Rocío San Miguel, reconocida abogada y activista venezolana especializada en temas militares y derechos humanos, ha sido objeto de una detención preocupante que ha suscitado una profunda inquietud tanto en Venezuela como a nivel internacional. El 9 de febrero de 2024, fue interceptada en el aeropuerto de Caracas mientras intentaba viajar a España, siendo acusada de participar en una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Desde entonces, tanto ella como cinco de sus familiares, también afectados por arrestos o desapariciones, permanecen en paradero desconocido. Esta situación ha generado una ola de solidaridad y alarma en todo el mundo, mientras diversas organizaciones civiles y políticas han instado a su liberación inmediata y al pleno respeto de sus derechos fundamentales.
La acusación en su contra, formulada por el fiscal general Tarek William Saab, la vincula a una presunta trama conspirativa y un intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Sin embargo, la falta de detalles sobre su ubicación y la de sus familiares ha llevado a su defensa a presentar un recurso de habeas corpus por desaparición forzada, denunciando la vulneración de sus derechos básicos.
Rocío San Miguel, nacida el 6 de mayo de 1966 en Caracas, es una destacada figura en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Como presidenta de la ONG Control Ciudadano, se ha dedicado a supervisar temas relacionados con la seguridad nacional, la defensa y las Fuerzas Armadas, así como a velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Sin embargo, su labor ha estado marcada por un persistente hostigamiento y difamación por parte de funcionarios gubernamentales y medios afines al régimen. Desde allanamientos a la residencia de familiares hasta acusaciones infundadas por parte de altos funcionarios, San Miguel ha enfrentado constantes amenazas y ataques.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han exigido su liberación incondicional, recordando las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH en 2012. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado venezolano a rendir cuentas sobre el cumplimiento de una sentencia favorable a San Miguel, relacionada con su despido de cargos públicos en 2004 por apoyar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez.
La detención de San Miguel ha sido condenada enérgicamente por diversas ONG de derechos humanos y figuras políticas de la oposición, quienes la consideran parte de una política sistemática de persecución y represión por parte del régimen de Maduro. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por su desaparición forzada, mientras que otras organizaciones como Provea y el Frente Amplio de Mujeres han rechazado rotundamente su detención arbitraria y la de sus familiares.
A una década de las manifestaciones que dejaron 43 muertos, un grupo de activistas conmemoró en la capital venezolana a las víctimas de las protestas, exigiendo justicia y recordando el sacrificio de aquellos que perdieron la vida en la búsqueda de un cambio democrático.
Sin embargo, mientras se llevaba a cabo este acto conmemorativo, un grupo de abogados denunciaba en los tribunales la desaparición forzada de la abogada defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, quien fue acusada de estar vinculada a un supuesto plan conspirativo por el gobierno de Maduro. Este hecho subraya la continua persecución y represión contra aquellos que se oponen al régimen autoritario en Venezuela.
Declaración de LIBERTAS sobre la situación en Venezuela:
LIBERTAS expresa su profunda preocupación ante la consolidación del autoritarismo en Venezuela y los continuos atentados contra la libertad, la democracia y la república, principios fundamentales sustentados por nuestra organización.
La detención arbitraria de la destacada activista y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, así como la persecución sistemática de disidentes políticos y defensores de la democracia, como María Corina Machado y Enrique Capriles, son ejemplos alarmantes de la erosión de las libertades civiles en Venezuela.
La inhabilitación de figuras prominentes de la oposición política como Machado y Capriles es un claro intento de anular el pluralismo político y silenciar las voces disidentes en el país. Estas acciones, en conjunto con la detención y desaparición forzada de activistas como San Miguel, representan una peligrosa escalada en la consolidación del autoritarismo en Venezuela.
Ver Declaración de LIBERTAS – Venezuela: una y otra vez Venezuela – Libertas
La falta de respeto por los derechos fundamentales, la criminalización de la disidencia y la ausencia de un debido proceso legal son prácticas inaceptables que socavan los cimientos de una sociedad democrática y pluralista.
LIBERTAS insta al gobierno venezolano a respetar los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos universales. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe condenando enérgicamente cualquier violación de los derechos fundamentales en Venezuela y para que brinde apoyo y solidaridad a quienes luchan por la libertad y la democracia en el país.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo, y seguiremos trabajando incansablemente para promover un futuro donde todos los ciudadanos puedan vivir en libertad y dignidad.