REPORTE DE PRENSA
Consejo de Derechos Humanos
Organización de las Naciones Unidas
GINEBRA – La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo.
En la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el resultado parcial de las elecciones presidenciales, proclamando vencedor al Presidente Nicolas Maduro. Desde entonces, miles de personas (incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores) han salido a las calles y plazas del país para expresar su desacuerdo por los resultados.
La Misión ha estado recibiendo información creíble sobre detenciones, personas heridas y fallecidas, así como violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como “colectivos”) en el marco de esas protestas. Los incidentes registrados se desarrollaron en al menos 17 de los 23 Estados del país y en el distrito capital.
La Misión ha registrado, hasta el momento, al menos seis muertes, así como decenas de heridos entre las personas que han salido a manifestarse, sin que existan datos oficiales al respecto. El Fiscal General informó sobre la muerte de un miembro de la fuerzas armadas y 46 heridos entre militares y policías.
Ademas, la Misión ha tomado conocimiento de que cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil, identificadas prima facie como miembros de “colectivos”, dispararon armas de fuego contra las personas que se estaban manifestando.
“Las operaciones de control del orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y debe orientarse a la protección de la vida humana,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Mision.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha anunciado la detención de 749 personas en el marco de las protestas. Mientras que algunas de estas personas han sido liberadas, otras permanecen detenidas, y algunas enfrentan imputaciones graves, como delitos de terrorismo.
La Misión expresa su preocupación por la aprehensión del Coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, y dos personas más que le acompañaban por individuos encapuchados armados en la mañana del 30 de julio. Información preliminar obtenida por la Misión indica que dichos individuos serían miembros del SEBIN. Otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos en las últimas horas. Además, el Fiscal General anunció una investigación contra la principal lideresa opositora, María Corina Machado, a la que vinculó a un ataque cibernético contra el CNE durante la jornada electoral.
“Nos preocupa esta nueva ola de persecución contra los lideres y lideresas de los partidos políticos de la oposición,” dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas.”
La Misión también expresa su preocupación por la situación de las siete personas opositoras asiladas en la residencia del Embajador de Argentina, que han sido objeto de hostigamiento por parte de grupos de civiles en los últimos días.
“Las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos por subalternos. Asimismo, deben prevenir su comisiónm” dijo Francisco Cox, experto de la Misión. Cox agregó que “que toda detención debe ser conforme a los estándares internacionales sobre el debido proceso.”
“Por su parte, la Misión seguirá muy atenta e investigará las violaciones graves a los derechos humanos que ocurran en el contexto post electoral, conforme a su mandato”, dijo Valiñas. “Esto incluye analizar las fuerzas y los individuos responsables por dichas violaciones.”
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará su próximo informe anual durante el dialogo interactivo del Consejo en septiembre.
Análisis de LIBERTAS
Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela
Acceso al reporte completo: https://drive.google.com/file/d/14xEZuWpFrI-jYP1Hrqzvpq8Mcd0HcGTb/view?usp=sharing
1. Represión de Protestas y Violaciones del Derecho a la Vida
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las manifestaciones ciudadanas en contra de los resultados fueron duramente reprimidas por las fuerzas del Estado y grupos armados afines al gobierno. Las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego contra los manifestantes, lo que resultó en 25 muertes documentadas, la mayoría por heridas de bala. Además, hubo cientos de heridos y detenidos, incluyendo a niños y personas con discapacidad(a-hrc-57-57-es).
Este nivel de represión viola el derecho a la vida, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. La brutalidad con la que se respondieron a las protestas es un claro ejemplo de un Estado que utiliza la violencia como herramienta para suprimir el disenso político, atentando contra la esencia misma de la democracia y generando un ambiente de miedo y autocensura.
2. Detenciones Arbitrarias y Violaciones del Debido Proceso
Las detenciones arbitrarias aumentaron notablemente durante y después del proceso electoral. Las autoridades realizaron arrestos indiscriminados, muchas veces sin orden judicial o justificación clara, violando el derecho a la libertad personal y el debido proceso. Entre los arrestados hubo miembros de la oposición, periodistas, ciudadanos comunes que protestaban o simplemente personas sospechosas por su vestimenta o por estar cerca de una manifestación(a-hrc-57-57-es).
Estas detenciones incluyeron graves violaciones del debido proceso, como la negación del derecho a un abogado de elección, juicios sumarios sin posibilidad de defensa adecuada, y la imputación de delitos graves como terrorismo o incitación al odio sin pruebas suficientes. Las autoridades judiciales y policiales actuaron en colusión, negando incluso la presentación de recursos de habeas corpus en algunos casos(a-hrc-57-57-es).
Este tipo de detenciones, además de violar derechos fundamentales, crean un ambiente donde la justicia es selectiva y politizada, debilitando las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
3. Desapariciones Forzadas de Corta Duración
Se documentaron múltiples casos de desapariciones forzadas de corta duración, donde las autoridades detuvieron a individuos sin informar a sus familiares o abogados, y los mantuvieron en lugares desconocidos durante días o semanas. En algunos casos, las personas fueron sometidas a tortura y luego liberadas sin cargos o presentadas ante tribunales bajo procedimientos irregulares(a-hrc-57-57-es).
Las desapariciones forzadas constituyen una de las violaciones más graves de los derechos humanos. No solo privan de la libertad a las personas de manera ilegal, sino que además generan un ambiente de terror y desamparo en la población, erosionando las garantías democráticas y el respeto a la dignidad humana.
4. Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
El informe destaca numerosos casos de tortura a personas detenidas, incluyendo líderes opositores y manifestantes. Los métodos utilizados incluyeron descargas eléctricas en genitales, golpes, asfixia, privación del sueño y violencia sexual. Estos actos no solo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que buscan quebrar el espíritu de oposición a través de la violencia física y psicológica(a-hrc-57-57-es)(a-hrc-57-57-es).
La tortura como política de Estado demuestra un sistema represivo profundamente arraigado, diseñado para intimidar y eliminar cualquier resistencia política. Estas acciones no solo suprimen la disidencia, sino que envían un mensaje claro de que cualquier forma de oposición será castigada con brutalidad extrema.
5. Restricciones al Espacio Cívico y Democrático
Durante el período cubierto por el informe, las restricciones a la libertad de expresión, asociación y prensa se intensificaron. El gobierno venezolano aumentó la persecución de periodistas y cerró medios de comunicación que criticaban al gobierno. Se bloquearon sitios web y redes sociales, y el gobierno aprobó leyes para controlar a las organizaciones no gubernamentales y restringir la libertad de asociación(a-hrc-57-57-es).
Además, la Asamblea Nacional aprobó leyes que criminalizan ideologías opositoras, calificando a los opositores de «fascistas» y restringiendo sus derechos políticos. Estas medidas draconianas no solo violan el derecho a la libertad de expresión, sino que eliminan las bases de una sociedad democrática al silenciar cualquier crítica o cuestionamiento al gobierno(a-hrc-57-57-es).
6. Crímenes de Lesa Humanidad y el Crimen de Persecución
El informe señala que muchas de estas violaciones de derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones, pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Estos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, dirigido por el gobierno para silenciar y anular a la oposición política(a-hrc-57-57-es).
Estos crímenes incluyen persecución política basada en la orientación ideológica y la participación en actividades de oposición. La utilización del aparato estatal para llevar a cabo estas acciones demuestra un patrón claro de violaciones sistemáticas y generalizadas que tienen como objetivo perpetuar el poder y destruir las libertades democráticas.
Conclusiones
El informe revela una estrategia sistemática del Estado venezolano para suprimir la oposición y restringir las libertades fundamentales mediante la represión violenta, el control de la información y la instrumentalización de las instituciones judiciales para perseguir a los disidentes. Estas acciones no solo violan los derechos humanos, sino que representan una amenaza grave y directa a la democracia. Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las restricciones a la libertad de expresión y asociación destruyen el tejido democrático del país, consolidando un régimen autoritario que actúa impunemente para mantener su poder.
El Estado venezolano ha implementado una política sistemática de represión contra manifestantes, opositores y ciudadanos que expresan su desacuerdo con el gobierno. La brutal represión de las protestas post-electorales, que resultó en muertes, heridos y detenciones arbitrarias, evidencia el uso de la violencia como herramienta para silenciar a la oposición y disuadir la participación política, vulnerando gravemente las libertades de expresión, reunión y protesta
Las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, junto con violaciones graves al debido proceso, indican la ruptura del Estado de derecho en Venezuela. Las instituciones judiciales, lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, han sido instrumentalizadas para perseguir a opositores y críticos del régimen, eliminando cualquier garantía legal básica y desmantelando los principios fundamentales de una democracia funcional
El gobierno ha restringido severamente las libertades de prensa, expresión y asociación mediante la persecución de periodistas, el cierre de medios de comunicación, el bloqueo de redes sociales y la aprobación de leyes que limitan el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales. Estas medidas socavan el pluralismo político y refuerzan un entorno autoritario donde solo las voces alineadas con el régimen pueden subsistir(a-hrc-57-57-es).
Las violaciones documentadas en el informe, que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, constituyen un ataque generalizado y sistemático contra sectores de la población civil percibidos como opositores. Estas acciones, amparadas por el gobierno, pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, reflejando una política estatal dirigida a eliminar la oposición política, erosionando así los pilares de la libertad y la democracia
Declaración de LIBERTAS
Llamado a la Acción Internacional
La situación en Venezuela, tal como lo expone el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, revela una alarmante escalada en las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales.
Ante este escenario de represión sistemática, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el desmantelamiento del Estado de derecho, nos encontramos ante un régimen que ha convertido la opresión y el silenciamiento en su estrategia de gobierno, destruyendo las bases de la democracia y la libertad.
En nombre de la justicia, la dignidad humana y los principios fundamentales que sostienen las democracias libres, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe decididamente en defensa del pueblo venezolano. No podemos permanecer en silencio mientras un pueblo entero es víctima de crímenes de lesa humanidad y de una persecución política orquestada por un régimen autoritario.
Exigimos que los organismos internacionales, los gobiernos y las instituciones defensoras de los derechos humanos:
- Condenen firmemente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Venezuela.
- Apliquen sanciones específicas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad y de la represión estatal.
- Aumenten la presión diplomática para restablecer las libertades civiles, la justicia independiente y el respeto por los derechos fundamentales en Venezuela.
- Brinden apoyo humanitario a los ciudadanos que sufren las consecuencias de esta crisis, asegurando protección y asistencia a las víctimas de la represión.
El pueblo venezolano clama por libertad, justicia y dignidad. Es nuestro deber como comunidad global responder con acciones concretas y decididas, para que Venezuela pueda recuperar el camino hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz.
La situación de Venezuela no solo es crítica, sino que se encuentra en la agenda permanente de LIBERTAS, comprometidos con la defensa global de la libertad y la democracia. Venezuela integra el Plan de Promoción Global de la Democracia de LIBERTAS, el cual busca movilizar a la comunidad internacional en la defensa de los derechos fundamentales.
A través de esta plataforma, seguiremos impulsando acciones concretas para exigir el fin de la represión, restaurar el Estado de derecho y garantizar la plena libertad y justicia.
