

El artículo 17 permite, así, superar una concepción empobrecida de la neutralidad educativa.

La educación laica no necesita evitar las ideas controvertidas. Necesita enseñar a examinarlas sin convertir la autoridad del docente en una imposición sobre la conciencia del estudiante.

Esta interpretación adquiere particular relevancia en el discurso de León XIV ante la Universidad Católica.

El pontífice defendió la atención, la escucha y el discernimiento, pero lo hizo desde una finalidad evangelizadora expresamente reconocida.

La educación pública uruguaya posee una finalidad institucional diferente. Su responsabilidad consiste en formar ciudadanos capaces de desarrollar su propio juicio dentro de un orden constitucional plural.

Ambas tradiciones pueden coincidir en determinadas prácticas pedagógicas sin que desaparezcan sus diferencias de fundamento y propósito.

15. La neutralidad no significa ausencia de valores

Una de las objeciones más frecuentes contra una concepción amplia de la laicidad sostiene que ninguna educación puede ser completamente neutral.

La observación es correcta en un sentido importante: toda institución educativa selecciona conocimientos, establece prioridades y transmite criterios sobre la convivencia.

La cuestión es qué valores puede legítimamente promover una institución estatal.

Una escuela pública puede enseñar el respeto por la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y los principios democráticos porque forman parte del orden jurídico que debe respetar.

Lo que no puede hacer es presentar una posición partidaria particular como la única interpretación legítima de esos principios.

La neutralidad republicana es, por tanto, compatible con un compromiso explícito con la Constitución.

La diferencia entre educación cívica y adoctrinamiento reside en la relación que se establece con el pensamiento del estudiante.

La educación cívica proporciona herramientas para comprender y evaluar las instituciones. El adoctrinamiento procura obtener adhesión a conclusiones predeterminadas, desalentando el examen crítico.

Esta distinción no depende exclusivamente del contenido enseñado. También depende de los procedimientos de enseñanza y evaluación.

Un estudiante debería poder cuestionar una política pública mediante argumentos razonados sin ser penalizado por disentir con las preferencias del docente.

Del mismo modo, debe poder expresar una convicción religiosa o una posición no religiosa sin que ello afecte su reconocimiento como integrante de la comunidad educativa.

La laicidad se vuelve una práctica cotidiana cuando estas garantías funcionan.

16. La conciencia como límite del poder: el problema filosófico de fondo

Los discursos de León XIV permiten profundizar en una cuestión anterior incluso a la organización constitucional del Estado: ¿quién posee autoridad legítima sobre las convicciones íntimas de una persona?

La tradición católica responde desde una concepción de la conciencia moral vinculada con la verdad y con la relación del ser humano con Dios.

Las tradiciones liberales ofrecen fundamentos diferentes. Algunas parten de la autonomía racional; otras, de la libertad individual, la dignidad humana o los límites legítimos de la coerción.

Estas perspectivas no son idénticas.

Para el pensamiento católico, la conciencia no representa simplemente la facultad de elegir cualquier cosa, sino la obligación moral de buscar y seguir aquello que se reconoce como verdadero.

Para una concepción liberal de la libertad de conciencia, el problema político consiste en establecer hasta dónde puede intervenir el Estado en las convicciones y decisiones individuales, especialmente cuando existen desacuerdos profundos sobre la verdad moral.

Ambas perspectivas pueden coincidir en rechazar la conversión forzada y la persecución religiosa, aunque mantengan diferencias sobre cuestiones bioéticas y familiares.

El encuentro entre León XIV y Uruguay muestra precisamente esa posibilidad de coincidencia parcial.

La libertad de conciencia no exige que todos compartan una teoría filosófica de la persona. Exige un orden jurídico capaz de proteger a quienes sostienen teorías diferentes.

El desacuerdo moral no constituye necesariamente una amenaza para la República.

Puede convertirse en una expresión de su vitalidad cuando se desarrolla mediante argumentos, respeto recíproco y procedimientos democráticos.

La amenaza aparece cuando una autoridad pretende resolver ese desacuerdo mediante la imposición de una ortodoxia obligatoria.

17. Laicidad, libertad y poder: la contribución de Carlos Real de Azúa

La obra de Carlos Real de Azúa permite incorporar una dimensión especialmente valiosa a esta discusión.

Real de Azúa fue un ensayista, historiador y estudioso de la política uruguaya cuya trayectoria intelectual atravesó distintas tradiciones ideológicas. Su obra examinó críticamente las características de la sociedad nacional, sus instituciones y sus formas de organización política.

La Universidad de la República lo reconoce como una figura destacada en la formación del pensamiento politológico uruguayo. Carlos Real de Azúa

Su trayectoria permite recordar que las identidades intelectuales no siempre permanecen inmóviles y que la crítica de las propias convicciones puede formar parte del desarrollo de una reflexión política.

No corresponde atribuirle una definición específica de la laicidad sin identificar el texto exacto donde la haya formulado. Su contribución a este análisis es metodológica: examinar las instituciones uruguayas históricamente, evitando convertir las imágenes que una sociedad construye sobre sí misma en verdades indiscutibles.

Aplicado a la laicidad, ese criterio conduce a una pregunta exigente.

¿Hasta qué punto el Uruguay contemporáneo distingue entre la defensa de su tradición republicana y la reproducción automática de determinadas interpretaciones históricas de esa tradición?

Una sociedad puede sentirse legítimamente orgullosa de su separación entre Iglesia y Estado. Pero ese orgullo no debería impedirle revisar cómo se aplica la neutralidad institucional ante nuevas formas de pluralismo religioso, cultural e ideológico.

La laicidad también necesita pensamiento crítico sobre sí misma.

18. El aporte de la visita papal a una discusión que Uruguay no debería clausurar

La intervención de León XIV en Plaza Independencia contiene el reconocimiento más explícito de la laicidad uruguaya.

El pontífice sostuvo que el carácter laico del Estado debe garantizar la convivencia libre y respetuosa entre creyentes y no creyentes. Agregó que esa neutralidad no exige confinar la dimensión religiosa al ámbito privado y reconoció la autonomía de las instituciones civiles. Vaticano

Esta posición se encuentra próxima a una concepción de la laicidad como garantía de pluralismo.

Pero no elimina los desacuerdos.

La Iglesia Católica continúa sosteniendo una antropología y una doctrina moral propias. Uruguay posee un orden jurídico que reconoce decisiones individuales y derechos cuya interpretación puede diferir de esas enseñanzas.

La coexistencia de ambas perspectivas no exige que una renuncie a sus fundamentos.

Exige que el ejercicio del poder estatal se encuentre sometido a reglas constitucionales comunes.

El discurso del Estadio Centenario añade una dimensión que merece atención: el Papa reconoció que los católicos uruguayos han aprendido a vivir su fe en una sociedad donde ya no constituyen necesariamente la referencia cultural predominante.

Su invitación a fortalecer el testimonio cristiano es compatible con el pluralismo en la medida en que se desarrolle mediante adhesión voluntaria y respeto por la conciencia ajena. Vaticano

En Paysandú, la imagen del puente permite representar una convivencia que mantiene las diferencias. En Casavalle, la acción solidaria recuerda que la libertad de asociación puede traducirse en iniciativas concretas. En la Universidad Católica, el llamado al discernimiento sitúa la formación de la conciencia en el centro de la tarea educativa.

Los cinco discursos no desarrollan una teoría única de la laicidad. Sin embargo, ofrecen elementos para discutir sus condiciones sociales, educativas y políticas.

19. Hacia una concepción republicana de la laicidad

La investigación histórica de Da Costa, la interpretación constitucional de Gamarra y la tradición crítica de Real de Azúa permiten formular una propuesta conceptual desde LIBERTAS.

La laicidad republicana puede comprenderse como un régimen de garantías destinado a impedir que el poder público imponga una concepción religiosa, filosófica o partidaria particular sobre la conciencia de los ciudadanos, sin impedir que esas concepciones participen libremente en el debate social.

Esta definición reúne varias exigencias.

La primera es la independencia institucional. Ninguna organización religiosa debe ejercer autoridad jurídica por encima del Estado, ni recibir privilegios incompatibles con la igualdad constitucional.

La segunda es la libertad de conciencia. Las personas deben poder adoptar, modificar, expresar o abandonar sus convicciones sin sufrir coerción ilegítima.

La tercera es la neutralidad del poder público. Las instituciones estatales deben actuar con igual consideración y respeto hacia los ciudadanos, sin utilizar sus competencias para obtener adhesiones doctrinarias.

La cuarta es la libertad de enseñanza y de investigación. El conocimiento debe poder examinarse críticamente y las instituciones educativas deben respetar los derechos de quienes aprenden.

La quinta es la participación plural en la sociedad civil. Las comunidades religiosas y no religiosas pueden desarrollar iniciativas educativas, culturales y sociales dentro de un marco jurídico común.

Estas exigencias no resuelven automáticamente todos los conflictos. Persistirán controversias sobre símbolos religiosos en espacios públicos, objeción de conciencia, financiación de instituciones educativas, bioética y límites de la expresión religiosa.

Pero ofrecen criterios para examinarlas sin convertir cada diferencia en una disputa sobre la legitimidad de las creencias ajenas.

La neutralidad no exige silencio social. Exige límites al ejercicio del poder.

Reflexión final de LIBERTAS: la laicidad como libertad frente a toda ortodoxia impuesta

La visita de León XIV a Uruguay permite recuperar una discusión que atraviesa nuestra historia desde mucho antes de la separación constitucional entre Iglesia y Estado.

Durante décadas, la laicidad fue una de las expresiones más reconocibles de la identidad republicana uruguaya. Su consolidación contribuyó a establecer una ciudadanía independiente de las pertenencias religiosas y a limitar la influencia institucional de la Iglesia sobre el poder civil.

Esa construcción histórica no debería ser relativizada.

Pero tampoco debería convertirse en una doctrina inmóvil, incapaz de reconocer que la sociedad contemporánea es más diversa que aquella en la que se desarrollaron los grandes debates de la secularización.

La laicidad no necesita demostrar su fortaleza excluyendo a la religión de la conversación pública. La libertad religiosa no necesita demostrar su legitimidad reclamando privilegios institucionales.

Ambas encuentran un punto de convivencia cuando reconocen que las personas son titulares de derechos anteriores a cualquier adhesión doctrinaria exigida por el poder.

El aporte de Néstor Da Costa permite comprender que la laicidad uruguaya fue una construcción histórica y cultural, no únicamente una fórmula constitucional. Diego Gamarra Antes ayuda a examinar su alcance jurídico más allá de la cuestión religiosa. Carlos Real de Azúa aporta una tradición intelectual de revisión crítica de las instituciones y de las representaciones que el país construye sobre sí mismo.

Estas contribuciones permiten evitar dos simplificaciones: presentar toda manifestación religiosa como una amenaza para el Estado laico o considerar toda exigencia de neutralidad institucional como una persecución de la religión.

León XIV habló desde una concepción cristiana de la persona. La República uruguaya debe garantizar que esa concepción pueda expresarse, enseñarse y discutirse, del mismo modo que debe proteger a quienes sostienen fundamentos morales diferentes.

La cuestión decisiva no es determinar qué convicción debe prevalecer en la conciencia de los ciudadanos.

Es establecer qué límites debe respetar cualquier autoridad cuando pretende convertir una convicción en una obligación pública.

La laicidad no consiste en liberar al Estado de Dios para entregarlo a otra doctrina. Consiste en impedir que cualquier doctrina se apropie del Estado y, a través de él, de la conciencia de las personas.

Esta formulación sintetiza la posición editorial propuesta para LIBERTAS. No pertenece a ninguno de los autores citados.

Su consecuencia es exigente: la República debe preservar la libertad de quienes creen, de quienes no creen y de quienes cambian de convicciones. Debe proteger la crítica y la investigación, garantizar el pluralismo educativo y mantener al poder público dentro de los límites establecidos por la Constitución.

La visita papal permite comprobar que la convivencia entre una tradición religiosa y un Estado laico no exige ausencia de desacuerdos.

Exige instituciones capaces de sostenerlos sin recurrir a la imposición.

Una sociedad donde todos están obligados a pensar igual puede exhibir uniformidad. Pero esa uniformidad no constituye una prueba de libertad.

La República comienza a demostrar su fortaleza cuando protege también las convicciones que la mayoría no comparte.

Y la laicidad alcanza su sentido más profundo cuando deja de ser una frontera entre creyentes y no creyentes para convertirse en una garantía común frente a cualquier poder que pretenda decidir qué debe pensar cada ciudadano.

Referencias

Selección de fuentes primarias y bibliografía para una versión académica del artículo

• Da Costa, N. (2009). La laicidad uruguaya. Archives de sciences sociales des religions, 146, 137–155. Registro académico.
• Da Costa, N. (2018). Religion and public space in the Uruguayan ‘laïcité’. Social Compass. Artículo y DOI.
• Gamarra Antes, D. (2024). Constitución uruguaya y «laicidad»: el Estado no sostiene parcialidad alguna. Revista de Derecho, 23(46). Artículo y DOI.
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• República Oriental del Uruguay. (2008). Ley N.º 18.437, Ley General de Educación, artículo 17. Texto legal.
• Santa Sede. (2026). Discursos y homilías de León XIV durante su visita a Uruguay, 6 y 7 de noviembre. Documentos oficiales