Recordar noviembre de 1938 exige mirar el presente. La memoria pierde su sentido cuando condenamos la persecución de ayer y buscamos excusas para el odio de hoy.
Hay una forma cómoda de recordar la barbarie: situarla lo suficientemente lejos para que no nos interrogue. Condenamos a sus responsables, rendimos homenaje a las víctimas y regresamos al presente convencidos de haber cumplido. La noche de los cristales rotos merece una memoria más exigente. Ochenta y ocho años después, obliga a preguntarnos cuánto hemos aprendido si todavía hay judíos que sienten que deben ocultar su identidad para vivir con seguridad.
Durante el 9 y el 10 de noviembre de 1938, el régimen nazi impulsó un pogromo en Alemania y los territorios que había anexionado. Sinagogas incendiadas, comercios destruidos, viviendas invadidas y personas agredidas por ser judías. Yad Vashem registra más de 1.400 sinagogas incendiadas y aproximadamente 30.000 judíos detenidos y enviados a campos de concentración. Detrás del nombre que recuerda los cristales quedaron familias cuya pertenencia a la sociedad había sido violentamente negada.
Para LIBERTAS, el recuerdo plantea un compromiso político concreto: defender el derecho de cada persona a vivir sin que su origen, religión o ascendencia la conviertan en sospechosa. La libertad se mide también en esa experiencia cotidiana. En poder decir quién se es sin calcular antes el peligro.
La persecución tuvo órdenes y funcionarios
El atentado de Herschel Grynszpan contra el diplomático alemán Ernst vom Rath, muerto el 9 de noviembre, fue utilizado por la dirigencia nazi como pretexto para desatar la violencia. El régimen presentó los ataques como indignación popular. La documentación permite establecer que fueron instigados y coordinados desde el poder.
A la 1:20 de la madrugada del 10 de noviembre, Reinhard Heydrich transmitió instrucciones a la Policía del Estado y al Servicio de Seguridad. Ordenaba coordinarse con los responsables políticos locales, permitía incendiar sinagogas cuando no se pusieran en peligro edificios vecinos y disponía detenciones masivas de judíos. El documento 3051-PS, conservado entre los materiales de Núremberg y accesible en el archivo de la Facultad de Derecho de Harvard, deja constancia de esa intervención.
La policía conservaba su organización y sus recursos. Los utilizaba conforme a órdenes que habían retirado a una parte de la población la protección que debía recibir. Ese es el núcleo de la responsabilidad estatal: la autoridad había decidido quién podía ser atacado.
El despojo continuó después. El 12 de noviembre, un decreto firmado por Hermann Göring impuso a los judíos de nacionalidad alemana una contribución colectiva de mil millones de marcos del Reich. Otro les prohibió, desde enero de 1939, gestionar comercios minoristas y ejercer oficios de forma independiente, entre otras actividades. Las víctimas debían pagar al régimen y perder sus medios de vida. Ambos textos pueden consultarse en repositorios documentales universitarios e históricos.
La secuencia importa: a la agresión siguió una administración del castigo. La persecución podía continuar en una oficina, mediante una disposición publicada y un funcionario que la ejecutaba.
El presente tiene sus propias pruebas
La Europa actual cuenta con democracias, garantías jurídicas y organismos que investigan y combaten el antisemitismo. Equipararla con el Reich nazi falsearía la historia. El paralelismo que merece atención está en determinados mecanismos de hostilidad: atribuir culpas colectivas, difundir fantasías de conspiración y hacer que una persona deba justificar su presencia por ser judía.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó en 2024 una encuesta realizada entre casi 8.000 judíos de trece países. El 37 % de quienes respondieron declaró haber sufrido acoso antisemita durante el año anterior. La Comisión Europea recoge además que el 76 % ocultaba su identidad judía, al menos ocasionalmente, por motivos de seguridad. Son resultados de las personas encuestadas, no un censo de todos los judíos europeos.
Hay un detalle decisivo: el trabajo de campo se realizó entre enero y junio de 2023, antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre y de la posterior guerra en Gaza. El antisemitismo ya estaba presente. Atribuirlo enteramente a ese conflicto impide reconocer su persistencia.
Los registros posteriores también exigen atención. El Ministerio del Interior francés contabilizó 1.320 actos antisemitas en 2025. La cifra representó una disminución del 16 % respecto de 2024, dato que debe conservarse para describir la evolución con honestidad. Aun así, esos hechos constituyeron el 53 % de los actos antirreligiosos registrados en el país. Una reducción anual puede coexistir con un problema de enorme gravedad.
También hay evidencia en los espacios educativos. Una investigación de UNESCO publicada en enero de 2026, realizada con 2.030 docentes de veintitrés países de la Unión Europea, encontró que el 78 % de los participantes había observado al menos un incidente antisemita entre estudiantes. El 61 % había encontrado negación o distorsión del Holocausto. El alcance debe expresarse con cuidado: son experiencias declaradas por los docentes participantes; no significa que esos porcentajes describan a todas las escuelas europeas.
Estos datos cuestionan la confianza en que el paso del tiempo o la enseñanza de la historia bastarán por sí solos. Se puede conocer Auschwitz como referencia histórica y reproducir prejuicios contra los judíos que viven hoy.
El mecanismo de la culpa colectiva
En 1938, un crimen individual fue convertido en acusación contra una comunidad entera. Hoy reaparece esa lógica cuando se exige a cualquier judío responder por las decisiones del gobierno israelí.
Un ciudadano uruguayo judío no es representante automático de Israel. Una familia que concurre a una sinagoga no integra un gobierno extranjero. Un estudiante no tiene que superar un examen de posiciones sobre Oriente Medio para recibir el mismo respeto que sus compañeros.
La crítica a las autoridades israelíes, incluidas sus decisiones militares, pertenece al debate político y debe poder formularse con libertad. La Comisión Europea distingue expresamente esa crítica del antisemitismo y señala, entre sus manifestaciones, responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel.
La distinción protege derechos. Permite discutir políticas, denunciar abusos y defender a la población palestina sin convertir a los judíos en destinatarios de hostilidad. También impide utilizar la lucha contra el antisemitismo como una inmunidad frente al escrutinio de cualquier gobierno.
Para LIBERTAS, la defensa de la libertad de expresión exige sostener ambas obligaciones con claridad. Toda autoridad debe admitir críticas. Toda persona debe estar protegida frente a amenazas y discriminación. La identidad de alguien jamás puede sustituir la prueba de su responsabilidad.
El mismo criterio debe regir frente al terrorismo. Una reivindicación política no vuelve aceptable el asesinato de civiles ni la toma de rehenes. El sufrimiento de una población tampoco autoriza a celebrar el sufrimiento de otra. Cuando esas condenas dependen de la simpatía ideológica que despiertan víctimas y victimarios, los principios han sido reemplazados por conveniencias.
Reconocer el odio aunque cambie de lenguaje
El antisemitismo se adapta. Puede expresarse mediante una esvástica o a través de una supuesta explicación del mundo en la que «los judíos» controlan bancos, medios y gobiernos. La Comisión Europea identifica esas acusaciones conspirativas y estereotipadas como manifestaciones antisemitas contemporáneas.
La operación consiste en sustituir hechos comprobables por una identidad culpable. En lugar de investigar una institución financiera, se acusa a un pueblo. En lugar de examinar la conducta de un gobernante, se señala una ascendencia. La conspiración ahorra pruebas y ofrece un enemigo disponible para explicar cualquier crisis.
En las redes, ese razonamiento puede circular como un chiste, una imagen o una insinuación repetida. La aparente ligereza del formato no elimina su contenido. Según la encuesta de la agencia europea, el 90 % de los participantes había encontrado antisemitismo en internet durante el año anterior al relevamiento.
El paralelismo histórico está en el trabajo previo de hacer aceptable la exclusión. Las situaciones y las escalas son diferentes. Pero la atribución de una maldad colectiva vuelve a colocar a personas concretas bajo sospecha por lo que son.
No hace falta esperar una persecución organizada por el Estado para reconocer el daño. La libertad ya se ha reducido cuando alguien evita un lugar, esconde un símbolo o calla su identidad por temor a ser atacado.
La República se prueba en la protección del otro
La responsabilidad institucional actual consiste en hacer efectivas las garantías que el nazismo destruyó. Recibir denuncias, investigar amenazas y proteger a las personas perseguidas son deberes públicos. También lo es preservar el debate abierto y distinguir una opinión controvertida de una intimidación o una conducta discriminatoria.
Una democracia debe permitir discutir sobre Israel, Palestina, religión e historia. Debe asegurar, al mismo tiempo, que nadie sea hostigado por ser judío. La calidad de esa convivencia se comprueba en la universidad, en el trabajo y en la calle, donde los derechos pueden ejercerse o quedar reducidos a una promesa.
En Uruguay, la laicidad compromete al Estado con la libertad de conciencia y con la igualdad de las personas. Esa responsabilidad alcanza al judío, al musulmán, al cristiano y a quien no profesa religión alguna. Ninguna comunidad debe pagar con silencio u ocultamiento su derecho a pertenecer.
LIBERTAS afirma que la memoria de los cristales rotos exige una conducta en el presente. Condenar el antisemitismo sin preguntar primero de qué sector proviene. Rechazar la culpa colectiva incluso cuando favorece nuestra posición. Defender al perseguido aunque hacerlo incomode a quienes consideramos cercanos.
La libertad comprende el derecho a vivir la propia identidad sin miedo. La democracia obliga a protegerlo frente a la presión de cualquier mayoría. La República exige que esa protección dependa de la ley y pueda reclamarse ante instituciones responsables.
Recordar a los judíos perseguidos en 1938 y abandonar a los amenazados de hoy sería una contradicción moral. Ningún aniversario la resuelve. Nuestra posición debe poder reconocerse cuando ocurre la amenaza: del lado de la persona atacada, de su libertad y de su derecho a seguir viviendo entre nosotros sin tener que esconder quién es.