Elecciones sin democracia: la farsa electoral que legitima lo ilegítimo en Venezuela
La jornada electoral del 25 de mayo de 2025 en Venezuela es una muestra elocuente de cómo un régimen autoritario manipula los mecanismos electorales para consolidar su poder. Con niveles históricos de abstención, represión a la disidencia y un aparato estatal que actúa como juez y parte, lo que ocurre en Venezuela no es una democracia, sino una dictadura que se disfraza de proceso electoral para blindar su hegemonía.
Los resultados oficiales aún no son del todo claros, pero la verdad se dibuja en los centros de votación vacíos y en la desconfianza generalizada. La encuestadora Delphos estima una participación de apenas el 16% de los 21 millones de votantes habilitados, evidencia de que la gran mayoría de los ciudadanos percibe el proceso como ilegítimo. La escasa concurrencia no es producto de la apatía, sino de un rechazo frontal a un sistema que se ha vaciado de todo contenido democrático.
El problema de fondo no es la falta de papeletas o de urnas, sino la sistemática demolición de las condiciones mínimas que hacen posible la democracia. La represión previa a la jornada electoral dejó más de 70 detenidos, incluyendo activistas, opositores y periodistas. Esta persecución es una táctica constante del régimen de Nicolás Maduro para intimidar y silenciar cualquier voz que cuestione su legitimidad. La libertad de expresión, piedra angular de toda democracia, ha sido reducida a la mínima expresión en Venezuela, donde los medios independientes son hostigados y los comunicadores sociales perseguidos como enemigos del Estado.
Estas elecciones fraudulentas no son un hecho aislado. Forman parte de un entramado más amplio de control social y político que coarta las libertades básicas de la población. El pueblo venezolano vive bajo un estado de excepción no declarado, en el que la protesta pacífica se criminaliza, la prensa independiente se censura y las libertades de reunión y manifestación se reprimen con violencia.
El peligro de esta situación va más allá del resultado electoral. La consolidación de un régimen autoritario a través de elecciones amañadas deja a la ciudadanía en un callejón sin salida. La voz de los venezolanos está secuestrada y sus opciones para expresarse son cada vez más limitadas. En un país donde disentir puede costar la cárcel, el exilio o la muerte civil, la libertad se convierte en un lujo y la participación política en un riesgo personal.
Este clima de terror y represión tiene consecuencias devastadoras. Cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y siente que sus derechos están constantemente amenazados, se rompe el tejido social y se fractura la esperanza. La dictadura de Maduro no solo controla los resultados electorales: también ha impuesto un sistema de miedo que inhibe cualquier atisbo de resistencia democrática.
La comunidad internacional no puede ser indiferente ante esta situación. Debe entender que las elecciones celebradas el 25 de mayo no son más que un simulacro de democracia diseñado para perpetuar un régimen que desprecia los derechos humanos y anula las libertades básicas. Consolidar una dictadura nunca es democrático, por mucho que se intente revestir de legalidad un proceso viciado desde su origen.
El pueblo venezolano enfrenta hoy un dilema histórico: seguir resistiendo pacíficamente, pese a la represión, o sucumbir a la imposición de un poder ilegítimo. La comunidad internacional tiene el deber moral de denunciar esta farsa y apoyar la causa de la democracia y la libertad en Venezuela.
Las elecciones en Venezuela no han sido un ejercicio de democracia, sino un espectáculo autoritario que profundiza la crisis política y social del país. Los peligros para las libertades básicas y la libertad de expresión son reales y crecientes. La legitimidad no puede construirse sobre la represión ni sobre la manipulación: la verdadera democracia exige respeto, pluralismo y la garantía de que cada voz ciudadana pueda ser escuchada sin miedo. Esa es la deuda que hoy clama la sociedad venezolana ante el mundo.
INFORME:
Al cierre de la jornada electoral del 25 de mayo de 2025 en Venezuela, el panorama refleja una profunda crisis de legitimidad y participación ciudadana.
Baja participación y ambiente desolado
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió el horario de votación hasta las 7:00 p.m. locales, muchos centros electorales permanecieron prácticamente vacíos durante toda la jornada. La encuestadora Delphos estimó una participación de apenas el 16% de los 21 millones de votantes convocados. Esta baja afluencia se atribuye en gran medida al llamado al boicot por parte de la líder opositora María Corina Machado, quien denunció la falta de garantías democráticas en el proceso electoral.
Represión y detenciones
La jornada electoral estuvo precedida por una ola de detenciones de opositores, activistas y periodistas. Más de 70 personas fueron arrestadas en los días previos a los comicios, incluyendo al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Estas acciones han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como una estrategia del gobierno para silenciar a las voces críticas.
Tensiones internacionales por el Esequibo
El gobierno de Nicolás Maduro incluyó en estas elecciones la elección de un gobernador para la región del Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Esta acción ha sido condenada por el presidente guyanés, Irfaan Ali, quien la calificó como una amenaza directa a la soberanía de su país.
Perspectivas
Las elecciones del 25 de mayo de 2025 se desarrollaron en un ambiente de desconfianza y represión, con una oposición fragmentada y una ciudadanía desilusionada. La comunidad internacional observa con preocupación la situación, mientras que la población venezolana enfrenta desafíos crecientes en medio de una crisis política y económica prolongada.
DEFINAMOS LEGITIMIDAD EN LA DEMOCRACIA
La legitimidad democrática se refiere al reconocimiento y aceptación general de que las instituciones políticas y sus decisiones son justas, apropiadas y vinculantes, porque reflejan la voluntad popular expresada mediante procedimientos transparentes y participativos.
En otras palabras, la legitimidad democrática no solo depende de la legalidad (que las normas se cumplan según la ley), sino también de que el pueblo considere justos y representativos esos procesos y resultados.
Elementos clave de la legitimidad democrática
- Soberanía popular: El poder político emana de la ciudadanía, quien lo delega a sus representantes mediante elecciones libres y justas.
- Participación ciudadana: Las personas tienen derecho a participar, ya sea directamente o a través de representantes, en las decisiones que afectan su vida.
- Estado de derecho: Las normas rigen por igual para todos, garantizando que los procedimientos y resultados electorales sean confiables y equitativos.
- Respeto a los derechos humanos: La legitimidad requiere proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.
- Representación auténtica: Los representantes elegidos deben reflejar y actuar conforme a la voluntad de la ciudadanía.
- Confianza pública: Las instituciones y sus procesos necesitan contar con la confianza de la sociedad para que sean considerados legítimos.
Importancia de la legitimidad democrática
Es esencial para la estabilidad política: sin legitimidad, incluso las instituciones que cumplen formalmente la ley pueden ser cuestionadas y perder apoyo ciudadano.
Fomenta la participación: cuando las personas sienten que sus voces importan y sus votos cuentan, participan más activamente.
Protege contra el autoritarismo: la legitimidad impide que un grupo concentre el poder sin rendir cuentas.
Construye cohesión social: facilita la aceptación de las reglas y decisiones, aunque no siempre se esté de acuerdo con ellas.
Legitimidad y crisis democrática en Venezuela
Hoy, en Venezuela (25 de mayo de 2025), la legitimidad democrática está fuertemente cuestionada por varios factores:
Baja participación ciudadana: Los niveles de abstención han sido muy elevados (alrededor del 16% de participación según encuestadoras), lo que indica que muchos ciudadanos no creen que su voto tenga impacto o que el proceso sea confiable.
Proceso electoral sin garantías plenas: La falta de competencia política real (con opositores inhabilitados o en prisión) y el control casi absoluto del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el oficialismo minan la legitimidad.
Represión y detenciones: Las detenciones de opositores y periodistas antes de la votación son vistas como medidas autoritarias que reducen la libertad y la confianza ciudadana.
Desconfianza y polarización: La oposición dividida y la falta de transparencia hacen que la población perciba las instituciones como instrumentos de poder, no como garantes de representación.
Contraste con modelos democráticos legítimos
En democracias consolidadas (por ejemplo, en países nórdicos o Alemania), la legitimidad se mantiene gracias a:
Elecciones abiertas y competitivas: Todos los partidos pueden participar sin restricciones arbitrarias.
Instituciones independientes: Organismos electorales y tribunales imparciales supervisan y corrigen posibles irregularidades.
Participación activa: Hay altos niveles de participación y compromiso ciudadano porque las personas confían en que sus decisiones son respetadas.
Respeto pleno a los derechos humanos: Se protege la libertad de prensa y la libertad de expresión sin intimidaciones.
Alternancia pacífica en el poder: Cambios de gobierno reales según la voluntad popular.
¿por qué importa la legitimidad?
La legitimidad democrática no es solo tener elecciones: también es garantizar la participación real, la protección de derechos y la confianza pública.
La crisis en Venezuela muestra cómo la legitimidad se erosiona cuando los procesos electorales no cumplen con estos principios básicos.
La comparación con democracias legítimas destaca la importancia de instituciones imparciales y de la confianza ciudadana para la salud democrática.