El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha hecho un llamado urgente a la Unión Europea y Estados Unidos, declarando que su país enfrenta una situación de «guerra no convencional, una guerra interna, un conflicto armado no internacional». Esta afirmación se produce en medio de una ola de violencia que ha sacudido a Ecuador, llevando al mandatario a solicitar ayuda internacional para superar esta crisis.
Noboa, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, describió la amenaza como proveniente de «grupos narcoterroristas» con hasta cuarenta mil miembros altamente armados y financiados. La situación ha sembrado el miedo entre la población, exacerbada por incidentes violentos, como la toma de la transmisión en vivo de un canal de televisión en Guayaquil.
Desde la declaración del conflicto armado interno, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo casi 70,000 operativos, resultando en la desarticulación de 102 grupos considerados terroristas y el decomiso de grandes cantidades de armamento, explosivos y drogas. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo crítica, y la respuesta internacional se ha materializado con la Unión Europea destinando 100,000 euros para fortalecer las capacidades de respuesta de la Cruz Roja Ecuatoriana.
La escalada de violencia ha llevado a Ecuador a convertirse en el país más violento de la región en 2023, con un aumento significativo en las muertes violentas. La llegada del presidente Noboa marcó un cambio en la estrategia de seguridad, acompañado por la declaración de un estado de excepción y toque de queda. Sin embargo, las organizaciones criminales respondieron con lo que se denominó la «noche del terror», con la toma de un canal de televisión y la fuga de líderes criminales.
La respuesta del presidente Noboa ha sido reconocer formalmente la existencia de un conflicto armado interno e identificar a 21 organizaciones criminales transnacionales como terroristas. Aunque los datos estadísticos muestran resultados positivos en términos de decomisos y reducción de muertes violentas diarias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a Ecuador a garantizar que cualquier medida tomada sea «proporcionada y limitada».
En este contexto, el derecho internacional humanitario juega un papel crucial para asegurar que las acciones del Estado respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales. La Cruz Roja Ecuatoriana, respaldada por la financiación de la Unión Europea, se ha involucrado en la prestación de primeros auxilios, apoyo psicosocial y ayuda humanitaria a los afectados por la violencia.
A pesar de los esfuerzos y los resultados iniciales, la raíz del problema requiere una atención más profunda. La falta de una política pública integral en seguridad, la crisis económica, la baja inversión social y otros factores han contribuido al deterioro de la seguridad en Ecuador. La reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las instituciones y la colaboración internacional son esenciales para superar la crisis a largo plazo. La atención a los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la pobreza extrema deben ser elementos clave en la estrategia para lograr una estabilidad sostenible en el país.
Elementos constitutivos:
Ecuador está atravesando una grave crisis que involucra violencia e inseguridad. Aquí te presento tres claves para entender la situación:
- Auge del Narcotráfico: En los últimos tres años, Ecuador ha experimentado un aumento significativo en la violencia. En 2023, el país alcanzó un récord histórico de 7,878 homicidios, de los cuales solo se resolvieron 584. Además, Ecuador se ha convertido en un importante centro regional para el almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas. Esto ha fortalecido a más de 20 bandas criminales que operan en el país. Estas bandas, vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia, tienen sus principales centros de mando y operaciones dentro de las cárceles ecuatorianas. Algunas de las bandas más conocidas son los Choneros, los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones. Estas bandas protagonizan episodios de extrema violencia, tanto en conflictos internos como contra el gobierno y la sociedad .
En los últimos tres años, Ecuador ha enfrentado un alarmante incremento en los índices de violencia, generando una seria preocupación tanto a nivel nacional como internacional. El año 2023 marcó un trágico hito, con un registro histórico de 7,878 homicidios, subrayando la gravedad de la situación. De manera aún más preocupante, únicamente se resolvieron 584 de estos casos, lo que revela la complejidad y la falta de eficacia en la respuesta judicial.
Este aumento en la violencia no solo ha afectado la seguridad ciudadana, sino que también ha posicionado a Ecuador como un relevante centro regional para el almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas. La consecuencia directa de este papel en la cadena del narcotráfico ha sido el fortalecimiento de más de 20 bandas criminales que operan en el territorio ecuatoriano. Estas organizaciones delictivas, estrechamente vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia, han establecido sus principales centros de mando y operaciones dentro de las cárceles del país, convirtiéndolas en auténticos bastiones del crimen organizado.
Entre las bandas más prominentes que han surgido como resultado de este entorno hostil se encuentran los Choneros, los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones. Estas agrupaciones no solo se limitan a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, sino que también protagonizan episodios de extrema violencia. Sus acciones se manifiestan en conflictos internos, enfrentamientos entre bandas rivales, así como en ataques directos contra las autoridades gubernamentales y la sociedad en general.
Cabe destacar que estas bandas han logrado consolidar su presencia y poder a pesar de las medidas tomadas por las autoridades ecuatorianas. La vinculación directa con los carteles internacionales les proporciona recursos financieros significativos y acceso a armamento sofisticado, convirtiéndolas en una amenaza persistente para la estabilidad del país.
La relación simbiótica entre el crimen organizado y la situación carcelaria ecuatoriana se ha convertido en un desafío adicional para las autoridades. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han transformado en centros de operaciones para estas bandas, desde donde planifican y ejecutan sus actividades delictivas con relativa impunidad.
Ante esta compleja realidad, la necesidad de una estrategia integral que aborde no solo la violencia en las calles, sino también la corrupción institucional, el sistema carcelario y las raíces socioeconómicas del problema, se vuelve evidente. La colaboración internacional, especialmente con países afectados por problemas similares, podría desempeñar un papel fundamental en la lucha contra estas organizaciones transnacionales.
- Declaración de Conflicto Armado Interno: El 9 de enero de 2024, un grupo armado ingresó a las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil y tomó como rehenes a su personal durante una transmisión en vivo. Este incidente se sumó a otras incursiones de grupos armados en universidades y otras instituciones públicas, así como saqueos en Quito. En respuesta a estos eventos, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador y ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles. Además, se produjeron graves episodios violentos en seis cárceles, con secuestros de policías y fugas de líderes de bandas delictivas .
El 9 de enero de 2024, Ecuador se vio sacudido por un evento que marcaría un punto de inflexión en su historia reciente. Un grupo armado, con audacia y violencia, irrumpió en las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, tomando como rehenes al personal en plena transmisión en vivo. Este acto de agresión se sumó a una serie de incursiones similares en diversas instituciones públicas, incluyendo universidades, así como saqueos en la capital, Quito. Estos incidentes revelaron la profundidad y la complejidad de la crisis que afecta al país.
En respuesta a esta cadena de eventos desestabilizadores, el presidente Daniel Noboa no tuvo más opción que tomar una decisión trascendental. El 9 de enero de 2024, declaró oficialmente la existencia de un «conflicto armado interno» en Ecuador. Esta declaración no solo reconoció la gravedad de la situación, sino que también otorgó a las fuerzas militares la autoridad para restaurar el orden en las calles, enfrentándose a la amenaza directa de grupos armados que desafiaban la seguridad y estabilidad del país.
La toma de rehenes en el canal de televisión fue solo la punta del iceberg en una serie de episodios violentos que afectaron diversas áreas de la sociedad ecuatoriana. Las incursiones en instituciones educativas y otros espacios públicos, combinadas con saqueos en la capital, evidenciaron una coordinación y alcance preocupantes por parte de grupos delictivos. La respuesta del presidente Noboa no solo buscó contrarrestar estos eventos aislados, sino abordar la raíz de un problema más amplio que amenazaba la seguridad nacional.
Sin embargo, la situación se tornó aún más crítica con episodios violentos que se desataron simultáneamente en seis cárceles del país. Estos eventos incluyeron secuestros de policías y fugas de líderes de bandas delictivas, resaltando la conexión directa entre la violencia en las calles y la complejidad del sistema carcelario ecuatoriano. Las cárceles, en lugar de funcionar como centros de rehabilitación, se convirtieron en escenarios activos de conflicto, amplificando la magnitud del desafío al que se enfrentaba el gobierno.
El reconocimiento del conflicto armado interno no solo implicó enfrentar las manifestaciones externas de violencia, sino también abordar las causas subyacentes que alimentaban este escenario. Problemas como la falta de una política integral de seguridad, la crisis económica, la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras del Estado y la fragilidad institucional contribuyeron al deterioro general de la seguridad en el país.
En este contexto, la declaración de conflicto armado interno representa un llamado urgente para implementar estrategias integrales que no solo aborden las manifestaciones inmediatas de violencia, sino que también se centren en fortalecer las instituciones, mejorar la seguridad carcelaria y abordar las condiciones socioeconómicas subyacentes que han contribuido al surgimiento y fortalecimiento de estas organizaciones delictivas. La colaboración internacional y el apoyo de organismos como la Unión Europea son cruciales para enfrentar este desafío multidimensional y sentar las bases de una recuperación sostenible en Ecuador.
- Crisis Política y Disolución de la Asamblea Nacional: Además de la crisis de seguridad, Ecuador también enfrenta una crisis política. En mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. Esto ha generado tensiones y desafíos adicionales para el país .
Ecuador no solo vive una crisis de seguridad por la violencia y el narcotráfico en su frontera norte, sino también una crisis política sin precedentes. En mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso, ante la amenaza de un juicio político en su contra por supuesta malversación de fondos públicos, invocó la figura constitucional de la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Esta medida, que nunca se había aplicado desde su introducción en la Constitución de 2008, implica la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 90 días.
Lasso podrá presentarse nuevamente como candidato, pero se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. La disolución de la Asamblea también ha dejado en el limbo varias actividades legislativas, como la designación de autoridades de control y la aprobación de leyes importantes para el desarrollo del país.
Así, Ecuador enfrenta un escenario de incertidumbre e inestabilidad política, que podría afectar su economía, su institucionalidad y su gobernabilidad.
Desde la disolución de la Asamblea Nacional, el país ha vivido un clima de alta polarización y confrontación política, con protestas, paros y movilizaciones de diversos sectores sociales y políticos, tanto a favor como en contra del presidente Noboa .
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha fijado la fecha de las nuevas elecciones para el 4 de marzo de 2024. Se han inscrito más de 20 candidatos presidenciales, entre ellos el propio Noboa, el exmandatario Rafael Correa, el líder indígena Yaku Pérez y el empresario Álvaro Noboa.
DECLARACION DE LIBERTAS
En el contexto de la grave situación que enfrenta Ecuador, LIBERTAS expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia, la consolidación de bandas criminales vinculadas a carteles internacionales y la transformación de las cárceles en bastiones del crimen organizado. En este momento crítico, es imperativo salvaguardar la libertad de los ciudadanos y el funcionamiento del sistema democrático.
El auge del narcotráfico ha exacerbado la violencia, creando un desafío significativo para las autoridades. Es necesario adoptar una estrategia integral que aborde no solo la violencia en las calles, sino también la corrupción institucional y las raíces socioeconómicas del problema.
LIBERTAS aboga por la implementación de medidas que preserven la libertad individual y refuercen las instituciones democráticas.
La declaración de conflicto armado interno, requiere una respuesta urgente y integral, asi como la colaboración internacional, especialmente con países que han enfrentado problemas similares, lo que se convierte en un componente crucial en la lucha contra estas organizaciones transnacionales. Sin embargo, es esencial garantizar que estas medidas respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y no comprometan la democracia.
LIBERTAS ratificando su Misión institucional, destaca la importancia de preservar la democracia y la participación ciudadana, para que las elecciones programadas para el 4 de marzo de 2024 se lleven a cabo de manera transparente y justa, asegurando la libre expresión de la voluntad popular.
En este contexto, LIBERTAS hace un llamado urgente a garantizar el respeto a los derechos humanos y a adoptar medidas proporcionadas y limitadas, en línea con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La participación activa de la Cruz Roja Ecuatoriana, respaldada por la Unión Europea, es esencial para proporcionar asistencia humanitaria a los afectados por la violencia, respetando siempre la dignidad y los derechos de las personas.
La reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son fundamentales para superar esta crisis a largo plazo.
LIBERTAS insta a la comunidad internacional a unirse en solidaridad con el pueblo ecuatoriano, brindando apoyo y colaboración para lograr una estabilidad sostenible basada en la promoción de los derechos humanos, la democracia y la consolidación del Estado de Derecho.