LIBERTAS | Edición del 29 de octubre de 2026
Uruguay, Cuba y Estados Unidos frente a una misma pregunta: ¿quién decide sobre el futuro de los ciudadanos y quién controla esas decisiones?
29 de octubre de 2026
EL PODER QUE NO RINDE CUENTAS
Democracia, libertad y control en la era digital
La democracia contemporánea enfrenta una transformación que excede las disputas tradicionales entre partidos, gobiernos e ideologías. Una parte creciente del poder se ejerce mediante decisiones tecnológicas, económicas y administrativas que condicionan la vida de millones de personas, muchas veces sin que los ciudadanos comprendan suficientemente sus consecuencias o dispongan de mecanismos eficaces para controlarlas.
Las tres noticias seleccionadas por LIBERTAS para esta edición muestran distintas manifestaciones de ese problema.
En Uruguay, la escasa participación de legisladores en un programa de formación sobre inteligencia artificial plantea interrogantes sobre la preparación del Parlamento para regular tecnologías que ya transforman la sociedad. En Cuba, una nueva votación de Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense revela cambios en los alineamientos internacionales, mientras persiste una cuestión fundamental: la ausencia de libertades políticas plenas para los ciudadanos cubanos. En Estados Unidos, comunidades locales recurren a mecanismos electorales para decidir sobre la instalación de grandes centros de datos vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial.
Tres escenarios. Tres expresiones del poder. Una misma exigencia republicana: ninguna autoridad política, económica o tecnológica debería quedar fuera del control ciudadano.
I. URUGUAY
QUIEREN LEGISLAR SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PERO CASI NINGUNO SE CAPACITA
El desafío de una República que debe comprender aquello que pretende regular
La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una infraestructura que interviene en la educación, el trabajo, la administración pública, la producción de información y las decisiones económicas.
Su expansión obliga a los Estados a discutir nuevas responsabilidades: protección de datos, transparencia algorítmica, derechos de autor, sesgos, seguridad, autonomía humana y límites de la automatización.
En ese contexto, una investigación publicada por el semanario Búsqueda el 29 de octubre revela un dato que merece atención institucional.
De los 99 diputados uruguayos, solamente 15 se inscribieron en el ciclo de formación Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Públicas, organizado por el Parlamento junto con Ceibal, CICADA y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Ningún senador se inscribió, de acuerdo con la información difundida.
El programa abordaba fundamentos de inteligencia artificial, aplicaciones en la gestión estatal y problemas jurídicos y éticos asociados a estas tecnologías.
La participación de funcionarios y asesores fue considerablemente mayor: se registraron 297 inscripciones en total.
Existe una precisión importante. La Cámara no controló formalmente la asistencia de los legisladores, por lo que no puede determinarse cuántos completaron la formación. Tampoco corresponde concluir que quienes no participaron carecen de conocimientos sobre inteligencia artificial, ya que podrían haberse capacitado mediante otras instancias.
Pero el dato sigue siendo significativo.
La mayoría de los representantes no aprovechó una oportunidad institucional de formación sobre una tecnología que ya está modificando las condiciones en las que deberán legislar.
Legislar sin comprender: un riesgo para la calidad democrática
Los parlamentarios no necesitan convertirse en ingenieros informáticos.
Su función no consiste en desarrollar algoritmos ni programar sistemas de aprendizaje automático.
Pero legislar exige comprender las consecuencias de las decisiones que se adoptan.
Un legislador que interviene en una reforma sanitaria necesita conocer sus fundamentos científicos. Quien participa en la regulación financiera debe comprender los riesgos económicos. Del mismo modo, quien decide sobre inteligencia artificial debería disponer de conocimientos suficientes para identificar sus posibilidades, limitaciones y consecuencias.
La inteligencia artificial introduce dificultades particulares.
Muchos de sus sistemas operan mediante modelos cuya complejidad dificulta explicar completamente sus resultados. Pueden reproducir sesgos presentes en los datos, generar información incorrecta con apariencia convincente y procesar grandes cantidades de información personal.
También ofrecen oportunidades importantes para mejorar servicios públicos, apoyar el aprendizaje, facilitar la investigación y ampliar el acceso al conocimiento.
Regular estas tecnologías exige distinguir entre riesgos reales, posibilidades comprobadas y expectativas todavía inciertas.
Cuando esa distinción no existe, aparecen dos peligros.
El primero es la sobrerregulación: establecer restricciones que limiten injustificadamente la innovación, la investigación o la libertad de las personas.
El segundo es la ausencia de controles: permitir que decisiones automatizadas afecten derechos sin garantías suficientes de transparencia, revisión y responsabilidad.
Ambos extremos pueden perjudicar a los ciudadanos.
La libertad cognitiva entra en la agenda parlamentaria
Existe una dimensión todavía más profunda.
La inteligencia artificial no solamente automatiza tareas. También participa en la producción, organización y presentación del conocimiento.
Millones de personas utilizan asistentes digitales para investigar, estudiar, comparar argumentos y elaborar opiniones.
Estos sistemas pueden influir en qué información aparece primero, cómo se presentan las controversias y qué respuestas se consideran aceptables.
Por eso la libertad cognitiva merece incorporarse a las discusiones sobre gobernanza tecnológica.
No se trata de afirmar que toda inteligencia artificial manipula deliberadamente el pensamiento.
Se trata de reconocer que los sistemas utilizados para acceder al conocimiento incorporan decisiones de diseño y criterios de funcionamiento que deberían poder ser examinados críticamente.
La responsabilidad del Estado consiste en proteger la autonomía de las personas sin atribuirse una autoridad ilimitada para determinar qué ideas pueden circular.
Una legislación técnicamente deficiente podría terminar afectando precisamente las libertades que pretende defender.
Una señal institucional positiva
El panorama uruguayo no es exclusivamente negativo.
La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2026 reglas para el uso interno de inteligencia artificial.
La Resolución 352 incorporó principios vinculados con supervisión humana, protección de datos y prevención de sesgos.
Se trata de una señal de reconocimiento institucional de los desafíos asociados con estas tecnologías.
Sin embargo, disponer de reglas internas no sustituye la necesidad de desarrollar capacidades permanentes de análisis, asesoramiento y evaluación.
La formación debería convertirse en una responsabilidad sostenida de quienes participan en decisiones públicas sobre inteligencia artificial.
También sería conveniente fortalecer el acceso del Parlamento a asesoramiento técnico plural e independiente.
La posición de LIBERTAS
El problema no debe plantearse como una acusación general contra los legisladores.
Debe entenderse como una advertencia sobre las capacidades que necesita una democracia para gobernar transformaciones tecnológicas aceleradas.
La inteligencia artificial exige representantes capaces de formular preguntas difíciles, evaluar evidencias y reconocer las consecuencias jurídicas y sociales de sus decisiones.
La falta de preparación puede aumentar la dependencia de los gobiernos respecto de empresas tecnológicas, consultores o grupos de interés que poseen conocimientos especializados.
Y cuando la capacidad de comprender se concentra fuera de las instituciones democráticas, también puede desplazarse el poder efectivo de decisión.
Una República no puede controlar adecuadamente aquello que sus instituciones no se esfuerzan por comprender.
El desafío para Uruguay no consiste solamente en incorporar inteligencia artificial al Estado.
Consiste en asegurar que su utilización permanezca subordinada a decisiones humanas responsables, derechos fundamentales y controles democráticos.
La pregunta final es inevitable:
¿Estamos preparando a quienes representan a los ciudadanos para decidir sobre tecnologías que influirán en su libertad durante las próximas décadas?
II. AMÉRICA LATINA | CUBA
EL MUNDO CAMBIA SU VOTO, PERO LOS CUBANOS SIGUEN SIN PODER ELEGIR LIBREMENTE
El embargo, el autoritarismo y una discusión internacional que suele olvidar a los ciudadanos
La Asamblea General de Naciones Unidas volvió a pronunciarse sobre el embargo económico estadounidense contra Cuba.
La resolución aprobada el 28 de octubre de 2026 reclamó nuevamente el levantamiento de las medidas estadounidenses.
Pero esta vez la votación mostró una modificación significativa en los apoyos diplomáticos.
El texto obtuvo 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones.
En 2025, la misma posición había reunido 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones.
La reducción del respaldo representa un cambio político que merece ser examinado.
Países europeos como Alemania e Italia optaron por abstenerse, mientras Washington interpretó el resultado como una señal favorable a su estrategia diplomática.
Cuba volvió a denunciar las consecuencias económicas y sociales de las sanciones.
La resolución, como en años anteriores, no tiene carácter vinculante. Su aprobación no modifica automáticamente el régimen de restricciones estadounidenses.
Pero el debate internacional ofrece una oportunidad para recuperar una cuestión que frecuentemente queda relegada.
La discusión sobre Cuba no puede limitarse a las relaciones entre dos gobiernos. Debe colocar en el centro los derechos y las libertades de los ciudadanos cubanos.
Dos problemas que no deben confundirse
Durante décadas, el debate sobre Cuba ha estado dominado por dos posiciones enfrentadas.
Una atribuye buena parte de las dificultades económicas de la isla al embargo estadounidense.
La otra concentra su atención en las características autoritarias del sistema político cubano y en las responsabilidades de sus autoridades.
Ambas cuestiones requieren análisis, pero no son equivalentes.
Las sanciones económicas pueden generar consecuencias sobre el comercio, la inversión, el abastecimiento y las condiciones de vida.
Su legalidad, proporcionalidad y eficacia deben examinarse mediante evidencia.
Al mismo tiempo, el sistema político cubano mantiene restricciones estructurales a la competencia partidaria, la organización opositora y el ejercicio de determinadas libertades civiles.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado detenciones por motivos políticos, hostigamiento a disidentes y limitaciones a las libertades de expresión y reunión.
Estas situaciones no pueden justificarse exclusivamente mediante referencias al embargo.
Las decisiones del gobierno cubano sobre organización política, legislación penal y ejercicio de los derechos fundamentales corresponden a sus propias responsabilidades institucionales.
De igual forma, criticar el autoritarismo cubano no obliga a considerar legítima o eficaz cualquier política de presión económica exterior.
Defender la libertad exige evaluar las responsabilidades de cada actor sin convertir las injusticias de uno en excusa para las decisiones del otro.
La soberanía no pertenece exclusivamente a los gobiernos
El régimen cubano ha utilizado históricamente el argumento de la soberanía nacional para rechazar presiones internacionales.
La soberanía constituye un principio esencial del orden internacional.
Pero en una concepción democrática, su legitimidad no puede separarse de la voluntad de los ciudadanos.
La independencia de un Estado no equivale automáticamente a la libertad de quienes viven dentro de él.
Un país puede resistir presiones exteriores y, simultáneamente, restringir las posibilidades de su población para organizarse políticamente o elegir entre proyectos de gobierno.
La defensa de la soberanía nacional debería ser compatible con la protección de los derechos individuales.
Esa compatibilidad constituye una exigencia fundamental de la democracia liberal.
¿Qué cambió en Naciones Unidas?
La disminución de votos favorables a la resolución constituye un hecho diplomático relevante.
Sin embargo, sería apresurado interpretar cada abstención como una adhesión completa a la política estadounidense.
Los gobiernos pueden modificar sus posiciones por razones diferentes: relaciones bilaterales, evaluaciones sobre derechos humanos, intereses comerciales o cambios en su política exterior.
Para comprender el resultado sería necesario examinar las explicaciones de voto y las declaraciones oficiales de los países que modificaron su posición.
La votación demuestra una alteración en los alineamientos diplomáticos.
No demuestra, por sí sola, que exista consenso internacional sobre la eficacia del embargo ni sobre el futuro político de Cuba.
La responsabilidad de América Latina
La situación cubana plantea una dificultad particular para las democracias latinoamericanas.
Durante décadas, los vínculos ideológicos condicionaron las posiciones de distintos gobiernos frente a las restricciones políticas en la isla.
Algunos sectores han relativizado esas restricciones por afinidad con el proyecto revolucionario.
Otros han minimizado las consecuencias de las sanciones económicas por su oposición al régimen.
LIBERTAS considera que ambos enfoques resultan insuficientes.
La defensa de los derechos humanos debe mantenerse con independencia de la orientación ideológica del gobierno involucrado.
La libertad de expresión, la asociación política, el debido proceso y la posibilidad de elegir gobernantes mediante elecciones competitivas no son principios reservados a determinados países.
Tampoco pueden suspenderse por razones de conveniencia diplomática.
La posición de LIBERTAS
La votación de Naciones Unidas permite analizar los cambios en la política internacional hacia Cuba.
Pero su importancia no debería medirse exclusivamente por la cantidad de gobiernos que apoyan o rechazan una resolución.
El verdadero indicador de libertad se encuentra en las condiciones de vida política de los ciudadanos.
¿Pueden organizar partidos de oposición? ¿Pueden cuestionar públicamente al gobierno sin temor a represalias arbitrarias? ¿Existen garantías efectivas de independencia judicial? ¿Pueden participar en elecciones nacionales competitivas?
Esas preguntas deberían ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el futuro cubano.
El objetivo no debería ser sustituir una dependencia política por otra.
Debería ser que los propios ciudadanos recuperen plenamente la capacidad de decidir sobre su destino.
Cuba necesita libertad económica, libertades civiles y derechos políticos efectivos. Ninguna de esas dimensiones debería utilizarse para justificar la ausencia de las otras.
Porque la soberanía que merece defenderse no consiste solamente en proteger a un Estado frente a presiones exteriores.
Consiste también en reconocer a sus ciudadanos como titulares de derechos que ningún gobierno puede apropiarse.
III. MUNDO | ESTADOS UNIDOS
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LLEGA A LAS URNAS: LOS CIUDADANOS DESAFÍAN A LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS
La expansión de los centros de datos abre una nueva disputa entre innovación, poder económico y democracia local
La inteligencia artificial suele presentarse como un fenómeno digital.
Sus avances se observan en asistentes conversacionales, sistemas de generación de imágenes, herramientas educativas y aplicaciones capaces de automatizar tareas complejas.
Pero detrás de esas tecnologías existe una infraestructura física de enormes dimensiones.
Los modelos de inteligencia artificial necesitan centros de datos, redes eléctricas, sistemas de refrigeración, agua, terrenos y conexiones de alta capacidad.
Su crecimiento está transformando la relación entre las grandes empresas tecnológicas y las comunidades donde se instalan esas instalaciones.
En Estados Unidos, esa tensión llegó directamente a los mecanismos electorales.
Una investigación de Reuters publicada el 29 de octubre señala que los ciudadanos de diez estados deberán pronunciarse sobre iniciativas relacionadas con la construcción y el funcionamiento de grandes centros de datos.
Se identificaron al menos 41 propuestas sometidas a votación en 38 jurisdicciones locales.
Ohio concentra una parte importante de esas iniciativas, con 21 medidas vinculadas con estas instalaciones.
Las propuestas incluyen restricciones urbanísticas, nuevas condiciones de funcionamiento y prohibiciones para determinados proyectos.
Todavía no se conocen los resultados de esas votaciones.
Pero el fenómeno político ya es significativo.
Las comunidades están reclamando intervenir en decisiones que hasta ahora parecían reservadas a gobiernos, organismos técnicos y grandes empresas.
El poder tecnológico también ocupa territorio
Durante años, el debate sobre las empresas digitales se concentró en cuestiones como privacidad, competencia, derechos de autor y moderación de contenidos.
La expansión de la inteligencia artificial agrega nuevas dimensiones.
Un centro de datos puede generar inversiones, empleos e ingresos fiscales.
También puede requerir importantes cantidades de electricidad y agua, modificar la planificación territorial y generar nuevas demandas sobre la infraestructura pública.
Las consecuencias dependen del tamaño del proyecto, la tecnología utilizada, las condiciones ambientales y las características de cada comunidad.
Por eso sería incorrecto afirmar que todos los centros de datos producen los mismos impactos.
También sería equivocado considerar que cualquier oposición local responde a un rechazo irracional del progreso.
Los ciudadanos pueden valorar la innovación y, al mismo tiempo, exigir información sobre sus costos.
La cuestión democrática aparece cuando una comunidad reclama conocer qué beneficios recibirá, qué recursos se utilizarán y quién asumirá las consecuencias de una decisión.
Innovación sin participación: una contradicción creciente
La industria tecnológica suele destacar que la inteligencia artificial puede mejorar la productividad, acelerar descubrimientos científicos y ampliar el acceso a servicios.
Son posibilidades importantes.
Pero sus beneficios no eliminan la necesidad de discutir cómo se distribuyen los costos asociados con su desarrollo.
Una empresa puede obtener ventajas económicas de una infraestructura cuya operación depende de recursos locales.
El gobierno puede considerar que el proyecto atraerá inversiones.
Los vecinos, por su parte, pueden preocuparse por el abastecimiento energético, el uso de agua o las transformaciones urbanísticas.
Ninguna de esas posiciones debería descartarse automáticamente.
La legitimidad de la decisión dependerá de la calidad de la información disponible, la transparencia de los acuerdos y los procedimientos de participación establecidos.
El desarrollo tecnológico no debería exigir que los ciudadanos renuncien a intervenir en decisiones que afectan directamente su entorno.
La democracia directa como mecanismo de control
Las votaciones locales estadounidenses muestran una dimensión interesante del federalismo y de la autonomía municipal.
En determinadas jurisdicciones, los ciudadanos pueden utilizar mecanismos electorales para pronunciarse sobre asuntos que afectan su comunidad.
Estos procedimientos permiten trasladar controversias económicas y urbanísticas al espacio de la decisión democrática.
Sin embargo, la participación directa tampoco resuelve automáticamente todos los problemas.
Las decisiones tecnológicas complejas requieren información especializada.
Una votación puede verse influida por campañas incompletas, intereses económicos contrapuestos o temores que no siempre están respaldados por evidencia.
Por eso la democracia directa necesita transparencia, deliberación pública y acceso a evaluaciones independientes.
La decisión ciudadana adquiere mayor calidad cuando las personas comprenden las alternativas y sus consecuencias.
Una nueva forma de concentración del poder
La infraestructura de inteligencia artificial está asociada con inversiones de magnitud extraordinaria.
Las grandes empresas tecnológicas poseen recursos económicos, capacidades de negociación y conocimientos especializados que pueden superar ampliamente los disponibles en numerosas administraciones locales.
Esta asimetría merece atención.
Cuando una comunidad negocia con una corporación internacional, la existencia formal de autoridades electas no garantiza por sí sola una relación equilibrada.
Las instituciones públicas necesitan capacidades técnicas para evaluar contratos, compromisos ambientales, infraestructura y beneficios económicos.
También deben ofrecer información suficiente a los ciudadanos.
De lo contrario, las decisiones pueden terminar dependiendo de negociaciones poco transparentes entre actores con recursos profundamente desiguales.
Libertad cognitiva y soberanía tecnológica
Existe además una conexión con la libertad cognitiva.
Los centros de datos son parte de la infraestructura que permite desarrollar y operar sistemas capaces de producir y organizar información a gran escala.
Por tanto, las decisiones sobre su expansión no se limitan a cuestiones territoriales.
También forman parte de una discusión más amplia sobre quién controla los recursos tecnológicos que sostendrán la economía del conocimiento.
La concentración de infraestructura, capacidad de cómputo y servicios digitales puede generar dependencias económicas y tecnológicas.
Pero no debe confundirse la existencia de grandes centros de datos con una vulneración automática de la libertad cognitiva.
El problema aparece cuando la concentración de capacidades limita la competencia, dificulta la autonomía de los usuarios o reduce las posibilidades de supervisión.
La respuesta no debería ser una oposición indiscriminada a la innovación.
Debería ser una gobernanza que combine competencia, transparencia, derechos y participación.
La posición de LIBERTAS
La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo humano.
Pero su expansión debe mantenerse compatible con las libertades individuales y con los mecanismos democráticos de decisión.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los impactos de los proyectos tecnológicos que afectan su territorio.
Las empresas tienen derecho a invertir dentro de las reglas establecidas.
Y los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones se adopten con información suficiente y controles efectivos.
Las votaciones estadounidenses constituyen una señal de que la gobernanza tecnológica está dejando de ser una discusión exclusivamente técnica.
Está convirtiéndose en una cuestión de ciudadanía.
El futuro de la inteligencia artificial no debería decidirse únicamente en las oficinas de las grandes empresas ni en los despachos gubernamentales.
También debe existir espacio para quienes vivirán con sus consecuencias.
Porque el progreso tecnológico merece ese nombre cuando amplía las capacidades humanas sin reducir la autonomía de las personas.
REFLEXIÓN FINAL LIBERTAS
EL PODER QUE NO SE COMPRENDE, NO SE CONTROLA O NO SE PUEDE CUESTIONAR TERMINA CONDICIONANDO LA LIBERTAD
Uruguay, Cuba y Estados Unidos representan realidades políticas profundamente diferentes.
Sin embargo, las tres noticias de esta edición muestran una tensión común entre el ejercicio del poder y la capacidad de los ciudadanos para influir sobre sus consecuencias.
En Uruguay, el desafío consiste en preparar a las instituciones democráticas para comprender y regular tecnologías complejas.
En Cuba, la cuestión central sigue siendo la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en decisiones sobre su futuro.
En Estados Unidos, las comunidades buscan intervenir directamente en proyectos tecnológicos que pueden transformar sus territorios.
Son tres dimensiones de una misma exigencia republicana.
La representación política necesita conocimiento.
La soberanía necesita libertad ciudadana.
Y la innovación necesita responsabilidad.
Las democracias contemporáneas deberán enfrentar una dificultad creciente: el poder ya no se concentra exclusivamente en los gobiernos.
También se ejerce mediante grandes infraestructuras tecnológicas, sistemas de información, plataformas digitales y decisiones económicas que afectan a millones de personas.
Esto no significa que todas esas formas de poder sean ilegítimas.
Significa que sus consecuencias deben poder examinarse, discutirse y, cuando corresponda, someterse a controles democráticos.
DECLARACIÓN LIBERTAS
La libertad no consiste solamente en elegir gobernantes.
Consiste también en conservar la capacidad de comprender las decisiones que afectan nuestra vida, cuestionar sus fundamentos y exigir responsabilidades a quienes las adoptan.
Una República necesita representantes preparados para ejercer el poder con conocimiento y prudencia.
Una democracia necesita ciudadanos que puedan expresarse, organizarse y elegir sin restricciones arbitrarias.
Y una sociedad tecnológicamente avanzada necesita instituciones capaces de garantizar que la innovación permanezca al servicio de las personas.
El mayor riesgo para la libertad no siempre aparece cuando alguien prohíbe pensar. También surge cuando las decisiones que condicionan nuestro futuro se vuelven demasiado complejas, concentradas u opacas para ser comprendidas y cuestionadas.
Por eso LIBERTAS reafirma una convicción fundamental:
NINGÚN PODER DEBE ESTAR POR ENCIMA DEL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A COMPRENDER, DECIDIR Y CONTROLAR.
LIBERTAS
Libertad · Democracia · República
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