El Congreso Panamericano de Montevideo y el desafío del progresismo ante los autoritarismos de izquierda

Entre el 21 y el 23 de agosto de 2026, Montevideo será sede del Tercer Congreso Panamericano, un encuentro que prevé reunir a alrededor de cien dirigentes, legisladores, especialistas y representantes de fuerzas progresistas provenientes de quince países del continente.

Según la información difundida hasta el momento, participarán importantes autoridades uruguayas y referentes internacionales, entre ellos el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la dirigente chilena Jeannette Jara, la mexicana Alicia Bárcena y legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos. Parte de las actividades se desarrollaría en el Palacio Legislativo, con una instancia pública en el Teatro Solís y una clausura en el Parlamento del Mercosur. (Búsqueda)

El objetivo anunciado es construir una agenda hemisférica común frente al crecimiento de las fuerzas conservadoras, el nuevo escenario político estadounidense y lo que sus organizadores consideran amenazas autoritarias, económicas y tecnológicas. Entre los temas anticipados aparecen la defensa de la democracia, la integración regional, el desarrollo, las políticas sociales, la soberanía digital, la paz y la transición ecológica. (El Observador)

La realización de un encuentro entre partidos y dirigentes de una determinada orientación ideológica es completamente legítima. La libertad de asociación política, el intercambio internacional de ideas y la coordinación entre organizaciones forman parte de una democracia pluralista.

El problema no es que la izquierda se reúna.

El problema aparece cuando quienes se reúnen para denunciar el autoritarismo aplican esa palabra solamente a sus adversarios, mientras guardan silencio, justifican o relativizan las violaciones cometidas por gobiernos ideológicamente cercanos.

Ese será el verdadero examen democrático del Congreso de Montevideo.

Un proyecto que comenzó en Bogotá

El Congreso Panamericano no surge de manera improvisada.

Su primera edición se realizó en Bogotá, en agosto de 2024, con representantes de más de veinte partidos progresistas de América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Allí se plantearon tres grandes objetivos: construir una comunidad política continental, elaborar una agenda común e intercambiar estrategias legislativas y electorales.

La democracia, la paz y el cambio climático fueron presentados como sus principales ejes. Participaron representantes del Nuevo Partido Democrático de Canadá, el Partido Demócrata estadounidense, Morena de México, Movimiento Semilla de Guatemala, Pacto Histórico de Colombia, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Frente Amplio de Chile, entre otras organizaciones. (El País)

La segunda edición tuvo lugar en Ciudad de México, entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2025, bajo el impulso de Morena y con el respaldo político de los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro. La convocatoria fue presentada como una respuesta frente al crecimiento de redes conservadoras y espacios como la Conferencia de Acción Política Conservadora —CPAC—. (El País)

La reunión de Montevideo representa, por lo tanto, la tercera etapa de un proceso orientado a consolidar una red permanente de coordinación progresista continental.

Desde el punto de vista político, se trata de una iniciativa relevante. Revela que la competencia partidaria ya no se desarrolla exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. Las distintas familias ideológicas construyen redes internacionales, comparten narrativas, intercambian técnicas de comunicación y buscan coordinar respuestas frente a transformaciones globales.

Nada de eso resulta ilegítimo.

Pero toda organización que pretenda presentarse como defensora de la democracia debe estar dispuesta a someter sus propias alianzas y afinidades al mismo juicio crítico que aplica sobre sus adversarios.

El punto ciego: los autoritarismos de izquierda

La futura declaración del Congreso será evaluada no solo por aquello que condene, sino también por aquello que decida omitir.

¿Hablará de Nicaragua?

¿Condenará la supresión de la competencia electoral, la persecución de opositores, el cierre del espacio cívico y la concentración familiar del poder?

¿Defenderá el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente a sus gobernantes y a que los resultados electorales sean transparentes, verificables y respetados?

¿Reclamará elecciones plurales, libertad de prensa y liberación de presos políticos en Cuba?

¿Defenderá a periodistas, estudiantes, religiosos, sindicalistas y defensores de derechos humanos perseguidos por gobiernos que se identifican con la izquierda?

Estas preguntas no constituyen una provocación ideológica. Constituyen una prueba de coherencia democrática.

No puede proclamarse una defensa continental de la democracia mientras se seleccionan las dictaduras que merecen ser denunciadas según su ubicación en el espectro político.

Un autoritarismo no deja de ser autoritarismo porque se autodenomine revolucionario, popular, progresista o antiimperialista.

Tampoco una prisión política deja de ser ilegítima porque quien ordena el encarcelamiento invoque la justicia social.

La libertad de expresión no pertenece a la derecha ni a la izquierda.

El pluralismo no es una concesión ideológica.

Las elecciones libres no pueden considerarse obligatorias para unos gobiernos y prescindibles para otros.

Nicaragua: la contradicción imposible de ignorar

La situación nicaragüense coloca al Congreso ante una contradicción especialmente evidente.

Si un gobierno elimina o vacía de contenido las elecciones, persigue a la oposición, concentra los poderes del Estado y niega la posibilidad de alternancia, ya no estamos ante una simple diferencia respecto de un modelo de desarrollo.

Estamos ante la destrucción del principio de soberanía popular.

El derecho a participar en los asuntos públicos y a votar en elecciones auténticas y periódicas está reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un encuentro que proclame la defensa de la democracia, pero evite pronunciarse sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua, demostraría que su prioridad no es proteger los derechos políticos universales, sino preservar una determinada red de afinidades ideológicas.

La democracia no puede defenderse a medias.

No puede exigirse en Washington, Buenos Aires o Santiago y suspenderse cuando se habla de Managua, Caracas o La Habana.

La legítima preocupación por las nuevas derechas

Desde LIBERTAS tampoco corresponde negar que existen riesgos democráticos provenientes de sectores conservadores, nacionalistas o de derecha radical.

El desconocimiento de resultados electorales, la deslegitimación sistemática de las instituciones, la exaltación del liderazgo personalista, el hostigamiento a la prensa, la difusión de desinformación y la utilización política del miedo deben ser condenados, cualquiera sea su origen.

La democracia puede ser amenazada desde ambos extremos.

También puede deteriorarse mediante gobiernos elegidos legítimamente que, una vez instalados, debilitan progresivamente los contrapesos institucionales.

Por eso, LIBERTAS no propone reemplazar un sectarismo por otro.

Defender la democracia significa rechazar simultáneamente:

• el autoritarismo de derecha;
• el autoritarismo de izquierda;
• los golpes de Estado militares;
• la manipulación electoral;
• la perpetuación personal o familiar en el poder;
• la persecución de la oposición;
• la subordinación de la justicia;
• la censura y la clausura de la prensa independiente.

La verdadera frontera política de nuestro tiempo no debería trazarse entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y autoritarios.

¿Congreso partidario o política exterior paralela?

Otro aspecto que deberá observarse es la relación entre la naturaleza partidaria del encuentro y la participación de autoridades estatales.

Los partidos políticos tienen pleno derecho a organizar congresos internacionales. Sin embargo, cuando participan presidentes, vicepresidentes, ministros o autoridades parlamentarias, debe distinguirse claramente entre:

• la representación institucional del Estado;
• la actuación partidaria;
• y la adhesión personal o ideológica de cada dirigente.

Uruguay posee una larga tradición de política exterior basada en el Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de los derechos humanos.

Esa política exterior no debería quedar subordinada a las necesidades estratégicas de una internacional partidaria.

El Estado uruguayo representa a toda la ciudadanía, no solamente a quienes integran o votan al partido de gobierno.

Por ello, la participación de altas autoridades exige transparencia sobre el carácter de las actividades, sus mecanismos de financiación, el uso de instalaciones públicas y la condición institucional o partidaria bajo la cual actúa cada participante.

No se trata de impedir el encuentro. Se trata de preservar la necesaria separación entre Estado, gobierno y partido.

El concepto de “resistencia”

Algunas presentaciones periodísticas han señalado que el Congreso buscará organizar una “resistencia” frente a las políticas de Donald Trump y Marco Rubio o construir una agenda hemisférica frente a Washington. (Búsqueda)

La oposición política a las decisiones de un gobierno extranjero es legítima.

También lo es cuestionar políticas comerciales, migratorias, militares o diplomáticas de Estados Unidos.

Sin embargo, reducir toda la agenda continental a una confrontación con Washington implicaría reproducir una visión antigua y simplificadora de América Latina.

La región enfrenta problemas que no pueden atribuirse exclusivamente a una potencia extranjera:

• corrupción estructural;
• crimen organizado;
• deterioro educativo;
• pobreza;
• desigualdad;
• fragilidad institucional;
• concentración del poder;
• desinformación;
• deterioro de la seguridad;
• pérdida de confianza en los partidos;
• baja productividad;
• migraciones masivas;
• y debilidad de los sistemas judiciales.

Una izquierda democrática debería ser capaz de analizar críticamente la política estadounidense sin convertirla en una explicación universal para todos los fracasos latinoamericanos.

La soberanía regional no consiste solamente en resistir influencias externas. También exige asumir responsabilidad por las decisiones propias.

Soberanía digital e inteligencia artificial

La incorporación de la soberanía digital a la agenda del Congreso representa una cuestión legítima y necesaria.

El poder de las grandes plataformas, la concentración de datos personales, la inteligencia artificial aplicada a campañas electorales, la manipulación informativa y los riesgos de vigilancia masiva exigen respuestas democráticas.

Pero la llamada soberanía digital no debe transformarse en una justificación para el control estatal de internet.

Existe una diferencia fundamental entre:

• regular democráticamente a las plataformas;
• proteger los datos personales;
• garantizar la transparencia algorítmica;
• combatir operaciones de desinformación;

y otorgar a los gobiernos la facultad de vigilar ciudadanos, bloquear contenidos críticos o determinar qué información puede circular.

Una política digital democrática debe proteger simultáneamente a la sociedad frente al poder de las corporaciones y frente al poder del Estado.

Para LIBERTAS, ninguna soberanía puede edificarse sacrificando la libertad individual.

La paz tampoco admite selectividad

El Congreso Panamericano ha colocado la paz entre sus temas fundacionales.

Pero una política de paz creíble debe condenar las agresiones, el terrorismo, la represión y las violaciones del Derecho Internacional con independencia de la identidad de sus responsables.

No puede denunciarse una intervención extranjera y justificar otra.

No puede reconocerse el sufrimiento de unas víctimas e ignorar deliberadamente a otras.

No puede defenderse la autodeterminación de ciertos pueblos mientras se niega ese mismo derecho cuando contradice una alianza política.

El Derecho Internacional pierde autoridad cuando es tratado como una herramienta partidaria y no como un conjunto de principios universales.

Lo que LIBERTAS espera del Congreso

Desde LIBERTAS consideramos que el encuentro de Montevideo podría realizar una contribución positiva si adopta compromisos democráticos claros, verificables y universales.

Una declaración verdaderamente democrática debería afirmar, sin excepciones:

Primero, que todo gobierno debe surgir de elecciones libres, competitivas, periódicas, transparentes y con observación independiente.

Segundo, que ninguna ideología, revolución, emergencia o mayoría electoral autoriza la eliminación de la alternancia.

Tercero, que la libertad de expresión, la prensa independiente y el derecho a la oposición deben ser protegidos en todos los países.

Cuarto, que no puede haber presos políticos ni persecución estatal por motivos ideológicos.

Quinto, que los poderes judiciales y electorales deben actuar con independencia de los gobiernos.

Sexto, que las organizaciones progresistas deben condenar expresamente las violaciones cometidas por gobiernos de izquierda con la misma firmeza con la que denuncian a los autoritarismos de derecha.

Séptimo, que la integración latinoamericana debe construirse entre Estados y sociedades libres, no mediante alianzas entre gobiernos que se protegen mutuamente frente a las denuncias por violaciones de derechos humanos.

La visión de LIBERTAS

LIBERTAS no cuestiona el derecho de las fuerzas progresistas a organizarse internacionalmente.

Lo defiende.

Una sociedad libre necesita partidos fuertes, pensamiento político, cooperación internacional y confrontación democrática de ideas.

Pero esa legitimidad impone una responsabilidad.

Quien se presenta como defensor de la democracia debe defenderla también cuando el autoritario comparte sus símbolos, su lenguaje o su historia política.

La defensa de los derechos humanos comienza precisamente allí donde termina la comodidad ideológica.

El Tercer Congreso Panamericano tendrá la oportunidad de demostrar si constituye una verdadera alianza democrática o solamente una coordinación electoral y discursiva contra las derechas continentales.

La diferencia estará en Nicaragua.

Estará en Venezuela.

Estará en Cuba.

Estará en la disposición de sus participantes a decir que ningún gobierno amigo tiene derecho a encarcelar opositores, censurar periodistas, manipular elecciones o perpetuarse en el poder.

Montevideo no debería convertirse en el escenario de una democracia selectiva.

Uruguay representa una tradición republicana en la que las diferencias políticas se resuelven mediante elecciones, instituciones y respeto al adversario.

Esa tradición debería interpelar a quienes lleguen a nuestro país.

Porque no basta con pronunciar la palabra democracia.

Hay que aceptar todas sus consecuencias: controles, límites, alternancia, oposición, libertad de prensa y posibilidad real de perder el poder.

La democracia que solamente se exige al adversario no es democracia. Es conveniencia política.

Y la libertad que se defiende únicamente para quienes piensan como nosotros deja de ser libertad para convertirse en privilegio.

Ese será el verdadero desafío del Congreso Panamericano de Montevideo.

Declaración de LIBERTAS

Ante la realización del próximo Congreso Panamericano de fuerzas progresistas en Montevideo, LIBERTAS exhorta a sus organizadores y participantes a que la defensa de la democracia y los derechos humanos sea coherente, universal e indivisible.

No existen libertades de izquierda o de derecha, como tampoco existen dictaduras aceptables según su orientación ideológica. La democracia exige el mismo compromiso frente a toda violación del Estado de Derecho, ya provenga de gobiernos conservadores o progresistas.

Por ello, hacemos un llamado a que este Congreso condene con igual firmeza cualquier intento de cercenar la libertad, eliminar la alternancia democrática, perseguir a la oposición, restringir la libertad de prensa o debilitar las instituciones republicanas, sin excepciones ni dobles estándares.

La credibilidad de toda defensa de la democracia se mide por la capacidad de denunciar el autoritarismo, cualquiera sea el gobierno que lo ejerza.

LIBERTAS reafirma su compromiso permanente con la Libertad, la Democracia, la República, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, principios universales que no pertenecen a ninguna ideología, sino a todos los pueblos libres.