Transcribimos y comentamos artículo publicado en THE CONVERSATION sobre la agobiante situación de la disidencia venezolana.
El artículo aborda la detención de Oscar Alejandro Pérez, un conocido youtuber venezolano, acusado de terrorismo debido a un comentario que hizo en un vídeo sobre la Torre Credicard en Caracas. Aunque Pérez asegura que era una broma, su arresto se enmarca en un contexto de creciente represión por parte del presidente Nicolás Maduro, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales de julio.
El texto traza el contexto político venezolano, recordando la popularidad de Hugo Chávez y su movimiento bolivariano, que buscaba abordar las desigualdades a través de reformas progresistas. Sin embargo, tras la llegada de Maduro al poder, el país ha sufrido una serie de crisis económicas, incluyendo hiperinflación y escasez de productos básicos, lo que ha minado su popularidad.
Se menciona la falta de legitimidad en las elecciones de 2018, donde Maduro fue reelegido en medio de acusaciones de fraude electoral y descalificaciones de candidatos opositores. La oposición ha expresado su descontento en las calles, pero Maduro ha respondido utilizando grupos criminales para mantener su control.
La detención de Rocío San Miguel, abogada y crítica del gobierno, así como el asesinato de Ronald Ojeda, un exmilitar que protestaba contra Maduro en redes sociales, ejemplifican la represión hacia la disidencia. Se señala también el exilio masivo de venezolanos debido a la crisis económica y la represión política.
El artículo critica el deterioro del compromiso de Maduro con la celebración de elecciones libres y justas, destacando la inhabilitación de María Corina Machado, líder opositora. A pesar de ciertas concesiones económicas, la situación en Venezuela se describe como corrupta, autoritaria y represiva, con el régimen recurriendo a medidas desesperadas para mantenerse en el poder.
En resumen, el artículo ofrece una visión crítica de la situación política y social en Venezuela, resaltando la represión del gobierno de Maduro y sus esfuerzos por mantener el control a pesar de la creciente oposición y la presión internacional.
ARTICULO THE CONVERSATION
Published: April 16, 2024 6.21pm BST – Nicolas Forsans. Professor of Management and Co-director of the Centre for Latin American & Caribbean Studies, University of Essex
Oscar Alejandro Pérez, un popular youtuber venezolano que sube vídeos de viajes, fue detenido el domingo 31 de marzo acusado de terrorismo. Pérez fue retenido durante 32 horas por un vídeo que subió en 2023. En el vídeo, señala la Torre Credicard, un edificio de Caracas que alberga los servidores que facilitan las transacciones financieras del país, y dice bromeando: “Si lanzaran una bomba contra ese edificio todo el sistema bancario nacional colapsaría”. Fue acusado de instar a la gente a volar el edificio, algo que Pérez niega.
Su detención es la última prueba de la creciente represión del presidente Nicolás Maduro contra los derechos humanos y las libertades civiles, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio.
El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fue un presidente enormemente popular. Durante su mandato, lideró un movimiento social y político llamado «revolución bolivariana», cuyo objetivo era abordar las desigualdades sociales, económicas y políticas mediante una serie de reformas progresistas financiadas por la enorme riqueza petrolera de Venezuela.
Chávez murió en 2013 y Maduro (que entonces era vicepresidente) llegó al poder tras ganar por poco margen unas elecciones especiales. Al principio, Maduro gozó de la simpatía y el apoyo de muchos venezolanos leales a Chávez y a sus ideales socialistas.
Pero, desde su llegada al poder, Venezuela ha sufrido una serie de crisis económica. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y una profunda recesión le han hecho cada vez más impopular. Y la economía de Venezuela se ha contraído en un 70% bajo el liderazgo de Maduro.
Personas recogiendo agua liberada a través de una tubería junto a una carretera durante una escasez de agua en la capital, Caracas, en 2019. SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo
Consolidación del poder
La última vez que los venezolanos acudieron a las urnas fue en 2018. La contienda estuvo tan amañada que muchos países vecinos tacharon las elecciones de ilegítimas. Dos de los candidatos más populares de la oposición fueron descalificados o se les impidió presentarse, y Maduro ganó las elecciones en medio de denuncias de fraude electoral y otras irregularidades.
Muchos venezolanos se han desilusionado con Maduro y han salido a las calles para desahogar su ira. Ahora, al perder apoyos dentro del movimiento político chavista y del ejército venezolano, Maduro ha recurrido a grupos criminales para promover un Estado en el que los grupos armados ilegales actúan al servicio del gobierno.
Maduro ha consolidado su poder utilizando las instituciones del Estado para silenciar a los críticos, al tiempo que comete abusos contra los derechos humanos y se beneficia de la corrupción. Ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, como torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Y, según Amnistía Internacional, entre 240 y 310 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Como era de esperar, unos 7,7 millones de venezolanos han huido de la represión y las dificultades económicas en su país. Aproximadamente 3 millones de los desplazados han comenzado una nueva vida en Colombia, 1,5 millones de ellos han emigrado a Perú, mientras que otros se han dirigido al norte, a Estados Unidos. En España, el mayor receptor de emigrantes venezolanos en Europa, hay casi medio millón de ellos.
La crisis migratoria venezolana se ha convertido en la mayor del mundo, y el número de desplazados supera al de Ucrania y Siria.
Silenciar la disidencia
Los venezolanos acudirán a las urnas el 28 de julio. La detención de Pérez forma parte de una estrategia más amplia destinada a silenciar a la disidencia y reforzar el control del régimen sobre su pueblo, mientras Maduro busca la reelección.
El 9 de febrero, una destacada abogada y experta militar, Rocío San Miguel, fue detenida en Caracas antes de que varios miembros de su familia desaparecieran. San Miguel es conocida por su trabajo de denuncia de la corrupción en el ejército. Cuatro días después compareció en una audiencia acusada de traición a la patria, conspiración y terrorismo por su supuesto papel en un presunto complot para asesinar a Maduro.
Su detención desató una oleada de críticas dentro y fuera de Venezuela, entre ellas las del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente, se ordenó el cese de las operaciones de su oficina en Caracas por considerar que promovía la oposición al país y se ordenó al personal que abandonara el país en un plazo de 72 horas. No está claro si San Miguel sigue encarcelada.
En marzo, Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano de 32 años, fue hallado muerto en Chile, diez días después de su desaparición. Había protestado contra el gobierno de Maduro en las redes sociales vistiendo una camiseta con la palabra “libertad” escrita en el cuello y barrotes de prisión dibujados en el mapa de Venezuela.
Su cuerpo fue encontrado en una maleta bajo un metro de hormigón. Más tarde, los fiscales chilenos anunciaron que su secuestro y asesinato fue obra del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela.
No confíes en unas elecciones libres y justas
La represión de la sociedad civil venezolana plantea un dilema al gobierno de Joe Biden. En octubre de 2023, Maduro se aseguró un levantamiento parcial de las sanciones económicas de Estados Unidos (en vigor desde 2019) a cambio de un compromiso de celebrar elecciones presidenciales “libres y justas”, además de reformas políticas y la liberación de presos políticos.
Pero ese acuerdo se está deshaciendo rápidamente. En enero, la líder de la oposición y clara favorita en las encuestas, María Corina Machado, fue inhabilitada durante 15 años. Desde entonces, el gobierno de Biden ha reimpuesto algunas sanciones y ha amenazado con imponer otras nuevas al vital sector petrolero venezolano si no se llevan a cabo reformas políticas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla en una rueda de prensa en Caracas el 26 de marzo. Miguel Gutierrez / EPA
Venezuela se ha convertido en un Estado profundamente corrupto, autoritario y criminal que reprime la disidencia, obliga a huir a millones de sus ciudadanos y mata o secuestra a cualquiera que amenace al régimen. Sus ocasionales muestras de razón están motivadas únicamente por el beneficio económico.
En muchos sentidos, la represión política de Maduro refleja su creciente temor a que su régimen tenga los días contados, lo que le lleva a tomar medidas desesperadas para forzar un destino diferente. Una vez que un dictador se afianza, resulta muy difícil desalojarlo.
