Asia y el Pacífico entre prohibiciones, conflictos y cadenas tecnológicas
Serie «Narcopolítica y narcogeopolítica» | LIBERTAS
En los Andes, una parcela de coca puede localizarse desde el aire. En parte de Asia, una fábrica clandestina de drogas sintéticas puede cambiar de emplazamiento, modificar sus insumos y seguir produciendo. Al mismo tiempo, el opio continúa ligado a territorios rurales atravesados por conflictos. Son economías diferentes, con efectos políticos distintos, que confluyen en rutas comerciales y financieras cada vez más amplias.
Asia y el Pacífico tampoco constituyen un único escenario. Myanmar enfrenta una guerra interna y una expansión del cultivo de amapola; los países vecinos interceptan drogas sintéticas que cruzan sus fronteras; Australia y Nueva Zelanda son mercados de destino; las islas del Pacífico afrontan presiones que pueden superar la escala de sus recursos de control. En cada caso importa identificar qué decisiones puede imponer una organización criminal y qué capacidad conserva la autoridad pública para proteger a las personas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, señala que Asia oriental y sudoriental concentraron el 48 % de la cantidad mundial de metanfetamina incautada en 2024. Las incautaciones muestran la magnitud de las operaciones detectadas; no miden por sí mismas toda la producción ni permiten convertir automáticamente una cifra elevada en una prueba de complicidad estatal. Data Portal UNODC
Myanmar: producir en medio de la guerra
El estudio de UNODC sobre Myanmar estimó 53.100 hectáreas de amapola en 2025. El cultivo había aumentado un 17 % respecto del año anterior y se situaba en su nivel más alto de una década. El informe sitúa estos cambios en el contexto del conflicto interno, cuyas alteraciones afectan tanto la seguridad como el acceso al trabajo, a los insumos agrícolas y a los mercados. unodc.org
La cifra describe una actividad agrícola ilícita; no revela por sí sola quién recibe sus beneficios ni cómo se distribuyen. En un territorio en guerra pueden intervenir productores que buscan ingresos, intermediarios que compran la cosecha, grupos armados que cobran por permitir su circulación y autoridades con distintos grados de control. Atribuir a todos la misma responsabilidad borraría la diferencia entre vivir bajo una economía de coerción y dirigirla.
El conflicto dificulta además cualquier sustitución económica. Una familia puede aceptar otra actividad y carecer de caminos seguros para vender su producción. Una autoridad puede anunciar la erradicación de cultivos sin disponer de presencia estable para proteger a quienes dejan de sembrarlos. Desde la perspectiva de LIBERTAS, la recuperación de un territorio debe medirse también por la posibilidad de trabajar sin financiar por obligación a un actor armado.
UNODC identifica asimismo a Myanmar como el mayor productor mundial de opio en la actualidad. Ese dato no convierte a todas sus regiones ni a toda su población en participantes del narcotráfico. Obliga a seguir las cadenas que conectan zonas de producción, fronteras y mercados de destino, y a examinar con pruebas quién obtiene protección o poder a partir de ellas. Data Portal UNODC
La metanfetamina cambia la escala del problema
El mercado de drogas sintéticas funciona con otra lógica. La producción requiere sustancias químicas, equipamiento, personas con conocimientos técnicos y canales de distribución. Puede ampliarse sin que crezca una superficie cultivada visible. También puede adaptarse cuando un precursor se somete a controles y aparece una sustancia alternativa.
Según el informe regional de UNODC publicado en 2025, los países de Asia oriental y sudoriental incautaron 236 toneladas de metanfetamina durante 2024, un 24 % más que en 2023. La mayor parte se notificó en el sudeste asiático. El dato señala la presión sobre las rutas y los mercados de la región; no permite saber qué proporción de la producción total fue interceptada. unodc.org
El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 advierte que las incautaciones de metanfetamina en Asia alcanzaron un máximo en 2024 mientras descendía el número de laboratorios desmantelados y notificados. Esta combinación merece investigación: podría relacionarse con cambios en la concentración, la localización o la detección de la producción, pero el dato aislado no permite escoger una explicación definitiva. Data Portal UNODC
Las cadenas químicas amplían las responsabilidades. Un cargamento de insumos puede tener usos industriales legítimos. La tarea pública consiste en detectar desvíos mediante registros, cooperación aduanera e investigaciones dirigidas, sin tratar a todo proveedor como sospechoso. Del otro lado, limitar la respuesta a interceptar el producto terminado deja intactas las capacidades de fabricar más.
Aquí aparece una dimensión de narcopolítica que debe probarse caso por caso: si una red obtiene avisos sobre inspecciones, logra que una instalación opere sin controles o paga para atravesar una frontera, la función pública puede estar trabajando a su favor. Si un funcionario carece de medios o es amenazado, la situación es distinta. En ambos supuestos el Estado necesita actuar, pero la investigación y la protección que corresponden no son iguales.
Tecnología, dinero y economías criminales que se encuentran
Las redes del sudeste asiático también operan en un entorno donde existen centros de estafa digital, sistemas de banca clandestina y mercados ilícitos en línea. UNODC ha estudiado la expansión y las conexiones de esas actividades. No corresponde afirmar que todo centro de estafa pertenece a una red de narcotráfico, ni que ambas economías sean una sola. Lo relevante es que pueden recurrir a intermediarios financieros y servicios clandestinos semejantes. Cada vínculo concreto necesita documentación. unodc.org
La dimensión humana es especialmente grave. INTERPOL informó que, hasta marzo de 2025, había identificado víctimas de trata procedentes de 66 países llevadas a centros de estafa en línea. Algunas personas fueron coaccionadas para participar en fraudes. Presentarlas indistintamente como integrantes voluntarias de organizaciones criminales impediría reconocerlas y protegerlas como víctimas. interpol.int
La tecnología permite trasladar instrucciones y fondos con rapidez; también deja registros que una investigación puede reconstruir. El desafío consiste en preservar pruebas, seguir a los beneficiarios y distinguir el uso criminal de una herramienta de su uso legítimo. Bloquear un medio de pago entero o vigilar indiscriminadamente las comunicaciones puede afectar a personas ajenas al delito sin alcanzar a quienes dirigen la red.
Una pregunta debe guiar el análisis político: ¿los ingresos de estas economías se utilizan para comprar protección pública, impedir investigaciones o consolidar control territorial? La coexistencia de negocios ilícitos muestra capacidad criminal. La captura de instituciones exige demostrar qué decisión fue alterada y por quién.
El Pacífico: rutas grandes, Estados de distinta escala
Las islas del Pacífico aparecen en rutas de tránsito de metanfetamina hacia Australia y Nueva Zelanda. UNODC registra incautaciones en países y territorios como Fiji, Papúa Nueva Guinea y Tonga, entre otros. Ser parte de una ruta detectada no demuestra que sus gobiernos la protejan. Sí plantea una presión sobre servicios aduaneros y policiales que deben vigilar extensas áreas marítimas. Data Portal UNODC
La Policía Federal Australiana informó que durante 2025 se incautaron aproximadamente 4,6 toneladas de drogas ilícitas en la región del Pacífico. Esa cifra reúne sustancias y operaciones distintas; sirve para dimensionar la actividad detectada, no para clasificar a los Estados según un supuesto nivel de captura. afp.gov.au
La escala importa. Una organización transnacional puede ofrecer dinero, equipos o amenazas a un número reducido de personas situadas en puntos sensibles de una ruta. La respuesta exige cooperación técnica y protección para los funcionarios locales, junto con investigaciones que lleguen a quienes financian y reciben los cargamentos. Si toda la atención recae sobre el país de tránsito, los mercados de destino quedan fuera del examen.
Australia y Nueva Zelanda tienen, por ello, una responsabilidad propia. El informe mundial de UNODC recoge señales de daños sanitarios asociados al consumo intensivo de metanfetamina en ambos países. Investigar las redes de importación y ofrecer tratamiento a las personas afectadas son tareas complementarias, con destinatarios y criterios distintos. Data Portal UNODC
La severidad de la ley no sustituye al control del poder
En esta región conviven regímenes políticos y respuestas penales muy diferentes. Es tentador medir la firmeza frente a las drogas por la dureza de las penas o por la cantidad de operativos. Ninguno de esos indicadores responde por sí solo a las preguntas centrales de esta serie: quién dirige el negocio, quién conserva sus ganancias y qué autoridad puede haberle permitido actuar.
Una prohibición puede dificultar una actividad; también puede elevar el valor de los servicios clandestinos necesarios para sostenerla. Esa relación es una posibilidad económica que debe estudiarse en cada mercado, no una prueba automática de que toda prohibición produce corrupción. La discusión pública necesita resultados verificables, procedimientos revisables y datos sobre los daños que sufren tanto las comunidades como las personas que consumen.
La cooperación internacional enfrenta una dificultad adicional en los territorios de conflicto. Compartir información puede salvar una investigación, pero una filtración puede poner en peligro a testigos, funcionarios o familias. La calidad de esa cooperación depende de saber quién recibirá los datos, para qué los utilizará y qué protección tendrán las personas mencionadas.
Asia y el Pacífico muestran que el poder criminal puede asentarse en una parcela rural, desplazarse mediante una cadena química o aprovechar una ruta marítima. Para LIBERTAS, la respuesta comienza al distinguir esas situaciones y sigue hasta el último beneficiario identificable. La Libertad exige que nadie tenga que financiar por miedo a un grupo armado; la Democracia, que el dinero clandestino no dicte decisiones públicas; y la República, que incluso en nombre de la seguridad toda autoridad deba responder por sus actos.