Europa: el poder criminal dentro de instituciones capaces de combatirlo
Serie «Narcopolítica y narcogeopolítica» | LIBERTAS
Un contenedor llega a un puerto europeo con documentación comercial, una empresa importadora y un destino declarado. La mayor parte de ese sistema funciona para sostener el comercio legal. Precisamente por eso resulta atractivo para el narcotráfico: una organización puede intentar introducir un cargamento ilícito en una cadena que mueve miles de operaciones legítimas cada día.
Europa ocupa varios lugares en la economía mundial de las drogas. Es un mercado de consumo, una red de distribución y un espacio donde pueden circular e invertirse ganancias criminales. Tiene, a la vez, aduanas, fiscalías, tribunales y mecanismos de cooperación capaces de investigar esas redes. El problema que examina este capítulo es cómo una organización criminal aprovecha los puntos de acceso de una sociedad con instituciones fuertes y qué ocurre cuando busca influir sobre quienes los controlan.
La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas registró unas 97.000 incautaciones de cocaína, por un total de 330 toneladas, en los Estados miembros durante 2024. El volumen fue menor que las 419 toneladas notificadas para 2023, mientras aumentó el número de incautaciones. La agencia advierte que esta combinación puede reflejar cambios de rutas y métodos; no permite concluir, por sí sola, que el tráfico haya disminuido en la misma proporción. The European Union Drugs Agency (EUDA)
El puerto y sus puntos de acceso
Amberes, Rotterdam y Hamburgo son nodos del comercio internacional. Europol ha documentado que las redes criminales intentan utilizar sus operaciones ordinarias para introducir drogas y retirarlas de los contenedores. Entre los métodos examinados figura la apropiación de códigos de referencia que permiten acceder a una carga. La agencia identifica la corrupción como un facilitador de estas maniobras y describe riesgos para trabajadores portuarios, transportistas, empresas y autoridades. Europol
La distinción entre riesgo y responsabilidad resulta indispensable. Un cargamento contaminado con cocaína no demuestra que la empresa propietaria de la mercancía haya participado. Un trabajador que conoce un código puede haberlo entregado, haber sufrido una amenaza o haber sido víctima de una falla de seguridad. Corresponde a la investigación reconstruir quién accedió a la información, qué hizo con ella y en qué condiciones.
En 2024, Europol informó sobre una red sospechosa de organizar envíos de cocaína desde Sudamérica a grandes puertos europeos. Las autoridades de Bélgica, Ecuador y Alemania habían incautado alrededor de 35 toneladas vinculadas con esa investigación entre abril y septiembre de 2023. El caso muestra la extensión de una cadena concreta: el seguimiento de un cargamento puede exigir actuaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. Europol
Para LIBERTAS, proteger un puerto significa también proteger a quienes trabajan en él. Si una persona recibe amenazas por negarse a facilitar información, el Estado debe ofrecerle una vía segura para denunciar. Si se descubre una colaboración voluntaria, debe investigarse con garantías. Ambos casos pueden ocurrir en un mismo entorno, pero reclaman respuestas diferentes.
La Comisión Europea puso en marcha en enero de 2024 la Alianza Europea de Puertos, que reúne a autoridades y actores privados para fortalecer la seguridad frente al tráfico y la infiltración criminal. Su estrategia portuaria de 2026 plantea desarrollar evaluaciones de seguridad y controles relativos al personal. El valor de esas medidas dependerá de cómo se apliquen: necesitan detectar accesos indebidos, permitir la revisión de decisiones y evitar que una sospecha general recaiga sobre miles de trabajadores honestos. Migration and Home Affairs
Las redes cruzan fronteras sin tener que controlar un Estado
La cooperación entre Italia y Brasil permite observar otra forma de conexión. Eurojust informó sobre investigaciones conjuntas de una ruta de cocaína vinculada con la ’Ndrangheta, con actuaciones y detenciones en ambos países. Los investigadores identificaron transporte en buques de carga y aeronaves privadas. La existencia de esa red demuestra coordinación criminal transatlántica; no autoriza a atribuir responsabilidad a todo un puerto, una comunidad italiana o una administración brasileña. eurojust.europa.eu
En otra investigación, las autoridades de Italia y Alemania actuaron en 2025 contra una presunta organización de tipo mafioso relacionada, entre otros delitos investigados, con tráfico de drogas, evasión fiscal y lavado de dinero. La variedad de actividades ayuda a entender la resistencia de estas redes: pueden obtener ingresos de distintos negocios y recurrir a empresas para mover bienes o encubrir su origen. Las detenciones, sin embargo, deben distinguirse de las condenas. eurojust.europa.eu
La capacidad criminal transnacional puede crecer sin que exista una dirección política única detrás de ella. Una red negocia servicios, utiliza intermediarios y cambia de ruta cuando una vía se vuelve riesgosa. El análisis de la narcopolítica exige un paso adicional: probar que logró condicionar una decisión de gobierno, una actuación policial, una inspección o un procedimiento judicial.
El dinero busca una historia creíble
El cargamento decomisado representa una pérdida para la organización. El dinero que ya circula puede permitirle seguir funcionando. Por eso, investigar el narcotráfico en Europa exige examinar pagos, sociedades, beneficiarios reales y patrimonio.
En 2026, Eurojust comunicó una investigación que comenzó con movimientos financieros sospechosos y condujo a una presunta red de lavado relacionada con integrantes de la Camorra y la ’Ndrangheta. Los investigadores la vincularon con el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. El caso ilustra la utilidad de seguir el dinero para descubrir conexiones que no eran visibles a partir de un envío aislado. Sus atribuciones penales siguen sujetas al proceso correspondiente. eurojust.europa.eu
Una empresa utilizada por criminales puede cumplir varias funciones: recibir fondos, justificar pagos, adquirir bienes o participar en una actividad comercial real. Esa posibilidad obliga a investigar conductas y beneficiarios concretos. La existencia de una sociedad legal no limpia automáticamente el origen del dinero; trabajar en un sector expuesto tampoco convierte a sus empresas en culpables.
El daño excede al sistema penal. Quien utiliza ganancias ilícitas para sostener precios artificiales puede desplazar a competidores que dependen de sus ventas legítimas. Quien oculta la propiedad de activos impide que la sociedad conozca quién está acumulando poder económico. Y si ese patrimonio se emplea para obtener favores públicos, el lavado se convierte en una posible antesala de captura institucional. Esa última relación debe demostrarse, no presumirse.
Violencia e intimidación en sociedades abiertas
Las redes criminales también recurren a la amenaza. Europol ha señalado riesgos de corrupción e intimidación sobre personas que cumplen funciones en la descarga y el almacenamiento de mercancías, junto con violencia asociada a disputas por los mercados de drogas. Las consecuencias llegan más allá del puerto: una persona amenazada puede callar, abandonar su empleo o aceptar instrucciones para proteger a su familia. Europol
Una sociedad puede disponer de tribunales independientes y dejar, sin embargo, a un testigo sin protección suficiente. Allí se abre una brecha entre la garantía escrita y la libertad efectiva. Para cerrarla hacen falta canales confidenciales de denuncia, investigación de las amenazas y capacidad de actuar contra quienes las ordenan.
La respuesta estatal también tiene límites. Vigilar accesos y reconstruir comunicaciones puede ser necesario en una investigación concreta, siempre con base legal y supervisión. Una expansión indiscriminada de la vigilancia puede afectar a las mismas personas que se pretende proteger. En una república, la eficacia de una medida no elimina la obligación de justificarla y permitir su control.
Europa frente a su propia responsabilidad
Durante años, una parte del debate internacional ha situado el problema de la cocaína casi exclusivamente en los países donde se cultiva o sale la mercancía. Los datos europeos obligan a completar el mapa. Hay demanda dentro de Europa, redes que reciben y distribuyen la droga, personas dispuestas a facilitar su entrada y mecanismos para utilizar los ingresos. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas señala que la infiltración de cadenas comerciales continúa siendo un componente del tráfico a gran escala. The European Union Drugs Agency (EUDA)
Reconocer esta responsabilidad no reduce la de los países productores o de tránsito. Permite formular una cooperación más seria: investigar los dos extremos de la ruta, compartir pruebas utilizables ante los tribunales y seguir los recursos hasta sus propietarios. También exige una política sanitaria para quienes sufren daños por el consumo. La Comisión Europea incorporó en su estrategia y plan de acción recientes medidas de seguridad, prevención y salud pública; habrá que evaluar sus resultados por separado. Migration and Home Affairs
Europa cuenta con instituciones capaces de descubrir redes complejas. Las operaciones conjuntas muestran esa capacidad. Pero la fortaleza institucional no se mide solo por toneladas incautadas o detenciones anunciadas. Se mide también por la posibilidad de investigar una filtración dentro del Estado, proteger a quien rechaza una amenaza, recuperar activos con debido proceso y establecer quién responde por una decisión pública alterada.
La lección europea para LIBERTAS es exigente: una institución fuerte debe poder investigar el poder criminal incluso cuando este utiliza sus puertos, sus empresas o a alguno de sus funcionarios. La Libertad necesita ciudadanos capaces de denunciar; la Democracia, decisiones libres de coerción clandestina; y la República, autoridades que respondan ante la ley.