Serie DemocracIA Nº 6

Instituciones republicanas en tiempos de inteligencia artificial

Las instituciones republicanas —el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los organismos de control y la propia sociedad civil organizada— fueron diseñadas para un mundo analógico, donde la circulación de la información y la toma de decisiones ocurrían con tiempos más lentos y en contextos más previsibles. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial y de la mediación algorítmica, estas instituciones enfrentan un desafío existencial: adaptarse o perder legitimidad frente a ciudadanos que perciben que los verdaderos centros de poder ya no se encuentran únicamente en los Estados, sino también en las plataformas digitales y en las corporaciones tecnológicas transnacionales.

La irrupción de la inteligencia artificial no es un fenómeno aislado, sino un cambio estructural en las condiciones del ejercicio del poder. Algoritmos que deciden qué información circula, sistemas de vigilancia masiva que desafían la privacidad, plataformas que reconfiguran la política y la economía: todo esto interpela directamente a las instituciones republicanas. ¿Cómo legislar sobre tecnologías cuyo alcance se expande más rápido que la capacidad normativa? ¿Cómo garantizar el debido proceso cuando una decisión judicial puede estar mediada por un algoritmo opaco? ¿Cómo proteger la soberanía popular cuando las campañas políticas dependen cada vez más de la manipulación digital?

Esta unidad busca responder a estas preguntas desde una perspectiva crítica y republicana. No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer que la inteligencia artificial reconfigura las reglas del juego democrático y que las instituciones deben reinventarse para seguir cumpliendo su misión fundacional: limitar el poder, garantizar derechos y asegurar que la libertad ciudadana no sea una promesa vacía. El desafío de nuestro tiempo no es elegir entre democracia y tecnología, sino lograr que la tecnología se subordine a los principios de la Democracia, la República y la Libertad, y no al revés.

El Parlamento en la era digital

1) ¿Cómo legislar sobre tecnologías que cambian tan rápido?

Estrategia “principios + riesgos + evaluación continua”.

• Principios tecnológicos neutrales (no atados a marcas o técnicas) que protejan derechos y delimiten responsabilidades.
• Enfoque por niveles de riesgo, con obligaciones más estrictas para usos de alto impacto (salud, justicia, educación, seguridad).
• Ciclos de evaluación ex post: la ley prevé revisiones periódicas (cada 18–24 meses), informes de aplicación y “cláusulas de caducidad” en usos intrusivos (sunset clauses).
• Ejemplo: el AI Act de la UE combina principios, un modelo por riesgo y una implementación escalonada en el tiempo (prohibiciones de prácticas, exigencias para “alto riesgo”, reglas para modelos de uso general/fundacionales). La publicación en el Diario Oficial (12/07/2024) y la entrada en vigor el 01/08/2024 activan un cronograma con obligaciones que se aplican gradualmente hasta 2026.

2) Procedimientos parlamentarios adaptados a la IA

a) Oficinas técnicas permanentes

Crear o fortalecer unidades no partidarias que traduzcan evidencias técnicas a opciones normativas:

• STOA (Parlamento Europeo) publica prospectiva tecnológica y opciones de política;
• POST (Parlamento del Reino Unido) emite POSTbriefs para informar debates;
• GAO-STAA (EE. UU.) desarrolla marcos de rendición de cuentas en IA para el Congreso.

b) Audiencias “multi-actor” y red-teaming público
Las comisiones reciben a desarrolladores, reguladores, academia, sociedad civil y usuarios afectados; incorporan ejercicios de “adversarial testing” (pruebas de estrés) sobre sistemas críticos antes de legislar.

c) Laboratorios legislativos y regulatory sandboxes
Instrumentar pilotos con supervisión parlamentaria para probar obligaciones (p. ej., explicabilidad mínima, trazabilidad de datos) en sectores sensibles, con evaluación independiente y publicación de resultados.

d) Control de constitucionalidad tecnológica
Exigir Evaluaciones de Impacto en Derechos Fundamentales (EIDH) anexas a cada proyecto y a cada reglamentación delegada, especialmente en usos públicos de IA.

3) Contenidos mínimos de una “Ley Marco de IA” inspirada en buenas prácticas

1. Catálogo de prácticas prohibidas (p. ej., identificación biométrica remota masiva en espacios públicos; puntuación social; manipulación subliminal dañina).
2. Régimen de “alto riesgo”: registro, gobernanza de datos, gestión de riesgos, documentación técnica, supervisión humana significativa, auditorías y diseño para la no discriminación.
3. Transparencia sobre modelos fundacionales/uso general: deberes de documentación, mitigación de riesgos sistémicos, reporte de incidentes, model cards y acceso a investigadores acreditados.
4. Derechos de las personas: información, explicación comprensible, objeción/consentimiento, revisión humana y vías de reparación.
5. Gobernanza: autoridad nacional de IA, coordinación interministerial y mecanismo parlamentario de seguimiento (informe anual con recomendaciones vinculantes).
   Referencia viva: el AI Act ya fija estándares exportables (riesgo, prohibiciones, obligaciones de transparencia y gobernanza).

4) Supervisión de plataformas y del “espacio público algorítmico”

La legislación sobre plataformas requiere deberes de diligencia, evaluaciones de riesgo, transparencia algorítmica y acceso a datos para autoridades y “vetted researchers”.
Ejemplo: el Reino Unido con la Online Safety Act (2023) asigna a Ofcom el desarrollo de códigos de práctica y un despliegue por fases (2025–2026), con multas de hasta el 10 % del volumen global si hay incumplimiento. La lógica es pasar de moderar post por post a exigir sistemas de mitigación de daños (riesgo infantil, ilegalidad, etc.).

5) Transparencia algorítmica en el sector público: del discurso a la práctica

Mandato legal de “registro algorítmico” en la administración: lista pública, finalidad, datos, proveedor, evaluaciones de impacto y canal de reclamos.
Ejemplos: Ámsterdam y Helsinki publicaron registros de algoritmos municipales para explicar qué sistemas usan, con qué datos y con qué salvaguardas; esto se puede escalar a nivel nacional por ley.

6) Reformar contratación pública para alinear incentivos

• Cláusulas de transparencia y auditoría en las compras de IA: documentación técnica, pruebas de sesgo, evaluación de seguridad, derechos de acceso a logs y propiedad del modelo/portabilidad de salidas cuando corresponda.
• Preferencia por estándares abiertos y APIs auditables; escrow de modelos críticos para investigación de fallos.
• Prohibición de vendor lock-in abusivo y evaluación de impacto presupuestario de ciclo de vida (no sólo costo inicial).

7) Estándares para campañas y partidos en la era digital

• Trazabilidad y rotulado de contenidos políticos sintéticos (IA generativa) y prohibición de deepfakes engañosos en período electoral.
• Límites al microtargeting político, registro público de anuncios y librería con criterios de segmentación.
• Contabilidad algorítmica de los partidos: declarar herramientas, proveedores y gasto en operaciones digitales.

8) Cooperación parlamentaria internacional: aprender, adaptar, anticipar

• Diálogo normativo interparlamentario para evitar “islas regulatorias” (grupos de trabajo con UE, OEA, Mercosur).
• Observatorio legislativo sobre IA con informes trimestrales (tendencias, incidentes, fallos judiciales).
• Ejemplos en curso:
  • Canadá: el Bill C-27 integra la AIDA (Artificial Intelligence and Data Act) junto con una nueva ley federal de privacidad; es un modelo de “paquete” que combina datos + IA.
  • Brasil: el Senado avanzó en 2025 un proyecto que regula el uso de IA y lo remitió a la Cámara; útil para ver cómo adapta un país federal y emergente un marco de deberes y gobernanza.

9) Indicadores de éxito y control parlamentario continuo

• Métricas de derechos: reclamaciones resueltas, tiempo de respuesta, reducción de sesgos.
• Métricas de eficacia: incidentes prevenidos, uptime de salvaguardas, red-teaming superado.
• Métricas económicas: costos de cumplimiento razonables para PyMEs, interoperabilidad, innovación local.
• Informe anual al Pleno con audiencias públicas y posibilidad de reajustar la ley por mayoría calificada.

10) Una hoja de ruta práctica para el Parlamento uruguayo

1. Comisión especial de IA con apoyo de una oficina técnica (modelo POST/STOA/GAO).
2. Ley corta de transparencia algorítmica pública (registro + EIDH + derecho de explicación).
3. Proyecto de “régimen por riesgo” para IA, armonizable con la UE (facilita comercio y compliance).
4. Reforma de contratación pública con cláusulas de auditoría, estándares abiertos y escrow de modelos.
5. Ley de integridad digital electoral (rotulado de sintéticos, librería de anuncios, límites al microtargeting).
6. Mesa interparlamentaria Mercosur/OEA para alineación de estándares y asistencia técnica recíproca.

El Parlamento no debe “correr detrás” de la tecnología: debe rediseñar su práctica para escuchar ciencia y sociedad civil, legislar por principios, regular por riesgo, auditar en continuo y coordinarse internacionalmente. Así, la IA queda subordinada a la Libertad, la Democracia y la República —y no al revés.

El Poder Judicial y el debido proceso algorítmico

El Poder Judicial, como garante último de los derechos y libertades en una República, enfrenta uno de los mayores desafíos de la era digital: cómo juzgar y revisar decisiones que ya no son tomadas solo por seres humanos, sino por algoritmos. El debido proceso —piedra angular del Estado de derecho— corre el riesgo de verse debilitado si las decisiones automatizadas permanecen como “cajas negras” inaccesibles para jueces, abogados y ciudadanos.

I. La justicia frente a algoritmos opacos

Los algoritmos utilizados en ámbitos judiciales y administrativos suelen basarse en modelos predictivos (por ejemplo, para evaluar riesgo de reincidencia, asignación de recursos o priorización de casos). El problema es que muchos de estos sistemas funcionan como “black boxes”: generan resultados sin que pueda explicarse con claridad cómo llegaron a esa conclusión. Esto atenta directamente contra el principio republicano de publicidad y contra el derecho del ciudadano a comprender y cuestionar las decisiones que le afectan.

Ejemplo internacional: en Estados Unidos, el sistema COMPAS, utilizado para evaluar riesgo de reincidencia en sentencias penales, fue duramente criticado por sesgos raciales y falta de transparencia. El caso State v. Loomis (2016) llevó a la Corte Suprema de Wisconsin a reconocer la opacidad del algoritmo, aunque permitió su uso bajo ciertas advertencias.

II. Principio de “explicabilidad judicial”

El debido proceso en la era de la IA exige reconocer un nuevo derecho fundamental: el derecho a explicación comprensible de las decisiones algorítmicas. Para que los jueces puedan ejercer control, deben existir:

• Informes técnicos accesibles, que traduzcan la lógica del algoritmo a un lenguaje jurídico claro.
• Auditorías independientes, obligatorias en sistemas que afectan derechos fundamentales.
• Supervisión humana significativa, que garantice que ninguna decisión definitiva recaiga únicamente en un sistema automatizado.

Ejemplo europeo: el AI Act de la UE consagra la “supervisión humana significativa” como requisito para los sistemas de alto riesgo, incluidos aquellos que se usen en justicia, migración o seguridad.

III. La prueba y la evidencia digital

El uso de algoritmos plantea un dilema probatorio: ¿puede un ciudadano impugnar un resultado automatizado si no tiene acceso al código o a los datos de entrenamiento? El derecho procesal debe adaptarse para garantizar que la defensa tenga acceso efectivo a la información necesaria para cuestionar la validez de una decisión. Aquí aparecen dos tensiones:

• Secreto comercial vs. derecho a defensa. Las empresas proveedoras alegan propiedad intelectual para no revelar algoritmos, pero el principio republicano exige que ningún secreto privado pueda estar por encima del derecho a un juicio justo.
• Asimetría técnica. Incluso cuando se accede al algoritmo, los abogados y jueces necesitan formación o peritos especializados para interpretarlo. Esto obliga a crear cuerpos de peritos digitales y a incorporar formación en justicia algorítmica en las escuelas judiciales.

IV. El rol del juez en la República digital

En este nuevo escenario, el juez debe transformarse en guardián de la equidad algorítmica. Su función no es solo aplicar la ley, sino también garantizar que la tecnología no vulnere principios básicos como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y la imparcialidad. Para ello se requieren:

• Protocolos de revisión judicial de algoritmos.
• Capacitación en ética digital y ciencia de datos.
• Tribunales especializados en tecnología y derechos digitales, capaces de atender casos complejos con rapidez y competencia.

Ejemplo internacional: Estonia, pionera en digitalización judicial, ha desarrollado tribunales electrónicos y sistemas de IA para casos menores, pero siempre bajo la condición de que exista revisión humana y posibilidad de apelación.

V. La justicia como último contrapeso republicano

En definitiva, el Poder Judicial es el último garante de que la inteligencia artificial no erosione la esencia del debido proceso. Allí donde los algoritmos pretenden ser incuestionables, el juez debe recordar que en la República no hay decisiones inapelables fuera de la Constitución y de la ley. El reto es enorme: exige recursos, formación y reformas normativas. Pero sin esta adaptación, la justicia corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante frente al poder tecnológico.

Los partidos políticos y la democracia representativa

La democracia representativa enfrenta uno de sus mayores retos en la era digital: los partidos políticos ya no operan únicamente en territorios físicos, campañas callejeras o debates en medios tradicionales. Hoy, gran parte de su estrategia, comunicación y financiamiento se desarrolla en plataformas digitales mediadas por algoritmos, lo que redefine la forma en que los ciudadanos se relacionan con la política y cuestiona la legitimidad del sistema representativo.

I. Campañas digitales y microtargeting

Los partidos han adoptado con rapidez técnicas de segmentación y publicidad algorítmica. El microtargeting permite enviar mensajes diferenciados a nichos específicos del electorado, adaptando el discurso según intereses, emociones o vulnerabilidades de cada grupo.

• Ventaja: optimiza recursos y permite llegar a públicos antes inalcanzables.
• Riesgo: fragmenta el debate público, pues los ciudadanos dejan de compartir un discurso común y reciben promesas contradictorias que no pueden contrastar colectivamente.
  Ejemplo: en la campaña de Donald Trump (2016) y en el referéndum del Brexit, empresas como Cambridge Analytica utilizaron datos personales para diseñar mensajes a medida, influyendo en votantes indecisos mediante apelaciones emocionales.

II. Los partidos como productores de desinformación

En muchos contextos, los propios partidos son actores principales de la desinformación. Se valen de bots, granjas de trolls y contenido sintético para amplificar mensajes y atacar adversarios. Esta práctica erosiona la confianza ciudadana y consolida la percepción de que “todo discurso político es manipulación”.
Ejemplo latinoamericano: en Brasil (elecciones 2018 y 2022), las cadenas de WhatsApp y Telegram fueron utilizadas de forma masiva para difundir noticias falsas y campañas de difamación, obligando a los tribunales electorales a intervenir en el proceso.

III. Financiamiento opaco y captura digital

La financiación de la política digital plantea un problema de transparencia. La publicidad segmentada en plataformas puede contratarse con poca trazabilidad, lo que dificulta identificar el origen de los recursos o si provienen de intereses extranjeros. Sin reglas claras, la democracia representativa corre el riesgo de quedar capturada por capitales ocultos y dependiente de intermediarios tecnológicos.
Ejemplo europeo: la Digital Services Act (DSA) de la Unión Europea exige bibliotecas públicas de anuncios políticos con criterios de segmentación, un modelo que puede inspirar reformas en otras democracias.

IV. Crisis de representación y populismo digital

Las plataformas han creado un atajo para el populismo: líderes carismáticos que, a través de redes sociales, pueden hablar directamente con millones de ciudadanos sin pasar por las estructuras partidarias. Esto erosiona la función de mediación de los partidos y debilita las instancias colegiadas.

• Efecto positivo: acerca a los líderes a la ciudadanía y dinamiza el debate.
• Efecto negativo: concentra poder en figuras individuales, alimenta la polarización y margina a las instituciones colectivas.
  Ejemplo: en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha utilizado X (antes Twitter) como canal directo de comunicación, relegando a los partidos tradicionales y generando un estilo de liderazgo digital-personalista.

V. Hacia una democracia representativa digitalmente responsable

Los partidos políticos necesitan adaptarse para no perder legitimidad. Algunas propuestas:

• Transparencia obligatoria en el uso de algoritmos y publicidad digital.
• Prohibición de deepfakes políticos engañosos, especialmente en períodos electorales.
• Límites claros al microtargeting político, para proteger el debate público común.
• Capacitación ciudadana en detección de manipulación política digital.
• Códigos éticos partidarios, que obliguen a campañas limpias en el entorno digital.

En definitiva, los partidos políticos siguen siendo piezas centrales de la democracia representativa, pero solo mantendrán su legitimidad si aceptan que la tecnología debe servir a la política democrática y no sustituirla, reafirmando su compromiso con los valores de la Libertad, la Democracia y la República.

La sociedad civil organizada

En toda República, la sociedad civil cumple la función de contrapeso y vigilancia ciudadana frente a los excesos del poder. En la era digital, ese rol se amplifica: universidades, ONGs, colectivos ciudadanos, medios independientes y comunidades tecnológicas se convierten en actores clave para auditar, denunciar y proponer alternativas al uso de la inteligencia artificial y los algoritmos.

I. ONGs y observatorios digitales

Organizaciones de la sociedad civil han demostrado ser pioneras en el monitoreo de abusos tecnológicos. Proyectos de observatorios ciudadanos de algoritmos han surgido en diversas regiones para investigar sesgos, vigilar contratos públicos de IA y denunciar prácticas opacas de plataformas.

• Ejemplo: AlgorithmWatch en Alemania desarrolla informes y auditorías independientes sobre el impacto social de los algoritmos.
• Ejemplo latinoamericano: Derechos Digitales (Chile) impulsa campañas regionales por la privacidad, la transparencia y la libertad de expresión en entornos digitales.

II. Universidades y centros de investigación

Las universidades no solo forman profesionales: son también espacios de investigación crítica e independiente. Facultades de derecho, comunicación y ciencias de la computación colaboran en laboratorios interdisciplinarios que producen conocimiento al servicio de la sociedad.

• Ejemplo: la Universidad de Stanford con su AI Index Report, que mide globalmente tendencias en IA.
• Ejemplo regional: la Universidad de la República (Uruguay) desarrolla proyectos sobre ética en IA y uso responsable de datos en educación y salud.

III. Movimientos ciudadanos en red

La sociedad civil también se organiza desde abajo, a través de comunidades tecnológicas, colectivos de periodistas y movimientos sociales. Estas redes funcionan como contrapeso distribuido frente a la concentración de poder tecnológico:

• Campañas de fact-checking colaborativo en redes sociales.
• Plataformas de ciencia ciudadana para fiscalizar políticas públicas.
• Comunidades open source que desarrollan herramientas de transparencia y privacidad.

IV. Riesgos y desafíos para la sociedad civil

No obstante, la sociedad civil enfrenta obstáculos:

• Desigualdad de recursos frente a corporaciones tecnológicas.
• Hostigamiento legal o digital en contextos autoritarios.
• Fragmentación interna, con agendas dispersas que reducen su capacidad de incidencia.

Superar estos desafíos requiere fortalecer alianzas regionales y globales, compartir metodologías de auditoría y reclamar espacios institucionales de participación en la gobernanza digital.

V. Sociedad civil como garante de la República

En el marco republicano, la sociedad civil no es un actor decorativo, sino un vigía esencial. Su voz independiente recuerda que el poder debe ser limitado y que la tecnología no puede escapar al escrutinio democrático. Si la ciudadanía organizada no fiscaliza, el riesgo es que tanto gobiernos como corporaciones capturen el espacio digital para fines de control o lucro.

En definitiva, la sociedad civil organizada es un pilar indispensable para que la inteligencia artificial no debilite la Libertad, la Democracia y la República, sino que se convierta en un instrumento de fortalecimiento ciudadano.

El riesgo del autoritarismo digital

La inteligencia artificial, lejos de ser solo una herramienta de eficiencia administrativa o innovación tecnológica, también puede convertirse en un instrumento de control político. El autoritarismo digital es la tendencia de algunos gobiernos a usar algoritmos, vigilancia masiva y manipulación informativa para consolidar poder, limitar libertades y neutralizar la oposición. Es un fenómeno que ya se observa en diversas regiones y que representa una de las amenazas más serias para la Libertad, la Democracia y la República.

I. Vigilancia total y erosión de la privacidad

En los regímenes autoritarios, los sistemas de reconocimiento facial, cámaras inteligentes y big data son desplegados como redes de control social. El ciudadano deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un objeto permanentemente observado.

• Ejemplo: en China, el sistema de “crédito social” combina vigilancia digital, datos financieros y comportamientos sociales para premiar o castigar a los ciudadanos, limitando su libertad de movimiento, crédito o acceso a servicios.
• Riesgo global: estas tecnologías son exportadas a otros países, creando un “modelo de autoritarismo digital” que se expande más allá de las fronteras donde fue concebido.

II. Desinformación como arma de control

El autoritarismo digital no solo vigila: también moldea la realidad informativa. Gobiernos autoritarios despliegan ejércitos de bots y granjas de trolls para imponer narrativas oficiales, desacreditar a críticos y sembrar confusión. La verdad pública se convierte en una construcción manipulada desde el poder.

• Ejemplo: en Rusia, el control estatal de medios tradicionales se complementa con campañas digitales de desinformación, tanto a nivel interno como en contextos internacionales (elecciones extranjeras, conflictos bélicos).

III. Debilitamiento institucional

El uso de tecnología sin contrapesos republicanos puede consolidar la concentración de poder en el Ejecutivo y neutralizar la acción del Parlamento, la Justicia y los organismos de control. El discurso tecnocrático justifica medidas de excepción bajo la idea de que “los algoritmos son más eficientes y objetivos”, cuando en realidad esconden sesgos y abusos. El resultado es una democracia formal vaciada de contenido, sustituida por una tecnocracia autoritaria.

IV. Exportación del autoritarismo digital

El riesgo no es solo interno: las tecnologías de vigilancia y control son exportadas por corporaciones y gobiernos hacia países en desarrollo. En contextos de debilidad institucional, estas herramientas pueden ser usadas por élites gobernantes para perpetuarse en el poder. El autoritarismo digital se convierte así en un producto de exportación que amenaza a las democracias emergentes.

V. Contrapesos frente al autoritarismo digital

La única manera de frenar esta deriva es fortalecer las instituciones republicanas y la ciudadanía crítica:

• Legislación clara que prohíba prácticas de vigilancia masiva y manipulación subliminal.
• Auditorías independientes y públicas sobre sistemas de seguridad y control.
• Educación ciudadana para reconocer y resistir la manipulación informativa.
• Alianzas internacionales democráticas para limitar la transferencia de tecnologías represivas.

VI. Una advertencia republicana

El autoritarismo digital no aparece de un día para otro: se infiltra en pequeñas concesiones justificadas por la seguridad, la eficiencia o la modernización. La República debe recordar que ningún argumento de eficacia tecnológica puede justificar la pérdida de la libertad. El desafío de nuestra época es impedir que los mismos sistemas que podrían mejorar la vida de los ciudadanos sean convertidos en instrumentos de dominación.

La República digital – hacia un nuevo pacto institucional

Las instituciones republicanas nacieron para limitar el poder y garantizar que la libertad no dependiera de la arbitrariedad de gobernantes ni de élites económicas. En el siglo XXI, el poder ya no se concentra únicamente en los Estados o en las corporaciones tradicionales: se despliega en plataformas tecnológicas globales, algoritmos invisibles y sistemas de inteligencia artificial que moldean la vida social, económica y política. Ante esta transformación, el ideal republicano no puede permanecer inmóvil: se requiere un nuevo pacto institucional, capaz de integrar la dimensión digital como espacio legítimo de soberanía, derechos y control democrático.

I. La República como marco para el poder digital

La República digital debe garantizar que la tecnología se subordine a los mismos principios que han regido la vida pública desde hace siglos:

• Publicidad y transparencia: ningún algoritmo que afecte derechos puede ser opaco al escrutinio ciudadano.
• Rendición de cuentas: los responsables del diseño y la implementación de sistemas de IA deben responder ante instituciones democráticas.
• Separación de poderes: la supervisión tecnológica no puede quedar en manos de un único actor; debe distribuirse entre Parlamento, Ejecutivo, Justicia y organismos de control.

II. Derechos digitales como extensión de los derechos fundamentales

Un nuevo pacto institucional requiere reconocer explícitamente que los derechos fundamentales también rigen en el espacio digital. Esto implica:

• Derecho a la privacidad y protección de datos.
• Derecho a la explicación y revisión frente a decisiones algorítmicas.
• Derecho a la autodeterminación digital, garantizando que los ciudadanos puedan decidir sobre el uso de su identidad y de sus datos.
• Derecho al acceso equitativo a internet y a la alfabetización digital, como condiciones para la participación plena.

III. Arquitectura institucional adaptada al siglo XXI

Para sostener estos principios, las instituciones deben evolucionar:

• Parlamentos digitales, con mecanismos de consulta ciudadana en línea y comisiones permanentes dedicadas a tecnología y democracia.
• Ejecutivos transparentes, que publiquen registros de algoritmos y realicen evaluaciones de impacto en derechos antes de implementar IA en políticas públicas.
• Justicia tecnológica, con jueces y fiscales capacitados para entender y controlar sistemas algorítmicos.
• Organismos de control interdisciplinarios, con poder real para auditar y sancionar abusos tecnológicos.

IV. Ciudadanía activa como sostén de la República digital

La República digital no será una realidad si los ciudadanos permanecen pasivos. La autodeterminación requiere una ciudadanía crítica y organizada, capaz de participar en el debate sobre el diseño de la tecnología, fiscalizar a las instituciones y construir alternativas comunitarias. La sociedad civil, la academia y los movimientos ciudadanos deben convertirse en parte orgánica del pacto institucional.

V. Un pacto republicano para la era de la IA

El nuevo pacto no implica abandonar los principios de la República clásica, sino actualizarlos para que puedan sostenerse en un escenario radicalmente distinto. La Libertad, la Democracia y la República no son reliquias de otra época: son las condiciones indispensables para que la inteligencia artificial sea un instrumento de progreso y no de dominación. La República digital es, en definitiva, el proyecto de integrar la innovación tecnológica a la tradición democrática, asegurando que los algoritmos no gobiernen a los ciudadanos, sino que los ciudadanos gobiernen a los algoritmos.

La inteligencia artificial ha introducido una transformación estructural en las democracias contemporáneas. Los poderes republicanos —Parlamento, Ejecutivo, Justicia— y los organismos de control ya no operan en un entorno estable, sino en un ecosistema donde las decisiones son mediadas por algoritmos invisibles, donde la información se multiplica y manipula a velocidades inéditas, y donde corporaciones tecnológicas globales poseen un poder equiparable —o incluso superior— al de los Estados. En este escenario, las instituciones republicanas enfrentan un dilema crucial: adaptarse o perder legitimidad ante ciudadanos que perciben que la política ya no es el centro de decisión de sus vidas digitales.

El Parlamento debe reinventarse como un espacio capaz de legislar y fiscalizar la IA con visión de largo plazo, aprendiendo de experiencias como el AI Act europeo y fortaleciendo oficinas técnicas independientes. El Poder Ejecutivo debe asumir la gobernanza tecnológica como política de Estado, construyendo estrategias nacionales de IA, garantizando registros públicos de algoritmos y evitando la captura por intereses corporativos. El Poder Judicial, por su parte, es el último garante del debido proceso: sin jueces capaces de revisar y auditar decisiones algorítmicas, los ciudadanos quedarían a merced de cajas negras inaccesibles que decidirían sobre libertad, justicia o acceso a servicios.

Los organismos de control y regulación adquieren un papel central como contrapesos técnicos, con facultades de auditoría y sanción, mientras que los partidos políticos deben redefinir su relación con el espacio digital: abandonar prácticas de microtargeting opaco y desinformación, y apostar por la transparencia y la construcción de un debate público común. La sociedad civil, las universidades y las ONGs no son actores secundarios, sino vigías indispensables para denunciar abusos, educar ciudadanía crítica y construir alternativas abiertas y colaborativas.

Finalmente, todo este entramado apunta hacia la construcción de una República digital, un nuevo pacto institucional que no abandona los principios clásicos —transparencia, rendición de cuentas, separación de poderes, supremacía de la ley—, sino que los actualiza para un mundo donde la soberanía se disputa también en el terreno algorítmico. En este pacto, los derechos digitales —privacidad, acceso, autodeterminación digital, derecho a explicación— deben ser reconocidos como extensiones de los derechos fundamentales.

La conclusión es clara: la IA no debe gobernar a los ciudadanos; son los ciudadanos, a través de sus instituciones republicanas, quienes deben gobernar a la IA. Solo así será posible que la tecnología fortalezca, en lugar de socavar, los valores de la Libertad, la Democracia y la República.