La ciudadanía, entendida como el ejercicio activo de derechos y responsabilidades dentro de una comunidad política, atraviesa hoy una transformación profunda. El surgimiento del ciudadano digital implica que gran parte de la vida social, política y cultural se desenvuelve en entornos mediados por tecnologías y algoritmos. En este nuevo escenario, la pregunta central es cómo garantizar que la ciudadanía no sea reducida a la condición de usuario pasivo de plataformas, sino que mantenga su capacidad plena de decisión, crítica y participación.
La tensión entre control algorítmico y libertad individual define uno de los dilemas de nuestra época. Por un lado, las plataformas ofrecen espacios de interacción inéditos, ampliando el acceso a la información y a la participación pública. Por otro, imponen reglas invisibles de mediación —los algoritmos de recomendación, los sistemas de vigilancia y las dinámicas de monetización de datos— que condicionan la experiencia y limitan el margen de acción autónoma de los ciudadanos. Lo que está en juego no es solo la privacidad o la seguridad, sino la posibilidad misma de autodeterminación ciudadana en el entorno digital.
La autodeterminación implica que las personas, individual y colectivamente, puedan decidir cómo participan en la esfera pública, qué datos comparten, qué narrativas sostienen y cómo se organizan políticamente. A diferencia de la mera emancipación, que se entiende como ruptura de cadenas externas, la autodeterminación es un proceso continuo de afirmación de la voluntad ciudadana frente a las estructuras tecnológicas. No basta con liberarse de un control: es necesario construir capacidades críticas, normativas y técnicas que permitan ejercer el poder ciudadano en condiciones de equidad.
La ciudadanía es la base de la autodeterminación democrática. Las vulnerabilidades que enfrenta el ciudadano digital frente a la manipulación, la vigilancia y la desigualdad de acceso; el poder de las redes ciudadanas para resistir y transformar el ecosistema digital; las propuestas educativas, políticas y regulatorias buscan garantizar que la vida digital no sea un espacio de control y sometimiento, sino de ejercicio pleno de la Libertad, la Democracia y la República.
La nueva condición ciudadana en la era digital
La ciudadanía ha sido, históricamente, un concepto ligado al espacio físico: la plaza, el parlamento, la escuela, la calle. Sin embargo, en el siglo XXI se ha expandido hacia lo digital, donde gran parte de la deliberación política, la interacción social y la producción cultural transcurren en redes, plataformas y entornos virtuales. Esta transición no implica el abandono del espacio físico, sino su hibridación con escenarios digitales que influyen directamente en la vida democrática.
En esta nueva condición, el ciudadano ya no es únicamente un votante o un participante en asambleas; es también un actor digital permanente, cuyos datos, opiniones y comportamientos son registrados, procesados y utilizados por algoritmos que median la interacción pública. La identidad digital se convierte en una extensión inseparable de la identidad ciudadana, con implicaciones profundas: desde el acceso a servicios básicos hasta la participación política pueden depender de la reputación digital, los historiales en línea o los perfiles algorítmicos que definen a cada individuo.
El ciudadano digital enfrenta un doble desafío. Por un lado, se le abren oportunidades inéditas de participación: puede organizar protestas en redes sociales, fiscalizar gobiernos a través de plataformas colaborativas, impulsar campañas globales desde lo local y acceder a información antes restringida a élites. Por otro lado, su autonomía está amenazada por la mediación algorítmica, la comercialización de datos personales y la fragmentación del debate público. La ciudadanía digital es, así, una condición ambivalente: amplía horizontes de libertad, pero al mismo tiempo crea nuevas formas de dependencia y vulnerabilidad.
En este contexto, la autodeterminación ciudadana no significa solo tener derecho a votar cada cierto tiempo, sino poder decidir cómo se configura y se utiliza la propia presencia digital. Implica tener control sobre los datos, capacidad de auditar a quienes los procesan y libertad para participar en el debate público sin ser manipulado por burbujas de información o sistemas de vigilancia encubiertos. La ciudadanía digital, bien concebida, debería ser sinónimo de poder efectivo para decidir en la era de los algoritmos.
Vulnerabilidades del ciudadano digital
El ciudadano digital, lejos de ser un sujeto plenamente autónomo, está atravesado por múltiples vulnerabilidades que condicionan su capacidad de autodeterminación. Estas debilidades no son únicamente técnicas, sino también sociales, económicas y culturales, lo que las convierte en un desafío integral para la democracia contemporánea.
En primer lugar, la vulnerabilidad más evidente es la manipulación informativa. Los algoritmos de recomendación no solo priorizan ciertos contenidos, sino que moldean percepciones, emociones y decisiones. El ciudadano digital puede creer que ejerce su libertad al elegir qué consumir, cuando en realidad su horizonte de opciones está delimitado por sistemas diseñados para maximizar la atención, no la pluralidad. En este contexto, la autonomía se convierte en un espejismo: la información que llega al usuario ya está filtrada, jerarquizada y cargada de sesgos invisibles.
Otra vulnerabilidad crítica es la vigilancia encubierta. La ciudadanía digital se desarrolla en un entorno donde cada interacción deja huellas: clics, búsquedas, historiales de ubicación, datos biométricos. Estos rastros son recolectados y procesados, muchas veces sin consentimiento informado, para alimentar economías de datos y sistemas de seguridad. Así, la vida privada se diluye, y el ciudadano digital se convierte en un sujeto permanentemente observable, lo que debilita su capacidad de autodeterminación y de acción política libre.
Las desigualdades socioeconómicas y educativas agravan aún más estas vulnerabilidades. El acceso a internet y a dispositivos de calidad no está garantizado en todas las regiones ni para todos los sectores sociales. Pero incluso cuando el acceso existe, persisten las brechas de competencias digitales: quienes carecen de formación crítica son más susceptibles a la manipulación, al fraude y a la exclusión de los espacios de participación digital. Así, la brecha digital se convierte en una brecha ciudadana: no todos tienen las mismas oportunidades de ejercer plenamente sus derechos en la esfera digital.
Finalmente, la vulnerabilidad se expresa en la fragmentación identitaria. El ciudadano digital no tiene una sola identidad, sino múltiples perfiles dispersos en plataformas distintas, que muchas veces son interpretados y clasificados de maneras divergentes por los algoritmos. Esta dispersión puede llevar a incoherencias, exclusiones o manipulaciones que afectan directamente la autonomía individual. La identidad digital se convierte en un campo de disputa donde el sujeto no siempre tiene el control sobre su propia representación.
El ciudadano digital se enfrenta a un escenario de poder desigual: mientras se le ofrecen herramientas de participación inéditas, también se lo coloca en una posición de dependencia frente a sistemas que limitan su capacidad de decidir y de autodeterminarse. Reconocer estas vulnerabilidades es el primer paso para transformarlas en fortalezas, mediante políticas públicas, educación crítica y nuevas formas de organización ciudadana.
Poder ciudadano en red
A pesar de las vulnerabilidades señaladas, el ciudadano digital no es un sujeto pasivo sometido indefinidamente al poder de los algoritmos y las plataformas. Por el contrario, la historia reciente demuestra que la digitalización también ha abierto espacios para el ejercicio del poder colectivo en red, capaces de influir en la agenda pública, movilizar a millones de personas y resistir narrativas dominantes.
El poder ciudadano en red se expresa, en primer lugar, en los movimientos sociales digitales. Desde la Primavera Árabe, la capacidad de articulación en plataformas digitales ha permitido que demandas largamente silenciadas encuentren un canal de expresión global. En América Latina, la organización digital en torno a temas de justicia social y ambiental muestran cómo los ciudadanos, armados con teléfonos móviles y conectividad, pueden irrumpir en la esfera pública sin necesidad de intermediarios tradicionales.
Este poder en red no solo moviliza, también fiscaliza. Plataformas colaborativas permiten a ciudadanos controlar gastos públicos, denunciar corrupción o mapear en tiempo real violaciones a derechos humanos. Ejemplos como Ushahidi en Kenia —una aplicación que nació para mapear violencia electoral— o iniciativas latinoamericanas de observación ciudadana digital, prueban que la ciudadanía conectada puede convertirse en una fuerza de vigilancia democrática.
Otra dimensión de este poder radica en la co-creación de conocimiento y soluciones. La ciudadanía digital no se limita a consumir información, sino que produce contenidos, comparte saberes y construye bienes comunes en línea. Wikipedia, proyectos de software libre o plataformas de ciencia ciudadana ilustran el potencial de las comunidades distribuidas para crear valor social fuera de la lógica del mercado.
No obstante, este poder en red enfrenta tensiones. Las mismas plataformas que permiten organizar protestas pueden censurarlas bajo presión gubernamental o intereses corporativos. Las campañas ciudadanas que buscan justicia pueden ser atacadas mediante campañas de desinformación orquestadas. Y los movimientos digitales corren el riesgo de caer en la efervescencia efímera, movilizando multitudes sin generar estructuras duraderas de cambio político.
Por eso, el verdadero desafío del poder ciudadano en red es trascender la lógica del trending topic y consolidarse como una fuerza sostenida de autodeterminación democrática. La ciudadanía digital debe aprender a combinar la rapidez de la movilización en redes con la construcción de instituciones, alianzas y estructuras que aseguren continuidad y profundidad en sus demandas. Solo así podrá contrarrestar el poder concentrado de corporaciones y Estados en el espacio digital.
Resistencia y autodeterminación frente al poder algorítmico
La ciudadanía digital no solo se define por su vulnerabilidad, sino también por su capacidad de resistencia. Frente a la concentración de poder en algoritmos y plataformas, surgen prácticas, movimientos y herramientas orientadas a recuperar control, proteger derechos y ejercer la autodeterminación en el espacio digital.
Una de las formas más visibles de resistencia es el uso de tecnologías de protección y cifrado. El ciudadano digital puede recurrir a herramientas de comunicación encriptada, navegadores que limitan la vigilancia, sistemas de anonimización o redes descentralizadas para reducir la dependencia de los gigantes tecnológicos. Estas prácticas no solo son técnicas: son gestos políticos que afirman la voluntad de proteger la autonomía frente al control algorítmico.
Otra estrategia de resistencia es la soberanía de datos. Cada vez más movimientos impulsan la idea de que los datos personales no deben ser considerados una mercancía propiedad de las plataformas, sino un recurso que pertenece al ciudadano. Iniciativas de data trusts, proyectos de gestión comunitaria de datos y experimentos de propiedad digital apuntan hacia un modelo donde la ciudadanía pueda decidir cómo, cuándo y para qué se usan sus datos. La autodeterminación digital implica precisamente este control: que no sean otros quienes definan el destino de la información personal.
En paralelo, existen formas de resistencia colectiva y organizada. Comunidades digitales promueven campañas de auditoría ciudadana de algoritmos, presionan a los gobiernos para que aprueben leyes de transparencia y se movilizan para denunciar abusos corporativos. Estos movimientos combinan el poder en red con la exigencia de accountability, recordando que la democracia no puede delegar su soberanía en sistemas opacos ni en corporaciones transnacionales.
Pero la resistencia no se limita a rechazar lo existente: también implica crear alternativas. Proyectos de software libre, redes sociales descentralizadas como Mastodon, criptomonedas comunitarias y sistemas de voto electrónico transparente son ejemplos de cómo la ciudadanía digital puede construir infraestructuras propias para reducir la dependencia de plataformas concentradas. La autodeterminación digital no se alcanza únicamente diciendo “no” al poder algorítmico, sino diseñando y practicando otras formas de interacción tecnológica.
La resistencia frente al poder algorítmico exige una conciencia política que trascienda lo técnico. Los ciudadanos deben reconocer que la tecnología no es neutral, que está cargada de decisiones políticas, económicas y culturales, y que solo mediante la acción colectiva se pueden revertir los desequilibrios de poder. La autodeterminación digital se logra cuando la ciudadanía se reconoce como actor político en el ámbito tecnológico, defendiendo sus derechos con la misma firmeza con la que defiende su participación en las instituciones tradicionales.
Educación y alfabetización algorítmica
La autodeterminación del ciudadano digital no puede sostenerse únicamente en marcos regulatorios o en tecnologías alternativas; requiere de una formación crítica que le permita comprender, cuestionar y transformar los sistemas algorítmicos que median su vida. La educación se convierte aquí en el terreno decisivo: es el espacio donde los individuos adquieren las herramientas cognitivas, éticas y técnicas para resistir la manipulación y ejercer su libertad en entornos digitales.
I. De la alfabetización digital a la alfabetización algorítmica
Tradicionalmente, hablar de alfabetización digital significaba aprender a usar dispositivos y plataformas. Hoy, ese enfoque resulta insuficiente. Como advierte Neil Selwyn (2016), la educación digital no debe limitarse a “enseñar a hacer clic”, sino a comprender cómo funcionan los sistemas, quién los controla y con qué fines. La verdadera alfabetización algorítmica exige que los ciudadanos aprendan a “leer y escribir” en un ecosistema mediado por la inteligencia artificial.
Esto implica tres niveles:
- Comprensión técnica básica: saber qué es un algoritmo, cómo procesa datos y de qué manera influye en lo que vemos o hacemos en línea.
- Pensamiento crítico: cuestionar la neutralidad tecnológica, identificar sesgos y reflexionar sobre las consecuencias sociales de las decisiones automatizadas.
- Capacidad de intervención: desde ajustar configuraciones de privacidad hasta participar en debates regulatorios o incluso aprender nociones de programación y ciencia de datos.
II. Educación como defensa de la libertad
La UNESCO (2021) sostiene que “la alfabetización mediática e informacional es un derecho humano fundamental en la era digital”. Este derecho se traduce en la necesidad de preparar a los ciudadanos no solo para consumir información, sino para defender su libertad frente a la manipulación algorítmica. Un ciudadano educado algorítmicamente es capaz de detectar burbujas de filtro, cuestionar narrativas falsas y reclamar transparencia en el uso de sus datos.
Desde esta perspectiva, la educación no es un adorno cultural, sino una barrera de protección democrática. Como afirma Paulo Freire (1970), la educación debe ser un acto de liberación y conciencia crítica; en la era digital, esto significa dotar al ciudadano de la capacidad de nombrar y enfrentar al algoritmo, en lugar de aceptarlo como un destino inevitable.
III. La escuela y la universidad como trincheras democráticas
Las instituciones educativas son actores clave en esta tarea. En la escuela, se debe formar desde edades tempranas a niños y jóvenes para que comprendan la diferencia entre información confiable y desinformación, entre elección autónoma y manipulación algorítmica. En la universidad, se requiere integrar en todas las disciplinas —no solo en informática— un enfoque crítico sobre el impacto social de la inteligencia artificial.
Ejemplos de buenas prácticas ya existen:
- Finlandia, pionera en educación mediática, incluye módulos de análisis crítico de medios y algoritmos en la enseñanza básica.
- Unión Europea, a través de programas como DigComp, promueve competencias digitales que van más allá del uso instrumental.
- UNESCO, con su Framework for AI Competency in Education (2022), insiste en que la IA debe enseñarse no solo como herramienta, sino como objeto de reflexión ética y política.
IV. Ciudadanía crítica frente al poder algorítmico
La alfabetización algorítmica no debe ser vista como un lujo académico, sino como un derecho de todos los ciudadanos. Como sostiene Cathy O’Neil (2016), “los algoritmos son opiniones incrustadas en código”, y por tanto deben ser objeto de debate público. Un ciudadano educado no solo se protege de la manipulación, sino que se convierte en actor político activo que exige transparencia, regulación y control democrático sobre la tecnología.
En este sentido, la educación para la autodeterminación digital requiere:
- Formar competencias críticas y éticas, no solo técnicas.
- Promover el aprendizaje continuo, dado que los sistemas evolucionan rápidamente.
- Incorporar la perspectiva ciudadana, para que los individuos se reconozcan como sujetos de derechos en el entorno digital.
V. Un compromiso democrático ineludible
La defensa de la Libertad, la Democracia y la República en la era digital pasa inexorablemente por el aula. Allí se decide si los ciudadanos del futuro serán meros consumidores de narrativas algorítmicas o sujetos libres capaces de autodeterminar su vida digital. La educación algorítmica no es un complemento: es el corazón mismo de la resistencia democrática frente a las nuevas formas de dominación tecnológica.
Educación y alfabetización algorítmica (versión extendida y contextualizada)
Defender la autodeterminación del ciudadano digital exige algo más que regulaciones o tecnologías: necesita educación crítica y contextualizada, capaz de articular saberes técnicos, reflexivos y democráticos. En Uruguay, esa tarea está en marcha, con iniciativas sólidas en los sistemas formal e informal de enseñanza.
Avances y políticas educativas en Uruguay
1. Alfabetización mediática e informacional (AMI) en el currículo nacional
Desde 2023, Uruguay ha incorporado explícitamente la alfabetización mediática e informacional (AMI) en sus programas de educación básica integrada. Aunque inicialmente se menciona en el noveno grado, se han identificado objetivos curriculares relacionados en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la secundaria). Esta implementación temprana subraya la convicción del país de que los ciudadanos deben construir capacidad crítica desde pequeñas edades.
2. Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital 2024–2028
Presentada en abril de 2024, esta política pública marca una hoja de ruta para promover la ciudadanía digital como derecho y responsabilidad. Incluye formación online gratuita, cursos sobre protección de datos, convivencia digital y desinformación, e integra el enfoque de derechos humanos en el entorno digital.
3. El legado de Ceibal y la conectividad educativa
Desde 2007, el Plan Ceibal ha entregado computadoras y conectividad a estudiantes y docentes. Su impacto ha sido profundo: no solo redujo la brecha digital, sino que permitió el crecimiento del aprendizaje digital, transformando la educación pública uruguaya.
4. Red Global de Aprendizajes como impulsora de pedagogías innovadoras
Desde 2014, Uruguay trabaja con esta red para promover entornos educativos colaborativos y centrados en el aprendizaje profundo. Esta red ha logrado transformar la práctica docente, fomentar la creatividad y preparar estudiantes para una ciudadanía global activa.
5. Inclusión digital comunitaria desde los infocentros
Mediante la Red USI, Uruguay dispone de más de 250 infocentros —en colaboración con Antel, el MEC y autonomía municipales— que brindan capacitación digital a comunidades desfavorecidas, consolidando espacios de aprendizaje público y de inclusión digital.
Claves para una educación que fortalezca la autodeterminación digital
- Formación integral y transversales
No basta con enseñar herramientas digitales: se necesita enseñanza continua de pensamiento crítico, ética digital y habilidades para entender y auditar algoritmos. Uruguay comienza a hacerlo con la AMI curricular y la ciudadanía digital como enfoque transversal. - Apoyo al docente como agente transformador
Ceibal y la Red Global de Aprendizajes demuestran que la educación digital solo da frutos si los docentes reciben formación efectiva, pedagógica y práctica para integrar las tecnologías de forma significativa. - Acceso equitativo y conexión real
La universalización del acceso digital mediante Ceibal y la reducción de brechas demuestran que Uruguay puede garantizar condiciones mínimas de participación digital para todos. - Espacios de participación activa
Iniciativas como el sitio web “Ciudadanía Digital Uruguay” ofrecen cursos, recursos, juegos educativos y materiales descargables que convierten al ciudadano en actor informado y participativo - Educación flexible y contextualizada
La introducción de materias como “Comunicación y Sociedad” en el nuevo currículo (Plan de Educación Básica Integrada) permite abordar temáticas relevantes para la ciudadanía digital desde una base ética y crítica.
Uruguay demuestra que educar para la autodeterminación digital es posible cuando hay voluntad política, planificación estratégica y compromiso de largo plazo. Incorporar la alfabetización algorítmica en la educación formal, fortalecer al docente, garantizar acceso digital, y construir espacios de participación activa son condiciones que generan una ciudadanía digital realmente autónoma, crítica y capaz de preservar la Libertad, la Democracia y la República en la era de la IA.
Políticas públicas para fortalecer la ciudadanía digital
El ciudadano digital no puede sostener su autodeterminación únicamente a partir del esfuerzo individual o de la educación crítica. La acción del Estado y de las políticas públicas resulta indispensable para garantizar condiciones estructurales que permitan ejercer derechos digitales en igualdad de oportunidades. La ciudadanía digital, entendida como extensión de la ciudadanía republicana, exige marcos normativos claros, instituciones sólidas y políticas inclusivas.
I. Marco legal y normativo
Las democracias deben avanzar hacia un Bill of Rights digital, un conjunto de garantías básicas que reconozcan explícitamente la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión en línea y el acceso universal a internet como derechos ciudadanos. Uruguay ya ha dado pasos con su Ley de Protección de Datos Personales (2008, actualizada en 2018) y con la Estrategia de Ciudadanía Digital 2024–2028, pero aún queda pendiente avanzar hacia normas que contemplen la transparencia algorítmica, el derecho a explicación frente a decisiones automatizadas y mecanismos ágiles de reparación ante abusos.
II. Acceso equitativo y reducción de brechas
El Plan Ceibal marcó un hito en América Latina, reduciendo la brecha digital de acceso. Sin embargo, el desafío actual va más allá de entregar dispositivos: se trata de garantizar conectividad de calidad, alfabetización crítica y equidad de oportunidades digitales. Políticas públicas deben asegurar que la ciudadanía digital no quede restringida a quienes ya poseen capital económico o cultural, sino que se extienda a todos los sectores sociales, incluyendo a comunidades rurales, adultos mayores y personas con discapacidades.
III. Transparencia y control ciudadano sobre el Estado digital
El Estado, en su rol de garante de derechos, debe también ser objeto de vigilancia democrática. Es necesario implementar:
- Registros públicos de algoritmos utilizados en servicios estatales (salud, justicia, seguridad).
- Auditorías externas y periódicas sobre sistemas de vigilancia y procesamiento de datos.
- Mecanismos de participación ciudadana en la definición de políticas tecnológicas.
De este modo, se evita que el propio Estado se convierta en agente de opresión digital y se consolida la confianza en las instituciones republicanas.
IV. Fomento de la innovación cívica y el software público
Las políticas públicas pueden también impulsar la creación de plataformas digitales de código abierto y software público, que permitan a la ciudadanía no solo utilizar herramientas, sino también comprenderlas y transformarlas. Proyectos de datos abiertos y aplicaciones cívicas fomentan una relación de colaboración entre Estado y ciudadanía, reduciendo la dependencia de corporaciones extranjeras.
V. Cooperación regional e internacional
El ciudadano digital uruguayo es también parte de un ecosistema global. Las políticas nacionales deben complementarse con acuerdos regionales (Mercosur, OEA) que promuevan estándares comunes de derechos digitales, protección frente a la desinformación y combate al autoritarismo digital. La cooperación internacional es clave para evitar el aislamiento y para enfrentar la escala transnacional de los problemas digitales.
VI. Políticas públicas como garantía de autodeterminación
La autodeterminación digital no puede quedar librada a la buena voluntad de las plataformas ni a la iniciativa individual. Solo con políticas públicas que aseguren derechos, acceso, transparencia e innovación, la ciudadanía podrá sostener su poder en la era de los algoritmos. La acción estatal, lejos de ser vista como control, debe asumirse como garantía republicana para proteger la Libertad y fortalecer la Democracia en un entorno digital cada vez más complejo.
El papel de la cooperación internacional y de las redes cívicas globales
La ciudadanía digital, aunque enraizada en contextos nacionales, se despliega en un espacio radicalmente transnacional. Los algoritmos que regulan nuestra interacción no conocen fronteras: una decisión en Silicon Valley afecta a Montevideo, una campaña de desinformación en Moscú puede alterar elecciones en América Latina, y una regulación en Bruselas impacta en todas las plataformas globales. Por eso, la defensa de la autodeterminación ciudadana no puede limitarse al plano local: requiere una cooperación internacional activa y la articulación de redes cívicas globales.
I. Redes democráticas frente al autoritarismo digital
En un mundo donde regímenes autoritarios exportan tecnologías de vigilancia y manipulación digital, las democracias deben construir coaliciones que protejan a sus ciudadanos. Experiencias como la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP) muestran que es posible articular compromisos internacionales para aumentar transparencia y participación. Algo similar se necesita en el terreno digital: un pacto global por los derechos digitales, que asegure estándares mínimos de privacidad, libertad de expresión y acceso equitativo.
II. Ciudadanía digital como sujeto global
El ciudadano digital no está solo: forma parte de comunidades transnacionales que se organizan en torno a causas compartidas. Movimientos como Fridays for Future o Ni Una Menos muestran cómo la ciudadanía puede trascender fronteras y actuar en red para incidir en agendas globales. La misma lógica puede aplicarse a la defensa de derechos digitales: colectivos de hackers cívicos, periodistas de investigación, ONGs y universidades forman tejidos globales de resistencia frente a la manipulación algorítmica.
III. Organismos internacionales y marcos normativos
Organismos como la ONU, UNESCO y la OEA ya han impulsado resoluciones sobre derechos digitales, alfabetización mediática y combate a la desinformación. Sin embargo, todavía falta un tratado vinculante internacional que limite la exportación de tecnologías de vigilancia a regímenes represivos y que garantice mecanismos efectivos de reparación para ciudadanos afectados por abusos digitales. Un acuerdo de este tipo funcionaría como una “Convención de Ginebra” para la era digital.
IV. Redes cívicas y cooperación Sur-Sur
En América Latina, donde la regulación todavía es incipiente, la cooperación regional puede jugar un papel decisivo. La Red Latinoamericana de Alfabetización Mediática, los proyectos de verificación colaborativa como Chequeado y las alianzas en el marco de la OEA son pasos iniciales hacia un ecosistema de defensa ciudadana regional. Uruguay, con su Estrategia de Ciudadanía Digital 2024–2028, puede ser un referente en la región si logra consolidar políticas inclusivas y compartir experiencias con países vecinos.
V. Autodeterminación global: de lo local a lo planetario
El desafío final es comprender que la autodeterminación ciudadana no se juega solo en el barrio o en el país, sino también en la arena internacional. La ciudadanía digital planetaria implica que los ciudadanos, a través de sus Estados, ONGs, movimientos sociales y plataformas tecnológicas, construyan un marco compartido de defensa de la Libertad, la Democracia y la República en el ciberespacio. En un mundo hiperconectado, la cooperación internacional no es una opción: es la única vía para evitar que la manipulación y la vigilancia digital se conviertan en normas globales.
La figura del ciudadano digital emerge como protagonista de una era marcada por algoritmos, datos masivos y plataformas globales que median nuestra vida social, cultural y política. Lejos de ser un mero consumidor pasivo de tecnología, el ciudadano digital es sujeto de derechos y responsabilidades, portador de vulnerabilidades, pero también de poder. La clave de este capítulo ha sido mostrar que, frente a la manipulación y la vigilancia, la autodeterminación se convierte en el horizonte fundamental para sostener la Libertad, la Democracia y la República.
El recorrido mostró que la ciudadanía digital está atravesada por contradicciones: oportunidades inéditas de participación y colaboración conviven con riesgos de control y dependencia. La vulnerabilidad frente a algoritmos opacos y economías extractivas de datos exige respuestas multilaterales: educación crítica, marcos regulatorios sólidos, innovación ciudadana y cooperación internacional. Pero también exige algo más profundo: la conciencia de que la tecnología es un campo de disputa política. No hay neutralidad en el diseño de un algoritmo, ni en la forma en que circula la información. Cada decisión técnica encierra opciones sobre qué sociedad queremos construir.
La autodeterminación ciudadana no se alcanza solo a través de leyes ni de software alternativo, sino mediante una ciudadanía educada, crítica y activa, que no acepte sin más los relatos ofrecidos por plataformas y gobiernos, sino que cuestione, participe y proponga. La educación algorítmica, la creación de redes cívicas globales y la implementación de políticas públicas inclusivas son los pilares que permitirán transformar la condición digital en una oportunidad de libertad y no en un mecanismo de sumisión.
En última instancia, este capítulo reafirma la convicción de que la ciudadanía digital debe ser un poder autodeterminado: capaz de resistir la manipulación, de construir alternativas y de defender los valores esenciales de la vida republicana en la era de la inteligencia artificial. La Libertad no es simplemente un derecho que se concede; es una práctica que se ejerce. Y en el siglo XXI, ejercerla implica también aprender a habitar el espacio digital con conciencia, dignidad y responsabilidad.
La serie DemocracIA, algoritmos y humanos en la defensa de la Libertad da un paso más: desde los algoritmos invisibles (capítulo 2), la vigilancia y la posverdad (capítulos 3 y 4), hasta la figura central del ciudadano digital (capítulo 5), se ha construido un mapa de los desafíos democráticos de nuestro tiempo. El camino que se abre ahora nos lleva a explorar cómo las instituciones republicanas y los sistemas democráticos deben transformarse para sostener su legitimidad en este nuevo escenario.
Comentarios Generales:
El rol de LIBERTAS en defensa de la LIBERTAD, la DEMOCRACIA y la REPÚBLICA.
La serie DemocracIA ha mostrado, en sus cinco primeros capítulos, que la democracia contemporánea enfrenta desafíos inéditos derivados de la irrupción de la inteligencia artificial, la manipulación algorítmica y la desinformación digital. En este trayecto, LIBERTAS no aparece como un observador pasivo, sino como un actor comprometido con la construcción de una respuesta cultural, ética y política frente a estas amenazas.
El rol de LIBERTAS se fundamenta en tres principios inseparables: Libertad, Democracia y República. La Libertad, entendida no solo como ausencia de coerción, sino como capacidad efectiva de autodeterminación en la era digital; la Democracia, concebida como el espacio plural donde los ciudadanos deliberan sobre hechos compartidos, no sobre ficciones manipuladas; y la República, como la estructura institucional que garantiza la división de poderes, la transparencia y el control del poder tecnológico.
Hasta aquí, la serie ha permitido identificar que la defensa de la libertad requiere proteger la verdad, que la democracia solo se sostiene con ciudadanos críticos y educados y que la República debe extender su vigilancia al espacio digital, regulando algoritmos y plataformas que, de otra manera, operarían sin rendición de cuentas. En este marco, LIBERTAS se reconoce como un punto de articulación entre investigación, educación y acción ciudadana, uniendo tradición republicana y desafíos tecnológicos contemporáneos.
El aporte distintivo de LIBERTAS ha sido insistir en que la batalla por la democracia en el siglo XXI no se libra únicamente en parlamentos o tribunales, sino también en los espacios digitales donde se configuran percepciones, narrativas y decisiones colectivas. Defender la libertad significa educar en alfabetización algorítmica; defender la democracia significa combatir la desinformación y la posverdad; defender la República significa construir marcos normativos e internacionales que limiten la arbitrariedad del poder tecnológico.
Este capítulo de comentarios generales subraya que LIBERTAS no se plantea como un proyecto cerrado, sino como una red viva de reflexión y acción. Su misión es convocar a docentes, estudiantes, ciudadanos, académicos y políticos a reconocer que la inteligencia artificial y los algoritmos no son neutrales: son espacios de disputa. Y en esa disputa, la voz de los ciudadanos debe ser clara, organizada y persistente.
Con lo recorrido hasta ahora, LIBERTAS reafirma su convicción de que la defensa de la Libertad, la Democracia y la República en la era digital requiere combinar análisis crítico, educación transformadora y acción colectiva. Esa es la brújula que orienta cada capítulo de esta serie, y que seguirá guiando los próximos.