LIBERTAS | 13 de noviembre de 2026
El 11 de noviembre, España vivió su primera huelga general en catorce años. Ese mismo día, en Irlanda, los sindicatos suspendieron el paro nacional previsto para la mañana siguiente. En Madrid y Barcelona, el precio del alquiler había llevado a las calles a personas que difícilmente habrían coincidido en una negociación salarial. En Dublín, los representantes de los empleados públicos acababan de obtener una propuesta que podían llevar a votación. Mientras unos reclamaban que el sistema político encontrara una respuesta, los otros ya discutían si la respuesta obtenida era suficiente. www.reuters.com
Esa coincidencia ilumina el trimestre europeo comprendido entre el 13 de agosto y el 13 de noviembre. El encarecimiento de la vida ayuda a entender por qué hubo movilizaciones en varios países al mismo tiempo. Explica bastante menos cuando se intenta comprender por qué un conflicto desembocó en un preacuerdo, otro precipitó una elección y un tercero mantuvo durante semanas a los estudiantes franceses movilizados. En Serbia, el reclamo que reunió a miles de personas había nacido de una tragedia y de una pregunta sobre la responsabilidad del poder público. En Ceuta y Dover hubo protestas por la migración, aunque quienes salieron a la calle defendían demandas de sentido opuesto. www.reuters.com
El alquiler entró en la huelga general
En España, el episodio que cambió la escala de la protesta fue el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid y su posterior muerte. El caso dio lugar a semanas de movilización. El Congreso rechazó decretos con los que el Gobierno buscaba limitar los desalojos y aliviar la presión de los alquileres. En ese contexto, Pedro Sánchez adelantó las elecciones para el 29 de noviembre. Cuando llegó la huelga general, el desacuerdo sobre la vivienda ya había atravesado la calle, el Parlamento y la campaña electoral. www.reuters.com
Lo singular de aquella jornada fue quiénes la hicieron posible. Junto a los sindicatos marcharon organizaciones de inquilinos, estudiantes, jubilados y trabajadores por cuenta propia. El sindicato de inquilinos cifró la participación en más de tres millones de personas. La policía informó de al menos 115 detenciones, varias de ellas durante los enfrentamientos de la noche en Madrid y Barcelona. Hubo episodios de violencia y actuaciones policiales que merecen examinarse individualmente. La jornada, en su conjunto, fue mayoritariamente pacífica. www.reuters.com
Lisboa había anticipado parte de esa discusión. El 17 de octubre, en la plaza del Rossio, los manifestantes vincularon la escasez de vivienda y el aumento de los alquileres con los salarios. Los datos disponibles permiten entender el trasfondo. En el segundo trimestre de 2026, los precios de compra de vivienda en la Unión Europea habían subido un 4,7 % interanual y los alquileres, un 3 %. Para una familia que debe renovar el contrato, el promedio europeo tiene un alcance limitado. La cifra que decide si puede quedarse en su barrio es la que figura en el próximo alquiler. www.lemonde.fr
Francia e Irlanda permiten ver hasta dónde llega una respuesta salarial. En Francia, la movilización comenzó en septiembre entre estudiantes de secundaria. Los sindicatos se sumaron después con reivindicaciones sobre salarios y servicios públicos. El Ministerio del Interior estimó que 410.000 personas participaron en las marchas del 24 de octubre. El 9 de noviembre, el Gobierno anunció que adelantaría a diciembre el aumento del 1,6 % del salario mínimo. Cuatro días después seguían las interrupciones en algunos liceos. La medida tenía un destinatario preciso: el trabajador que cobraba el mínimo. Quedaba pendiente lo que había llevado a los estudiantes a movilizarse. www.investing.com
En Irlanda, las partes sabían qué podían acordar. Después de una huelga de octubre en la que, según la radiotelevisión pública RTÉ, participaron más de 300.000 empleados públicos, el Gobierno y los sindicatos negociaron una propuesta de aumentos acumulados del 10,75 % hasta 2029, con condiciones más favorables para los salarios bajos. El segundo paro quedó suspendido y la ratificación, en manos de los afiliados. Quienes habían sostenido la huelga conservaban la facultad de juzgar el acuerdo alcanzado en su nombre. www.rte.ie
Las ideas en disputa
Un jubilado y un trabajador por cuenta propia podían marchar juntos en Madrid, coincidir en que el alquiler se había vuelto impagable y votar por partidos distintos dieciocho días después. Una marcha reúne a personas que han llegado a un acuerdo sobre aquello que les resulta intolerable. El acuerdo suele ser más frágil cuando llega el momento de decidir qué hacer, quién debe hacerlo y quién asumirá el costo.
En España y Portugal, la vivienda devolvió al debate una vieja discusión sobre qué significa ser libre cuando se dispone de pocos medios para elegir. Para un inquilino que debe dejar su barrio después de una suba que su salario no cubre, la libertad de buscar otra vivienda puede resultar bastante estrecha. En esa experiencia encuentra sustento la tradición socialdemócrata cuando defiende la protección del alquiler y la intervención pública. La tradición liberal plantea una exigencia igualmente concreta: el pequeño propietario que ahorró para comprar una vivienda también tiene derecho a saber bajo qué reglas podrá alquilarla y hacer cumplir el contrato.
Una política seria debe responder ante ambos y dar cuenta, además, de un tercero que rara vez aparece en esa conversación: el joven que todavía busca su primer alquiler. Desde su perspectiva, la pregunta decisiva es cuántas viviendas estarán disponibles, dónde y a qué precio. Una medida puede darle estabilidad al inquilino actual y dejar abierta la cuestión de qué encontrará el próximo.
Francia e Irlanda ofrecen otra disputa ideológica, esta vez acerca de quién puede hablar en nombre de un colectivo. En los liceos franceses, los estudiantes movilizados reclamaron ser escuchados en decisiones que afectan su educación. También había compañeros que querían volver a clase. Podían pertenecer al mismo centro, tener la misma edad y discrepar de buena fe. La dificultad aparece cuando un grupo, convencido de la justicia de su causa, se atribuye la representación de todos. www.reuters.com
En Irlanda, esa misma pregunta encontró una respuesta institucional. Los dirigentes sindicales tuvieron autoridad para negociar con el Gobierno y suspender el segundo paro. La aceptación del acuerdo quedó en manos de los afiliados. Allí se encuentran dos tradiciones que a menudo se presentan como adversarias. La tradición obrera sostiene que un trabajador aislado tiene escasa capacidad para negociar con un empleador tan poderoso como el Estado. La tradición democrática exige que quienes negocian en nombre de miles de personas sometan el resultado al juicio de sus representados. Un empleado podía reconocer el esfuerzo de sus dirigentes y, aun así, votar en contra. www.reuters.com
En Ceuta y Dover, la cuestión ideológica fue quién pertenece a la comunidad política y qué le debe esa comunidad a quien llega desde afuera. El 16 de agosto, cientos de migrantes se manifestaron en Ceuta, ciudad española del norte de África, para pedir asilo. Muchos vivían en condiciones precarias. El 5 de septiembre, en el puerto inglés de Dover, manifestantes encapuchados bloquearon los accesos para exigir que se frenaran las llegadas por el canal de la Mancha. Agrupar ambos episodios bajo la expresión «protestas migratorias» oculta quién habla y qué reclama. www.reuters.com
La defensa de la soberanía reconoce a los ciudadanos la potestad de decidir, mediante instituciones representativas, su política migratoria. La tradición liberal de los derechos individuales exige considerar la situación concreta de la persona que solicita protección. Ambas exigencias conciernen al mismo Estado. Un gobierno debe poder explicar ante sus electores cómo administra una frontera y ante quien pide asilo cómo será escuchada su solicitud. La asimetría es evidente. Quien reclama controles puede castigar al gobierno en las urnas. Quien espera una decisión sobre su ingreso rara vez dispone de ese recurso.
La Libertad, la Democracia y la República frente a la protesta
La Libertad se pone a prueba allí donde el desacuerdo deja de ser abstracto. En Francia, ese lugar fue la puerta de un liceo. El estudiante que protesta ejerce una libertad que merece protección incluso cuando incomoda al Gobierno. Su compañero conserva la de disentir, entrar al centro y aprender. Un director que deja al segundo librado a la fuerza del primero abdica de una responsabilidad tan concreta como la que incumpliría si sancionara al primero por sus ideas. www.lemonde.fr
La Democracia obliga a distinguir entre la capacidad de poner un problema en la agenda y la autoridad para resolverlo. En España, las organizaciones de inquilinos consiguieron que la vivienda motivara una huelga general. En el Parlamento hacía falta construir una mayoría con los votos y las responsabilidades que exige aprobar una ley. Un diputado puede tener motivos legítimos para votar contra lo que reclama una manifestación numerosa. Tiene también la obligación política de explicárselos a la familia que teme perder su casa. Y el gobernante que promete una solución debe decir con qué atribuciones cuenta para cumplirla. www.reuters.com
La República enfrenta en Serbia la prueba más exigente del trimestre. El 1.º de noviembre, miles de personas volvieron a la estación ferroviaria de Novi Sad. Se cumplían dos años del derrumbe de la marquesina que había costado la vida a dieciséis personas. Apenas una semana antes, la lista respaldada por el movimiento estudiantil surgido de aquella tragedia había ganado las elecciones. Para los vencedores había razones para celebrar. Para las familias seguía pendiente una pregunta que ninguna elección podía contestar: ¿quién debía haber advertido que aquella estructura podía caer? apnews.com
Una elección puede cambiar a quienes gobiernan. Determinar por qué falló una obra, quién debía inspeccionarla y qué responsabilidad corresponde a cada interviniente exige documentación, investigación y garantías judiciales. Quienes reclamaron acceso a la información deberán decidir qué documentos se hacen públicos bajo su autoridad. Quienes denunciaron la falta de controles tendrán que aceptar investigaciones que quizá incomoden a sus propios aliados. De la distinción entre una sospecha política atendible y una responsabilidad individual probada dependen tanto el derecho de las víctimas a conocer la verdad como las garantías de las personas investigadas.
El mismo criterio republicano vale para el uso de la fuerza. En las manifestaciones españolas, quien causó daños responde por su conducta. El agente que empleó la fuerza responde por la legalidad y proporcionalidad de su intervención. Y el ciudadano que marchó pacíficamente conserva intacto su derecho a hacerlo de nuevo. Una república debe poder sostener esas tres afirmaciones incluso bajo la presión de imágenes que invitan a juzgar a todos por la conducta de unos pocos. www.reuters.com
El invierno europeo y sus posibles desenlaces
De aquí al 13 de febrero de 2027, la evolución más plausible es desigual. Pueden coexistir acuerdos duraderos en un país, protestas intermitentes en otro y una nueva escalada allí donde coincidan un deterioro económico y una crisis política. Al cierre de este informe, tres escenarios merecen seguimiento.
El primero es una salida negociada. Irlanda ofrece la prueba más inmediata. Si los afiliados ratifican el preacuerdo y los aumentos comienzan a aplicarse en los términos previstos, habrá una razón verificable para sostener la suspensión de las medidas. Francia podría recorrer un camino parecido si la negociación llega a los liceos y aborda aquello que originó la movilización estudiantil. El indicador más convincente sería que los propios estudiantes pudieran explicar qué consiguieron, qué sigue pendiente y por qué corresponde volver a clase. www.siptu.ie
El segundo es un conflicto que pierde intensidad y reaparece. Es una hipótesis plausible para España si la elección del 29 de noviembre deja abierta la disputa parlamentaria sobre la vivienda. Incluso con una mayoría capaz de legislar, entre aprobar una medida y cambiar la situación de una familia que enfrenta un desalojo hay una distancia que la campaña electoral difícilmente pueda acortar. En esas condiciones, un nuevo caso puede devolver gente a la calle después de varias semanas de calma. Algo semejante podría ocurrir en Portugal si la relación entre salarios y alquileres sigue siendo el motivo que reúne a los manifestantes. www.reuters.com
El tercero es una ampliación de las protestas durante el invierno. Eurostat estimó que en octubre la energía se había encarecido un 20,8 % interanual en la zona euro, frente a una inflación general del 4 %. Si esa presión se traslada con fuerza a los presupuestos familiares, podrían acercarse reclamos que hasta ahora tuvieron interlocutores distintos. Para hablar de una movilización continental habría que ver convocatorias conjuntas, organizaciones de distintos países capaces de acordar demandas y continuidad más allá de una fecha. La simultaneidad de varias marchas, por sí sola, tiene escaso valor como pronóstico. ec.europa.eu
En Serbia habrá que mirar también lo que ocurra lejos de las plazas. Si se publican documentos sobre la obra de Novi Sad y avanzan las investigaciones, parte de la participación ciudadana podría orientarse al control de esas actuaciones. Si el paso del tiempo vuelve a dejar a las familias sin respuestas, quienes ayudaron a elegir a los nuevos representantes tendrán razones para interpelarlos. En las fronteras, la pregunta será otra: quién puede hacer oír su reclamo y qué respuesta recibe, especialmente cuando carece de voto en el país al que pide protección. apnews.com
Para LIBERTAS, hay una pregunta que merece dirigirse por igual al Gobierno, a la oposición y a quienes convocan una protesta: ¿qué lugar le reconocen al ciudadano que discrepa con ustedes? La respuesta importa especialmente cuando ese ciudadano incomoda a la propia causa. Puede ser el alumno que quiere cruzar un piquete, el afiliado que rechaza un convenio o el votante serbio que ayudó a desplazar a un gobierno y mañana exigirá explicaciones al siguiente.
La Libertad ampara a ese ciudadano cuando levanta la voz. La Democracia le permite retirar el respaldo que ayer concedió. Y la República obliga a quien ocupa el poder a rendir cuentas, cualquiera haya sido la causa que lo llevó hasta allí. En Novi Sad, una familia puede volver mañana a la estación y formular la pregunta que lleva dos años haciendo. Quien ganó la elección heredó la obligación de responderla.