Cuando un Estado elimina las elecciones, deja de hablar el pueblo

Nicaragua y el desafío que interpela al Derecho Internacional

Hay momentos en la historia en los que una decisión política trasciende las fronteras de un país y se convierte en una prueba para toda la comunidad internacional. La reciente declaración del régimen encabezado por Daniel Ortega, anunciando que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, constituye uno de esos momentos.

No se trata simplemente de una reforma constitucional, de un cambio institucional o de una redefinición del sistema político interno. Se trata de una decisión que cuestiona uno de los pilares sobre los que descansa el orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial: el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a elegir y ser elegida mediante elecciones libres, periódicas y auténticas.

La democracia puede adoptar múltiples formas. Los sistemas constitucionales pueden diferir. Los modelos económicos pueden variar. Pero existe un límite que el Derecho Internacional ha establecido con claridad: ningún gobierno puede privar indefinidamente a su pueblo del derecho de decidir quién ejerce el poder.

Ese derecho no pertenece al gobernante. Pertenece al ciudadano.

Y cuando desaparece, deja de existir el principal mecanismo pacífico mediante el cual una sociedad controla a quienes gobiernan.

No es una cuestión ideológica. Es una cuestión jurídica.

Con demasiada frecuencia los debates sobre Nicaragua quedan atrapados en categorías ideológicas.

Sin embargo, el problema es mucho más profundo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales reconocen que los derechos políticos forman parte de los derechos humanos fundamentales.

No constituyen una concesión del Estado.

No son un privilegio.

No dependen de la voluntad del gobernante de turno.

Son obligaciones jurídicas libremente aceptadas por los propios Estados.

Por esa razón, ningún gobierno puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de tratados internacionales que garantizan el derecho de participación política.

El principio pacta sunt servanda, uno de los fundamentos del Derecho Internacional, obliga a cumplir de buena fe los compromisos asumidos.

Una Constitución puede modificarse.

Un tratado internacional no desaparece porque un gobierno decida ignorarlo.

La soberanía no autoriza la supresión de los derechos

Durante décadas algunos gobiernos han intentado refugiarse detrás del concepto de soberanía para impedir cualquier crítica internacional.

Sin embargo, la evolución del Derecho Internacional ha sido clara.

La soberanía continúa siendo uno de los principios esenciales del sistema internacional.

Pero ya no constituye una licencia para desconocer derechos humanos universalmente reconocidos.

Precisamente porque los Estados son soberanos, son también responsables de cumplir los tratados que libremente ratificaron.

El respeto por la soberanía nunca puede transformarse en un argumento para justificar la desaparición de la libertad política.

Cuando desaparecen las elecciones, desaparece el control del poder

Las elecciones no representan únicamente un procedimiento administrativo para renovar autoridades.

Son el principal mecanismo mediante el cual una sociedad controla al poder político.

Sin elecciones libres:

• desaparece la posibilidad de alternancia;
• se debilita la rendición de cuentas;
• pierde sentido la responsabilidad política;
• el ciudadano deja de ser el verdadero titular del poder.

En una república, el poder siempre debe regresar al pueblo.

Cuando ese retorno deja de existir, el Estado comienza a confundirse con el gobierno y el gobierno termina identificándose con quienes lo ejercen.

Ese proceso constituye uno de los rasgos característicos de los regímenes autoritarios.

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

El silencio nunca ha sido un mecanismo eficaz para defender la libertad.

Pero tampoco lo es la improvisación.

La respuesta debe ser firme, coordinada y plenamente compatible con el Derecho Internacional.

Ello implica:

• reafirmar que los derechos políticos son derechos humanos;
• fortalecer los mecanismos internacionales de protección;
• respaldar el trabajo de la sociedad civil y de los organismos independientes;
• promover iniciativas diplomáticas orientadas al restablecimiento del Estado de Derecho;
• aplicar, cuando corresponda y conforme al Derecho Internacional, medidas selectivas contra quienes resulten responsables de graves afectaciones a los derechos humanos, procurando evitar impactos desproporcionados sobre la población.

La defensa de la democracia no puede depender de simpatías ideológicas.

Debe depender de principios.

La responsabilidad de nuestro tiempo

El siglo XX enseñó que las libertades rara vez desaparecen de un día para otro.

Generalmente se erosionan lentamente.

Primero se limita la crítica.

Luego se debilitan las instituciones.

Después se neutralizan los controles.

Finalmente se declara innecesario consultar al pueblo.

Cada uno de esos pasos suele justificarse en nombre de la estabilidad, la seguridad o la revolución.

Pero el resultado termina siendo el mismo: un poder que deja de responder ante los ciudadanos.

La visión de LIBERTAS

En LIBERTAS sostenemos que la libertad, la democracia y la república no constituyen preferencias ideológicas, sino principios civilizatorios indispensables para la convivencia internacional.

Las elecciones libres no garantizan por sí solas una democracia perfecta. Sin embargo, ninguna democracia puede existir sin ellas.

Cuando un gobierno sostiene que el pueblo ya no necesita elegir, lo que realmente está afirmando es que el poder ha dejado de pertenecer al pueblo.

Y cuando el poder deja de pertenecer a los ciudadanos, la comunidad internacional tiene no solo el derecho, sino también la responsabilidad política y moral de recordar que los derechos humanos, la dignidad de la persona y el Estado de Derecho trascienden las fronteras nacionales.

La historia demuestra que las democracias pueden enfrentar crisis, conflictos y profundas divisiones. Lo que no pueden hacer es renunciar al principio que les da legitimidad: que la autoridad emana de la voluntad libre de los ciudadanos y que esa voluntad debe poder expresarse periódicamente mediante elecciones auténticas.

Defender ese principio no es intervenir en los asuntos internos de un Estado. Es defender el fundamento mismo del orden internacional basado en el derecho, la libertad y la dignidad humana.

LIBERTAS, por la Libertad, la Democracia y la República