El poder no siempre se presenta de la misma manera. A veces lo ejerce un gobierno. Otras, una mayoría electoral. Y cada vez con mayor frecuencia, puede quedar incorporado a sistemas tecnológicos capaces de intervenir en decisiones que afectan nuestra vida.
Las tres noticias de hoy recorren escenarios muy diferentes, pero terminan encontrándose en el mismo lugar: la necesidad de establecer límites allí donde existe capacidad para decidir sobre otros.
En Uruguay, el conflicto portuario enfrenta el derecho de huelga con la necesidad de preservar determinadas operaciones consideradas esenciales para la economía y el comercio. En Brasil, una elección presidencial extraordinariamente competitiva vuelve a colocar bajo atención la confianza en las reglas compartidas. Y, en el mundo, España, Estados Unidos y China empiezan a discutir algo que hasta hace poco quedaba principalmente dentro de las empresas tecnológicas: quién debe gobernar los riesgos de la inteligencia artificial.
🇺🇾 URUGUAY
EL DERECHO A PARAR. EL DERECHO A SEGUIR: ¿QUIÉN FIJA EL LÍMITE?
El paro nacional portuario de hoy enfrenta al sindicato con la decisión del gobierno de exigir servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata. No es solamente un conflicto laboral. Es una discusión sobre cómo una democracia administra la tensión entre un derecho legítimo y las consecuencias que su ejercicio puede producir sobre terceros.
Desde las 7:00 de este lunes, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines realiza un paro nacional de 24 horas que afecta al Puerto de Montevideo y a otros puertos del país. La medida se extenderá hasta las 7:00 del martes 22.
El sindicato rechaza la resolución adoptada por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas que estableció servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata. SUPRA calificó esa resolución como “excesiva” y “arbitraria” y sostuvo que limita el derecho de huelga.
El gobierno, por su parte, sostiene que la medida es transitoria y limitada y que busca compatibilizar la libertad sindical con la continuidad de una actividad de particular importancia para la producción nacional y el comercio exterior. La resolución obliga a mantener operaciones básicas de carga y descarga, recepción y almacenamiento de contenedores, una recepción terrestre mínima de 25 contenedores por hora y atención completa de cargas refrigeradas, perecederas o sanitariamente sensibles.
Resolución oficial sobre servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata
Hasta ahí, los hechos.
La discusión de fondo es más compleja.
Una democracia protege el derecho de huelga porque reconoce que un trabajador necesita instrumentos colectivos para defender sus intereses frente a organizaciones que normalmente poseen mayor capacidad económica y de negociación.
Ese derecho importa.
Pero ningún derecho se ejerce en el vacío.
Cuando una medida sindical comienza a afectar cadenas logísticas, exportaciones, importaciones, productos perecederos o actividades de personas que no forman parte del conflicto, aparece otra responsabilidad: la del Estado frente al interés general.
Y ahí comienza la dificultad.
Porque un gobierno puede intervenir demasiado.
También puede intervenir demasiado poco.
Puede limitar de manera desproporcionada un derecho legítimo.
O puede permitir que un conflicto entre actores privados produzca consecuencias crecientes sobre quienes no tienen ninguna posibilidad de resolverlo.
Por eso el problema no debería formularse como huelga sí o huelga no.
La cuestión republicana es otra:
¿qué límites son legítimos, quién los establece y bajo qué controles?
La respuesta no puede depender exclusivamente de quién gobierna ni de qué sindicato protesta.
Una restricción al ejercicio de un derecho necesita razones públicas, proporcionalidad, duración limitada y mecanismos que permitan cuestionarla.
Ese principio debería aplicarse siempre.
También cuando la medida nos resulta conveniente.
También cuando no.
Ahí se mide la fortaleza del Estado de derecho.
Una democracia madura no elimina los conflictos.
Construye reglas para atravesarlos sin que ninguna de las partes pueda convertir su propio derecho en un poder sin límites.
LA PREGUNTA LIBERTAS
¿Cómo protege una República el derecho de huelga y, al mismo tiempo, los derechos e intereses de quienes quedan atrapados en las consecuencias de un conflicto que no pueden resolver?
🌎 AMÉRICA
BRASIL 46–45: CUANDO UNA ELECCIÓN CABE DENTRO DEL MARGEN DE ERROR
Una nueva encuesta coloca a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro estadísticamente empatados ante un eventual segundo turno. El dato no permite anticipar quién ganará. Sí permite observar algo más importante: cuanto más estrecha puede ser una elección, mayor es la importancia de que todos confíen en las reglas que cuentan los votos.
La última medición de BTG Pactual/Nexus difundida este 21 de septiembre muestra al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con 46% y al senador Flávio Bolsonaro con 45% en una simulación de segunda vuelta.
La encuesta entrevistó a 2.006 personas entre el 18 y el 20 de septiembre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. La diferencia registrada, por lo tanto, constituye un empate estadístico, no una ventaja suficiente para afirmar quién se impondría.
En la simulación de primera vuelta, Lula aparece con 40%, Bolsonaro con 37%, Augusto Cury con 6%, Ronaldo Caiado con 5% y Renan Santos con 3%. La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre; si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos primeros pasarán a una segunda vuelta el 25 de octubre.
Reuters — última encuesta BTG Pactual/Nexus de Brasil
Las encuestas son fotografías.
No resultados.
Y mucho menos predicciones infalibles.
Pero una fotografía tan ajustada permite mirar una dimensión diferente de una elección.
La confianza.
Una diferencia amplia puede reducir la discusión sobre la legitimidad matemática del resultado.
Una diferencia mínima exige algo más.
Instituciones capaces de contar con precisión.
Autoridades electorales cuyos procedimientos puedan ser fiscalizados.
Partidos capaces de presentar reclamos mediante mecanismos institucionales.
Información pública suficiente para explicar cómo se llegó al resultado.
Y ciudadanos dispuestos a aceptar que democracia significa también la posibilidad de que gane alguien a quien no votarían.
Brasil ha vivido en los últimos años fuertes tensiones alrededor de sus instituciones electorales. Precisamente por eso una elección cerrada aumenta el valor de algo que suele recibir menos atención que las campañas:
la confianza en el procedimiento.
No se trata de pedir adhesión al ganador.
La democracia no exige admiración por quien vence.
Exige algo bastante más limitado y, al mismo tiempo, más difícil: aceptar un resultado legítimamente producido y conservar intacto el derecho a cuestionar, controlar y competir nuevamente.
La República agrega otra condición.
Quien gana tampoco recibe un poder ilimitado.
Una mayoría permite gobernar.
No elimina a la oposición.
No convierte las instituciones en propiedad del vencedor.
No transforma al adversario en enemigo del Estado.
Por eso una elección muy competitiva no constituye necesariamente una amenaza para la democracia.
Puede ser una demostración de pluralismo.
La prueba institucional está en otra parte: si todos continúan reconociendo las mismas reglas cuando descubren que esas reglas pueden producir un resultado que no deseaban.
LA PREGUNTA LIBERTAS
Cuando una elección puede definirse por una diferencia mínima, ¿qué instituciones y garantías necesita una sociedad para que la derrota política no se transforme automáticamente en una crisis de legitimidad?
🌍 MUNDO
LA IA YA TIENE PODER. AHORA FALTA CONSTRUIR SUS CONTRAPESOS.
España sostiene que las empresas tecnológicas no pueden regularse únicamente a sí mismas. Estados Unidos y China acuerdan abrir un diálogo formal sobre seguridad de la IA y crear un canal para incidentes. La discusión dejó de ser solamente qué puede hacer la tecnología. Empieza a ser quién establece sus límites.
El debate mundial sobre inteligencia artificial dio en las últimas horas dos pasos que vale la pena observar juntos.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que la industria de inteligencia artificial no puede quedar sometida exclusivamente a la autorregulación de quienes controlan la tecnología.
Sánchez vinculó su posición con la concentración del poder tecnológico y con riesgos asociados a privacidad, desinformación y empleo. Su gobierno anunció una hoja de ruta de doce meses para impulsar un desarrollo de IA que combine innovación, ciberseguridad y responsabilidad. Es la posición política expresada por el gobierno español; no existe un consenso internacional sobre el alcance que debería tener esa regulación.
Reuters — Sánchez y la regulación de la inteligencia artificial
Pero la noticia quizá más significativa ocurrió entre las dos principales potencias tecnológicas.
Después de conversaciones celebradas en Nueva York, Estados Unidos y China acordaron establecer un diálogo formal sobre seguridad de la inteligencia artificial, que incluirá una línea de comunicación para incidentes vinculados con IA. Está previsto que altos funcionarios vuelvan a reunirse dentro de aproximadamente dos meses en Shenzhen para continuar definiendo protocolos y discutir riesgos como agentes fuera de control, amenazas cibernéticas y acciones de actores no estatales.
Reuters — Estados Unidos y China acuerdan continuar el diálogo sobre seguridad de IA
El paso todavía es inicial.
No existe un tratado global sobre inteligencia artificial entre Washington y Beijing.
Tampoco un acuerdo general sobre qué riesgos deberían regularse ni sobre qué límites serían aceptables.
Pero el cambio conceptual es importante.
Hasta hace muy poco, buena parte de la regulación práctica de la IA ocurría dentro de las propias compañías.
Los laboratorios decidían qué modelos liberar.
Qué pruebas realizar.
Qué riesgos considerar aceptables.
Qué salvaguardas incorporar.
Y cuándo continuar avanzando.
Hay una razón para ello: son quienes mejor conocen los sistemas que desarrollan.
Pero existe también una tensión evidente.
Quienes conocen mejor la tecnología son, al mismo tiempo, quienes compiten por desarrollarla más rápido.
Dejar toda la gobernanza en manos de las empresas plantea entonces un problema de concentración de poder.
Entregarla completamente a los gobiernos plantea otro.
Un Estado autoritario puede utilizar la regulación tecnológica para controlar información, vigilar ciudadanos o restringir la expresión.
Por eso el debate sobre gobernanza de la IA no debería reducirse a elegir entre empresas o gobiernos.
Necesitamos contrapesos.
Transparencia.
Auditorías independientes.
Responsabilidad jurídica.
Investigación científica.
Cooperación internacional.
Participación pública.
Y mecanismos que permitan intervenir cuando un sistema produzca consecuencias que exceden a quienes lo diseñaron.
La conversación entre Estados Unidos y China agrega algo todavía más profundo.
Durante décadas, las principales potencias comprendieron que determinadas tecnologías exigían canales de comunicación incluso entre adversarios.
No porque confiaran entre ellas.
Precisamente porque no confiaban.
Cuando el costo de un error puede ser demasiado alto, la comunicación se convierte en una herramienta de seguridad.
Algo parecido empieza a aparecer alrededor de la inteligencia artificial.
Y eso marca una transición.
La IA deja de ser solamente un producto.
Se convierte progresivamente en infraestructura de poder económico, informativo, militar y político.
Para LIBERTAS, allí aparece uno de los grandes problemas republicanos de nuestro tiempo.
Durante siglos aprendimos a dividir el poder del Estado porque comprendimos que incluso un poder inicialmente bien utilizado podía transformarse en abuso si no encontraba límites.
Ahora tendremos que trasladar una parte de esa intuición al poder tecnológico.
No porque una empresa sea un gobierno.
Ni porque una inteligencia artificial sea una autoridad política.
Sino porque toda capacidad de influir de manera considerable sobre información, trabajo, decisiones o derechos necesita preguntas proporcionales a su poder.
Quién decide.
Quién controla.
Quién responde.
Y quién puede detenerla.
Eso es lo que una República siempre quiso saber sobre cualquier forma de poder.
LA PREGUNTA LIBERTAS
Si unas pocas compañías y unas pocas potencias concentran una parte creciente de la capacidad para desarrollar inteligencia artificial, ¿qué contrapesos necesitamos para que el futuro de esa tecnología no dependa únicamente de quienes poseen el poder de construirla?
TRES MIRADAS. UNA MISMA FRONTERA.
Uruguay discute hasta dónde puede llegar una medida sindical y hasta dónde puede intervenir el Estado para limitarla.
Brasil se aproxima a una elección donde una encuesta coloca a los principales candidatos dentro del margen de error y vuelve esencial la confianza en las reglas del proceso.
Estados Unidos, China y Europa comienzan a reconocer que la inteligencia artificial plantea problemas que ninguna empresa ni ningún gobierno debería resolver completamente por sí solo.
No son conflictos equivalentes.
Pero los tres conducen hacia la misma palabra:
límite.
La libertad necesita espacio para actuar.
La democracia necesita capacidad para decidir.
La República agrega algo que a veces olvidamos:
todo poder legítimo necesita encontrar otro poder capaz de detenerlo.
Un sindicato necesita derechos.
El Estado también tiene obligaciones y límites.
Una mayoría necesita poder gobernar.
La oposición necesita conservar intacta su capacidad para controlar y volver a competir.
La inteligencia artificial puede ampliar extraordinariamente nuestras posibilidades.
Pero precisamente por eso debemos saber quién responderá cuando esas posibilidades se conviertan en poder sobre otros.
La cuestión no consiste en desconfiar de todo poder.
Consiste en no entregar ninguno sin preguntar qué ocurre cuando se excede.
Porque allí empieza una República.