Un mundo en “doble aceleración”: guerra abierta y competencia sistémica

La situación internacional a 13 de enero de 2026 se explica mejor como una convivencia incómoda de dos dinámicas que se potencian entre sí:

1. Guerra y coerción directa (misiles, drones, operaciones especiales, sanciones, control de rutas marítimas).
2. Competencia sistémica (tecnología, minerales críticos, cadenas de suministro, finanzas, legitimidad institucional y narrativa).

Ucrania/Rusia, Estados Unidos/China y Venezuela son hoy “nudos” donde esas fuerzas se cruzan. Y lo que está ocurriendo en otros frentes —por ejemplo el Mar Rojo y Oriente Medio— ya no es periférico: es parte del mismo tablero porque impacta energía, comercio, precios, logística y alianzas.

Ucrania–Rusia: la guerra de desgaste invernal y el objetivo “energía”

En enero de 2026, el conflicto vuelve a mostrar un patrón conocido: Rusia intensifica ataques contra infraestructura crítica, especialmente energía y calefacción, buscando debilitar la resiliencia civil en pleno invierno. En los últimos días, se reportaron ataques masivos con drones y misiles que afectaron la red eléctrica y dejaron muertos y heridos, además de cortes de luz y calefacción en varias zonas.

Este enfoque tiene tres efectos estratégicos:

• Presión social y psicológica: la vida cotidiana se vuelve el frente. Cuando el frío aprieta, la guerra se siente dentro de la casa.
• Costo económico acumulativo: cada ataque obliga a desviar recursos a reparación y emergencia, frenando producción y servicios.
• Dilema para Occidente: obliga a priorizar “defensa aérea y energía” como paquete inseparable (no es solo munición; es mantener una sociedad funcionando).

En paralelo, crecen los indicios que, mientras se habla de “salidas”, la realidad operativa sigue siendo de escalada y preparación para nuevos golpes: las advertencias ucranianas sobre nuevas oleadas y el ritmo de ataques apuntan a un invierno largo.

Lectura política: incluso si existen contactos diplomáticos, la guerra hoy está diseñada para no cerrarse rápido. La destrucción de infraestructura y la disputa de narrativas apuntan a imponer condiciones, no a negociar desde equilibrio.

Estados Unidos: estrategia de presión simultánea y riesgos de “precedente”

Estados Unidos aparece como actor transversal, pero con un rasgo nuevo y delicado: la combinación de herramientas militares, económicas y jurídicas con impacto global.

a) La dimensión económica-jurídica: tarifas, sanciones y poder ejecutivo

En enero de 2026, la agenda comercial y de sanciones vuelve al centro, con debates internos sobre el alcance legal de medidas arancelarias amplias (y su eventual revisión judicial). Esto importa internacionalmente porque introduce incertidumbre: aliados y rivales planifican inversiones y comercio en un marco de reglas que pueden “moverse” rápido.

b) La dimensión geopolítica hemisférica: Venezuela como caso-límite

El 3 de enero de 2026 se produjo un hecho de enorme gravedad estratégica: reportes y análisis señalan una operación estadounidense en Venezuela vinculada a la salida/captura/exfiltración del presidente Nicolás Maduro desde Caracas, con repercusiones inmediatas en la ONU y reacciones internacionales.

Más allá de cómo se evalúe moralmente al régimen venezolano, el punto decisivo es el precedente: cuando una potencia actúa así, el sistema internacional se tensiona porque otros actores (incluyendo rivales) pueden intentar justificar operaciones similares bajo sus propios argumentos.

• En el plano legal y normativo, hubo condenas explícitas desde ámbitos de derechos humanos de la ONU y análisis críticos desde think tanks sobre la falta de justificación en derecho internacional.
• En el plano multilateral, el caso llegó al Consejo de Seguridad mediante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela.

Consecuencia global: el mensaje que se transmite no es solo sobre Venezuela; es sobre qué está permitido y quién define esa línea.

China: competencia tecnológica + minerales críticos como “palanca de poder”

China está en el centro de la competencia sistémica, especialmente por dos vectores:

a) Tecnología (chips, IA, control de exportaciones)

La rivalidad EE. UU.–China se estructura cada vez más alrededor de controles de exportación, acceso a semiconductores avanzados y capacidad de cómputo para IA. Aunque los detalles cambian por oleadas regulatorias, el sentido estratégico es estable: limitar el salto tecnológico del competidor y proteger cadenas críticas.

b) Minerales críticos y “rare earths”: la geoeconomía del siglo XXI

En enero de 2026, el tema explotó públicamente con reuniones de aliados (G7 y otros) para reducir dependencia de China en tierras raras y minerales estratégicos, discutiendo herramientas como incentivos, cooperación financiera e incluso mecanismos de estabilización de precios.

Del lado chino, se registra un endurecimiento del enfoque de controles de exportación (incluyendo bienes de doble uso) en disputas regionales, con impactos directos en socios como Japón.

Traducción estratégica: si el petróleo marcó el siglo XX, los chips y los minerales críticos están marcando el XXI. No sustituyen a la energía; se suman. Y cuando se suman, el mundo se vuelve más vulnerable a interrupciones “selectivas” (licencias, permisos, vetos, listas negras).

Venezuela: crisis de legitimidad, soberanía y reconfiguración regional

Venezuela concentra simultáneamente:

• Colapso institucional y conflicto político interno (de larga duración).
• Dimensión internacional: sanciones, alianzas externas y disputa por reconocimiento.
• Un evento disruptivo reciente (3 de enero de 2026) que reordena el tablero: reacciones multilaterales, denuncias de agresión y debate legal.

Esto deja una pregunta peligrosa abierta: ¿se encamina la región hacia una transición política ordenada o hacia un ciclo de represalias, fragmentación y “zonas grises” de seguridad? En ambos casos, el costo cae sobre la población y sobre la gobernabilidad regional.

El “resto del mundo” que en realidad es el mismo mundo: Mar Rojo, Gaza e Irán

Un indicador claro de cómo todo se conecta es el comercio marítimo: tras sostenerse un alto el fuego en Gaza desde octubre de 2025, grandes navieras comenzaron a reintroducir gradualmente rutas por el Mar Rojo y el Bab el-Mandeb, zona clave para Asia–Europa y para el Canal de Suez (una arteria del comercio global).

Cuando el Mar Rojo se estabiliza, bajan costos logísticos; cuando se desestabiliza, suben fletes, seguros, tiempos… y eso impacta inflación y política interna en decenas de países.

En paralelo, aparecen señales de tensión con Irán vinculadas a protestas internas y respuestas internacionales, que ya se traducen en amenazas de medidas económicas más amplias y choques diplomáticos.

Escenarios probables para 2026: tres rutas (y un riesgo común)

Sin pretender “adivinar”, hoy se ven tres trayectorias plausibles:

1. Congelamiento inestable: Ucrania sigue bajo ataques, sin resolución; EE. UU.–China sigue escalando por tecnología y minerales; Venezuela queda en disputa jurídica y política internacional.
2. Escalada por errores de cálculo: un ataque mayor a infraestructura, un incidente marítimo o una decisión arancelaria/sancionatoria puede detonar cadenas de respuesta.
3. Reordenamiento negociado parcial: acuerdos limitados (rutas marítimas, canjes, pausas) sin “paz completa”, pero con reducción de picos de violencia.

Riesgo común: que el mundo se acostumbre a que la fuerza, la coerción económica y el “hecho consumado” sustituyan a las reglas. Cuando eso ocurre, no solo hay más conflictos: hay menos capacidad de cerrarlos.

Visión Geopolítica

A comienzos de 2026 el mundo no vive una “crisis”, sino algo más profundo y más inquietante: vive una transición de era. Lo que se está rompiendo no es un equilibrio coyuntural sino el sistema que, con todas sus imperfecciones, ordenó la política internacional desde el final de la Guerra Fría. La ilusión de que la globalización económica, la interdependencia tecnológica y la expansión de la democracia liberal producirían un mundo más previsible ha cedido ante una realidad mucho más áspera: un planeta fragmentado, competitivo, con zonas de guerra abierta y otras de confrontación silenciosa pero igual de decisiva.

La guerra en Ucrania no es solo una guerra entre dos Estados. Es el punto donde se cruzan dos concepciones del orden internacional. Rusia no pelea únicamente por territorio: pelea por el derecho a redefinir por la fuerza los límites, por negar la soberanía efectiva de un país vecino y por imponer una lógica de “esferas de influencia” que creíamos superada. Ucrania, por su parte, se ha convertido en el símbolo de una elección civilizatoria: el derecho de una sociedad a decidir su destino, incluso cuando esa decisión desafía a una potencia nuclear. Occidente, atrapado entre el temor a la escalada y la necesidad de defender sus propios principios, se ve obligado a sostener a Ucrania no solo militarmente, sino moralmente. Porque si Ucrania cae, no cae solo un Estado; cae la idea de que las fronteras no se cambian por la fuerza.

Pero la guerra de Ucrania es apenas una capa del problema. Por debajo, más estructural, se libra la competencia entre Estados Unidos y China. Aquí no hay trincheras ni tanques —al menos no todavía— sino algo más sutil y posiblemente más determinante: tecnología, datos, cadenas de suministro, minerales críticos, control de infraestructuras digitales y narrativas globales. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar y financiera del mundo, pero China se ha convertido en la mayor potencia industrial y en un actor tecnológico que ya no puede ser contenido fácilmente. El choque no es solo por mercados; es por quién define las reglas del siglo XXI.

Los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, las tierras raras y las baterías son hoy lo que el petróleo fue en el siglo XX. No solo determinan la riqueza, sino la capacidad de un Estado para proyectar poder. Quien controle los chips más avanzados controla la velocidad de la innovación; quien controle los minerales críticos controla el cuello de botella de esa innovación. Por eso vemos una carrera febril por asegurar suministros, por relocalizar industrias, por “desacoplar” cadenas de valor que durante décadas fueron globales. La globalización no ha muerto, pero se ha vuelto estratégica: ya no se trata de eficiencia, sino de seguridad.

En este marco, China no busca una guerra frontal con Estados Unidos, pero sí algo quizá más ambicioso: que el mundo deje de girar alrededor de Washington. Su apuesta es lenta, paciente y profunda. Construye redes de infraestructura, financiamiento, comercio y tecnología que permitan a decenas de países depender menos de Occidente y más de Beijing. No es una cruzada ideológica al estilo de la Guerra Fría; es una expansión de influencia basada en interdependencia asimétrica. Y eso es, para muchos Estados, tan o más eficaz que la coerción militar.

Estados Unidos, por su parte, se encuentra en una paradoja. Nunca fue tan poderoso en términos absolutos, pero nunca fue tan cuestionado en términos relativos. Debe sostener un sistema que él mismo ayudó a crear, mientras lidia con una sociedad internamente polarizada, una economía presionada por deudas y una opinión pública cansada de guerras interminables. Su reacción ha sido una mezcla de reafirmación y nerviosismo: sanciones, alianzas, controles de exportación, presión diplomática, operaciones encubiertas. La tentación de usar su poder de forma más directa aumenta cuando siente que las reglas ya no lo protegen.

Venezuela entra en este tablero como un caso emblemático de cómo la geopolítica global se filtra en crisis regionales. Durante años fue un laboratorio de decadencia autoritaria, colapso económico y alineamiento estratégico con actores que desafiaban a Estados Unidos. El régimen de Maduro sobrevivió no por eficiencia, sino por apoyo externo, represión interna y fragmentación de la oposición. Lo ocurrido a comienzos de enero de 2026, cuando Estados Unidos intervino directamente en el destino del poder en Caracas, marca un punto de quiebre. Más allá de cómo se evalúe al chavismo, lo que queda al desnudo es algo más amplio: cuando una potencia decide que la soberanía de otro Estado es un obstáculo y no un límite, el sistema internacional se vuelve más frágil.

Algunos celebran ese tipo de acciones como una victoria de la justicia sobre la tiranía. Otros las ven como un retorno peligroso a la ley del más fuerte. La verdad incómoda es que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. El problema no es solo qué se hace, sino qué precedente se crea. Porque si Estados Unidos puede actuar así, también otros actores reclamarán ese derecho cuando les convenga.

Mientras tanto, Oriente Medio, el Mar Rojo y las rutas marítimas nos recuerdan que la economía mundial es extremadamente vulnerable a conflictos regionales. Un alto el fuego, una escalada, un ataque a un puerto o a un buque no son asuntos locales: son variaciones en los precios de los alimentos, en el costo del transporte, en la inflación de países a miles de kilómetros. La geopolítica ya no es un juego entre diplomáticos; es una variable directa en la vida cotidiana de millones de personas.

En este mundo, la noción de “neutralidad” se vuelve cada vez más difícil. Los países no son obligados a elegir entre Estados Unidos y China de forma explícita, pero sí de forma práctica: ¿con quién negocian su tecnología 5G? ¿Quién financia sus carreteras, sus puertos, sus redes eléctricas? ¿Qué sistema de pagos usan? ¿Qué estándares adoptan? La soberanía, paradójicamente, se ejerce hoy eligiendo dependencias.

El gran peligro de esta etapa no es una guerra mundial inmediata, sino algo más corrosivo: la normalización de la confrontación permanente. Un mundo donde las sanciones, los ciberataques, la manipulación informativa y las presiones económicas son tan habituales como antes lo eran los tratados comerciales. Un mundo donde los conflictos no se resuelven, solo se administran, y donde la paz se convierte en una pausa entre crisis.

Sin embargo, también hay algo profundamente humano en este momento histórico. Las sociedades, incluso en medio del ruido geopolítico, siguen aspirando a lo mismo: dignidad, seguridad, prosperidad, libertad. Ucrania lucha por eso. Millones de venezolanos también. Incluso dentro de China, Rusia o Irán, hay ciudadanos que miran al mundo y se preguntan por qué su destino debe estar atado a juegos de poder que no eligieron.

El desafío del siglo XXI no será solo evitar guerras, sino reconstruir un sentido de orden compartido en un mundo donde el poder ya no es unipolar y donde la tecnología amplifica tanto la cooperación como el conflicto. Si ese orden se basa en reglas, instituciones y derechos, todavía hay esperanza. Si se basa en la fuerza, la coerción y el miedo, lo que nos espera no es estabilidad, sino una larga era de incertidumbre.

Estamos, en definitiva, en una encrucijada. No sabemos si este momento será recordado como el inicio de un nuevo equilibrio o como el prólogo de una fragmentación prolongada. Lo que sí sabemos es que las decisiones que hoy toman Washington, Beijing, Moscú, Kiev y Caracas no solo definen sus destinos, sino el de todos nosotros. Porque en un mundo tan interconectado como el nuestro, la geopolítica ya no es un espectáculo distante: es el guion invisible de nuestra vida cotidiana.

Visión Geoeconómica

La geoeconomía es hoy el verdadero campo de batalla del mundo. Las guerras, las sanciones, las disputas diplomáticas y hasta los golpes de Estado solo pueden entenderse plenamente si se los lee como expresiones de una lucha más profunda: quién controla los flujos de riqueza, tecnología, energía, alimentos y datos en el sistema internacional. Si la geopolítica es el mapa del poder, la geoeconomía es su sistema circulatorio. Y en 2026 ese sistema está tensionado al límite.

Durante casi cuatro décadas el mundo vivió bajo una premisa que parecía inamovible: cuanto más integradas estuvieran las economías, menos probable sería el conflicto. Las cadenas globales de valor, la deslocalización industrial, el comercio sin fronteras y las finanzas interconectadas eran vistas como un antídoto contra la guerra. Pero esa lógica se ha invertido. La interdependencia ya no es garantía de paz: se ha convertido en un arma.

Estados Unidos y China son el eje de esta transformación. Washington descubrió que permitir que su principal competidor concentrara la manufactura avanzada, los insumos críticos y buena parte de la capacidad tecnológica era una vulnerabilidad estratégica. Beijing, a su vez, comprendió que depender de tecnología extranjera para sus sectores clave lo dejaba expuesto a la presión política. Así comenzó una carrera silenciosa pero feroz por “nacionalizar” partes esenciales de la economía global.

Los semiconductores son el ejemplo más claro. Ya no son un producto más: son el núcleo de la inteligencia artificial, de la automatización industrial, de los sistemas militares, de la vigilancia digital y de la economía del conocimiento. Controlar su diseño y fabricación equivale a controlar el ritmo del progreso. Por eso Estados Unidos intenta bloquear el acceso de China a los chips más avanzados, mientras invierte miles de millones para repatriar fábricas y fortalecer aliados como Taiwán, Corea del Sur o Japón. China, en respuesta, acelera su propio ecosistema tecnológico, aun a un costo enorme, porque sabe que sin soberanía digital su poder es incompleto.

Algo similar ocurre con los minerales críticos y las tierras raras. El litio, el cobalto, el níquel, el grafito, el neodimio o el disprosio son invisibles para la mayoría de las personas, pero sin ellos no hay baterías, ni turbinas eólicas, ni misiles de precisión, ni autos eléctricos. China domina buena parte de la refinación y procesamiento de estos minerales, lo que le da una palanca formidable sobre la transición energética global. Occidente, que tardó en comprenderlo, ahora corre para diversificar proveedores, invertir en América Latina, África y Australia, y crear cadenas de suministro “amigas”. La lucha por el clima y la lucha por el poder se superponen.

La guerra en Ucrania añadió una dimensión brutal a esta ecuación. Rusia, gran exportador de energía, alimentos y fertilizantes, demostró que esas mercancías pueden ser utilizadas como instrumentos de presión geopolítica. Europa, que durante años construyó su prosperidad sobre gas barato ruso, tuvo que reinventar en tiempo récord su matriz energética. Eso implicó costos enormes, inflación y cambios estructurales en su industria. Pero también envió un mensaje al mundo: la dependencia económica puede convertirse en una trampa estratégica.

Venezuela, aunque en otra escala, refleja el mismo dilema. Un país con las mayores reservas de petróleo del planeta terminó empobrecido, aislado y sometido a una economía de sanciones, corrupción y redes ilegales. Su riqueza natural no fue una garantía de soberanía, sino una fuente de disputa externa y de captura interna. La reciente intervención estadounidense en el tablero venezolano no se explica solo por política: se explica también por energía, por alineamientos económicos y por el lugar que América Latina ocupa en el rediseño de las cadenas de suministro occidentales.

En este mundo geoeconómico, el dinero también ha cambiado de naturaleza. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva, pero su uso como instrumento de sanción ha generado una reacción. Países como China, Rusia, Irán y otros buscan sistemas alternativos de pago, acuerdos en monedas locales y plataformas financieras paralelas. No buscan destronar al dólar de inmediato, sino reducir su vulnerabilidad frente a Washington. Es una lenta erosión del monopolio financiero occidental, impulsada no por ideología sino por supervivencia estratégica.

Las rutas comerciales, los puertos, los cables submarinos y las plataformas digitales se han vuelto activos geopolíticos. Quien controla los flujos controla el poder. Por eso el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca o el Canal de Panamá ya no son solo pasajes marítimos: son puntos de presión global. Un conflicto local puede desorganizar el comercio mundial en cuestión de días. Y en un sistema basado en inventarios mínimos y entregas “justo a tiempo”, esa fragilidad se convierte en un multiplicador de crisis.

La gran paradoja es que la economía global nunca fue tan grande ni tan sofisticada, pero tampoco tan vulnerable. La eficiencia extrema la hizo frágil. La concentración de producción en pocos países la hizo dependiente. La financiarización la hizo volátil. En este contexto, los Estados vuelven a intervenir con fuerza, no para liberalizar, sino para asegurar, proteger y dirigir sectores estratégicos.

No estamos volviendo al proteccionismo clásico, sino a algo nuevo: un capitalismo geopolítico, donde el mercado sigue existiendo, pero dentro de marcos definidos por la seguridad nacional y la rivalidad entre potencias. Los subsidios industriales, las restricciones comerciales, las compras públicas estratégicas y las alianzas productivas son ahora herramientas de poder, no simples políticas económicas.

La pregunta decisiva es si este nuevo orden geoeconómico puede ser gestionado sin caer en un conflicto mayor. Si los países logran competir sin destruir las bases de la cooperación global —alimentos, salud, clima, estabilidad financiera—, el mundo podrá adaptarse. Si no, la fragmentación económica puede convertirse en el preludio de una fragmentación política aún más peligrosa.

Lo que está en juego no es solo quién gana más, sino qué tipo de mundo se construye. Un mundo de bloques cerrados, desconfiados y armados, o un mundo de interdependencias reguladas, donde la competencia existe pero no destruye el sistema. La geoeconomía es hoy el lenguaje en el que se escribe ese futuro. Y, como toda lengua poderosa, puede ser usada para crear o para dominar.

Visión Económica

La economía global de 2026 se parece a un organismo que sigue creciendo, pero lo hace con fiebre. Los indicadores agregados muestran actividad, innovación, inversión y consumo; sin embargo, por debajo de esas cifras late una fragilidad estructural que no existía hace veinte años. No estamos frente a una simple desaceleración cíclica, sino ante una economía mundial tensionada por la política, la tecnología y la fragmentación del orden internacional.

Durante décadas el capitalismo global funcionó bajo una lógica relativamente estable: producción deslocalizada, cadenas de valor optimizadas, finanzas expansivas y Estados que intervenían poco en los mercados. Ese modelo permitió una expansión histórica del comercio, la reducción de la pobreza en muchas regiones y una integración sin precedentes. Pero también creó desequilibrios profundos: desindustrialización en países desarrollados, dependencia extrema de proveedores lejanos, endeudamiento crónico y una desigualdad creciente.

La pandemia primero y las guerras después hicieron visible lo que ya estaba allí: el sistema era eficiente, pero no resiliente. En 2026, las economías siguen funcionando, pero lo hacen en modo defensivo. Las empresas ya no optimizan solo costos; optimizan riesgos. Los gobiernos ya no persiguen solo crecimiento; persiguen seguridad económica. Y los consumidores ya no toman la estabilidad de precios como algo dado.

La inflación, que parecía un problema del pasado, volvió a ser un actor central. No se trata solo de dinero en exceso, sino de una combinación de shocks de oferta, energía cara, disrupciones logísticas y gasto público elevado. Los bancos centrales intentaron contenerla subiendo tasas de interés, pero eso generó otro problema: una economía mundial cargada de deudas se vuelve extremadamente sensible al costo del crédito. Empresas, Estados y familias viven bajo el peso de obligaciones que se encarecen con cada punto adicional de interés.

Estados Unidos logra sostener un crecimiento relativo gracias a su tamaño, su capacidad tecnológica y el papel del dólar, pero incluso allí aparecen tensiones: déficit fiscales enormes, polarización política que complica acuerdos presupuestarios y un mercado laboral que ya no produce la misma sensación de seguridad para la clase media. Europa, golpeada por el costo energético y la guerra en su frontera oriental, enfrenta un crecimiento débil y una industria que lucha por adaptarse a la transición verde sin perder competitividad.

China, que durante décadas fue el motor de la expansión global, atraviesa una transformación compleja. Su modelo basado en exportaciones, construcción masiva y crédito barato muestra señales de agotamiento. El envejecimiento de la población, la crisis inmobiliaria y la presión externa la obligan a reinventarse. Beijing quiere pasar de una economía de volumen a una de tecnología avanzada y consumo interno, pero esa transición es lenta, dolorosa y llena de riesgos financieros.

En América Latina, la situación es aún más frágil. La región sigue atrapada entre dependencia de materias primas, baja productividad y sistemas fiscales débiles. Países como Venezuela ilustran el extremo de esa crisis: una economía destruida por la mala gestión, la corrupción y el aislamiento internacional. Pero incluso economías más estables sienten el impacto de un mundo más caro, más incierto y más volátil.

La gran novedad de esta etapa es que la economía ya no puede separarse de la geopolítica. Una sanción, un conflicto o una decisión tecnológica tomada en Washington o Beijing puede alterar mercados financieros, monedas y precios de alimentos en cuestión de horas. La volatilidad ya no es la excepción; es la norma. Y eso erosiona la confianza, que es el verdadero combustible de cualquier sistema económico.

Sin embargo, también hay fuerzas poderosas de adaptación. La transición energética, aunque costosa, abre enormes oportunidades de inversión. La inteligencia artificial promete aumentos de productividad que podrían compensar el envejecimiento de las sociedades. Nuevas formas de trabajo, comercio digital y servicios globales crean nichos de crecimiento incluso en contextos difíciles.

El dilema es que estos beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Algunos países y sectores se enriquecen rápidamente, mientras otros quedan rezagados. Esa brecha alimenta tensiones sociales y políticas que, a su vez, retroalimentan la inestabilidad económica. Es un círculo vicioso: desigualdad produce polarización, la polarización produce políticas erráticas, y esas políticas generan más incertidumbre económica.

En 2026, el mundo no está al borde de un colapso, pero tampoco vive una recuperación sólida. Está en una meseta inestable, donde pequeños shocks pueden tener efectos desproporcionados. La economía global se sostiene, pero sin el optimismo que caracterizó a las décadas pasadas. Se invierte, se consume y se innova, pero bajo la sombra de conflictos, deudas y cambios estructurales que nadie controla del todo.

Quizás la mejor metáfora no sea la de una crisis, sino la de una metamorfosis. El viejo capitalismo globalizado se está transformando en algo nuevo: más regional, más estratégico, más intervenido por los Estados y más condicionado por la política. Esa transición puede abrir la puerta a un desarrollo más equilibrado o, por el contrario, a una era de estancamiento y conflictos económicos recurrentes.

Lo que está claro es que la economía ya no es solo una cuestión de números. Es el reflejo de un mundo que busca un nuevo equilibrio entre crecimiento, seguridad y justicia social. Y mientras ese equilibrio no aparezca, la incertidumbre seguirá siendo el precio que todos pagamos.

Visión Tecnológica

La dimensión tecnológica es, hoy, el verdadero subsuelo de todas las crisis que atraviesa el mundo. Guerras, economías, política, cultura y poder ya no se explican solo por territorios o ejércitos, sino por quién controla los sistemas que producen información, automatizan decisiones y organizan la vida digital. Si el siglo XX estuvo definido por la industria y la energía, el siglo XXI está siendo definido por datos, algoritmos, inteligencia artificial y redes.

En este contexto, la competencia entre Estados Unidos, China y, en menor medida, Rusia no es solo una competencia de poder militar o económico, sino una lucha por el dominio de la arquitectura tecnológica del mundo. Quien diseña los chips, los sistemas operativos, las plataformas, los modelos de inteligencia artificial y las infraestructuras de nube controla, en la práctica, una parte creciente de la realidad.

La guerra de Ucrania mostró esto de manera brutal. No es solo una guerra de tanques y misiles, sino una guerra de satélites, drones, software, guerra electrónica, inteligencia artificial y manipulación de información. Cada ataque es guiado por datos; cada defensa depende de sensores, radares y algoritmos. La frontera entre lo militar y lo civil se ha borrado: la misma red que permite pagar una cuenta o usar un GPS es la que puede ser intervenida, hackeada o utilizada para desorganizar una sociedad.

Rusia, aunque tecnológicamente más débil que Occidente, ha demostrado algo inquietante: no hace falta ser el mejor en tecnología para usarla de manera destructiva. Ciberataques, campañas de desinformación, sabotaje digital y uso masivo de drones baratos han cambiado la lógica del conflicto. El poder ya no está solo en la sofisticación, sino en la capacidad de saturar, confundir y desgastar.

China juega en otro plano. No busca solo usar tecnología para la guerra, sino para organizar la sociedad y proyectar poder a largo plazo. Su modelo de capitalismo digital autoritario combina inteligencia artificial, reconocimiento facial, big data y plataformas estatales para construir un sistema de control social sin precedentes. Al mismo tiempo, exporta ese modelo a otros países en forma de “ciudades inteligentes”, sistemas de vigilancia, redes 5G y plataformas de gestión pública. No es solo comercio: es difusión de una forma de gobernar a través de la tecnología.

Estados Unidos representa el otro polo. Controla gran parte de la infraestructura invisible del mundo: sistemas operativos, plataformas de nube, redes sociales, chips avanzados, software empresarial, inteligencia artificial generativa. Su poder tecnológico no se ve como un ejército, pero estructura la vida cotidiana de miles de millones de personas. Cada correo, cada búsqueda, cada transacción digital pasa por capas de tecnología diseñadas en Silicon Valley o en sus aliados. Eso convierte a Estados Unidos en una potencia de infraestructura, algo más profundo que una potencia militar.

Venezuela, Ucrania, Irán o cualquier país en crisis muestran el reverso de esta realidad: quien no controla su infraestructura tecnológica pierde soberanía real. No basta con tener fronteras o ejércitos si las telecomunicaciones, los sistemas financieros, los datos y las plataformas están en manos externas o vulnerables. Un apagón digital puede ser tan devastador como un bombardeo.

En este mundo, la inteligencia artificial es el multiplicador de poder definitivo. No es una tecnología más; es una tecnología que mejora todas las demás. Aumenta la capacidad militar, la vigilancia, la manipulación de información, la productividad económica y la automatización. Quien tenga los modelos más potentes y los datos más abundantes tendrá una ventaja estructural sobre el resto.

Pero esa ventaja no es solo externa; es también interna. La IA permite gobernar de nuevas maneras: predecir comportamientos, detectar disidencias, optimizar impuestos, vigilar poblaciones, moldear opiniones. Por eso la disputa tecnológica es, al mismo tiempo, una disputa sobre la libertad humana. Un mundo dominado por plataformas opacas y algoritmos sin control democrático puede ser más eficiente, pero también más autoritario.

El gran drama de nuestra época es que la tecnología avanza más rápido que la política y la ética. Los Estados corren para no quedar atrás, pero no saben bien hacia dónde van. Las empresas crean herramientas que transforman la sociedad, pero responden a intereses privados. Y los ciudadanos quedan atrapados entre sistemas que no entienden del todo, pero que determinan cada vez más su vida.

Así, la crisis global no es solo militar, económica o política. Es una crisis de gobernanza tecnológica. No sabemos quién debe controlar los algoritmos que deciden qué vemos, qué compramos, qué creemos y, en algunos casos, si vivimos o morimos. No hay todavía un “derecho internacional de la inteligencia artificial”, ni una democracia digital global.

En este escenario, la pregunta decisiva del siglo XXI no es solo quién gana la carrera tecnológica, sino para qué. Si la tecnología se usa para expandir la libertad, la educación, la creatividad y la dignidad humana, puede ser la base de una nueva era de prosperidad. Si se usa para vigilar, manipular y controlar, puede convertirse en la infraestructura de un nuevo tipo de totalitarismo, más suave en apariencia, pero más profundo que cualquier dictadura del pasado.

Lo que hoy ocurre entre Estados Unidos, China, Rusia y países como Venezuela no es solo una lucha por poder. Es una lucha por definir el alma tecnológica del mundo. Y de ese resultado dependerá no solo la política internacional, sino la forma misma en que los seres humanos viviremos, trabajaremos y pensaremos en las próximas décadas.

Además, la situación en Irán se ha convertido en un claro ejemplo de cómo las tensiones internas y geopolíticas pueden reconfigurar el espacio tecnológico de un país y, por ende, su influencia global. A comienzos de 2026 se vive en Irán una ola masiva de protestas motivadas por una profunda crisis económica y social que ha deteriorado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos, exacerbadа por la devaluación de la moneda, la inflación y el aislamiento económico producto de sanciones y desencuentros con Occidente y aliados regionales. Esta crisis ha evolucionado hasta desafiar la estabilidad del régimen teocrático en su conjunto, marcando el mayor levantamiento desde la revolución de 1979 y extendiéndose por todo el país, con miles de arrestos y decenas de muertos en las calles.

En el terreno tecnológico, este contexto tiene múltiples implicancias. El gobierno iraní ha recurrido a cortes de internet y apagones digitales como herramienta de control social y de supresión de la organización ciudadana, afectando no solo la comunicación interna sino también el acceso a plataformas globales y a la participación económica digital. La censura y el aislamiento aumentan la vulnerabilidad tecnológica de la población e impiden que sectores claves de la sociedad participen de la economía digital global. Esto no sólo debilita la resiliencia económica del país, sino que limita su capacidad de innovación e interacción tecnológica con el resto del mundo, justo en un momento en que los avances en inteligencia artificial, redes y conectividad son esenciales para la competitividad internacional.

Además, la presión geopolítica —incluyendo sanciones económicas, amenazas de intervención militar y tensiones con potencias tecnológicas externas— empuja a Irán a una doble marginación: por un lado, alejado de las principales cadenas de valor digital global, y por otro, obligado a buscar soluciones tecnológicas internas o con aliados alternativos (como China o Rusia), a menudo a través de redes cerradas, sistemas de internet controlados por el Estado o alianzas que dependen de consideraciones geopolíticas más que de eficiencia técnica.

Este escenario plantea un desafío mayor para la tecnología en Irán: no se trata solo de desarrollar capacidad avanzada, sino de hacerlo en un entorno donde la libertad de flujo de información, la colaboración científica global y la participación en estándares internacionales están severamente restringidos. En un mundo donde la innovación se alimenta de apertura, intercambio de datos y redes globales, la crisis iraní ilustra cómo la tecnología puede convertirse tanto en un campo de disputa política como en una barrera para la autonomía nacional, profundizando la brecha entre países integrados digitalmente y aquellos empujados hacia una periferia tecnológica.

Visión de la Libertad, la Democracia y la República

La crisis global que atraviesa el mundo en 2026 no es solo una crisis de poder, de economía o de tecnología. Es, en un sentido más profundo, una crisis de civilización política. Lo que está verdaderamente en juego es si la humanidad seguirá organizándose alrededor de los principios de libertad, democracia y república, o si ingresará en una era donde el orden se imponga desde la fuerza, la vigilancia y la obediencia.

Durante buena parte del siglo XX, y sobre todo después de la caída del Muro de Berlín, pareció que esos principios habían triunfado de forma definitiva. No porque fueran perfectos, sino porque habían demostrado algo fundamental: que ningún sistema produce sociedades más prósperas, creativas y dignas que aquel donde el poder es limitado por la ley, el ciudadano es soberano y la diversidad de ideas puede expresarse sin miedo. Sin embargo, ese consenso se ha erosionado. No porque la libertad haya dejado de ser deseada, sino porque se ha vuelto más frágil.

Ucrania encarna hoy, de manera dramática, esa fragilidad. No lucha solo por su territorio, sino por su derecho a existir como república soberana, con un sistema político elegido por su pueblo y no impuesto por un imperio. Rusia no pretende simplemente expandirse: pretende demostrar que el derecho de los pueblos a decidir su destino es secundario frente a la lógica del poder. Si esa idea se impone, la democracia deja de ser un principio universal y se convierte en un lujo concedido por los más fuertes.

Venezuela representa el otro rostro de la misma tragedia. Allí no hubo una invasión externa, sino una implosión interna de la república. El chavismo destruyó la separación de poderes, capturó la justicia, anuló al parlamento, eliminó la alternancia y transformó al Estado en un aparato de dominación. El resultado fue previsible: pobreza, exilio, represión y una sociedad privada de voz. Cuando una república muere, no muere con ruido; muere con burocracia, miedo y propaganda.

La intervención externa que puso fin al madurismo abre un debate incómodo pero inevitable. La democracia no puede ser impuesta como un régimen, pero la tiranía tampoco puede ser protegida como si fuera soberanía. El dilema del siglo XXI no es si debemos respetar a los Estados, sino si debemos permitir que el Estado sea utilizado para destruir a su propio pueblo. La libertad no es un asunto interno: es un derecho humano universal.

China e Irán muestran una tercera variante del mismo conflicto. No son dictaduras caóticas, sino sistemas autoritarios tecnológicamente sofisticados. No gobiernan solo con policías y cárceles, sino con algoritmos, vigilancia masiva y control informativo. Son regímenes que han entendido que en la era digital el poder no se ejerce solo con la fuerza, sino con la capacidad de definir la realidad. Quien controla lo que se ve, lo que se dice y lo que se cree, controla a la sociedad.

Este es el gran desafío contemporáneo para la democracia: ya no basta con elecciones. Una república puede tener urnas y, aun así, estar vaciada por dentro si los ciudadanos viven atrapados en burbujas de desinformación, miedo o dependencia económica. La libertad política se erosiona cuando el individuo pierde autonomía intelectual y material.

Estados Unidos y Europa, con todas sus contradicciones, siguen representando el núcleo del mundo democrático. Pero ese núcleo está bajo presión. La polarización, la desconfianza en las instituciones y la manipulación digital debilitan desde dentro lo que ninguna potencia extranjera logró destruir desde fuera. La democracia no muere solo por golpes de Estado; muere cuando los ciudadanos dejan de creer que vale la pena defenderla.

La república, en su sentido más profundo, no es solo un sistema de gobierno. Es una cultura del límite. Es la idea de que nadie —ni un presidente, ni un partido, ni una mayoría, ni un algoritmo— está por encima de la ley. Cuando esa cultura se pierde, el poder se vuelve personal, arbitrario y peligroso.

Hoy, el mundo se mueve hacia una bifurcación histórica. En un camino, están las sociedades abiertas, con todas sus imperfecciones, donde el conflicto se procesa con leyes, debates y elecciones. En el otro, están los regímenes de control, donde la estabilidad se compra al precio del silencio y la obediencia.

La batalla de nuestro tiempo no se libra solo en Ucrania, ni en Venezuela, ni en Irán, ni en el Mar del Sur de China. Se libra en cada sociedad que debe decidir si quiere ser un conjunto de ciudadanos libres o una población administrada. La libertad, la democracia y la república no son garantías automáticas: son construcciones frágiles que deben ser defendidas una y otra vez.

Y quizás esa sea la enseñanza más dura de este momento histórico: que el progreso no es irreversible. Que la dignidad humana no está asegurada.  Si queremos vivir en un mundo de libertad, debemos tener el coraje —intelectual, moral y político— de sostenerla incluso cuando es incómoda. Porque cuando la libertad se pierde, lo que se pierde no es solo un sistema de gobierno, sino el derecho mismo a ser plenamente humano.

DECLARACIÓN DE LIBERTAS

En el mundo convulsionado de 2026, LIBERTAS reafirma que la libertad, la democracia y la república no son valores negociables. La guerra en Ucrania, la caída del régimen venezolano y las protestas del pueblo iraní revelan una verdad común: los pueblos no aceptan vivir sometidos al miedo, la censura y la arbitrariedad.

Rechazamos toda forma de autoritarismo, ya sea impuesto por la fuerza militar, por el control tecnológico o por la manipulación institucional.

Ningún Estado tiene derecho a oprimir a su pueblo ni a destruir la soberanía democrática de otro.

La tecnología debe servir a la dignidad humana y no al control; el poder debe estar limitado por la ley y no por la voluntad de los fuertes.

LIBERTAS defiende un orden internacional basado en derechos humanos, separación de poderes y gobiernos elegidos libremente.

Porque sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay república, y sin república no hay futuro.

LIBERTAS, por la Libertad, la Democracia y la República.