Por Sylvia Colombo para NEW YORK TIMES
Es periodista brasileña radicada en Argentina. Cubre Latinoamérica hace más de una década.
BUENOS AIRES — El gobierno de Argentina ha adoptado un enfoque ideológico para combatir la pandemia del coronavirus. Y lo está pagando muy caro en dos frentes: el sanitario y el político.
En un momento de pobreza creciente y alta inflación, el presidente Alberto Fernández tenía pocas banderas a las que aferrarse en un año electoral (en noviembre habrá elecciones legislativas que serán, en buena medida, un referéndum sobre el gobierno peronista de Fernández). El panorama económico lucía desolador desde antes de la pandemia, así que llevar al país a buen puerto durante la crisis de salud era quizás su única opción para convencer a los votantes. Pero quizás para complacer a su electorado más fiel, cayó en un error: planteó la lucha contra el virus como la defensa de la soberanía nacional ante el imperialismo de los grandes laboratorios.
Y mientras la peligrosa variante delta de la COVID-19 se extiende por la región y pone en riesgo a la población que aún no tiene el esquema de vacunación completo (la mayoría en el país), Argentina apostó por la vacuna Sputnik V por demasiado tiempo. Aunque había dudas iniciales sobre su efectividad, este año se publicó un informe serio que advertía que la vacuna de Gamaleya es segura y eficaz. El problema es que el centro ruso ha sido opaco con los tiempos de distribución y hay escasez de su inmunizante. Al final, Gamaleya ha sido un mal socio para Argentina: ha retrasado las entregas e incumplido el plazo para completar la inmunización de la población.