El problema de fondo: cuando el poder político redefine la verdad
La creación de una oficina estatal para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, impulsada por el gobierno de Javier Milei, introduce una mutación peligrosa en la relación entre verdad, poder y ciudadanía.
No estamos ante un simple instrumento de comunicación, sino ante un cambio de paradigma:
El Estado deja de ser un sujeto sometido al escrutinio público y comienza a presentarse como árbitro epistemológico de lo verdadero y lo falso.
Ese desplazamiento es uno de los puntos de quiebre clásicos de las democracias liberales.
Democracia ≠ Verdad oficial
Una democracia constitucional no se define por producir “la verdad correcta”, sino por garantizar:
- pluralismo,
- conflicto legítimo,
- posibilidad de error,
- corrección pública,
- crítica sin temor.
Cuando el Ejecutivo crea un órgano para clasificar discursos (verdadero / mentira / operación), introduce una lógica no democrática sino doctrinaria.
En democracia, la verdad emerge del conflicto abierto, no del dictamen del poder.
El Estado puede aportar datos, publicar documentos, transparentar decisiones.
Pero no puede adjudicarse la potestad de desenmascarar intenciones sin destruir el espacio deliberativo.
Del control al disciplinamiento simbólico
El mayor peligro no es la censura directa (prohibir, cerrar, encarcelar).
El verdadero riesgo es más sutil y más eficaz: el disciplinamiento simbólico.
¿Cómo funciona?
- El gobierno nombra: “esto es una mentira”, “esto es una operación”.
- El periodista deja de ser interlocutor crítico y pasa a ser sospechoso moral.
- La crítica se redefine como mala fe, no como discrepancia.
- El ciudadano aprende que cuestionar = operar.
No se necesita prohibir nada.
Basta con instalar miedo reputacional.
Eso produce el famoso chilling effect:
- autocensura,
- moderación artificial del lenguaje,
- evitación de temas incómodos,
- empobrecimiento del debate público.
La confusión deliberada entre error, crítica y conspiración
Una democracia sana distingue claramente:
- error factual (corregible),
- interpretación discutible,
- investigación periodística,
- opinión ideológica,
- desinformación deliberada (difícil de probar).
La noción de “operación” borra esas fronteras.
Todo puede convertirse en “mentira”:
- una primicia incompleta,
- una fuente que contradice al gobierno,
- una hipótesis incómoda,
- una lectura económica alternativa,
- una investigación en curso.
Cuando todo es sospechoso, nada es debatible.
Y cuando nada es debatible, la democracia se vacía.
El Estado como parte interesada no puede ser juez
Este es el núcleo teórico más grave:
- El Ejecutivo es objeto del control periodístico.
- Por definición, no puede ser el órgano que decide qué control es legítimo.
Es un conflicto de interés estructural.
Equivale a que:
- el acusado juzgue al fiscal,
- el poder controle al contrapoder,
- el gobierno certifique su propia inocencia.
Eso no es liberalismo, ni republicanismo, ni siquiera populismo clásico.
Es concentración discursiva del poder.
El relato del “enemigo interno” y la degradación cívica
La idea de que existen “medios que operan” introduce una lógica binaria:
- nosotros = verdad,
- ellos = mentira.
Esta lógica:
- rompe la confianza social,
- degrada la ciudadanía a hinchada,
- convierte el espacio público en campo de batalla.
En ese marco, el ciudadano deja de preguntarse:
“¿Esto es cierto?”
y pasa a preguntarse:
“¿De qué lado viene?”
Ese es el colapso del juicio crítico, condición esencial de la democracia.
De la libertad de expresión a la libertad condicionada
Formalmente, nadie prohíbe hablar.
Materialmente, hablar tiene costo.
Cuando el Estado:
- señala,
- expone,
- estigmatiza,
- desacredita desde arriba,
la libertad de expresión se transforma en:
“Puedes hablar, pero atente a las consecuencias”.
Eso ya no es libertad plena, es libertad condicionada por el poder.
El precedente es más peligroso que el uso actual
Incluso si hoy la oficina se usara “con moderación”, el problema es el precedente:
- mañana puede haber otro gobierno,
- con menos límites,
- con menos escrúpulos,
- con más vocación de castigo.
Las democracias no se destruyen por malas intenciones explícitas, sino por herramientas mal diseñadas que luego otros usan sin frenos.
La paradoja final: combatir la desinformación debilitando la democracia
La ironía es brutal:
En nombre de la verdad, se erosiona el mecanismo que permite buscarla.
Una democracia no se defiende:
- disciplinando la palabra,
- centralizando la verdad,
- sospechando del disenso.
Se defiende:
- con más transparencia,
- más datos abiertos,
- más debate,
- más educación cívica,
- más pluralismo.
La creación de una oficina estatal para “desenmascarar mentiras y operaciones” no es solo un problema de prensa.
Es una alteración del contrato democrático:
- El poder deja de aceptar ser interpelado.
- La crítica se redefine como enemistad.
- La verdad se centraliza.
- El ciudadano pierde un mediador esencial.
Cuando el poder se cree dueño de la verdad, la democracia ya empezó a perderse, incluso si las urnas siguen funcionando.
DECLARACIÓN DE LIBERTAS
En defensa de la libertad de expresión y la democracia
LIBERTAS manifiesta su profunda preocupación ante la creación en la República Argentina de mecanismos estatales destinados a “desenmascarar mentiras y operaciones” desde el poder ejecutivo.
En una democracia republicana, la verdad no es propiedad del gobierno, ni puede ser definida, certificada o administrada por el Estado.
La libertad de expresión no existe para proteger discursos cómodos o afines al poder, sino precisamente para garantizar la crítica, el disenso y el control ciudadano sobre quienes gobiernan.
Cuando el Estado asume el rol de árbitro de la verdad, se rompe un principio esencial de la democracia: el poder deja de rendir cuentas y comienza a juzgar a quienes lo interpelan. La estigmatización de la prensa, la confusión deliberada entre crítica y desinformación, y el señalamiento institucional de voces disidentes generan un efecto inhibidor que empobrece el debate público y debilita la ciudadanía.
LIBERTAS afirma que:
- La desinformación no se combate con verdades oficiales, sino con transparencia, datos abiertos y pluralismo.
- La crítica periodística no es una amenaza, sino un pilar del sistema democrático.
- Ningún gobierno puede erigirse en juez de las intenciones, opiniones o investigaciones de la prensa sin poner en riesgo las libertades fundamentales.
Defender la democracia implica aceptar el control, tolerar el disenso y resistir la tentación de disciplinar la palabra.
Sin libertad de expresión real, no hay república viva, solo poder sin contrapesos.
LIBERTAS
Por la Libertad, la Democracia y la República.