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CUANDO EL ESTADO TAMBIÉN DEBE RESPONDER
Una democracia exige responsabilidades a sus ciudadanos: respetar la ley, aceptar las decisiones legítimas de las instituciones y responder cuando se vulneran los derechos de otros. Pero esa obligación no funciona en una sola dirección. Quien concentra mayores capacidades para intervenir sobre la vida colectiva debe estar sometido a mayores exigencias de explicación, control y responsabilidad.
Las tres miradas de hoy recorren distintas dimensiones de esa relación. Uruguay vuelve a enfrentarse a una violencia que condiciona la vida cotidiana y obliga a preguntarse hasta qué punto puede hablarse de libertad cuando el miedo modifica conductas. México avanza hacia una reforma que restringirá el acceso a los principales cargos ejecutivos para quienes posean otra ciudadanía. Israel, tres años después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, continúa discutiendo algo esencial para cualquier democracia: el derecho de una sociedad a conocer qué falló y quién debe responder por ello.
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CUANDO EL MIEDO RECORTA LA LIBERTAD
El otro costo de la violencia en Uruguay
Cuatro personas fueron asesinadas el martes 6 de octubre en distintos barrios de Montevideo. Tres de los homicidios ocurrieron a balazos durante la noche, en un período particularmente breve, mientras otro había tenido lugar horas antes. Las investigaciones están en curso y no existe fundamento para atribuir, sin evidencia adicional, un origen común a los episodios.
Esa precisión es importante. Una noche especialmente violenta no permite, por sí sola, establecer una tendencia general sobre la criminalidad uruguaya. Convertir un conjunto de hechos graves en una conclusión estadística sería tan incorrecto como restarles importancia porque no alcancen para demostrar una evolución de largo plazo.
Pero los homicidios permiten observar otra dimensión de la seguridad que muchas veces queda relegada detrás de las estadísticas: el impacto del miedo sobre la libertad cotidiana.
La inseguridad no comienza solamente cuando una persona se convierte en víctima de un delito. También modifica comportamientos antes de que el delito ocurra. Cambia horarios, recorridos y hábitos; condiciona el uso de los espacios públicos; determina dónde pueden circular los jóvenes, cuándo una familia considera prudente regresar a su casa y qué lugares de la ciudad dejan progresivamente de formar parte de la vida de determinados ciudadanos.
Formalmente, los derechos permanecen intactos. En la práctica, su ejercicio comienza a reducirse.
Existe una diferencia importante entre poseer libertad y poder ejercerla.
Una persona puede tener jurídicamente derecho a desplazarse por toda la ciudad y, sin embargo, considerar que determinados lugares u horarios representan un riesgo demasiado elevado. Puede disponer de una plaza, una calle o un parque y haber dejado de utilizarlos. Puede tener derecho a desarrollar una actividad comercial y decidir no hacerlo porque el entorno dejó de ofrecer condiciones razonables de seguridad.
Cuando eso ocurre de manera persistente, el miedo comienza a administrar silenciosamente el espacio público.
Por eso la seguridad no debería ser patrimonio político exclusivo de quienes reclaman políticas más duras ni la preocupación por las garantías individuales debería quedar reservada a quienes desconfían de ellas.
Seguridad y libertad no son principios adversarios.
Una democracia necesita un Estado capaz de investigar delitos, desarticular organizaciones criminales, controlar armas ilegales, impedir el lavado de activos, proteger testigos y fiscales y recuperar aquellos espacios donde el crimen pretende establecer reglas propias.
Pero esa capacidad debe permanecer sometida a la ley.
La historia demuestra que el miedo constituye también una poderosa herramienta política. Cuando una sociedad se siente amenazada puede estar dispuesta a entregar atribuciones extraordinarias al Estado, reducir garantías o tolerar mecanismos que en circunstancias normales consideraría inaceptables.
Ese camino tampoco conduce a una sociedad libre.
Uruguay necesita evitar esa falsa elección. No corresponde resignarse ante la violencia para preservar las garantías, ni debilitar las garantías con el argumento de combatir la violencia.
La respuesta republicana exige un Estado eficaz y limitado al mismo tiempo: fuerte frente al crimen y sometido al derecho frente al ciudadano.
La libertad necesita seguridad para poder ejercerse.
Y la seguridad necesita República para no convertirse en poder sin control.
🌎 AMÉRICA LATINA
UNA BANDERA, ¿UNA SOLA CIUDADANÍA?
México y los límites del patriotismo político
México avanza hacia una reforma constitucional que establecerá nuevas condiciones para acceder a algunos de los principales cargos ejecutivos del país. Quienes aspiren a la Presidencia, a una gobernación estatal o a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán renunciar a cualquier segunda ciudadanía.
La iniciativa ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su coalición, fue aprobada por las dos cámaras del Congreso y recibió el apoyo de la mayoría necesaria de las legislaturas estatales. La justificación presentada se relaciona con la necesidad de evitar posibles conflictos de lealtad o influencias extranjeras sobre quienes ejercen las máximas responsabilidades del Estado.
El argumento merece ser considerado.
Un presidente representa internacionalmente a su país, conduce áreas estratégicas del gobierno y participa en decisiones vinculadas con seguridad, defensa y política exterior. Es razonable que una República establezca requisitos especialmente exigentes para quien ocupa esa función.
Pero de esa premisa no surge automáticamente que poseer una segunda ciudadanía constituya una incompatibilidad democrática.
Ahí comienza la discusión.
Las sociedades contemporáneas están atravesadas por migraciones, familias binacionales y ciudadanos que desarrollan su vida entre distintos países. América Latina conoce especialmente bien ese fenómeno. Millones de personas han emigrado sin perder por ello su relación cultural, afectiva, jurídica o política con su país de origen.
La ciudadanía múltiple no demuestra por sí misma una lealtad dividida.
Del mismo modo, poseer una única nacionalidad tampoco garantiza compromiso democrático, honestidad institucional o defensa de los intereses nacionales.
La pregunta relevante no es entonces si un país puede establecer requisitos para quienes aspiran a gobernarlo. Evidentemente puede hacerlo. La cuestión consiste en determinar si la restricción es necesaria, proporcional y suficientemente justificada frente al derecho político que limita.
Existe además una precaución republicana adicional.
Las reglas de acceso al poder deben diseñarse pensando en instituciones y no en candidatos.
Cuando una reforma electoral o constitucional puede modificar quién está habilitado para competir, importa especialmente que su formulación sea general y que pueda defenderse con independencia de quién resulte beneficiado o perjudicado.
Una democracia comienza a deteriorarse cuando las reglas se escriben después de identificar al adversario.
Por eso esta discusión trasciende a México.
En un mundo de identidades múltiples y sociedades cada vez más conectadas, las democracias deberán decidir qué entienden por lealtad política. La respuesta no debería buscarse exclusivamente en un pasaporte.
La lealtad fundamental que una República puede exigir a sus gobernantes es otra: lealtad a la Constitución, a las instituciones democráticas y a los derechos de los ciudadanos que gobiernan.
El patriotismo puede constituir una virtud cívica.
Convertido en instrumento para decidir quién pertenece suficientemente a una nación, puede transformarse también en una herramienta de exclusión.
🌍 MUNDO
TRES AÑOS DESPUÉS
Israel y el derecho de una democracia a investigar su propio fracaso
El 7 de octubre de 2023 Hamas lanzó el ataque más grave sufrido por Israel desde su creación. Alrededor de 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. Tres años después, las consecuencias de aquel día continúan atravesando a la sociedad israelí, mientras la guerra posterior dejó una devastación extraordinaria en Gaza y decenas de miles de palestinos muertos.
Las dimensiones humanas, militares y geopolíticas del conflicto han sido analizadas extensamente. Sin embargo, existe una cuestión institucional que merece atención propia: el derecho de los ciudadanos israelíes a conocer cómo fue posible que su Estado no pudiera impedir el ataque.
La pregunta no relativiza la responsabilidad de Hamas.
El terrorismo debe ser llamado por su nombre y sus responsables deben responder por sus actos. Investigar las fallas de las instituciones israelíes no modifica esa responsabilidad ni establece una equivalencia entre quienes perpetraron el ataque y quienes no consiguieron evitarlo.
Se trata de responsabilidades diferentes.
Precisamente por eso pueden investigarse simultáneamente.
Durante estos tres años, distintos sectores de la sociedad israelí han reclamado una investigación independiente sobre las fallas políticas, militares y de inteligencia que precedieron al ataque. La discusión sobre el alcance y la independencia de esa investigación se ha convertido también en una cuestión política.
Y allí aparece un principio fundamental.
Una democracia no demuestra debilidad cuando investiga sus errores. Demuestra que ninguna institución puede quedar por encima del derecho de los ciudadanos a exigir explicaciones.
Los Estados poseen razones legítimas para proteger determinada información vinculada con operaciones militares, fuentes de inteligencia o capacidades estratégicas. La seguridad nacional requiere secretos.
Pero existe una diferencia sustancial entre proteger información cuya divulgación puede provocar un daño concreto y convertir la seguridad nacional en una barrera permanente frente a la rendición de cuentas.
Las democracias deben ser capaces de distinguir ambas situaciones.
Porque cuando ocurre un fracaso de semejante magnitud, investigar no significa buscar necesariamente un culpable al cual transferir toda la responsabilidad. Significa reconstruir decisiones, advertencias, evaluaciones y omisiones para comprender qué ocurrió y reducir la posibilidad de que vuelva a suceder.
También significa algo más profundo.
Reconocer que quienes ejercen el poder deben responder incluso cuando enfrentan enemigos que desprecian abiertamente los valores democráticos.
Esa distinción es esencial.
Una democracia no debería adoptar los métodos de quienes la atacan ni utilizar la existencia de una amenaza externa para suspender indefinidamente sus mecanismos de control interno.
Israel tiene derecho a defender a su población frente al terrorismo.
Los palestinos tienen derechos fundamentales que ninguna guerra elimina.
Y los ciudadanos israelíes tienen derecho a preguntar a sus propias instituciones qué ocurrió el 7 de octubre y exigir respuestas suficientemente independientes del poder que debe ser examinado.
Las tres afirmaciones pueden sostenerse simultáneamente.
La fortaleza de una República no consiste en proclamar que nunca falla.
Consiste en disponer de instituciones capaces de reconocer el fracaso, investigarlo y establecer responsabilidades.
TRES MIRADAS. UNA MISMA EXIGENCIA.
Las noticias de hoy recorren escenarios muy diferentes, pero comparten una misma pregunta sobre la relación entre ciudadano y Estado.
Uruguay debe garantizar que la violencia no termine reduciendo silenciosamente las libertades cotidianas, sin permitir que el miedo justifique un poder estatal sin controles.
México debe demostrar que cualquier restricción al derecho de competir por el poder responde a una necesidad institucional y no a la conveniencia política de quienes redactan las reglas.
Israel enfrenta una prueba particularmente difícil: determinar si una democracia sometida a una amenaza extraordinaria puede investigar con independencia las fallas de quienes tenían la responsabilidad de protegerla.
En los tres casos aparece una idea que LIBERTAS considera central: el poder público no obtiene legitimidad únicamente porque haya sido elegido democráticamente o porque invoque la seguridad, la soberanía o el interés nacional. La conserva cuando acepta explicar sus decisiones, someterse a controles y responder por sus resultados.
La República no es solamente un conjunto de límites que el Estado impone al ciudadano.
Es también el sistema de límites que los ciudadanos imponen al Estado.
LIBERTAS
«La República comienza cuando el Estado deja de exigir solamente responsabilidades al ciudadano y acepta responder por las propias.»