Nayib Bukele es el presidente de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, y busca la reelección para un segundo mandato consecutivo, basándose en una polémica interpretación de la Constitución que prohíbe hacerlo.
Bukele tiene una alta popularidad entre los salvadoreños, que reconocen su gestión en el combate a la delincuencia, la pandemia y la reactivación económica23. Sin embargo, también enfrenta críticas de organismos internacionales, de la oposición política y de sectores de la sociedad civil por supuestos abusos de poder, violaciones de derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática.
Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el domingo 4 de febrero de 2024, con 11 partidos políticos inscritos. Según las encuestas, el partido Nuevas Ideas de Bukele tiene una amplia ventaja sobre el resto de las fuerzas políticas, y podría obtener la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa .
Los candidatos de oposición que aspiran a la presidencia son Manuel Flores (FMLN), Joel Sánchez (Arena), Luis Parada (Nuestro Tiempo), José Renderos (Fuerza Solidaria) y Mariana Murillo (Fraternidad Patriota Salvadoreña).
Estos candidatos plantean propuestas alternativas en temas como la seguridad, la salud, la educación, la transparencia y el respeto a la Constitución.
La Constitución de El Salvador establece que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para la democracia, y que no pueden ser candidatos a la Presidencia quienes hayan ocupado el cargo por más de seis meses en el período anterior o en los últimos seis meses antes del inicio del nuevo período.
Esta disposición busca evitar la concentración del poder y el abuso de la función pública.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue elegida por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, emitió un fallo en 2021 que habilita la reelección presidencial inmediata, argumentando que es el pueblo quien debe decidir si quiere o no reelegir al presidente en ejercicio.
Esta decisión ha sido cuestionada por diversos sectores políticos, sociales y jurídicos, que la consideran una violación a la Constitución y una amenaza a la institucionalidad democrática.
Independientemente de lo cuestionable del modelo Bukele esta generando una nueva corriente en Amèrica Latina
El modelo Bukele es el nombre que se le da al conjunto de medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar los problemas de seguridad, economía y salud de su país. Algunas de estas medidas son:
- El uso de la fuerza militar y policial para combatir a las pandillas y reducir los homicidios.
- El encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes, sin respetar el debido proceso ni los derechos humanos.
- El uso del bitcoin como moneda oficial, sin consultar a la población ni a los expertos.
- El control de los poderes legislativo y judicial, mediante la destitución de magistrados y fiscales.
- El manejo de las redes sociales y los medios de comunicación, para proyectar una imagen de éxito y popularidad.
El modelo Bukele ha generado admiración y atracción entre algunos políticos latinoamericanos, que ven en él una forma de ganar elecciones y resolver los problemas de sus países. Sin embargo, también ha generado críticas y rechazo de otros sectores, que lo consideran una amenaza para la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.
Según algunos analistas, el modelo Bukele se basa en el fracaso de las políticas tradicionales de seguridad y desarrollo, que no han logrado satisfacer las demandas y expectativas de la ciudadanía. Además, se aprovecha del descontento y la desconfianza hacia las elites políticas y económicas, que han sido acusadas de corrupción e ineficiencia. Así, el modelo Bukele ofrece una alternativa de cambio y esperanza, que se sustenta en el carisma y la personalidad del líder.
Sin embargo, otros analistas advierten que el modelo Bukele es insostenible y peligroso, ya que se basa en el autoritarismo y la violación de la Constitución. Además, señalan que el modelo Bukele no ha resuelto los problemas estructurales de El Salvador, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la migración y la dependencia económica. Por el contrario, ha generado más conflictos y tensiones internas y externas, que podrían derivar en una crisis política y social.
Recopilación de prensa internacional
Viaje a los orígenes de Bukele, la ambición de un milenial – EL PAIS DE MADRID
El presidente de El Salvador comenzó su carrera en un pequeño pueblo, Nuevo Cuscatlán, donde tuvo la revelación de que estaba llamado al poder en mayúsculas
JUAN DIEGO QUESADA BEATRIZ GUILLÉN
San Salvador – 03 FEB 2024 – 05:30 CET
Hay un lugar en el planeta Tierra que encarna como nadie los deseos de trascendencia de Nayib Bukele. Se llama Nuevo Cuscatlán y se encuentra a un cuarto de hora en coche desde San Salvador. Montañoso y de clima tropical, rodeado de cafetales, al llegar se suceden a través de la ventanilla pequeñas casas de lámina y mansiones con piscinas llenas de un agua cristalina que se pierde en el horizonte. Esta se puede considerar la cuna del político que ha asombrado al mundo desde El Salvador, una pequeña nación de 6,3 millones de habitantes. Bukele fue elegido en 2012 alcalde de este pueblo, de dos millones de dólares de presupuesto, cuando no tenía apenas experiencia. Hasta ese momento, solo había administrado una discoteca, Code, y un concesionario de Yamaha. Aun así, al poco de tomar posesión se paseaba por las calles que él mismo asfaltó en una camioneta de cristales tintados, rodeado de guardaespaldas. Se dirigía a los vecinos, que caben en un autobús de dos alturas, como si estuviera dando un discurso en la Asamblea General de la ONU. Les hablaba de paradigmas y conceptos abstractos. Lucía la seguridad propia de los que han nacido rodeados de privilegios. La gente no era capaz de verbalizar el embrujo que sentían; sencillamente, lo contemplaban fascinados.
Los que lo conocen aseguran que su soberbia solo se compara con su nivel de ambición. En ese entonces tenía ya la convicción secreta de que su destino estaba escrito en letras doradas: él no era un simple alcalde de pueblo, sino el próximo presidente de la nación. Pertenecía al FMLN, el partido clásico de la izquierda salvadoreña. En realidad, lo despreciaba por considerarlo una estructura anticuada y llena de cuadros incompetentes. En las reuniones, sus compañeros sentían una cierta incomodidad al escucharlo hablar con esa desenvoltura milenial.
“Era un lobo y nosotros las ovejas. Solo que entonces no lo sabíamos”, cuenta uno de los presentes en esos encuentros. A continuación, dio el salto a la alcaldía de San Salvador y el puesto, de nuevo, se le quedó pequeño.
El FMNL le dijo que no sería el candidato a las elecciones presidenciales de 2019, argumentando que era muy joven. Pero a Bukele (42 años) no le sobra la paciencia. Desde ese preciso momento empezó una campaña de desprestigio contra el partido, al que no le quedó otra opción que expulsarlo. La carretera hacia el poder absoluto parecía asfaltada.
Recorriendo Nuevo Cuscatlán resulta imposible no pensar que todo ha sido parte de un plan premeditado. La N está estampada por todos los rincones del municipio, que es la primera letra de su nombre, pero también del de Bukele. Los edificios, las aceras, las banquetas están pintadas de cian, el color del que ahora es su partido, Nuevas Ideas.
El embrión estaba aquí, solo que muchos no lo quisieron ver. El culto a su persona, la sensación de omnipresencia, el ordeno y mando. Esa fascinación que ahora ejerce en el resto del país brilla en los ojos de Luis Ponce, de 47 años, un trabajador del Ayuntamiento con dientes de metal.
Cuenta que Bukele estuvo presente en uno de los momentos clave de su vida, su boda. Ejerció de maestro de ceremonias. Puso orden en este lugar, pintó las casitas de colores alegres, iba a las fiestas de la gente humilde a tomar atole. Cuando se fue, los vecinos lloraron. A Ponce no le importa que su hijo haya sido encarcelado en la época de Bukele, que ha llenado las cárceles con más de 76.000 prisioneros para desactivar a las pandillas. Dice que Dios es perfecto, Dios todo lo sabe y prefiere que su hijo esté “dentro más que fuera”, porque andaba “de bolo”. Cree que Bukele, que roza el 90% de aprobación en El Salvador, cuenta con ayuda divina: “Este presidente trabaja con el poder de Dios. Es calidad de persona”.
Bukele previsiblemente va a ser reelegido presidente el domingo con una mayoría abrumadora. La Constitución salvadoreña le prohibía presentarse de nuevo, pero la Sala Constitucional, integrada por jueces elegidos por él, le ha dado vía libre. Algunos sondeos pronostican que superará el 80% de los votos. Su personalismo ha hecho que la oposición termine evaporándose. Desde que ganó hace cinco años, ha forjado la imagen de un líder de hierro. Decretó un régimen de excepción vigente hasta hoy en día, con el que ha golpeado de lleno a las dos principales pandillas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que por el camino se ha llevado por delante a miles de inocentes, a los que no se les ha aplicado el debido proceso ni se les ofrece un juicio justo. Los abogados no consiguen contactar con sus clientes, recluidos en una megacárcel que ha llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Las familias no reciben ni una llamada desde dentro.
La economía del país no marcha especialmente bien, los periódicos locales documentan que hay gente pasando hambre y cocinando sopas con rastrojos. Pero que haya logrado, al menos momentáneamente, hacer desaparecer a los pandilleros del día a día de los salvadoreños lo convierte en un líder tremendamente popular.
La ciudadanía hace oídos sordos a que la comunidad internacional haya mostrado su preocupación por lo que considera una deriva autoritaria. Bukele es uno y trino en El Salvador. En la terminal de llegadas del principal aeropuerto del país se ha recreado el despacho presidencial, con los retratos a los lados de Bukele y la primera dama, Gabriela Rodríguez. Los pasajeros se sacan fotos encantados. Las carreteras están llenas de publicidad del presidente y sus candidatos a la Asamblea Legislativa. Ni rastro del FMLN ni de Arena, el partido de la derecha. La barba perfilada, el pelo hacia atrás que deja a la vista unas entradas pronunciadas, su cara de tipo duro de película de acción, inundan la nación.
El hechizo no funcionó con Bertha María Deleón, que dirigió su equipo jurídico cuatro años. La abogada no sabe si es por la edad —ella tiene tres años más que él— pero siempre lo vio como un hombre inmaduro e impulsivo, adicto al teléfono y a las redes sociales, que no podía estar 30 minutos sin revisar las tendencias de Twitter, qué se decía de él, bueno y malo. “Siempre fue una persona muy dispersa a nivel de atención. Le cuesta mucho enfocarse, organizarse”, explica, “pero creo que es muy hábil porque se aprende el guion que le dan y eso es lo que comunica. Embelesaba a los jóvenes”. Deleón lo defendió en tres procesos judiciales hasta que se convirtió en presidente, en 2019, y en todas las reuniones legales Bukele contaba con un bastón de apoyo: su hermano Karim. Era su jefe de campaña, su versión analítica y sosegada, en quien confía para tomar las decisiones.
Nayib es el quinto hijo de Armando Bukele, un influyente empresario que fundó algunas de las primeras mezquitas de Latinoamérica. De origen palestino, don Armando, como lo llaman quienes lo atendieron, es el gran referente de su hijo, que ha llegado a exagerar sus logros hasta decir que tuvo más coeficiente intelectual que Einstein o que estuvo nominado al premio Nobel. De su matrimonio con Olga Marina Ortez nacieron también Karim, Ibrajim Antonio y Yusef Alí. Todos ellos forman ahora parte del exclusivo círculo del presidente, cerrado para nada más que unos cuantos, como algunos antiguos compañeros de la Escuela Panamericana o figuras como el actual presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, que lo acompañan desde el inicio de su camino político.
En el fondo, Bukele nunca se ha alejado del origen. Sigue viviendo en una urbanización que se enreda en uno de los cerros de Nuevo Cuscatlán, llamada Los Sueños, ahora custodiada por el Ejército. Ha convertido un pueblo al que todo el mundo confundía con su vecino, Antiguo Cuscatlán, en la meca de promotores inmobiliarios, donde youtubers e influencers pueden tener su mural, en el lugar de deseo de otros ricos que quieren vivir cerca del presidente que embrujó a un país al que somete. Los vecinos saben que Bukele sale de su mansión porque se cortan las calles y aparece la comitiva de camionetas y ejército que lo vigila, pero el presidente no ha hecho un solo acto de campaña en los últimos tres meses. Siempre dijo que era posible gobernar desde el móvil. A sus seguidores, que se cuentan por millones, les sirve saber que el presidente va a seguir en Los Sueños.
El régimen de excepción de Bukele como instrumento para aplastar las disidencias – EL PAIS DE MADRID
Decenas de activistas han sido detenidos y acusados de pandillerismo en El Salvador. Las organizaciones sociales denuncian motivos políticos y una criminalización de la protesta
Vidalina Morales, defensora de derechos humanos, camina frente a un vehículo del ejército en Cabañas (El Salvador), en agosto.
Es común de algunos gobiernos ejercer el poder a partir de la idea de la homogeneidad y su contraste: que los buenos están de este lado y no de aquel otro. El Gobierno de Nayib Bukele se ha esforzado por hacer creer dentro y fuera de El Salvador que las 71.000 personas detenidas en los 19 meses que lleva activo el estado de excepción pertenecen a las maras o han colaborado con sus integrantes. El que nada debe nada teme, repite el oficialismo; quienes van presos, algo malo habrán hecho. Ese relato, que ha permeado entre la población, ya tiene fisuras. El escrutinio de las ONG locales y de la comunidad internacional ha permitido ver los pliegues de la cifra bruta y ha hallado miles de casos de detenciones arbitrarias. Entre esas víctimas de la injusticia sobresale un perfil muy específico de perseguidos en el estado de excepción: los activistas, los defensores de derechos humanos.
Acusados de pandilleros, encasillados falsamente en las filas de la Mara Salvatrucha 13 o de Barrio 18, su detención en realidad tiene motivaciones políticas. Por incomodar, se los encierra. Para aleccionarlos, desmovilizarlos, aplacar sus luchas. El Gobierno de Bukele ha reconocido oficialmente que 6.000 personas han sido capturadas injustamente bajo el estado de excepción, una polémica medida impuesta desde marzo de 2022 para combatir la violencia de las maras. No existe hasta ahora un censo puntual de cuántos, entre quienes siguen presos y los que han logrado salir de las prisiones, son defensores de derechos humanos. Los casos conocidos hasta ahora han alcanzado cierta visibilidad gracias a los esfuerzos de las propias ONG.
La Asociación de Desarrollo Económico Social (Ades), que consagra su lucha a la defensa de los recursos naturales, ha sido objeto del acoso del Gobierno. Cinco integrantes de la organización, establecida en el montañoso departamento de Cabañas, fueron detenidos y encarcelados en enero, acusados de haber cometido un homicidio en el periodo de la guerra civil (1980-1992). El expediente está sustentado en el testimonio de una persona que asegura haber atestiguado el crimen hace más de tres décadas. La ONG no ha parado de exigir la liberación de sus compañeros. A finales de agosto, consiguieron que un juez cambiara la medida cautelar por la de prisión domiciliaria. Fue un pequeño avance, pero los activistas siguen vinculados a proceso, a merced del monstruo que se alimenta de prisioneros.
Vidalina Morales, la líder de Ades, vivió en carne propia los estragos del régimen persecutorio. Su hijo, de 34 años, fue capturado en mayo, acusado de ser “marero”. Las supuestas pruebas: vestía shorts y además tiene un “alias”, justo como los pandilleros. ¿Qué alias era ese? Rayo, apodo que le dieron de niño los chicos de la comunidad, más bien como una burla, porque su hijo corría torpemente detrás del balón, cuenta Vidalina. La activista, de 55 años, con una trayectoria de décadas en la lucha ambientalista, protestó por la detención y, con el apoyo de su comunidad, logró que su hijo saliera de la cárcel. La Fiscalía certificó que, durante la detención y el encierro, el joven fue golpeado por los policías.
A las detenciones se suma el hecho de que el presidente Bukele ordenó el despliegue de retenes militares en Cabañas. Los activistas de Ades creen que detrás de la persecución hay una agenda oculta: que el Gobierno busca revertir la prohibición a la actividad minera que está vigente en El Salvador desde 2017. Alfredo Leiva, integrante de la ONG, describe algunas señales. Por ejemplo, Bukele creó una Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con facultades para otorgar permisos de exploración y explotación minera. Además, en mayo de 2021, El Salvador se unió a un foro internacional con sede en Canadá que promueve la minería. El Gobierno no informó de su incorporación a esta entidad, llamada IGF Mining, hasta meses después, cuando algunos de sus representantes visitaron el país centroamericano para una “asistencia técnica”.
“La captura de los compañeros, todas las arbitrariedades, todos los manejos que se han dado durante estos últimos meses, nos llevan a concluir que el interés del Gobierno es abrir otra vez la minería”, afirma Leiva. “Estamos frente a actos de criminalización de las personas que han estado luchando contra la minería en Cabañas. Son acciones para amedrentar a las comunidades que en el pasado resistieron ante las empresas mineras”, añade.
Vidalina cuenta que el activismo de Ades y las comunidades lograron hace años frenar un proyecto de explotación de oro de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold. Las luchas de la ONG contribuyeron a la prohibición de 2017, que convirtió a El Salvador en ejemplo mundial contra el extractivismo. “En estas luchas, lo primero que una se espera es la muerte, porque estamos luchando contra poderes. En el pasado fue la empresa Pacific Rim; ahora es más complicado, porque hoy es un Estado, que tiene interés en reabrir la minería en consorcio con empresas transnacionales”, dice la líder. “Por eso tocan a nuestros hijos, para amedrentarnos, aterrorizarnos. Nos están mandando un claro mensaje, quieren debilitar toda esa lucha, esa resistencia en Cabañas contra los proyectos extractivistas”, explica.
Culpables por alzar la voz
La organización Socorro Jurídico Humanitario, asentada en San Salvador, la capital, ha documentado la detención sistemática de activistas. “El régimen de excepción no es parcializado, no es únicamente para delincuentes. Han capturado a personas que están organizadas, hablo de sindicalistas, representantes de trabajadores del sector informal, defensores del medio ambiente, personas que denuncian corrupción y nepotismo, o que denuncian narcotráfico”, detalla Ingrid Escobar, directora de la ONG.
Escobar pone de ejemplo el caso de Rodolfo Pereira, dirigente de los comerciantes de Soyapango, detenido en junio de 2022. “Dos días antes de que él iba a dar una conferencia de prensa, llega la policía a su casa y le dice sin más que habían recibido una llamada anónima de que él era pandillero, y se lo llevan. A la fecha, el compañero sigue preso. No sabemos si está con vida, ni su familia ni su abogado han tenido la oportunidad de hablar con él”, cuenta.
La organización ha registrado la detención de 17 líderes de sindicatos de alcaldías y dependencias del Gobierno, acusados todos del delito de asociación delictuosa e incluso terrorismo. Otros 146 trabajadores sindicalizados han sido despedidos, y 38 más han sido suspendidos. La lista sigue creciendo. La presión de la ONG ha conseguido que 10 de los dirigentes capturados salgan de prisión. De los detenidos, uno, José Leónidas Bonilla, murió en la cárcel por no tener acceso a tratamiento para la diabetes que padecía (las muertes por enfermedades no atendidas se han vuelto comunes entre los presos). “El compañero no era pandillero, no tenía antecedentes penales, nunca había estado en una cárcel, ni siquiera en detención administrativa. Dejó en la orfandad a una niña de 15 años con discapacidad mental, y un gran sufrimiento para toda su familia y para nosotros, sus compañeros de lucha”, se lamenta Escobar.
Socorro Jurídico comparte oficinas en la capital con el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP). Su dirigente, Marvin Reyes, es un exagente que trabajó 21 años en la corporación. La vocación de la ONG ha sido la defensa de los derechos laborales de los policías, pero en el Gobierno de Bukele se ha convertido en una plataforma de denuncia de los excesos cometidos en la lucha contra las pandillas. Por su trayectoria en la PNC, los agentes en activo le comparten a Reyes quejas internas.
Grafitis de Bukele sobre la carretera de Oro, en el municipio de Soyapango.VÍCTOR PEÑA
“Tenemos a un compañero que fue detenido en junio de 2022 por orden de la dirección general de la PNC. Detenido en el contexto del régimen de excepción solamente por compartir en un grupo de WhatsApp, integrado por miembros de la policía, información de unos compañeros que exigían su licencia [permiso para descansar], ya que tenían 10 días de no salir. El director dio la orden de detenerlo bajo el delito de apología del delito, porque, según las autoridades de la PNC, estaba incitando a la rebelión a los demás”, cuenta Reyes.
El dirigente denunció en su momento cómo los mandos exigían a los policías una “cuota” de detenciones al día. “Cada patrulla debía capturar dos o tres personas por día. Se llegó al punto de que los jefes les decían: ‘Miren, si no vienen con los tres detenidos, mejor no vengan a la base. Hasta que tengan a todos, se reportan’. Muchas veces los compañeros se preguntaban de dónde iban a sacar la cuota. Entonces empezaron a detener a los vagos, los ebrios, los drogadictos, los rockeros. Así se llevaron a mucha gente”, señala.
Reyes, que ya ha sido objeto de acoso digital de parte de las hordas de simpatizantes de Bukele (muchos bots también), estuvo a punto de ser capturado este jueves, según lo ha denunciado él mismo. Agentes de la policía lo visitaron en las oficinas de la ONG y lo “invitaron” a ir a presentar una denuncia a raíz de unos comentarios que hizo en un medio sobre corrupción interna en la PNC. El dirigente considera que se trató de una maniobra para encerrarlo. “Esto es una clara persecución política hacia las voces disidentes que señalan aspectos de corrupción, de delitos que están cometiendo instituciones de seguridad pública”, ha dicho a través de un video. Reyes ha salido bien librado esta vez, pero tiene dudas de que la paz vaya a ser duradera: “Se pueden inventar cualquier cosa, a uno lo llevan a la cárcel y de ahí puede salir muerto”.