Tres años después: memoria, verdad, legítima defensa y los límites que una civilización no puede abandonar
El 7 de octubre de 2023 Israel sufrió el día más mortífero de su historia. Aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza. Tres años después, la fecha continúa atravesando a la sociedad israelí y sigue teniendo consecuencias políticas, humanas y militares en toda la región.
Pero reducir aquel día al comienzo de “una nueva guerra entre Israel y Hamás” resulta insuficiente.
El 7 de octubre fue, antes que nada, un ataque contra seres humanos indefensos y contra el derecho elemental de una sociedad a vivir sin que hombres armados crucen su frontera para matar familias, secuestrar niños, jóvenes y ancianos, atacar comunidades civiles y convertir personas en instrumentos de negociación.
Israel no inició aquella jornada atacando Gaza.
Israel fue atacado.
Ese dato elemental, que a veces desaparece detrás de todo lo sucedido posteriormente, debe permanecer en el centro de cualquier reconstrucción histórica honesta.
No fue una operación militar que accidentalmente alcanzó civiles
Las investigaciones posteriores permiten afirmar algo mucho más grave.
Human Rights Watch documentó ataques contra al menos 19 kibutzim, cinco moshavim, las ciudades de Sderot y Ofakim, dos festivales musicales y otras concentraciones civiles. Después de entrevistar a 144 personas y analizar más de 280 fotografías y videos, concluyó que matar civiles y tomar rehenes fueron objetivos centrales del ataque, no hechos accidentales ni excesos aislados de algunos combatientes.
Esa diferencia importa.
Cuando una organización armada dirige deliberadamente parte de su acción contra la población civil, deja de ser posible describir lo sucedido únicamente mediante las categorías convencionales de enfrentamiento entre fuerzas militares.
Hubo ejecuciones sumarias, asesinatos de personas que intentaban huir, toma de rehenes, maltratos, violencia sexual, saqueos, mutilaciones y ataques deliberados contra objetivos civiles. Human Rights Watch calificó numerosos hechos como crímenes de guerra y consideró que los asesinatos planificados y la toma de rehenes constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional llegó posteriormente a una conclusión igualmente contundente: la gran mayoría de los civiles muertos aquel 7 de octubre fueron asesinados por combatientes palestinos; todos los retenidos en Gaza fueron privados ilegítimamente de libertad como rehenes, y algunos sufrieron violencia física o sexual o fueron asesinados por sus captores.
Hay un punto que por momentos parece perderse entre la enorme discusión política posterior:
las víctimas israelíes no son una construcción narrativa.
Existieron.
Tenían nombres, familias, proyectos, casas.
Había jóvenes bailando en un festival. Familias que despertaban un sábado por la mañana. Ancianos. Niños. Trabajadores extranjeros. Personas que no participaban de ninguna operación militar.
Convertirlas retrospectivamente en responsables de un conflicto que llevaba décadas desarrollándose significa privarlas por segunda vez de su condición de civiles.
Israel tenía derecho a responder
Después de aquel ataque, Israel tenía derecho a defender a su población.
No se trata de una concesión política a Israel ni de una interpretación excepcional del derecho internacional.
El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce expresamente el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva cuando un Estado miembro sufre un ataque armado.
Por tanto, después del 7 de octubre, Israel tenía motivos legítimos para perseguir objetivos militares dirigidos a impedir nuevos ataques, destruir capacidades utilizadas contra su territorio, detener a los responsables y procurar la liberación de los rehenes.
Existe además una dimensión que excede al derecho escrito.
Todo Estado tiene una obligación primaria hacia las personas que viven bajo su protección.
Si un gobierno no intenta impedir que una organización que acaba de asesinar y secuestrar a centenares de sus ciudadanos pueda hacerlo nuevamente, estaría renunciando a una de las funciones esenciales que justifican la existencia misma del Estado.
Por eso resulta necesario decirlo sin ambigüedades:
Israel no solamente posee un derecho abstracto a defenderse. Tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.
Eso incluye a quienes viven en las comunidades fronterizas atacadas aquel día. Incluye a sus niños. Incluye a quienes fueron secuestrados. Incluye la obligación de procurar que una operación semejante no pueda repetirse.
Defender ese principio no implica aprobar automáticamente cada operación militar israelí.
Significa reconocer algo anterior a cualquier discusión sobre tácticas, gobiernos o estrategias: ningún país puede ser obligado a aceptar como condición permanente que una organización armada pueda cruzar su frontera, masacrar civiles y regresar a preparar el siguiente ataque.
Israel no debe ser colocado en el banquillo por el hecho de defenderse
Existe una diferencia que en demasiadas ocasiones se ha perdido.
Una cosa es examinar si una operación militar determinada respetó el derecho internacional humanitario.
Otra muy diferente es convertir el ejercicio mismo de la defensa israelí en una conducta moralmente sospechosa.
Israel, como cualquier otro Estado, debe respetar las reglas de distinción, proporcionalidad y precaución.
Sus actuaciones pueden y deben ser investigadas cuando existan indicios serios de violaciones.
Pero ninguna de esas obligaciones convierte a Israel en el único actor responsable de que el conflicto continúe.
Hamás y otros grupos armados conservaron durante años capacidades militares, infraestructura, armamento y estructuras de mando en Gaza. El problema de seguridad que Israel enfrentó después del 7 de octubre no desapareció porque comenzara la discusión internacional sobre la respuesta israelí.
Todavía en 2026 continúa abierta la cuestión del desarme de Hamás, mientras Israel mantiene que no retirará completamente sus fuerzas mientras esa organización conserve capacidad militar.
Puede discutirse la estrategia seguida por Israel.
Puede discutirse la proporcionalidad de operaciones concretas.
Puede criticarse al gobierno de Benjamin Netanyahu.
De hecho, dentro del propio Israel existen intensos debates y sectores de las familias afectadas por el 7 de octubre reclaman responsabilidades políticas y una investigación independiente sobre las fallas que permitieron el ataque.
Precisamente eso demuestra otra realidad que con frecuencia se simplifica desde el exterior:
Israel no es su gobierno.
Es una sociedad plural, democrática y profundamente dividida sobre muchas decisiones de sus dirigentes.
Defender el derecho de Israel a existir y proteger a sus ciudadanos no equivale a defender automáticamente a Netanyahu, una coalición determinada o cada decisión de las Fuerzas de Defensa de Israel.
La defensa que corresponde hacer es más profunda: la defensa de Israel como sociedad y como Estado frente a quienes pretenden que su población debe acostumbrarse a vivir bajo la amenaza de ataques masivos.
La obligación de distinguir verdad y propaganda
La defensa de Israel tampoco necesita afirmaciones falsas.
Durante las horas y días posteriores al ataque circularon relatos que posteriormente no pudieron corroborarse en la forma en que habían sido difundidos.
La conocida afirmación de los “40 bebés decapitados” no quedó establecida como hecho.
Algunas denuncias concretas sobre determinados episodios de violencia tampoco pudieron ser verificadas.
Es correcto decirlo.
Incluso resulta indispensable.
Pero la falsedad o exageración de un episodio particular no convierte en imaginarios los centenares de asesinatos, secuestros y otros crímenes documentados independientemente.
Ese procedimiento argumental —tomar una historia falsa para intentar invalidar todo el conjunto de evidencias— constituye también una forma de desinformación.
Algo semejante ocurre con la afirmación según la cual Israel habría causado la mayoría de las muertes de sus propios ciudadanos el 7 de octubre.
Existieron episodios de fuego israelí y situaciones que merecen investigación.
Pero la investigación publicada por Amnistía Internacional en 2025 concluyó que la gran mayoría de los civiles muertos fueron asesinados por combatientes palestinos.
Aceptar ese dato no significa negar errores israelíes.
Significa respetar la evidencia.
Otro ejemplo fue la explosión ocurrida el 17 de octubre de 2023 en el hospital Al-Ahli. La acusación inicial de un gran bombardeo aéreo israelí recorrió el mundo prácticamente de inmediato. La investigación posterior de Human Rights Watch encontró indicios compatibles con una munición propulsada por cohete, como las utilizadas por grupos armados palestinos.
La lección debería permanecer.
En una guerra, la primera versión no siempre es la verdadera.
Y cuando se acusa a un Estado, un ejército o una organización de haber cometido una atrocidad, el estándar no puede ser la velocidad de las redes sociales.
Debe ser la evidencia.
El secuestro: una línea que jamás debió cruzarse
La toma de 251 personas y su traslado a Gaza merece una consideración especial.
El secuestro de civiles no es una herramienta política legítima.
No importa cuál sea la causa.
No importa qué reivindicación territorial exista.
No importa qué injusticias históricas invoque quien lo practica.
Transformar a seres humanos en moneda de cambio constituye una degradación radical de la persona.
Amnistía documentó que algunos rehenes sufrieron torturas y violencia física o sexual, mientras otros fueron asesinados durante su cautiverio.
Durante aquellos meses y años, cada rehén significó además algo más para la sociedad israelí.
Era la prueba de que el ataque del 7 de octubre todavía no había terminado completamente.
Cada familia esperando una llamada.
Cada fotografía colocada en una plaza.
Cada silla vacía.
Cada cumpleaños celebrado en ausencia.
La condición humana de esas personas no puede desaparecer bajo la categoría genérica de “rehenes”.
Contextualizar no significa justificar
Naturalmente, el 7 de octubre no ocurrió en un vacío histórico.
El conflicto israelí-palestino posee décadas de antecedentes: guerras, terrorismo, ocupación, desplazamientos, asentamientos, bloqueo, fracaso de procesos de paz, divisiones palestinas, decisiones israelíes y una larga intervención de actores regionales e internacionales.
Todo eso debe estudiarse.
Pero una explicación histórica no constituye una absolución moral.
Ninguna ocupación transforma automáticamente a un civil en combatiente.
Ninguna disputa territorial legitima el asesinato de una familia.
Ningún reclamo nacional convierte en objetivo militar a los asistentes de un festival.
Ninguna reivindicación permite secuestrar niños.
Existe un límite que cualquier interpretación seria de los derechos humanos debe mantener:
comprender las causas de un conflicto no significa otorgar legitimidad a todos los medios utilizados en nombre de esas causas.
De lo contrario, prácticamente cualquier atrocidad de la historia podría ser explicada hasta convertirse en aceptable.
Defender a Israel tampoco significa negar al palestino
La defensa de Israel es más fuerte cuando no necesita deshumanizar al pueblo palestino.
Hamás no es sinónimo de Palestina.
Un niño palestino no es responsable del 7 de octubre.
Una familia de Gaza no pierde sus derechos porque combatientes palestinos hayan cometido crímenes.
Las normas del derecho humanitario siguen protegiendo a los civiles incluso después de los peores ataques.
Por eso las denuncias creíbles sobre actuaciones israelíes también deben investigarse.
El derecho de Israel a defenderse y la protección de los civiles palestinos pueden coexistir porque pertenecen al mismo principio:
la vida humana no puede convertirse arbitrariamente en instrumento de una causa política o militar.
Esta distinción es especialmente necesaria para quienes defienden a Israel.
Israel obtiene su legitimidad moral precisamente del derecho de su población a vivir libre y segura.
Sería contradictorio defender ese principio para los israelíes y negarlo para otros civiles.
Antisemitismo y negación: una segunda amenaza
Existe, además, una dimensión preocupante que apareció después del 7 de octubre.
La crítica a las decisiones del gobierno israelí es legítima.
La crítica a una operación militar israelí es legítima.
La defensa de los derechos palestinos es legítima.
Pero otra cosa completamente distinta es trasladar la responsabilidad de un gobierno a los judíos del mundo, justificar ataques contra personas por su condición judía, exigir a comunidades judías que respondan colectivamente por Israel o utilizar el conflicto como cobertura para viejos prejuicios antisemitas.
Del mismo modo, negar o relativizar deliberadamente la matanza del 7 de octubre constituye una forma peligrosa de degradación de las víctimas.
La humanidad conoce demasiado bien el mecanismo.
Primero se discuten las cifras.
Después se relativiza la intención.
Luego se convierte a las víctimas en responsables de lo que les sucedió.
Finalmente se vuelve tolerable aquello que inicialmente parecía inadmisible.
Contra ese proceso la memoria debe funcionar como resistencia.
Israel no puede ser obligado a aceptar su propia vulnerabilidad
Existe una pregunta incómoda detrás de buena parte del debate posterior:
¿Qué se esperaba que hiciera Israel después del 7 de octubre?
¿Aceptar que una organización armada responsable de una matanza masiva conservara intactas las capacidades utilizadas para ejecutarla?
¿Esperar simplemente el próximo ataque?
¿Renunciar a perseguir a quienes secuestraron a sus ciudadanos?
Ningún Estado serio aceptaría esas condiciones.
Estados Unidos no lo haría.
Francia no lo haría.
Uruguay no lo haría.
Ninguna democracia debería hacerlo.
La discusión legítima comienza después: cómo defenderse, con qué medios, bajo qué límites y con qué controles.
Pero negar el derecho inicial a defenderse significa imponerle a Israel una obligación que difícilmente exigiríamos a cualquier otra sociedad atacada.
Ese doble estándar tampoco contribuye a la paz.
El fracaso del 7 de octubre también fue internacional
La masacre reveló algo todavía más inquietante.
Durante décadas, la comunidad internacional construyó convenciones, tribunales, declaraciones y mecanismos destinados precisamente a proteger a quienes no participan de las hostilidades.
Sin embargo, el 7 de octubre hombres armados pudieron entrar en comunidades civiles, matar personas, secuestrar familias y llevarlas a través de una frontera.
No estamos entonces solamente ante un fracaso israelí de inteligencia y seguridad.
Estamos frente a una pregunta para todo el orden internacional:
¿qué valor poseen las normas cuando una organización puede violarlas deliberadamente y todavía encontrar quienes transformen esas violaciones en una discusión secundaria sobre el contexto que supuestamente las explica?
El derecho internacional pierde credibilidad si condena únicamente los crímenes cometidos por actores que nos resultan políticamente adversos.
La prueba verdadera comienza cuando debemos condenar el crimen de quienes defienden una causa con la que quizá simpatizamos.
Una causa que excede a Israel
Tres años después, defender a Israel frente al 7 de octubre significa defender algo mayor que Israel.
Significa defender el principio según el cual ningún pueblo debe aceptar la eliminación física de sus ciudadanos como precio de una disputa territorial.
Significa defender que una sociedad democrática tiene derecho a proteger sus fronteras y a impedir que organizaciones armadas conviertan a sus habitantes en objetivos deliberados.
Significa afirmar que los rehenes no son instrumentos de negociación.
Que la violación no es resistencia.
Que asesinar familias no es liberación.
Que disparar contra jóvenes que bailan no es una operación militar.
Que secuestrar niños no es política.
Existe un punto en el cual las palabras deben recuperar su significado.
Una atrocidad continúa siendo una atrocidad incluso cuando quien la comete afirma representar una causa histórica.
EL 7 DE OCTUBRE COMO FRONTERA DE LA HUMANIDAD
Tal vez la verdadera trascendencia del 7 de octubre aparezca cuando dejemos de observarlo únicamente desde Oriente Medio.
La pregunta que aquel día dejó abierta no concierne solamente a Israel.
Concierne a todos nosotros.
Durante siglos la humanidad intentó construir una frontera entre guerra y barbarie.
Esa frontera nunca fue perfecta. Se quebró demasiadas veces.
Pero existe.
Se encuentra en la distinción entre soldado y niño.
Entre combate y ejecución.
Entre prisionero y rehén.
Entre resistencia y masacre.
Entre enemigo y ser humano.
Cuando esas diferencias desaparecen, no retrocede únicamente una nación.
Retrocede la civilización.
Israel tiene derecho a defender su existencia porque detrás de la palabra “Israel” existen millones de personas con el mismo derecho elemental que cualquier otro ser humano: despertar por la mañana sin temer que alguien atraviese una frontera para asesinarlas por pertenecer a una comunidad determinada.
Defender ese derecho no es negar la dignidad palestina.
Es defender el principio universal del cual depende también la dignidad palestina.
Porque los derechos humanos solo existen verdaderamente cuando los reconocemos incluso allí donde nuestras convicciones políticas son puestas a prueba.
El 7 de octubre mostró qué sucede cuando el otro deja de ser considerado humano.
Ahí está su advertencia más profunda.
Las civilizaciones no comienzan a desaparecer solamente cuando caen sus ciudades.
Comienzan a desaparecer cuando aceptan que determinadas personas pueden ser asesinadas, secuestradas, violadas o convertidas en instrumentos porque una causa considerada superior así lo exige.
Por eso recordar el 7 de octubre no pertenece únicamente a Israel.
Pertenece a la memoria moral de la humanidad.
Y quizá dentro de muchas décadas la pregunta más importante no sea solamente qué hizo Israel después de aquel día, ni qué hizo Hamás, ni siquiera quién ganó una guerra.
La pregunta será otra:
¿fuimos capaces de conservar una frontera entre aquello que una humanidad civilizada puede discutir y aquello que jamás puede aceptar?
El 7 de octubre de 2023 esa frontera fue atravesada.
La obligación de nuestra generación es impedir que termine desapareciendo.