Una lectura desde LIBERTAS sobre la crisis bancaria, la caída de Peña y los límites de la respuesta institucional
Actualizado al 7 de noviembre de 2026.
Una crisis bancaria adquiere otra gravedad cuando compromete fondos públicos y alcanza a quienes debían vigilar el sistema. Entonces, la pregunta deja de ser únicamente cuánto dinero falta. Hay que establecer quién decidió asumir los riesgos, quién los conocía y por qué los controles no evitaron que la situación llegara hasta ese punto.
La crisis paraguaya de esta semana reúne esos problemas. El procedimiento de resolución de Ueno Bank fue seguido por protestas, investigaciones penales y la destitución de Santiago Peña. Pedro Alliana asumió la Presidencia, pero el relevo no resuelve el daño financiero ni demuestra, por sí mismo, que las instituciones hayan corregido sus fallas. El desafío empieza precisamente donde termina la votación parlamentaria.
Desde la visión de LIBERTAS, el caso exige una posición firme frente a los posibles abusos del poder y el mismo rigor para preservar los derechos de los investigados. La defensa de la República pierde consistencia cuando exige garantías para los propios y castigo inmediato para los adversarios.
Qué se quebró y qué falta demostrar
El dato técnico confirmado es severo. El Banco Central del Paraguay dispuso el inicio de la resolución de Ueno al constatar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50 % del mínimo requerido. La decisión fue adoptada el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente. Según el regulador, el deterioro se constató después de ajustes a los estados financieros durante la regularización de la entidad. www.bcp.gov.py
Conviene comprender qué significa. Una dificultad de liquidez puede impedir que un banco atienda retiros inmediatos aun cuando conserve activos suficientes. La insuficiencia de solvencia plantea un problema distinto: el capital resulta inadecuado frente a los riesgos asumidos y las pérdidas reconocidas. Por eso, en este caso, tranquilizar a los clientes no podía sustituir la revisión del balance y de los activos recuperables.
La investigación penal debe establecer cómo se llegó a ese deterioro y si hubo conductas delictivas. El 7 de noviembre, Reuters informó que un juez ordenó la prisión preventiva de Peña en una instalación militar. La Fiscalía lo acusa de haber influido para mantener fondos públicos en Ueno pese a sus vínculos financieros anteriores con la sociedad controlante. Peña niega irregularidades. Se trata de una acusación pendiente de resolución judicial, no de una condena. reuters.com
Esta precisión no debilita la crítica. La vuelve defendible. Una denuncia puede justificar una investigación y medidas cautelares sin autorizar que se presente como probado todo lo que sostiene la acusación.
El problema más profundo: quién vigilaba al banco
Una entidad financiera administra dinero ajeno. Su libertad empresarial lleva asociadas obligaciones específicas porque sus decisiones comprometen a depositantes que no pueden examinar diariamente la calidad de cada préstamo.
Por esa razón, la supervisión bancaria necesita autonomía efectiva. El regulador debe poder incomodar a empresarios influyentes, reclamar capital adicional, limitar operaciones y actuar antes de que el perjuicio se extienda. Cuando esas decisiones se postergan por conveniencia política, la apariencia de estabilidad puede esconder una acumulación de riesgos.
En Paraguay, la investigación sobre Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, alcanza los procesos de autorización y supervisión de Ueno, su vinculación anterior con la financiera y las observaciones sobre créditos a empresas relacionadas. También se examina una comunicación enviada al Senado el 7 de octubre que, según la hipótesis fiscal, diferiría de los informes técnicos disponibles. lanacion.com.py
Ese último punto merece especial atención. Si una autoridad comunica al Parlamento una situación más favorable que la documentada por sus propios técnicos, el daño potencial excede al banco. El Congreso supervisa sobre información incompleta y el público interpreta como tranquilidad institucional lo que podría ser una omisión.
Todavía corresponde probar qué ocurrió. Pero la pregunta republicana ya está planteada: ¿las advertencias técnicas podían modificar las decisiones del poder o quedaban subordinadas a ellas?
Un organismo puede tener independencia escrita en su normativa y carecer de ella en la práctica. La prueba aparece cuando debe actuar contra intereses próximos al gobierno.
La cronología que debe esclarecerse
ABC Color publicó una reconstrucción basada en la denuncia que describe observaciones sobre exposición a empresas vinculadas desde abril, advertencias posteriores sobre solvencia y cuestionamientos a una venta de cartera financiada por el propio banco. El relato incluye una demora en la apertura de un sumario y una respuesta al Senado que habría presentado como subsanadas irregularidades todavía discutidas por los técnicos. Son elementos de la denuncia que requieren contrastarse con los expedientes completos. ABC Color
La relevancia de esa secuencia está en el tiempo transcurrido. No produce las mismas responsabilidades un deterioro descubierto de manera súbita que uno advertido durante meses sin medidas suficientes.
La investigación debería reconstruir cuándo supo cada autoridad lo que estaba ocurriendo, qué facultades tenía para intervenir y qué decidió hacer. También debe identificar si continuaron entrando recursos públicos después de advertencias relevantes.
No toda decisión equivocada constituye un delito. Puede haber errores de evaluación, negligencia o actuaciones deliberadas para favorecer intereses particulares. Diferenciarlos exige documentos y responsabilidades individuales. Una acusación general contra “el sistema” puede sonar contundente y terminar protegiendo a quienes tomaron decisiones concretas.
El ahorro previsional no es dinero disponible para apuestas políticas
La presencia de recursos de instituciones públicas introduce otra dimensión. Los ciudadanos pueden elegir, con distintos grados de información, dónde mantener sus ahorros personales. Un trabajador cuyos aportes previsionales son administrados por una institución pública no decide cada colocación.
Por eso, quienes gestionan esos fondos tienen una responsabilidad especialmente exigente. Deben justificar la seguridad de la inversión, la concentración del riesgo y las razones para elegir una entidad.
RTVE informó, a partir de la documentación fiscal, que durante la administración de Peña el Instituto de Previsión Social colocó unos 355 millones de dólares en Ueno y que el banco administraba cuentas de aproximadamente 32.000 jubilados. Esas cifras describen recursos y cuentas expuestos; no deben confundirse con una pérdida definitiva de igual magnitud. rtve.es
Para LIBERTAS, el punto es claro: el Estado no puede exigir aportes y después tratar su administración como un asunto reservado a negociaciones políticas. Quien dispone de dinero ajeno debe explicar su conducta con mayor detalle, no con menor.
Si se alteraron criterios para facilitar determinadas colocaciones, habrá que establecer quién promovió los cambios y con qué fundamento. Si las condiciones eran razonables cuando se aprobaron, debe comprobarse cómo se revisaron frente al deterioro posterior.
La responsabilidad incluye saber retirarse a tiempo de una exposición que dejó de ser prudente.
Defender el mercado exige combatir el privilegio
Sería un error interpretar esta crisis como una refutación automática de la actividad bancaria privada. También sería un error utilizar la defensa de la empresa para minimizar posibles favores políticos.
Una economía de mercado necesita que las empresas respondan por sus decisiones. Cuando las ganancias quedan en manos privadas y las pérdidas se trasladan mediante influencia al conjunto de los ciudadanos, se rompe esa responsabilidad.
El privilegio también daña la competencia. Una entidad favorecida por acceso político a fondos públicos puede expandirse bajo condiciones que sus competidoras no tienen. Si, además, recibe un trato regulatorio indulgente, el precio del riesgo deja de reflejar las condiciones reales.
La libertad económica exige reglas aplicadas de manera consistente. Un empresario cercano al gobierno debe enfrentar las mismas restricciones que cualquier otro. De lo contrario, la proximidad al poder termina valiendo más que la solvencia.
La respuesta tampoco puede ser un rescate sin condiciones. Antes de comprometer recursos adicionales deben explicarse las pérdidas, el patrimonio recuperable y las obligaciones de accionistas y responsables. La asistencia destinada a proteger a los depositantes no debería convertirse en una vía para preservar ventajas de quienes provocaron el daño.
La destitución plantea dos preguntas distintas
La salida de Peña tiene una dimensión constitucional y otra política. Ambas deben examinarse.
El Senado informó que lo separó del cargo por mal desempeño, por unanimidad de los presentes. Ese pronunciamiento establece responsabilidad política en el marco del juicio parlamentario; no reemplaza la prueba que necesita una condena penal. www.senado.gov.py
Pero el procedimiento presenta una tensión que LIBERTAS no debería pasar por alto. Según la solicitud de Peña publicada por ABC Color, recibió la notificación a las 22:15 del 5 de noviembre, acompañada de una acusación de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos, para comparecer a las 10:00 del día siguiente. Solicitó 72 horas adicionales para preparar su defensa. ABC Color
El Senado rechazó esa prórroga por 39 votos contra tres, con dos abstenciones. Esa mayoría demuestra una decisión política amplia; no resuelve por sí sola si el tiempo concedido permitió una defensa efectiva. ABC Color
No corresponde concluir, únicamente con estos datos, que todo el procedimiento fue inválido. Sí corresponde exigir un examen serio de sus garantías. La urgencia y la indignación no hacen innecesario el derecho de defensa.
Una República debe poder remover a un presidente responsable de mal desempeño sin debilitar las reglas que limitan a quienes lo remueven.
Alliana hereda el gobierno y una obligación de independencia
La sucesión merece escrutinio porque el nuevo presidente proviene de la misma administración. Esa procedencia no prueba responsabilidad personal, pero impide presentar el cambio como una ruptura completa con el poder anterior.
La Cámara de Diputados aprobó avanzar contra Peña y rechazó el juicio político contra Alliana: 48 legisladores votaron contra esa segunda iniciativa y 30 a favor. La misma crisis produjo, por tanto, decisiones diferentes respecto de los integrantes de la fórmula presidencial. Montevideo Portal
La cuestión será si esas diferencias responden a responsabilidades demostrablemente distintas o si el desplazamiento de Peña termina funcionando como una forma de contener el costo político.
Alliana podrá aportar credibilidad si permite investigaciones que alcancen a su propio entorno, conserva la documentación y publica información verificable. Si limita el esclarecimiento para preservar equilibrios partidarios, prolongará la desconfianza.
Cambiar al presidente resulta más rápido que reconstruir una autoridad pública creíble.
Tres cursos posibles
El mejor desenlace sería una reparación acompañada de esclarecimiento: pagos previsibles, recuperación de activos y responsabilidades determinadas mediante procedimientos sólidos. La revisión de la supervisión debería traducirse en cambios concretos sobre conflictos de interés y colocaciones públicas.
Otro curso sería una estabilización parcial. Podrían avanzar las devoluciones y disminuir las protestas mientras la investigación se concentra en unos pocos protagonistas. La emergencia perdería intensidad, pero quedarían dudas sobre las relaciones que hicieron posible el deterioro.
El escenario más grave sería una pérdida de confianza más extendida, agravada por información contradictoria, incertidumbre sobre fondos públicos y disputas dentro del gobierno. No debe darse por inevitable. El propio Banco Central caracterizó el caso como una situación particular de la entidad, no como una condición generalizada del sistema. Esa afirmación oficial debe contrastarse con información suficiente y actualizada. www.bcp.gov.py
La exigencia de LIBERTAS
La libertad queda afectada cuando una persona pierde el control efectivo de sus recursos. La democracia se debilita cuando los ciudadanos sospechan que las decisiones públicas obedecen a relaciones que no pueden conocer ni fiscalizar. La República falla cuando los encargados de controlar prefieren proteger.
La crisis paraguaya obliga a examinar esas tres dimensiones juntas, sin convertirlas en consignas.
Hace falta una contabilidad del daño y otra de las decisiones. La primera debe mostrar cuánto puede recuperarse, en qué plazos y a qué costo. La segunda debe explicar quién autorizó, quién advirtió, quién omitió actuar y quién obtuvo beneficios.
La detención de un expresidente es un hecho de enorme exposición pública. La prueba más exigente será menos espectacular: que un expediente alcance a cualquier responsable, que un informe técnico no pueda ocultarse y que un jubilado recupere su dinero mediante reglas que comprenda.
La República se pondrá a prueba cuando la investigación llegue a alguien que el nuevo poder prefiera proteger.