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Una definición correcta, acompañada de ambigüedades

Orsi afirmó que Venezuela no era una democracia bajo Maduro y tampoco lo es actualmente. Reclamó elecciones libres, reconoció la importancia de María Corina Machado y cuestionó una salida basada exclusivamente en conveniencias económicas. www.subrayado.com.uy

Esas afirmaciones merecen respaldo. Sería incorrecto presentar al presidente uruguayo como defensor del régimen venezolano. Pero reconocer el valor de su diagnóstico no obliga a considerar suficiente la respuesta política que propuso.

La dificultad aparece cuando la exigencia democrática queda acompañada de expresiones que la presentan como una preferencia nacional o una apreciación difícil de establecer. En sus declaraciones a la prensa, Orsi dijo que no tenía un «democratómetro» y vinculó la falta de transparencia electoral con la imposibilidad de determinar quién había sido elegido. mediospublicos.uy

Desde LIBERTAS, ambas formulaciones requieren una objeción precisa.

La democracia admite distintas arquitecturas institucionales. Esa diversidad no elimina la posibilidad de examinar si una persona puede competir por el gobierno, si un periodista puede investigar o si los resultados de una elección pueden verificarse.

La prudencia es necesaria para evitar acusaciones sin pruebas. Cuando existe evidencia suficiente, mantener una incertidumbre artificial deja de ser prudencia y comienza a debilitar el juicio político.

El voto de 2024 no desaparece por la opacidad oficial

El Centro Carter analizó las actas publicadas correspondientes al 81,7 % de las mesas de la elección presidencial de 2024. Esos registros mostraban una amplia victoria de Edmundo González Urrutia. Según su análisis, la ventaja superaba incluso el número de electores inscritos en las mesas cuyas actas no estaban disponibles. El informe también señaló que las autoridades no aportaron evidencia que respaldara el resultado anunciado a favor de Maduro. www.cartercenter.org

Hay, por tanto, una diferencia entre sostener que el procedimiento oficial careció de transparencia y afirmar que no existen elementos para establecer la voluntad de los votantes.

La posición de Orsi no explica suficientemente cómo incorpora esa evidencia. El reconocimiento diplomático puede implicar otras consideraciones, pero la valoración de los hechos electorales debe examinar las actas y los análisis disponibles.

Aceptar que la ocultación oficial vuelve imposible cualquier conclusión concede una ventaja a quien impide la transparencia. Los ciudadanos votan, los testigos reúnen documentación y los observadores la verifican; aun así, la retención de información por la autoridad termina invocándose para suspender el juicio.

Ese razonamiento deteriora la protección del sufragio. La dificultad de hacer respetar un resultado no demuestra que ese resultado sea incognoscible.

El cambio de autoridades no resuelve el problema del régimen

El escenario venezolano cambió después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Sin embargo, la misión internacional de investigación de Naciones Unidas advirtió que las aperturas posteriores seguían siendo parciales y reversibles y que persistían estructuras relacionadas con la represión. digitallibrary.un.org

La distinción importa: sustituir a una persona no equivale a reconstruir las garantías de una sociedad.

Foro Penal registraba 321 presos políticos al 9 de noviembre de 2026, 171 sin condena. Al mismo tiempo, contabilizaba 1.107 liberaciones o excarcelaciones durante el año. Ambos datos deben considerarse, sin confundir una excarcelación con libertad plena ni convertir las mejoras en prueba suficiente de democratización. foropenal.com

Un sistema puede permitir más espacios de expresión y conservar la capacidad de cerrarlos. Puede liberar detenidos sin eliminar los mecanismos que hicieron posibles esas detenciones.

La pregunta republicana es qué impide el retroceso. Si una libertad depende de una autorización revocable, la ciudadanía continúa expuesta. Una garantía debe poder hacerse valer incluso contra la voluntad del gobernante.

Negociación no equivale a legitimidad

Conversar con quienes controlan el poder puede ser necesario para lograr una salida. Reconocer esa realidad no obliga a atribuirles un mandato democrático.

La capacidad de Delcy Rodríguez para tomar decisiones constituye un dato sobre el ejercicio del poder. Su legitimidad electoral es otra cuestión. Una negociación puede buscar liberaciones, garantías y acuerdos; debe evaluarse por esos resultados.

El riesgo aparece cuando el interlocutor recibe los beneficios de la normalización antes de cumplir compromisos verificables. En ese caso, se reducen los incentivos para avanzar y aumenta la dificultad de exigir posteriormente lo que no se reclamó al comienzo.

La diplomacia necesita márgenes de acción. También necesita criterios que permitan saber cuándo funciona y cuándo se limita a prolongar la situación existente.

Desde LIBERTAS, cualquier modificación de la relación política debe justificarse por las libertades recuperadas por los venezolanos. La cordialidad de las reuniones no constituye un indicador democrático.

Una hoja de ruta debe limitar la arbitrariedad y la espera

Orsi mencionó como posibilidad un proceso electoral dentro de aproximadamente un año. No presentó un calendario acordado ni una convocatoria confirmada. www.nuevaeconomiaforum.org

Una propuesta de transición requiere fechas, responsables y verificación. Sin esos elementos puede convertirse en una fórmula diplomática que ofrece tranquilidad a los interlocutores externos mientras prolonga la incertidumbre interna.

El tiempo tiene costos diferentes. Para una cancillería, un año puede parecer razonable. Para una persona detenida arbitrariamente, una familia separada por el exilio o un ciudadano que teme participar en política, representa una pérdida concreta.

La libertad de quienes están presos por motivos políticos no debería quedar subordinada a una negociación electoral indefinida. Tampoco la protección de periodistas o el cese de la persecución pueden considerarse premios que el poder concede a cambio de reconocimiento.

Una salida democrática exige la participación de candidatos sin exclusiones arbitrarias, una autoridad electoral independiente y condiciones efectivas para informar y hacer campaña. Debe incluir observación internacional, resultados verificables por mesa y garantías de transferencia del poder.

La fecha es necesaria. También lo es asegurar que el gobierno no conserve la facultad de decidir quién compite o de desconocer al ganador.

La oposición no necesita ser infalible para tener derechos

Orsi cuestionó errores de la oposición venezolana. Esa crítica puede ser legítima, pero necesita identificar decisiones concretas y explicar su relación con el asunto discutido. mediospublicos.uy

De lo contrario, corre el riesgo de desplazar el foco desde las obligaciones de quienes administran el Estado hacia una evaluación general de quienes intentan disputarles el poder.

Las responsabilidades son distintas. Quien controla organismos electorales, recursos públicos y fuerzas de seguridad tiene deberes que no recaen de la misma manera sobre sus adversarios.

Una estrategia opositora puede ser desacertada. Eso no justifica la persecución ni el desconocimiento de los votos. Los derechos políticos tampoco dependen de la aprobación que merezcan los dirigentes.

El pluralismo debe aplicarse con esa misma claridad. María Corina Machado debe poder participar, como deben hacerlo otros referentes. La definición de los liderazgos corresponde a los venezolanos. No debería ajustarse a las preferencias de gobiernos extranjeros que busquen interlocutores más cómodos.

La soberanía no pertenece al gobierno

El canciller venezolano, Oliver Blanco, rechazó las declaraciones de Orsi por considerarlas injerencistas e invocó la soberanía nacional. www.europapress.es

Esa respuesta no resuelve la cuestión planteada. Si el futuro del país pertenece a sus ciudadanos, deben existir mecanismos para que puedan decidirlo. Un gobierno no representa automáticamente la voluntad nacional por el hecho de controlar la administración.

La misma exigencia alcanza a las potencias extranjeras. La influencia militar, los acuerdos económicos o el interés en recursos estratégicos no otorgan derecho a decidir quién debe gobernar Venezuela.

Una posición coherente debe rechazar la apropiación interna de la soberanía y su sustitución por decisiones externas. El criterio es la capacidad efectiva de los venezolanos para elegir, controlar y reemplazar a sus autoridades.

La presión internacional debería orientarse a esa finalidad: proteger a las víctimas, obtener garantías y vincular los incentivos diplomáticos a avances comprobados. Sus efectos sobre la población deben evaluarse para evitar que el costo recaiga indiscriminadamente en quienes ya padecen la crisis.

Una solución satisfactoria para los gobiernos que negocian puede seguir siendo inaceptable para los ciudadanos afectados.

III. La posición de LIBERTAS: principios que obligan también cuando incomodan

El discurso de Orsi merece una valoración favorable en su defensa de la continuidad institucional, la cooperación entre gobiernos distintos y la apertura económica. Esos aciertos deben reconocerse sin reservas partidarias. También establecen un estándar con el que corresponde evaluar la acción de su gobierno.

La estabilidad no puede servir para conservar privilegios. La promoción de inversiones exige transparencia sobre los compromisos públicos. El respaldo a los partidos debe acompañarse de competencia y rendición de cuentas. La protección social necesita demostrar que amplía la autonomía de las personas.

En Venezuela, la posición presidencial resulta insuficiente allí donde la cautela diplomática deja imprecisos los criterios de legitimidad. Reclamar elecciones libres es necesario. También lo es explicar cómo se valora la evidencia de 2024, qué condiciones debe reunir un nuevo proceso y qué hechos justificarían avanzar en la normalización política.

LIBERTAS no debería reclamar estridencia ni rupturas automáticas. Debe exigir precisión, coherencia y consecuencias verificables.

El poder autoritario puede adaptarse al lenguaje de la negociación. Puede ofrecer aperturas parciales y promesas sin renunciar a sus instrumentos de control. Por eso una evaluación democrática debe observar qué facultades pierde el gobernante y qué garantías ganan los ciudadanos.

La defensa de la República comienza por desconfiar de la concentración de poder, incluso cuando quien lo ejerce coincide con nuestras ideas. La libertad de expresión se prueba cuando protege al crítico. La independencia judicial se vuelve decisiva cuando limita a una mayoría. El sufragio demuestra su valor cuando obliga a entregar el gobierno.

Uruguay tiene autoridad para sostener esas exigencias en la medida en que las aplique también a sí mismo. Su fuerza internacional no proviene de imponer decisiones, sino de defender reglas sin cambiar de criterio según el destinatario.

Para LIBERTAS, la voluntad de los venezolanos no puede quedar subordinada a la afinidad ideológica, a los acuerdos comerciales ni a la comodidad diplomática. Quien controla el Estado debe aceptar la posibilidad real de perder el poder. Mientras esa posibilidad no esté garantizada, la cuestión democrática seguirá sin resolverse.

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