URUGUAY
CUANDO LOS PARTIDOS NEGOCIAN A QUIENES DEBEN CONTROLARLOS
La renovación de los organismos de contralor y una pregunta que la República uruguaya no puede seguir postergando.
Uruguay vuelve a enfrentar una controversia que trasciende los nombres de sus protagonistas y las diferencias circunstanciales entre oficialismo y oposición: la dificultad para alcanzar acuerdos sobre las autoridades de instituciones que deben actuar con independencia frente al poder político.
Las negociaciones para renovar la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, junto con la discusión sobre la titularidad de la Fiscalía General de la Nación y otras designaciones institucionales, han vuelto a quedar estancadas.
El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que no existen actualmente las condiciones para concretar un acuerdo general. Desde la oposición se sostiene que la negociación sobre los organismos de contralor debería distinguirse de la situación de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, cuya continuidad cuenta con respaldo opositor.
El presidente Yamandú Orsi manifestó que no considera urgente resolver la titularidad de la Fiscalía, aunque sí entiende necesario avanzar en la renovación de otros cargos institucionales.
Estas diferencias forman parte de una negociación política legítima. Pero su persistencia permite formular una pregunta que debería preocupar a todos los sectores: ¿qué sucede cuando el funcionamiento de instituciones destinadas a controlar el poder queda condicionado por las negociaciones de quienes ejercen ese mismo poder?
La independencia institucional no es una formalidad
Una República no se sostiene únicamente mediante elecciones periódicas.
Necesita instituciones que garanticen la legalidad de las decisiones públicas, la transparencia en la utilización de los recursos y la aplicación imparcial de las normas.
La Corte Electoral desempeña funciones esenciales para la legitimidad del sistema democrático. El Tribunal de Cuentas interviene en el control de la gestión financiera del Estado. La Fiscalía tiene responsabilidades fundamentales en la investigación y persecución penal.
Sus competencias son distintas, pero comparten una exigencia: actuar conforme al derecho y sin subordinación indebida a intereses partidarios.
La independencia institucional no significa que sus autoridades carezcan de convicciones personales o antecedentes políticos.
Significa que esas convicciones no pueden determinar arbitrariamente el cumplimiento de sus responsabilidades.
Un organismo de contralor pierde credibilidad cuando sus decisiones parecen depender de la identidad política de quienes deben ser controlados.
Y una sociedad comienza a desconfiar de sus instituciones cuando interpreta que los nombramientos responden principalmente a acuerdos de conveniencia entre partidos.
El problema no es negociar, sino qué se negocia
La Constitución uruguaya establece procedimientos de designación que, en determinados casos, requieren mayorías especiales.
Esas exigencias tienen una justificación republicana.
Obligar a las fuerzas políticas a construir acuerdos amplios puede impedir que una mayoría circunstancial concentre unilateralmente el control de instituciones fundamentales.
El consenso, por tanto, no constituye una anomalía del sistema.
Forma parte de su diseño.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre negociar para identificar personas idóneas y negociar cargos como componentes intercambiables de un acuerdo político.
La primera práctica puede fortalecer las instituciones. La segunda puede debilitar la percepción pública de su independencia.
Cuando el nombramiento de una autoridad queda condicionado por la designación de otra, aunque sus funciones sean completamente diferentes, surge el riesgo de que las cualidades profesionales pasen a un segundo plano.
No significa que toda negociación conjunta sea ilegal ni que el desacuerdo actual demuestre un reparto irregular.
Significa que los procedimientos deberían ofrecer garantías suficientes para que la ciudadanía conozca los criterios utilizados.
La transparencia en los nombramientos es tan importante como la transparencia en las actuaciones posteriores de los organismos.
La Fiscalía y el problema de la confianza pública
La controversia sobre la titularidad de la Fiscalía incorpora una dimensión especialmente sensible.
La persecución penal debe desarrollarse conforme a criterios jurídicos y probatorios, no según preferencias del gobierno ni de la oposición.
Por esa razón, cualquier modificación en su conducción debe ser examinada cuidadosamente.
Los partidos tienen derecho a proponer autoridades, cuestionar actuaciones y expresar discrepancias sobre la gestión institucional.
Pero esas posiciones deberían sustentarse en fundamentos verificables.
La continuidad de una autoridad no constituye, por sí misma, una garantía absoluta de independencia.
Tampoco su sustitución demuestra necesariamente una intención de interferencia política.
La cuestión relevante es si los mecanismos de designación y funcionamiento ofrecen garantías suficientes para que la Fiscalía actúe con autonomía técnica.
Esa exigencia debe mantenerse independientemente de qué fuerza política gobierne.
LIBERTAS considera que la independencia de la Justicia y de las instituciones vinculadas con la aplicación de la ley no puede convertirse en una bandera que se defiende solamente cuando beneficia al propio sector.
Debe constituir una regla permanente de convivencia republicana.
La necesidad de profesionalizar los procedimientos de designación
La discusión actual ofrece una oportunidad para mejorar la calidad institucional.
Uruguay podría fortalecer los mecanismos de publicidad de candidaturas, evaluación de antecedentes y fundamentación de las designaciones.
La ciudadanía debería poder conocer con claridad cuáles son las competencias requeridas para cada responsabilidad, qué experiencia poseen las personas propuestas y qué razones justifican su selección.
Esto no implica sustituir los procedimientos constitucionales ni desconocer las atribuciones parlamentarias.
Implica desarrollar prácticas que permitan ejercerlas con mayor transparencia.
La evaluación de idoneidad puede incorporar antecedentes profesionales, experiencia de gestión, conocimiento jurídico y capacidad demostrada para actuar con independencia.
También sería razonable examinar las condiciones de continuidad institucional cuando los acuerdos políticos se postergan.
La falta de consenso no debería traducirse automáticamente en parálisis administrativa ni en debilitamiento de los controles.
El sistema necesita mecanismos que preserven su funcionamiento mientras se cumplen los procedimientos de designación.
Una República no puede depender de la confianza personal
La democracia requiere confianza, pero no puede descansar exclusivamente en ella.
Las instituciones deben estar diseñadas para funcionar incluso cuando existen desacuerdos profundos entre quienes ejercen el poder.
Precisamente por eso resultan indispensables las normas, los controles y los procedimientos de revisión.
El objetivo no debería ser encontrar autoridades que merezcan confianza porque pertenecen a determinado sector.
Debería ser construir instituciones cuyos procedimientos merezcan confianza independientemente de quiénes las integren.
La diferencia es fundamental.
Cuando una sociedad confía únicamente en personas, la estabilidad institucional queda expuesta a cambios políticos y conflictos individuales.
Cuando confía en reglas legítimas y verificables, puede procesar esos conflictos sin comprometer el funcionamiento de la República.
La posición de LIBERTAS
Uruguay necesita resolver las designaciones pendientes mediante acuerdos constitucionalmente válidos, transparentes y orientados por criterios de idoneidad.
El oficialismo tiene derecho a promover sus propuestas. La oposición tiene derecho a ejercer sus competencias y expresar discrepancias.
Pero ambos comparten una responsabilidad superior: preservar la credibilidad de las instituciones.
La renovación de las autoridades no debería interpretarse como una oportunidad para ampliar espacios de influencia partidaria, sino como una obligación de garantizar el funcionamiento independiente de organismos esenciales.
La República necesita acuerdos políticos.
Lo que no necesita es que esos acuerdos transformen la independencia institucional en una moneda de negociación.
El verdadero problema no es que los partidos participen en la designación de quienes deben controlarlos. El problema aparece cuando la ciudadanía deja de tener garantías suficientes de que, una vez designados, esos funcionarios actuarán con independencia de quienes los eligieron.
AMÉRICA LATINA
EL CRIMEN ORGANIZADO YA NO SOLO CONTROLA TERRITORIOS: TAMBIÉN CONTROLA TECNOLOGÍAS
Drones, comunicaciones satelitales e inteligencia artificial: la nueva dimensión del poder criminal en América Latina.
Durante décadas, las organizaciones criminales latinoamericanas construyeron su capacidad de influencia mediante el control territorial, la violencia, la corrupción y las redes económicas clandestinas.
Esas prácticas no han desaparecido.
Pero ahora se complementan con herramientas tecnológicas que amplían las posibilidades de coordinación, vigilancia y operación en territorios donde la presencia institucional suele resultar limitada.
Una reciente advertencia de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coloca esta transformación en el centro de la discusión regional.
El organismo señala que tecnologías de uso civil y militar, como drones, comunicaciones satelitales, sistemas de geolocalización, sensores y plataformas digitales, pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para facilitar actividades ilegales y ejercer control sobre comunidades.
La preocupación se relaciona especialmente con la minería ilegal, la tala clandestina y otras economías ilícitas que afectan territorios rurales, áreas forestales y comunidades indígenas.
La información difundida también muestra el crecimiento de incidentes relacionados con drones armados en América Latina.
Según datos del proyecto ACLED recogidos en la cobertura periodística, se registraron alrededor de 670 incidentes con drones armados en la región desde 2018, con una fuerte concentración durante 2025 y 2026.
Es importante precisar que esos registros corresponden a diferentes contextos de violencia y no exclusivamente a delitos ambientales.
Sin embargo, revelan una transformación que merece atención: tecnologías antes asociadas principalmente con capacidades militares estatales se encuentran cada vez más presentes en escenarios de violencia protagonizados por actores no estatales.
La transformación tecnológica del crimen organizado
El crimen organizado siempre ha demostrado capacidad para aprovechar oportunidades económicas y adaptarse a las condiciones del entorno.
La tecnología amplía esas posibilidades.
Las comunicaciones satelitales permiten mantener conexiones en territorios donde no existen redes convencionales. Los drones facilitan la observación de grandes superficies y el seguimiento de movimientos. Las plataformas digitales pueden ser utilizadas para coordinar actividades y comercializar productos ilícitos.
Estas herramientas no convierten automáticamente a una organización criminal en una estructura tecnológicamente sofisticada.
Pero pueden incrementar su capacidad operativa y reducir determinadas limitaciones geográficas.
Una organización dedicada a actividades ilegales en una zona remota puede coordinar movimientos sin depender de infraestructura local.
También puede observar caminos, detectar desplazamientos y transmitir información con mayor rapidez.
El problema adquiere una dimensión política cuando esas capacidades se utilizan para condicionar la vida de comunidades enteras.
La vigilancia criminal puede restringir la movilidad, generar intimidación y dificultar el acceso a servicios esenciales.
En esos escenarios, la organización delictiva deja de ser únicamente una amenaza económica.
Comienza a disputar funciones de control que corresponden legítimamente al Estado.
Cuando el crimen disputa la autoridad del Estado
La soberanía no consiste solamente en que un país posea fronteras reconocidas internacionalmente.
También exige que sus instituciones puedan ejercer autoridad efectiva dentro del territorio.
Cuando organizaciones criminales determinan quién puede circular, qué actividades económicas se desarrollan o qué personas pueden permanecer en una comunidad, se produce una erosión de esa autoridad.
El problema es especialmente grave cuando las poblaciones afectadas carecen de protección institucional suficiente.
Las comunidades indígenas y rurales pueden enfrentar amenazas que dificultan denunciar actividades ilegales o documentar daños ambientales.
La incorporación de herramientas tecnológicas puede ampliar esas asimetrías de poder.
Por eso la respuesta estatal no debería limitarse a identificar dispositivos o bloquear servicios.
Debe fortalecer las capacidades de investigación, la protección de las comunidades y la coordinación entre instituciones.
El desafío es recuperar la autoridad legítima sin reproducir mecanismos de vigilancia indiscriminada que terminen afectando a las mismas personas que necesitan protección.
La tecnología no es culpable de los delitos de sus usuarios
La advertencia de la CIDH obliga a introducir una distinción fundamental.
Los drones, las comunicaciones satelitales y las plataformas digitales son tecnologías con múltiples aplicaciones legítimas.
Pueden utilizarse para educación, salud, protección ambiental, actividades productivas y comunicaciones en comunidades aisladas.
También permiten documentar delitos y reunir evidencias.
El problema no reside exclusivamente en la existencia de esas herramientas, sino en su utilización y en las condiciones bajo las cuales se comercializan y supervisan.
Prohibir indiscriminadamente tecnologías de uso dual podría generar consecuencias contraproducentes.
Una comunidad que utiliza imágenes satelitales para detectar deforestación necesita acceso a capacidades similares a las que pueden ser utilizadas indebidamente por organizaciones criminales.
Una política pública responsable debe reconocer esa realidad.
Las restricciones deben ser proporcionales, jurídicamente fundamentadas y dirigidas a riesgos identificables.
La protección de la seguridad no debería transformarse en una justificación para limitar arbitrariamente el acceso al conocimiento y a las herramientas tecnológicas.
La responsabilidad de las empresas
La discusión también alcanza a las compañías que desarrollan y comercializan tecnologías avanzadas.
La responsabilidad empresarial no implica que un proveedor sea automáticamente culpable por cualquier delito cometido mediante sus productos.
Sin embargo, las empresas pueden tener obligaciones de prevención, evaluación de riesgos y cooperación con las autoridades, según la legislación aplicable y las circunstancias concretas.
La CIDH plantea la necesidad de fortalecer la debida diligencia empresarial, especialmente cuando existen riesgos previsibles de desvío hacia actividades ilícitas.
Esto requiere examinar las cadenas de distribución, las condiciones de comercialización y los mecanismos disponibles para responder ante usos indebidos.
También exige evitar soluciones que comprometan indiscriminadamente la privacidad de los usuarios legítimos.
La cooperación entre empresas y autoridades debe desarrollarse dentro de reglas claras.
La vigilancia tecnológica no puede quedar exenta de controles por el solo hecho de perseguir objetivos de seguridad.
Inteligencia artificial y nuevas capacidades criminales
La expansión de la inteligencia artificial introduce posibilidades adicionales.
Los sistemas automatizados pueden procesar imágenes, identificar patrones y facilitar determinadas tareas de análisis.
Estas capacidades pueden contribuir a la prevención y persecución del delito.
Pero también pueden ser utilizadas de manera indebida.
El desafío para las instituciones consiste en desarrollar conocimientos suficientes para comprender las tecnologías que investigan.
No alcanza con adquirir equipos.
Se necesitan profesionales capacitados, cooperación internacional y procedimientos que permitan utilizar evidencias digitales de manera legalmente válida.
La formación de fiscales, policías, peritos y funcionarios judiciales adquiere una importancia creciente.
La capacidad tecnológica del Estado debe avanzar acompañada por garantías jurídicas.
Una investigación que vulnera derechos fundamentales puede comprometer tanto la legitimidad institucional como la validez de sus resultados.
La dimensión ambiental y humana
Las economías ilícitas vinculadas con la extracción de recursos naturales producen consecuencias que exceden las ganancias de las organizaciones criminales.
La minería ilegal puede contaminar fuentes de agua y afectar la salud de las comunidades.
La tala clandestina puede deteriorar ecosistemas y perjudicar actividades productivas tradicionales.
La violencia asociada con esas actividades puede provocar desplazamientos y restringir el ejercicio de derechos.
El uso de tecnologías avanzadas puede facilitar la expansión de esas operaciones.
Pero también ofrece oportunidades para documentarlas.
Las imágenes satelitales, los sistemas de información geográfica y los drones pueden ayudar a identificar modificaciones del territorio y producir información útil para las investigaciones.
La respuesta no debería consistir en excluir a las comunidades del acceso a esas herramientas.
Por el contrario, corresponde fortalecer sus capacidades de protección sin trasladarles responsabilidades que pertenecen al Estado.
Una advertencia para Uruguay
Aunque el pronunciamiento de la CIDH tiene alcance regional, plantea interrogantes relevantes para Uruguay.
El país enfrenta desafíos vinculados con narcotráfico, lavado de activos, delitos informáticos y cooperación internacional en materia de seguridad.
No corresponde afirmar que todas las modalidades tecnológicas descritas en el informe se encuentren presentes en el territorio uruguayo sin evidencia específica.
Pero sí resulta razonable preguntarse si las instituciones nacionales disponen de capacidades suficientes para identificar y enfrentar nuevas formas de criminalidad tecnológica.
La preparación institucional requiere anticipación.
Esperar a que determinadas amenazas se consoliden puede elevar considerablemente los costos de respuesta.
La posición de LIBERTAS
LIBERTAS considera que el crimen organizado representa una amenaza directa para la libertad, la seguridad y la autoridad legítima de las instituciones democráticas.
La incorporación de tecnologías avanzadas amplía esa amenaza y exige nuevas capacidades de investigación y cooperación.
Pero la respuesta no puede consistir en atribuir a la tecnología una responsabilidad que corresponde a las personas y organizaciones que la utilizan.
Tampoco debe permitir que los gobiernos amplíen indiscriminadamente sus facultades de vigilancia.
La defensa de la libertad requiere combatir las organizaciones criminales y preservar simultáneamente las garantías individuales.
El verdadero riesgo para América Latina no es solamente que el crimen organizado incorpore tecnologías cada vez más poderosas. Es que los Estados pierdan la capacidad de comprenderlas, supervisarlas y utilizarlas legítimamente para proteger a sus ciudadanos.
MUNDO
CUANDO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DECIDA SOBRE LA GUERRA, ¿QUIÉN RESPONDERÁ POR LA VIDA HUMANA?
Naciones Unidas impulsa un nuevo espacio internacional para discutir los límites de la inteligencia artificial militar y la responsabilidad humana.
La inteligencia artificial está transformando las capacidades tecnológicas de los Estados a una velocidad que plantea desafíos extraordinarios para las instituciones nacionales y el derecho internacional.
Sus aplicaciones ya no se limitan a actividades comerciales, educativas o científicas.
También intervienen en sistemas de vigilancia, análisis de información, identificación de amenazas y apoyo a decisiones militares.
La posibilidad de incorporar mayores niveles de autonomía a esos sistemas abre una discusión fundamental: ¿qué decisiones pueden delegarse en tecnologías automatizadas y cuáles deben permanecer bajo control humano efectivo?
En ese contexto, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, conocido como UNIDIR, impulsa una nueva iniciativa internacional vinculada con su Centro de Excelencia sobre Inteligencia Artificial, Paz y Seguridad.
El centro fue establecido en junio de 2026 como una plataforma permanente para reunir conocimientos, promover cooperación y contribuir al desarrollo de orientaciones sobre inteligencia artificial en contextos de seguridad.
Para este 22 de octubre está prevista la presentación de un foro internacional destinado a facilitar la participación de gobiernos, investigadores, empresas y organizaciones especializadas.
La iniciativa busca construir espacios de intercambio y desarrollar criterios sobre el uso responsable de tecnologías que pueden tener consecuencias directas sobre la paz y la seguridad internacionales.
No constituye un tratado vinculante ni una prohibición general de sistemas militares autónomos.
Su importancia reside en reconocer que la evolución tecnológica está planteando problemas que ningún Estado puede resolver completamente por sí solo.
La guerra entra en una nueva etapa tecnológica
Las fuerzas armadas han incorporado tecnologías automatizadas durante décadas.
Los sistemas de navegación, detección, comunicaciones y análisis de información forman parte de las capacidades militares modernas.
La inteligencia artificial amplía esas posibilidades mediante herramientas capaces de procesar grandes cantidades de datos e identificar patrones complejos.
Estas funciones pueden mejorar determinadas tareas de vigilancia, planificación y defensa.
Sin embargo, también pueden introducir riesgos relacionados con errores, sesgos, dificultades de interpretación y dependencia excesiva de recomendaciones automatizadas.
El problema no consiste únicamente en determinar si una máquina puede ejecutar una tarea.
Consiste en establecer si las personas responsables conservan capacidades suficientes para comprender su funcionamiento, evaluar sus resultados e intervenir cuando resulte necesario.
La velocidad de procesamiento no equivale a juicio moral.
La identificación estadística de un patrón no sustituye la evaluación jurídica de una decisión.
Y la autonomía técnica de un sistema no elimina las obligaciones de quienes lo desarrollan, autorizan y utilizan.
La responsabilidad humana no puede desaparecer
El derecho internacional humanitario establece obligaciones destinadas a limitar los efectos de los conflictos armados.
Entre sus principios fundamentales se encuentran la distinción entre objetivos militares y personas o bienes civiles, la proporcionalidad y la adopción de precauciones.
Estas obligaciones deben respetarse independientemente de la tecnología utilizada.
La incorporación de inteligencia artificial no crea una excepción general a esas reglas.
Si una operación militar produce consecuencias contrarias al derecho internacional, corresponde examinar las decisiones y responsabilidades humanas involucradas.
La dificultad aparece cuando los procesos tecnológicos se vuelven complejos y distribuidos entre múltiples actores.
Un sistema puede haber sido diseñado por una empresa, entrenado mediante diferentes fuentes de información, adquirido por una institución y utilizado por operadores que no conocen todos sus mecanismos internos.
En esas circunstancias, identificar responsabilidades puede resultar especialmente difícil.
Por eso el debate sobre inteligencia artificial militar debe incluir el diseño, las pruebas, la supervisión, la documentación y las condiciones de utilización.
No alcanza con declarar que una persona permanece formalmente a cargo.
Es necesario determinar si dispone de información, tiempo y facultades reales para ejercer control.
El peligro de la automatización de decisiones irreversibles
Una decisión militar puede tener consecuencias irreversibles.
La identificación equivocada de un objetivo, la interpretación incorrecta de una amenaza o una respuesta desproporcionada pueden afectar vidas humanas.
Los sistemas automatizados pueden contribuir a reducir ciertos errores, pero también introducir otros.
El problema adquiere mayor gravedad cuando la velocidad de funcionamiento disminuye el margen disponible para la evaluación humana.
Una recomendación producida en segundos puede generar presión para actuar antes de comprender plenamente sus fundamentos.
Esa presión no convierte necesariamente a la tecnología en autónoma.
Pero puede producir una dependencia operativa que reduzca la capacidad efectiva de supervisión.
El desafío consiste en diseñar procedimientos que mantengan la responsabilidad humana en decisiones de especial trascendencia.
Cuanto mayores sean las consecuencias potenciales de una acción, más exigentes deberían ser los mecanismos de control.
Inteligencia artificial y estabilidad estratégica
La discusión alcanza también a los sistemas de alerta temprana y a las capacidades de análisis utilizadas por las grandes potencias.
En situaciones de crisis internacional, la interpretación de información incompleta puede influir sobre decisiones estratégicas.
La inteligencia artificial podría ayudar a procesar datos y detectar señales relevantes.
Pero también puede producir errores o interpretaciones que requieran verificación independiente.
La utilización de sistemas automatizados en entornos de elevada tensión exige especial prudencia.
No corresponde afirmar que las decisiones sobre armas nucleares estén actualmente delegadas de manera generalizada a sistemas de inteligencia artificial.
La preocupación es otra: evitar que la incorporación progresiva de herramientas automatizadas reduzca las oportunidades de evaluación y decisión humana en ámbitos de consecuencias extraordinarias.
La estabilidad internacional necesita procedimientos que permitan prevenir errores de interpretación y respuestas precipitadas.
Las empresas tecnológicas también participan en el problema
El desarrollo de inteligencia artificial militar involucra a gobiernos, fuerzas armadas, universidades y empresas privadas.
Las decisiones de diseño pueden determinar qué capacidades posee un sistema, cuáles son sus limitaciones y qué posibilidades existen para supervisarlo.
Por eso la responsabilidad no comienza únicamente cuando una tecnología es utilizada.
También debe examinarse durante su desarrollo y comercialización.
UNIDIR ha planteado la elaboración de orientaciones voluntarias para promover prácticas responsables entre los actores industriales vinculados con estas tecnologías.
Esas iniciativas pueden contribuir a establecer estándares técnicos y mecanismos de evaluación.
Sin embargo, las orientaciones voluntarias no sustituyen las obligaciones jurídicas existentes.
Tampoco garantizan por sí mismas que todos los actores adopten las mismas prácticas.
El desafío internacional consiste en construir mecanismos que combinen cooperación, transparencia y responsabilidades efectivas.
La competencia geopolítica dificulta los acuerdos
Las principales potencias consideran que la inteligencia artificial puede proporcionar ventajas estratégicas.
Esa competencia introduce incentivos para acelerar el desarrollo tecnológico y preservar determinadas capacidades bajo control nacional.
En ese contexto, alcanzar acuerdos internacionales resulta difícil.
Los Estados pueden discrepar sobre qué tecnologías deben regularse, qué información están dispuestos a compartir y qué mecanismos de verificación aceptarían.
Pero la dificultad de alcanzar consensos no elimina la necesidad de construirlos.
La historia del control de armamentos demuestra que los acuerdos internacionales suelen surgir de negociaciones complejas entre países con intereses contrapuestos.
La inteligencia artificial introduce nuevos desafíos porque sus aplicaciones pueden tener usos civiles y militares, y porque una parte importante de su desarrollo se realiza fuera de estructuras estatales tradicionales.
La gobernanza internacional debe reconocer esas características.
Una regulación incapaz de distinguir entre diferentes niveles de autonomía y riesgo podría resultar ineficaz o desproporcionada.
Uruguay y el papel de los países pequeños
El debate también ofrece oportunidades para países que no participan directamente de la competencia por el liderazgo militar tecnológico.
Uruguay posee una tradición de participación en organismos multilaterales y en discusiones sobre derecho internacional.
Esa experiencia puede contribuir a promover principios de responsabilidad, transparencia y protección de derechos.
Los países pequeños tienen interés en que las tecnologías estratégicas no queden sometidas exclusivamente a decisiones unilaterales de las grandes potencias.
El fortalecimiento de normas internacionales puede contribuir a reducir asimetrías y establecer expectativas comunes.
No significa desconocer las necesidades legítimas de defensa de los Estados.
Significa sostener que la seguridad internacional requiere límites jurídicos y mecanismos de responsabilidad.
Una cuestión que excede el ámbito militar
La discusión sobre inteligencia artificial militar plantea un interrogante que también aparece en otros ámbitos.
Cuando una institución utiliza sistemas automatizados para orientar decisiones, debe determinar qué responsabilidades conserva y qué garantías ofrece a las personas afectadas.
En la educación, esto se relaciona con la autonomía pedagógica y el pensamiento crítico.
En la administración pública, con la transparencia y la posibilidad de revisar decisiones automatizadas.
En la Justicia, con el debido proceso y la fundamentación de las resoluciones.
En el ámbito militar, las consecuencias pueden ser especialmente graves porque involucran directamente la vida humana.
Los riesgos no son idénticos, pero existe un principio compartido: la incorporación de tecnología no debe convertirse en una forma de diluir responsabilidades.
La posición de LIBERTAS
LIBERTAS reconoce las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para ampliar capacidades científicas, tecnológicas y de defensa.
Pero considera indispensable establecer límites adecuados cuando esas capacidades pueden afectar derechos fundamentales.
La autonomía tecnológica no puede sustituir automáticamente la responsabilidad jurídica y moral de las personas.
Los Estados deben conservar mecanismos efectivos de supervisión y cumplir sus obligaciones internacionales.
Las empresas deben desarrollar prácticas responsables y evaluar los riesgos previsibles de sus productos.
Y la comunidad internacional debe construir espacios de cooperación que permitan establecer criterios comunes.
La nueva iniciativa de Naciones Unidas constituye un paso hacia esa discusión, aunque sus resultados dependerán de los compromisos que efectivamente adopten los participantes.
La pregunta decisiva no es si las máquinas llegarán a tomar decisiones cada vez más complejas. Es si las instituciones humanas conservarán la capacidad y la responsabilidad de establecer los límites de esas decisiones.
REFLEXIÓN FINAL
EL PODER CAMBIA DE MANOS. LA RESPONSABILIDAD NO PUEDE DESAPARECER.
Las tres noticias de esta edición muestran que el poder contemporáneo adopta formas cada vez más diversas.
En Uruguay, se manifiesta en la capacidad de los partidos políticos para participar en la designación de autoridades institucionales.
En América Latina, aparece en organizaciones criminales que incorporan tecnologías para ampliar sus operaciones y condicionar territorios.
En el escenario internacional, se expresa mediante sistemas de inteligencia artificial capaces de intervenir en procesos de seguridad y defensa.
Estas formas de poder no son equivalentes.
La negociación política constituye una actividad legítima dentro de las instituciones democráticas. El crimen organizado vulnera el orden jurídico. La inteligencia artificial representa una capacidad tecnológica cuyo uso puede responder a finalidades legítimas o ilegítimas.
Pero las tres situaciones permiten reconocer una exigencia común: las responsabilidades deben permanecer identificables.
La independencia de los organismos públicos requiere reglas y procedimientos transparentes.
La lucha contra el crimen organizado necesita instituciones capaces de actuar con eficacia sin vulnerar las libertades civiles.
La incorporación de inteligencia artificial a decisiones militares exige supervisión y responsabilidades humanas compatibles con el derecho internacional.
Una República no puede aceptar que la complejidad institucional, la sofisticación criminal o la autonomía tecnológica se conviertan en argumentos para justificar la ausencia de controles.
La libertad necesita algo más que declaraciones de principios.
Necesita ciudadanos informados, instituciones independientes y mecanismos efectivos para exigir responsabilidades.
DECLARACIÓN LIBERTAS
«El poder puede cambiar de manos, de instrumentos y de naturaleza, pero nunca debe quedar fuera de la responsabilidad humana. Cuando los partidos negocian las autoridades de control, la independencia institucional debe prevalecer sobre la conveniencia política. Cuando el crimen organizado incorpora nuevas tecnologías, el Estado debe defender a los ciudadanos sin renunciar a las garantías que lo distinguen de quienes actúan fuera de la ley. Y cuando la inteligencia artificial comienza a intervenir en decisiones capaces de afectar la vida humana, ninguna complejidad técnica puede justificar la desaparición de la responsabilidad. La República existe para que el poder tenga límites, la democracia para que pueda ser cuestionado y la libertad para que ninguna persona quede sometida a decisiones arbitrarias. Porque el progreso auténtico no consiste en acumular capacidades para decidir sobre los demás, sino en construir instituciones capaces de responder por cada decisión que toman».
LIBERTAS
En defensa de la Libertad, la Democracia y la República.