En LIBERTAS, comprometidos con la democracia, la libertad y los principios republicanos, expresamos públicamente nuestra profunda preocupación ante las recientes acciones de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, quien ha incurrido en una falta grave de responsabilidad pública al mantener durante más de dos décadas una situación irregular respecto a su vivienda particular, evadiendo sus obligaciones tributarias y legales frente al Estado.
La ética no es una opción decorativa en el accionar humano, mucho menos en la vida política.
Es un deber esencial e ineludible para quienes asumen funciones de gobierno.
Quien ocupa un cargo público no solo administra recursos o implementa políticas: representa a la ciudadanía, encarna valores y construye confianza institucional. La transparencia, la legalidad y la ejemplaridad deben ser los pilares del ejercicio político en una república democrática.
Las explicaciones ofrecidas por la ministra Cairo, aunque necesarias, no alcanzan para reparar el daño simbólico y ético causado a la confianza ciudadana. Resulta inadmisible que quien debe garantizar el cumplimiento de las normativas de ordenamiento territorial sea, a la vez, quien las ignora en su conducta privada.
Esta contradicción erosiona los principios del Estado de Derecho y debilita la autoridad moral del gobierno.
Defender la ética en la política es defender la libertad y la república.
Sin ética no hay integridad institucional; sin integridad, no hay democracia sólida ni ciudadanía respetada. Cuando la ética es sustituida por la conveniencia, el sistema político entero se degrada y se aleja de su mandato de servicio público.
Por todo lo anterior, exigimos a la ministra Cecilia Cairo que dé un paso al costado y renuncie a su cargo, en un gesto mínimo de responsabilidad cívica y de respeto hacia los principios republicanos.
Su permanencia en el cargo envía un mensaje peligroso: que las normas pueden ser ignoradas si se cuenta con respaldo político, y que la ética puede ser negociada según la conveniencia del momento.
Reafirmamos nuestra defensa de:
- Una política al servicio del bien común y no del interés particular.
- Una democracia fundada en la rendición de cuentas, la legalidad y el compromiso con la verdad.
- Una república donde la ética no sea excepción, sino regla.
- Una ciudadanía libre que no se resigna al deterioro de sus instituciones.
Uruguay necesita y merece una política limpia, coherente y comprometida.
El silencio o la complicidad ante estas situaciones es también una forma de renuncia moral.