MONTEVIDEO ANTE LA NUEVA FRONTERA: PRODUCTIVIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LIBERTAD
Uruguay recibirá la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE. La inteligencia artificial estará en el centro de la discusión, pero detrás de ella aparece una cuestión más profunda: qué instituciones necesita una sociedad libre para que la revolución tecnológica amplíe oportunidades sin concentrar poder.
Montevideo será durante dos días uno de los centros de la discusión latinoamericana sobre inteligencia artificial, innovación y productividad.
El 29 y 30 de septiembre, la Torre Ejecutiva recibirá la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, bajo el título Innovación Inclusiva y la Revolución de la Inteligencia Artificial. Uruguay organiza el encuentro junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en momentos en que además comparte con Costa Rica la copresidencia del Programa Regional para el período 2026-2029.
No será una reunión dedicada simplemente a discutir nuevas tecnologías.
La propia OCDE coloca el punto de partida en un problema bastante menos novedoso: la baja productividad latinoamericana.
Según el diagnóstico presentado para la cumbre, la productividad laboral de América Latina y el Caribe permanece aproximadamente en un tercio del promedio de los países de la OCDE. La organización vincula esa brecha con economías concentradas en actividades de menor sofisticación, elevados niveles de informalidad y dificultades para trasladar innovación y tecnología al conjunto del aparato productivo.
La inteligencia artificial llega, entonces, a una región que todavía arrastra problemas anteriores a la inteligencia artificial.
Y esa contradicción probablemente sea una de las discusiones más importantes de Montevideo.
LA TECNOLOGÍA NO LLEGA A UN TERRENO VACÍO
Hablar de inteligencia artificial en América Latina obliga a abandonar una idea cómoda: que basta incorporar tecnología para producir desarrollo.
Una empresa capaz de automatizar procesos, un estudiante con acceso a sistemas avanzados de IA o una administración pública que comienza a utilizar agentes inteligentes pueden aumentar extraordinariamente sus capacidades.
Pero también puede ocurrir lo contrario.
Las diferencias de infraestructura, educación, formación laboral, capacidad empresarial y acceso al conocimiento pueden hacer que una herramienta diseñada para multiplicar productividad termine multiplicando desigualdades existentes.
La OCDE ha colocado precisamente esa tensión dentro de la agenda de Montevideo. Los dos grandes ejes anunciados son el fortalecimiento de los sistemas de innovación y transferencia tecnológica, y la construcción de políticas capaces de hacer que la inteligencia artificial contribuya al crecimiento inclusivo.
La discusión parece económica.
En realidad, también es institucional.
Porque cada revolución tecnológica redistribuye poder.
QUIÉN CONTROLA LA NUEVA CAPACIDAD
Durante buena parte de la historia moderna, el poder económico dependió del acceso a tierra, capital, energía, infraestructura o industrias.
La economía digital agregó otro recurso decisivo: información.
La inteligencia artificial incorpora algo todavía más complejo: capacidad cognitiva automatizada.
Analizar millones de datos. Generar conocimiento. Predecir comportamientos. Recomendar decisiones. Automatizar procedimientos. Crear contenido. Coordinar organizaciones. Intervenir sobre mercados.
Cuando esas capacidades se concentran en pocas empresas, pocos Estados o unas pocas plataformas tecnológicas, la discusión deja de ser exclusivamente productiva.
Se convierte en una discusión sobre poder.
Ese es uno de los puntos que una mirada desde la libertad no debería perder.
El problema no es la inteligencia artificial.
El problema aparece cuando una tecnología capaz de ampliar extraordinariamente la autonomía humana termina construyendo nuevas dependencias que los ciudadanos no pueden comprender, controlar o disputar.
MONTEVIDEO PUEDE DISCUTIR ALGO MÁS QUE PRODUCTIVIDAD
La agenda oficial identifica tres dimensiones que deberían conectarse: crecimiento inclusivo, innovación y transferencia tecnológica, y capacidades y productividad impulsadas por inteligencia artificial.
Es una combinación relevante.
Porque una política tecnológica democrática debería evitar dos extremos.
El primero es el inmovilismo regulatorio: intentar detener tecnologías que otros países, empresas y sociedades continuarán desarrollando de todas formas.
El segundo es igualmente peligroso: asumir que todo avance tecnológico constituye automáticamente progreso social.
La innovación necesita libertad.
Pero la libertad necesita reglas.
Competencia para evitar monopolios.
Transparencia cuando los algoritmos intervienen sobre decisiones públicas.
Protección de datos personales.
Posibilidad de cuestionar decisiones automatizadas.
Educación para que las personas comprendan las herramientas que utilizan.
Responsabilidad cuando un sistema produce daños.
Son problemas tecnológicos, pero también expresiones contemporáneas de principios mucho más antiguos de la democracia liberal: límites al poder, responsabilidad, derechos individuales y control ciudadano.
URUGUAY EN UNA CONVERSACIÓN MAYOR
La elección de Montevideo como sede tiene además una dimensión institucional.
El Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe cumple diez años en 2026. Creado en 2016, trabaja sobre productividad, inclusión social, instituciones y gobernanza y, desde 2021, sostenibilidad ambiental. Durante esta década reunió a gobiernos, organismos internacionales y especialistas de más de treinta países.
La cumbre contará, según la nómina publicada por la organización, con la participación del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; autoridades uruguayas, entre ellas el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone; representantes del BID, CAF y otros organismos internacionales, junto con autoridades de distintos países de América Latina y el Caribe.
La mañana del 29 tendrá una instancia pública. Posteriormente se desarrollarán sesiones ministeriales y reuniones de trabajo que continuarán hasta el 30 de septiembre.
Además, el encuentro estará precedido por actividades vinculadas directamente con la implementación de políticas de inteligencia artificial. El 28 de septiembre se realizará en Montevideo un taller sobre el OECD/GPAI AI Policy Toolkit, concebido para ayudar a los gobiernos de la región a transformar los principios de inteligencia artificial de la OCDE en prioridades concretas de política pública, inversión y cooperación.
Ese detalle importa.
La discusión internacional sobre IA está comenzando a cambiar de fase.
Durante algunos años hablamos principalmente de principios.
Ética.
Transparencia.
Seguridad.
Derechos.
Ahora comienza una etapa más difícil: convertir esos principios en instituciones, procedimientos y decisiones concretas.
LA LIBERTAD TAMBIÉN SE JUEGA EN LOS ALGORITMOS
Una democracia no deja de ser democrática porque utilice inteligencia artificial.
Pero puede debilitarse si comienza a delegar decisiones relevantes en sistemas que nadie puede explicar.
Una economía de mercado no deja de ser competitiva porque adopte algoritmos.
Pero puede dejar de serlo si la infraestructura, los datos y la capacidad de cómputo terminan concentrados en actores imposibles de desafiar.
Un ciudadano no pierde formalmente sus derechos porque una plataforma conozca sus preferencias.
Pero su autonomía puede deteriorarse si sistemas invisibles aprenden a anticipar, ordenar y eventualmente condicionar sus decisiones.
Por eso la discusión que llegará a Montevideo excede el debate habitual entre regulación e innovación.
La pregunta relevante es otra:
¿cómo preservar la autonomía humana cuando una parte creciente de nuestras decisiones económicas, laborales, educativas y sociales estará mediada por sistemas inteligentes?
UNA OPORTUNIDAD PARTICULAR PARA URUGUAY
Uruguay difícilmente competirá con Estados Unidos, China o Europa en volumen de cómputo, tamaño de mercado o inversiones multimillonarias en modelos fundacionales.
No necesita hacerlo.
Puede intentar construir otro tipo de ventaja.
Instituciones previsibles.
Seguridad jurídica.
Protección de derechos.
Capacidad educativa.
Gobierno digital.
Apertura al conocimiento.
Reglas que permitan innovar sin entregar a ningún actor —público o privado— un poder imposible de controlar.
En la economía de la inteligencia artificial, la confianza también puede convertirse en infraestructura.
Y para un país pequeño esa puede ser una estrategia bastante más realista que intentar ganar una carrera de escala.
LA NUEVA FRONTERA DE LA REPÚBLICA
Las repúblicas nacieron mucho antes de los algoritmos, pero enfrentaron desde el comienzo el mismo problema que hoy reaparece bajo una apariencia tecnológica:
cómo impedir que el poder se concentre sin límites.
Las constituciones dividieron poderes.
Los derechos protegieron espacios de autonomía individual.
La libertad de expresión permitió cuestionar al gobierno.
La competencia económica buscó impedir que un solo actor controlara los mercados.
La inteligencia artificial obliga ahora a trasladar esa vieja arquitectura política hacia un territorio nuevo.
No para detener la tecnología.
Para conservar la libertad dentro de ella.
Montevideo recibirá una cumbre dedicada oficialmente a productividad, innovación e inteligencia artificial.
Pero detrás de esas palabras hay una conversación más profunda.
La tecnología puede multiplicar nuestras capacidades.
También puede multiplicar la capacidad de otros para decidir por nosotros.
La diferencia entre esas dos posibilidades no la determinará únicamente el próximo algoritmo.
La determinarán las instituciones que seamos capaces de construir alrededor de él.
LIBERTAS
La libertad del siglo XXI también dependerá de algo que las repúblicas conocen desde hace siglos: ningún poder debe crecer sin límites, ni siquiera cuando ese poder se presenta bajo la forma de tecnología.