Denuncias de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela: El Rol de la Corte Penal Internacional
Orlando Viera-Blanco, abogado y politólogo, informó que el miércoles 8 de agosto se presentaron ante la Oficina del Fiscal y la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional (CPI) 300 nuevas denuncias relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión poselectoral. Estos delitos están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece el marco legal para la persecución de tales crímenes.
El Rol de la Corte Penal Internacional (CPI)
La Corte Penal Internacional es una institución jurídica permanente que tiene como objetivo juzgar a personas responsables de crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad. Estos últimos, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, incluyen actos como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución, encarcelamiento arbitrario y otros actos inhumanos que causen sufrimiento grave o atenten contra la dignidad humana.
El alcance de la CPI es universal, lo que significa que puede ejercer su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte del Estatuto de Roma, o por nacionales de un Estado Parte, o en circunstancias en las que el Consejo de Seguridad de la ONU lo refiera a la Corte. Venezuela es un Estado Parte del Estatuto de Roma, lo que permite a la CPI intervenir en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio.
La CPI actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar y procesar estos crímenes, ya sea por falta de capacidad o por una clara intención de obstruir la justicia. En este contexto, la presentación de nuevas denuncias ante la CPI es un paso clave para asegurar que los responsables de estos graves delitos sean llevados ante la justicia internacional.
Denuncias y Acciones Recientes
Viera-Blanco destacó que, en paralelo a la presentación de estas denuncias, se ha solicitado la emisión de alertas y órdenes de comparecencia forzosa y detención contra Nicolás Maduro, reconocido por La Haya como jefe de Estado, y otros altos mandos responsables de la represión. Esta solicitud se basa en los artículos 25 al 28 del Estatuto de Roma, que establecen la responsabilidad penal individual, incluyendo a aquellos que ordenan, inducen o facilitan la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El abogado subrayó que estos crímenes, denunciados ante la CPI, incluyen:
- Desapariciones forzosas
- Persecución política
- Encarcelamiento arbitrario
- Asesinatos
- Torturas
- Hostigamiento
- Tratos crueles y degradantes
Estos delitos no solo constituyen una violación directa de los derechos humanos, sino que también representan una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Como ejemplo de la gravedad de la situación, Viera-Blanco mencionó el caso de María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela, quien fue detenida por las autoridades mientras transmitía en vivo su aprehensión en una red social.
Responsabilidad y Justicia
Según Viera-Blanco, la responsabilidad por estos crímenes recae no solo en la primera cadena de mando, encabezada por Nicolás Maduro, sino también en los jefes policiales y militares encargados de ejecutar estos actos. La CPI tiene la capacidad de investigar y procesar a estos individuos, independientemente de su posición o poder, si se determina que han cometido o facilitado crímenes de lesa humanidad.
Estas 300 nuevas denuncias se suman a otras 346 presentadas la semana anterior, lo que, según el abogado, “va a catalizar el proceso de órdenes de alerta, de comparecencia forzosa y de detención” contra los responsables.
Llamado a la Acción
El abogado también envió un mensaje de apoyo a los venezolanos, instándolos a denunciar, como testigos o víctimas, cualquier crimen que violente los derechos humanos. “No están solos, y a todos los que hayan sido testigos de estos crímenes o víctimas, hagan sus denuncias”, expresó Viera-Blanco, compartiendo una dirección de correo electrónico (incidenciasve@aoutlook.com) para que los afectados puedan aportar sus testimonios, garantizando “estricta confidencialidad” a quienes decidan participar en el proceso.
La intervención de la Corte Penal Internacional es un paso crucial para abordar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Su papel como guardiana de la justicia internacional es fundamental para garantizar que los responsables de estos actos atroces sean llevados ante la justicia, y que las víctimas y sus familias reciban la reparación que merecen. En un contexto de impunidad, la CPI representa una esperanza de justicia y una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos a nivel global.