Decálogo de la arbitrariedad y represión venezolana.
El decálogo presentado sobre la «Operación Tun Tun» revela un panorama alarmante de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. A través de detenciones masivas y arbitrarias, el gobierno ha implementado una estrategia de represión dirigida contra manifestantes, opositores políticos, y comunidades populares, sin respetar los principios fundamentales del debido proceso. La falta de acceso a la defensa legal, el uso de tortura, y las ejecuciones extrajudiciales destacan la gravedad de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, en un intento por silenciar cualquier forma de disidencia y mantener el control a través del miedo y la intimidación.
Además, la persecución de activistas, defensores de derechos humanos y personas involucradas en el proceso electoral muestra un claro patrón de represión política. La anulación de pasaportes y la vigilancia de la vida privada de los ciudadanos son parte de un ambiente opresivo que busca limitar la libertad de expresión y sembrar desconfianza entre la población. Este decálogo pone de manifiesto la responsabilidad del gobierno en la creación de un clima de terror que ha sido condenado internacionalmente y que podría constituir crímenes de lesa humanidad, según la investigación en curso por parte de la Corte Penal Internacional.
Detenciones masivas y arbitrarias: Se llevaron a cabo arrestos masivos de manifestantes y opositores sin órdenes judiciales, lo que constituye una grave violación del derecho a la libertad personal.
Torturas y malos tratos: Las detenciones incluyeron torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
Falta de debido proceso: A los detenidos se les negó el acceso a abogados de confianza, y las audiencias se realizaron en centros de detención en lugar de en tribunales, violando el derecho al debido proceso.
Uso de delaciones para generar miedo: La operación incluyó un llamado a la población para denunciar a otras personas por «campañas de odio», lo que aumentó el clima de miedo y desconfianza.
Represión en zonas populares: Las detenciones se enfocaron en personas de clases populares y en zonas donde se generaban protestas, con el objetivo de desmovilizar a estas comunidades.
Persecución de activistas y defensores de derechos humanos: Activistas, defensores de derechos humanos, y personas involucradas en el proceso electoral fueron detenidos y sus pasaportes anulados, lo que demuestra una persecución política.
Violación a la privacidad: La policía revisaba los teléfonos móviles de las personas, lo que representa una violación al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
Arbitrariedades en la calificación de delitos: Los detenidos eran etiquetados como «terroristas» sin investigaciones previas, lo que banaliza y distorsiona el concepto de terrorismo.
Generación de un clima de terror: Las autoridades promovieron un ambiente de miedo a través de campañas en redes sociales y videos intimidatorios, buscando controlar y reprimir a la población.
Implicación en crímenes de lesa humanidad: El gobierno de Maduro enfrenta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos los relacionados con la «Operación Tun Tun».
En nombre de LIBERTAS, reiteramos nuestra profunda alarma y denuncia permanente ante la grave situación que enfrenta Venezuela, la cual constituye una flagrante violación a los principios fundamentales de libertad y defensa de los derechos humanos. La «Operación Tun Tun», marcada por detenciones masivas, torturas y la represión sistemática de cualquier voz disidente, refleja un régimen que ha optado por el miedo y la violencia como herramientas para mantener su poder. Estas acciones no solo pisotean los derechos individuales de los ciudadanos venezolanos, sino que también desafían los valores universales que LIBERTAS protege y promueve.
La situación en Venezuela es insostenible y representa una afrenta directa a los principios de libertad, justicia, y dignidad humana que sustentan cualquier sociedad democrática. Desde LIBERTAS, nos mantenemos firmes en nuestra condena a estas violaciones y exigimos que la comunidad internacional actúe con urgencia para detener estas atrocidades. Es imperativo que se restablezca el respeto por los derechos humanos en Venezuela, y que aquellos responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La defensa de la libertad y los derechos humanos no admite excepciones ni compromisos, y Venezuela no puede seguir siendo una excepción en la comunidad de naciones libres y justas.
La situación en Venezuela se ha convertido en el caso líder del Plan Global de Promoción de la Democracia que LIBERTAS desarrolla en todo el mundo. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la represión sistemática del régimen venezolano han colocado a este país en el centro de nuestros esfuerzos internacionales. En LIBERTAS, estamos comprometidos en la defensa de la democracia y la libertad, y Venezuela representa un desafío crucial en nuestra misión de restaurar los principios democráticos y asegurar el respeto por los derechos fundamentales en todo el mundo.
«Operación Tun Tun». Arrestos masivos a manifestantes y opositores
(fuente BBC – Mundo)
Miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
«Tun tun, ¿quién es? ¡Gente de paz!»
Hasta hace unos años esto era únicamente la letra de un popular villancico venezolano.
Hoy, sin embargo, tiene otro significado.
“El que se coma la luz [el que se pase]… Tun tun. No seas llorón, vas pa’ Tocorón [una cárcel]”, dijo este lunes el presidente, Nicolás Maduro, en referencia a la “Operación Tun Tun”, nombre dado por el oficialismo a la dura respuesta de arrestos masivos a manifestantes y opositores tras las elecciones del 28 de julio.
“Es una operación no formal que supone una escalada represiva en Venezuela”, la define en diálogo con BBC Mundo Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos de personas detenidas arbitrariamente.
Venezuela vive un nuevo conflicto político tras las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), compuesto por una mayoría de miembros próximos al oficialismo, proclamó a Maduro ganador con el 51,2% de los votos, por delante de su principal rival, el opositor Edmundo González.
Pero el CNE no hizo públicas las actas que avalen estos resultados. Lo justifican en un supuesto hackeo informático.
A su vez, la oposición, encabezada por González y María Corina Machado, anunció que sus testigos lograron recolectar el 83,5% de las actas. Los datos de esas actas, publicadas en una web, muestran que González gana con el 67% de los votos.
¿Qué es la «Operación Tun Tun» en Venezuela y por qué es peligrosa?
El triunfo opositor supondría la derrota del chavismo, que lleva 25 años en el poder y que desde 2013 representa Maduro.
Diversos países, encabezados por Estados Unidos, consideran a González ganador de acuerdo a las evidencias, mientras que otros, incluidos Brasil, México y Colombia, reclaman transparencia y que el CNE publique las actas.
Maduro trasladó ahora el asunto electoral al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siempre cercano a los postulados oficialistas y no reconocido por la oposición para dirimir ninguna disputa sobre los resultados de los comicios.
Como consecuencia de la disputa, el lunes 29 de julio, el día después de las elecciones, en los barrios populares se empezó a cacerolear y a protestar por los resultados oficiales que dan el triunfo a Maduro.
Y a la vez empezaron detenciones masivas que familiares y organizaciones locales e internacionales califican como arbitrarias.
Y con ellas, un clima de miedo pocas veces visto antes en Venezuela y que ha llevado a la gente a no publicar en redes sociales, borrar sus chats, no llevar su teléfono encima, no salir de casa, refugiarse en el domicilio de otras personas e incluso, como pasa en buena parte de esta nota, hablar solo bajo anonimato.
De la televisión a la institución
En 2017 Diosdado Cabello, diputado y uno de los principales voceros del oficialismo, habló por primera vez en su programa semanal de televisión de la “Operación Tun Tun” para referirse a detenciones de «terroristas».
Fue en el marco de las protestas de ese año, que iniciaron después de dos polémicas sentencias en las que el Tribunal Supremo de Justicia asumía temporalmente todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional, en ese momento controlada por la oposición.
En su momento no fue algo “formal”. Ahora es algo más institucionalizado y hasta el propio Maduro la nombra.
Cabello fue quien acuñó el término «Operación Tun Tun» en 2017.
Pero si en 2017, de abril a julio, hubo 5.051 personas arrestadas, ahora, en solo una semana, Foro Penal contabiliza 1.010 arrestos.
“Este es un ciclo represivo inédito, nunca visto. Se habían verificado picos represivos en las protestas de 2014, 2017 y 2019. Pero nunca nada como esto, nunca se había visto una represión con tanta intensidad como hemos visto ahora”, denuncia Himiob.
Maduro ha presumido de la detención de más de 2.000 personas en el marco de unas protestas que atribuye a un intento de «golpe de Estado» de la «derecha fascista», y ha anunciado la creación de dos cárceles de máxima seguridad.
Uno de los principales cuerpos de seguridad a cargo de las detenciones es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
«Operación Tun Tun apenas comienza. Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales», escribió este sábado en su cuenta en Instagram Douglas Rico, director del CICPC.
“Estamos viendo un recrudecimiento en el modo de reprimir y atacar a la población”, cuenta a BBC Mundo Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
También cambió el patrón de detenciones.
Un patrón en edad y origen
“El tipo de detención, el lugar, ahora es variado. Desde gente que estaba protestando hasta otra que iba a su trabajo, por la calle, en cualquier circunstancia y de modo indiscriminado”, denuncia Himiob.
Y tanto Ballesta como Himiob apuntan que si en otras ocasiones la tendencia era detener a gente en zonas residenciales (con un nivel adquisitivo algo más alto), ahora sobre todo se detiene a personas humildes de zonas populares.
“Allá es donde se está generando la movilización y allí buscan desmovilizarlos lo más posible, allí es donde están las operaciones tun tun”, señala Ballesta.
El perfil de los detenidos es, mayoritariamente, personas de clases populares.
Un periodista local que habla bajo condición de no revelar su identidad cuenta a BBC el clima que esto genera en un barrio popular de Caracas.
“La gente piensa que el que vaya por la calle puede ser detenido sin más. A muchos los detuvieron porque se les ve en un video protestando, gente que salió a comprar el pan, pasó una moto de la policía y la agarraron”.
También hay una tendencia en la edad. El promedio de los detenidos tiene entre 21 y 23 años y, de los más de mil detenidos, 91 son adolescentes, según el Foro Penal.
Las delaciones
La “Operación Tun Tun” tiene otra cara, las delaciones, como el llamado que hizo Douglas Rico, director del CICPC, a denunciar si había sido “objeto de campaña de odio física o virtual”.
El problema es que, como me cuenta un experto en leyes que también quiere guardar el anonimato, “el tema jurídico se convirtió ahora en subversivo”.
La ley de odio que rige actualmente en Venezuela es muy abierta “y no hay límites al concepto de odio, ni a qué es fascista y qué no. Todo cabe en ese concepto”, apunta.
Cualquiera, bajo este paraguas, puede denunciar a otro. Un vecino, la que te atiende en el abasto, el dirigente de tu comunidad. Y aunque no hay constancia de cuántas denuncias se generaron así ni cuántas detenciones supusieron, igual logra sembrar desconfianza y temor entre la gente.
También casi cualquier cosa que haya en tu teléfono puede convertirse en material para una retención o detención.
“Las autoridades en este momento están haciendo énfasis en que tienen y están usando herramientas para generar terror y miedo en la población”, me explica Ballesta.
Por ejemplo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) publicó en sus redes un video que arranca con la frase “A donde vaya, Chuky me encontrará”, de la película El muñeco diabólico y sigue con una versión bastante tenebrosa de la canción Ring Christmas Bells cuya letra dice “Si hicieron mal, él sabrá bien… Los buscará, escóndanse bien. Tu nombre en su lista está”, mientras se ve a agentes del DGCIM deteniendo gente.
Esto tiene una contraparte: “Si (las autoridades) dicen que tienen una lista de personas, que irán a tu casa… Es una confesión de detenciones arbitrarias, de privación ilegítima de la libertad. Son posibles crímenes de lesa humanidad», dice Ballesta.
Actualmente el gobierno de Maduro enfrenta una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. El gobierno niega los cargos.
Arbitrariedades
Desde Foro Penal explican que en la “Operación Tun Tun” hay muchas irregularidades.
Una es sobre las detenciones mismas, que no cumplen con la norma de que sean con orden judicial o en flagrancia.
“También detienen a alguien y no dicen dónde está, están negando que elijan un abogado de confianza y se les obliga a aceptar un defensor público. Las audiencias de presentación deberían ser en tribunales y las hacen en centros de reclusión sin permitir el acceso de nadie que no sea un defensor público. Esto es una violación gravísima al derecho a la defensa”, apunta Gonzalo Himiob.
Y se suma que, en general, se hace una “suerte de precalificación jurídica del delito y a todos los detenidos los llaman terroristas sin ni siquiera haber adelantado investigaciones, lo cual es una gran irregularidad y muy grave banalización del término terrorismo”.
Maduro suele referirse con frecuencia a los manifestantes como “terroristas”, “delincuentes” y miembros de “bandas de nueva generación”.
«Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, dijo Maduro en referencia a estas cárceles que, por años, estuvieron bajo el control de bandas criminales como el Tren de Aragua.
BBC Mundo trató de contactar al Ministerio Público para obtener su versión al respecto, pero no tuvo respuesta.
«Borra eso»
Desde Europa, Juan (nombre ficticio) me cuenta que su madre, que vive en El Cementerio, una zona popular de Caracas, ha visto cómo en su zona la policía anda pidiendo los teléfonos a la gente y revisándolos.
“Le agarró miedo a que le revisen el teléfono y ahora sale a la calle sin él y borra la conversación cada vez que hablamos de la situación del país”, me dice.
Esto es un tema recurrente si se está en cualquier chat que se comparta con venezolanos que estén en el país.
Los familiares esperan días a saber el paradero de los detenidos.
“No digas esto”, “No pongas esa vaina que nos pones en peligro a todos”, “Borren eso de inmediato por nuestra seguridad”, “Borra, borra, borra”. Y así, montones de mensajes por cosas que, a priori y desde fuera, podrían parecer absolutamente inofensivas, como bromas u opiniones políticas.
Tanto es el miedo que el anonimato se ha instalado no solo en muchos de los testimonios de esta nota, también en las firmas de las notas periodísticas en medios dentro del país, que ahora aparecen en la gran mayoría de los casos con el nombre genérico del equipo.
O en el ámbito cultural. La Revista Casapaís (Uruguay) publicaba en sus redes que “debido a la represión de la dictadura de Maduro», publicaban las piezas de los autores venezolanos con pseudónimo: «Revelar sus nombres es una sentencia de cárcel y muerte.”
El otro perfil de la «Operación Tun Tun»
Además de las detenciones masivas en zonas populares denunciadas hay otro perfil, el de activistas políticos, militantes de oposición o personas que participaron en el proceso de recogida de las actas de escrutinio el día de las elecciones.
Hace unos días detuvieron al exdiputado opositor Freddy Superlano y a dos colaboradores suyos. En un video que compartió en redes el partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, se ve cómo unas personas sin identificación y encapuchados se los llevan cuando estaban a punto de entrar en una casa.
La esposa de Superlano, Aurora Silva, denunció este martes que aún no pudo verlo.
Un caso particular es el de la ahora exfiscal Maglen Marín Rodríguez, detenida y presa “por el delito de retraso u omisión intencional de funciones» al no «procesar a cuatro sujetos” que participaron en manifestaciones, según escribió Tarek William Saab, Fiscal general del Estado, en su cuenta de X (antes Twitter).
Otro perfil de detenidos es el de activistas y defensores de Derechos Humanos. Por ejemplo, Edni López, también profesora, está detenida desde el domingo, cuando en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, le dijeron que su pasaporte estaba anulado y la detuvieron.
BBC Mundo tuvo conocimiento de varias personas a las que les fueron anulados sus pasaportes.
La anulación de pasaportes parece ser otra cara de esta “Operación Tun Tun”.
«Es una práctica que se ha documentado desde hace años, pero ahora lo vemos de modo sistemático», explica Valentina Ballesta.
Bajo estricto anonimato y «enconchada», es decir, desde una casa que no es la suya, nos habló Patricia (nombre ficticio), activista.
“Esto es un peso emocional enorme. Activas protocolos de seguridad que no esperabas que ibas a aplicar, elimino chats, no salgo de donde estoy, si salgo es con miles de precauciones, sin el teléfono… Y ahorita me di cuenta que me anularon el pasaporte”.
BBC Mundo pudo saber de al menos 15 personas a las que les anularon sus pasaportes, entre activistas, académicos y periodistas. Aún se desconoce el número exacto y ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esto.