Una relación indispensable en las democracias contemporáneas
La política sin ética conduce al abuso de poder, la exclusión y la injusticia.
La ética sin política corre el riesgo de convertirse en una teoría impotente. En las democracias contemporáneas, la articulación entre ambas es indispensable para construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
Frente a los desafíos del siglo XXI —crisis climática, desigualdad, polarización, tecnología— se requiere una política guiada por principios, capaz de conjugar eficacia con responsabilidad, pragmatismo con integridad. Esta transformación ética no solo atañe a los gobernantes, sino también a cada ciudadano comprometido con el futuro de su comunidad.
La política, como arte de gobernar y coordinar la vida colectiva, posee un potencial transformador profundo.
Sin embargo, este poder puede degenerar si no se encuentra regulado por principios éticos. La relación entre ética y política ha sido objeto de reflexión desde la Antigüedad hasta nuestros días, y sigue siendo un tema central en la filosofía política contemporánea.
La ética, entendida como la reflexión racional sobre el bien y el deber, no es ajena al ámbito público: más bien, constituye su fundamento moral (Cortina, 2006).
Fundamentos filosóficos de la ética política
Desde los orígenes de la filosofía, la ética y la política se han concebido como dos caras de una misma moneda. Para Platón, el buen gobernante debía ser un filósofo, pues solo aquel que ha conocido la verdad y el bien puede administrar con justicia los asuntos públicos (Platón, 2004). En La República, el filósofo plantea que la justicia en el Estado es una extensión de la justicia en el alma individual.
Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, afirma que la política es la ciencia suprema porque se orienta al bien común (Aristóteles, 2008). En su visión teleológica, el ser humano encuentra su plenitud en la vida cívica, guiada por la virtud y la prudencia (phronesis). Esta visión establece las bases para una ética de la responsabilidad orientada al servicio público.
Con la modernidad, Nicolás Maquiavelo introduce una ruptura al separar moral privada y razón de Estado. En El Príncipe, sostiene que el gobernante debe actuar según lo que garantice la estabilidad del poder, incluso si ello implica alejarse de los principios morales convencionales (Maquiavelo, 2001). Aunque su enfoque ha sido duramente criticado, abrió la puerta a un análisis más realista de la política.
Immanuel Kant, en cambio, revaloriza la universalidad de los principios éticos, sosteniendo que toda acción debe estar guiada por el imperativo categórico: “obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal” (Kant, 2004, p. 46). Desde esta perspectiva, la política sin ética no solo es ineficaz, sino moralmente inaceptable.
La ética pública y la responsabilidad política
En el mundo contemporáneo, la ética política se concreta a través de la noción de ética pública. Esta se define como el conjunto de valores, normas y principios que orientan la conducta de quienes ejercen funciones públicas hacia el bien común, la legalidad y la integridad (Sánchez & Villoria, 2017).
La responsabilidad política implica más que el cumplimiento legal: exige rendición de cuentas, transparencia y coherencia entre el discurso y la acción. Esta noción ha cobrado relevancia frente a fenómenos como el clientelismo, la opacidad institucional y el uso discrecional del poder.
El ideal republicano plantea que los funcionarios deben ser custodios del interés general, actuando con imparcialidad y sentido del deber. Tal como afirma Adela Cortina (2006), la ética pública se fundamenta en el respeto a la dignidad de todas las personas y en la búsqueda de justicia social.
El ejercicio del poder conlleva inevitables dilemas morales. El primero de ellos surge al enfrentar la tensión entre eficacia y legitimidad. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, muchas veces impopulares. ¿Hasta qué punto es lícito sacrificar determinados valores para garantizar la estabilidad política?
Michael Walzer (2007) analiza esta cuestión a través del concepto de “suciedad moral” (dirty hands), afirmando que, en ocasiones, los líderes deben cometer actos moralmente cuestionables para evitar males mayores. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad ni justifica la banalización del mal, como advertía Hannah Arendt (1999).
Otro dilema común es el conflicto entre la lealtad partidaria y la conciencia individual. La política partidaria tiende a disciplinar las decisiones, pero un liderazgo ético requiere capacidad crítica y autonomía moral.
Asimismo, la utilización del “mal menor” como justificación para acciones cuestionables plantea un terreno éticamente resbaladizo. La ética política debe establecer límites claros para evitar la corrupción moral bajo el argumento de la necesidad o la urgencia.
Corrupción y ética del poder
La corrupción representa uno de los principales desafíos éticos y estructurales de los sistemas democráticos. Esta práctica deteriora la confianza ciudadana, desvía recursos públicos y vulnera el principio de igualdad ante la ley. Según Transparencia Internacional (2023), la percepción de corrupción sigue siendo elevada en muchos países, especialmente en América Latina.
La ética política exige una firme oposición a la corrupción mediante mecanismos preventivos y sancionadores. Como señala Villoria (2014), una cultura institucional basada en la integridad debe ser promovida desde la formación del liderazgo hasta los procesos de toma de decisiones.
Además, la ciudadanía desempeña un rol clave en la fiscalización del poder. La ética democrática implica no solo liderazgos responsables, sino también una ciudadanía activa, informada y crítica.
Liderazgo ético en contextos de crisis
En contextos de crisis —como pandemias, guerras, catástrofes naturales o colapsos económicos— el liderazgo ético se vuelve aún más relevante. Las decisiones tomadas en estas circunstancias tienen consecuencias amplias y duraderas. Un ejemplo paradigmático fue la pandemia de COVID-19, que obligó a los gobiernos a tomar decisiones difíciles sobre confinamientos, distribución de vacunas, y asignación de recursos sanitarios.
Como señalan Sandel (2020) y Nussbaum (2010), la ética en estos contextos debe priorizar la equidad, la solidaridad y la protección de los más vulnerables. Las medidas deben estar fundamentadas en criterios objetivos, comunicadas con transparencia y aplicadas con justicia.
Un liderazgo ético en tiempos de crisis no se limita a resolver problemas técnicos: también debe ofrecer orientación moral, construir sentido y promover la cohesión social. Esto requiere una combinación de competencia, empatía y principios.
La educación ética de líderes y ciudadanos
La ética política no puede imponerse desde arriba; debe cultivarse desde la formación de los futuros líderes y ciudadanos. La educación cívica y ética cumple un rol fundamental en la consolidación democrática. Esta debe ir más allá de la mera transmisión de normas: debe fomentar la deliberación, el juicio crítico y el compromiso con el bien común (Dewey, 1990).
Las democracias sólidas se sostienen sobre una ciudadanía activa, que entiende los procesos institucionales y se involucra en la construcción del orden político. A su vez, los partidos políticos, parlamentos y escuelas de gobierno tienen la responsabilidad de formar líderes con competencias éticas, capaces de armonizar eficacia, legitimidad y justicia.
Ética, ideología y pluralismo
La política está inevitablemente atravesada por ideologías. No obstante, una ética política robusta exige reconocer ciertos principios no negociables: el respeto por la dignidad humana, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la deliberación pública. El pluralismo no puede ser excusa para justificar discursos de odio, discriminación o autoritarismo (Rawls, 1996).
La ética política debe funcionar como un marco común que permita la convivencia democrática en medio de la diversidad ideológica. Esto implica promover una cultura de respeto, diálogo y cooperación entre actores con visiones distintas.
El bien común, en este marco, no es un concepto unívoco, sino una construcción dinámica y participativa. Como señala Sen (2010), la justicia no se alcanza solo a través de ideales abstractos, sino mediante procesos concretos que expandan las libertades reales de las personas.
América Latina: desafíos y esperanzas éticas
La historia política de América Latina ha estado marcada por dictaduras, populismos, clientelismos y graves casos de corrupción. Sin embargo, también existen experiencias inspiradoras de liderazgos éticos, luchas ciudadanas por la justicia, y avances en la consolidación democrática.
El contexto regional exige fortalecer las instituciones públicas, mejorar la calidad de la representación política y promover la participación ciudadana. Iniciativas como el gobierno abierto, los presupuestos participativos y los observatorios de transparencia son pasos en la dirección correcta.
Como indica Gargarella (2013), la clave está en democratizar el poder, distribuirlo de forma más equitativa y garantizar mecanismos efectivos de control y participación. La ética política, en este escenario, no es un lujo, sino una necesidad urgente para la sostenibilidad democrática.
El Uruguay y la situación de Ministra Cairo
El caso de Cecilia Cairo resalta la necesidad de fortalecer la ética en la política uruguaya.
Los líderes deben asumir la responsabilidad de sus acciones y mantener una conducta que refleje los valores democráticos y republicanos.
La transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia entre el discurso y la práctica son fundamentales para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
Contexto del Caso Cecilia Cairo
Cecilia Cairo, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), asumió como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial el 1 de marzo de 2025. Sin embargo, en abril del mismo año, se reveló que su vivienda en Pajas Blancas no estaba regularizada ante la Dirección Nacional de Catastro y que no había abonado los impuestos inmobiliarios correspondientes durante más de 20 años . Cairo reconoció públicamente estas irregularidades, pidió disculpas y se comprometió a subsanar la situación
La oposición, incluyendo al Partido Nacional y al Partido Colorado, solicitó su renuncia, argumentando que su permanencia en el cargo lesionaba la ética republicana . Por otro lado, el MPP respaldó a Cairo, destacando su compromiso con la transparencia y su disposición a corregir el error .
Este caso pone de manifiesto la importancia de la ética en la función pública. La falta de regularización de la vivienda de una ministra encargada de políticas habitacionales plantea un conflicto entre la responsabilidad institucional y la conducta personal. La ética política exige coherencia entre las acciones privadas y las responsabilidades públicas, ya que los funcionarios deben ser ejemplos de cumplimiento de la ley y de compromiso con el bien común.
Uruguay y la ética política
Uruguay ha sido tradicionalmente considerado un país con altos estándares democráticos e institucionales en el contexto latinoamericano. Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit (2023), Uruguay se ubica como una de las democracias plenas de la región. Esta valoración positiva responde, entre otros factores, a la fortaleza de su sistema electoral, la estabilidad de sus partidos políticos y la solidez de su marco jurídico. Sin embargo, esto no implica la ausencia de desafíos éticos en la práctica política.
Uno de los elementos más valorados por la ciudadanía uruguaya ha sido la austeridad y transparencia de sus líderes históricos. Figuras como José Batlle y Ordóñez, Wilson Ferreira Aldunate o José Mujica han dejado huellas que, con sus diferencias, promueven una imagen de vocación pública orientada al bien común. No obstante, en los últimos años han surgido tensiones y escándalos que han puesto en tela de juicio la coherencia ética de algunos actores políticos.
La cultura política uruguaya y sus fortalezas éticas
La cultura política uruguaya conserva elementos que favorecen una ética pública sólida. La vigencia de la división de poderes, la actuación relativamente independiente del Poder Judicial y la existencia de organismos como la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) permiten una fiscalización institucional real.
Además, la ciudadanía uruguaya se caracteriza por un elevado sentido de vigilancia política. Las audiencias públicas, las interpelaciones parlamentarias y el fuerte rol de los medios de comunicación contribuyen a la visibilización de posibles faltas éticas. Esta presión social cumple una función pedagógica y preventiva: los políticos saben que su accionar será evaluado no solo por su legalidad, sino también por su legitimidad moral.
En este sentido, se pueden observar en Uruguay elementos de una “ética de la responsabilidad” en términos weberianos, donde los líderes deben anticipar las consecuencias de sus actos y responder por ellas frente a la opinión pública (Weber, 1991).
Desafíos pendientes: clientelismo, opacidad y ética partidaria
Pese a los avances, persisten desafíos importantes en materia de ética política. Uno de ellos es el clientelismo político, especialmente a nivel municipal, donde aún pueden detectarse prácticas que favorecen a simpatizantes o estructuras partidarias en el acceso a recursos públicos. Asimismo, la escasa regulación de las campañas electorales y del financiamiento partidario abre espacios para la opacidad y la influencia de intereses privados.
La falta de formación ética dentro de los partidos también constituye una debilidad. Muchas veces, la fidelidad partidaria prima sobre la conciencia moral o la rendición de cuentas. La ética política no debería limitarse a una cuestión individual, sino incorporarse como parte de la cultura institucional de las organizaciones políticas.
En este contexto, cobra relevancia la promoción de códigos de ética en el sector público, la obligatoriedad de declaraciones juradas patrimoniales, el fortalecimiento de la JUTEP y la inclusión de contenidos ético-cívicos en los programas educativos, tal como lo propone la reforma curricular actual.
La ética política como deber democrático
Uruguay posee condiciones institucionales y culturales favorables para una ética política robusta. Sin embargo, los casos recientes muestran que esta ética no puede darse por sentada. Requiere una vigilancia constante, una ciudadanía comprometida, medios de comunicación críticos y líderes con vocación de servicio.
La ética política en Uruguay debe renovarse mediante prácticas cotidianas de transparencia, coherencia, humildad y rendición de cuentas. Como recuerda Adela Cortina (2006), la ética no es un adorno, sino el fundamento del vivir juntos.
En un sistema democrático, esto significa que gobernar bien no es solo cumplir la ley, sino también sostener principios y valores que inspiren confianza y dignidad.